Así se manifestó Martín Passini, integrante del Colectivo por el derecho a la salud mental. En 2010 se sancionó la ley que establecía el cierre de instituciones psiquiátricas para 2020. Sin embargo, no hay indicios de cambios en el corto plazo.
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En Córdoba se realizó la octava Marcha por el Derecho a la Salud Mental, una movilización que desde 2014 recorre las calles reclamando la plena implementación de las leyes nacional y provincial respecto a la salud mental.
Bajo la consigna “Tenemos ley, exigimos dignidad”, cientos de personas marcharon este lunes en una jornada que también contó con radios abiertas y distintas intervenciones artísticas. Una vez finalizada, las organizaciones leyeron un documento elaborado colectivamente que tuvo la adhesión de instituciones y agrupaciones locales y nacionales.
“Nos enlazamos en relación al bien común y la salud mental es parte de los bienes comunes que queremos defender. Luchamos para que la salud publica sea un derecho y no sea recortada ni convertida en una mercancía”, manifestó Martín Passini, integrante del Colectivo por el derecho a la salud mental, en VillaNos Radio.
Uno de los principales reclamos es que el plazo establecido por ley para el cierre definitivo de los neuropsiquiátricos en el país no fue cumplido por el Estado. La normativa sancionada en 2010 obligaba a sustituir en 2020 las instituciones psiquiátricas monovalentes y crear un sistema de atención en salud mental con perspectiva en derechos humanos. Sin embargo, eso aún no sucedió: “Denunciamos que los hospitales de salud monovalente, los neuropsiquiátricos y manicomios, son ilegales, deberían haberse cerrado en 2020 y deberían haberse convertido en centros de atención comunitarios. Desde 2010 se sancionó la ley y a 11 años, sigue sin aplicarse”, sentenció Passini.
Además de reconvertir las instituciones monovalentes, la ley de Salud Mental apunta a aplicar distintos dispositivos que integren a la salud mental en el sistema de salud general, especialmente en el primer nivel de atención. Además, la implementación de políticas de vivienda y apoyos para las personas que lo necesiten como también el acceso a derechos como el trabajo, la educación y la no discriminación.
A 11 años de su sanción, Passini remarcó que siguen luchando “porque la perspectiva de derechos humanos sea la que guíe las prácticas en la salud mental y las políticas públicas”.
También se refirió al rol de los medios de comunicación: “Que se impulsen transformaciones en términos culturales sobre qué pensamos sobre la locura, las personas con discapacidad psicosocial, con qué se asocia las representaciones sociales a la locura”.