El ministro de Economía propuso que los organismos estatales -como el FGS de la Anses- avancen en la pesificación de sus tenencias en títulos. Estos bonos en dólares se entregarían al sector privado, para reducir la brecha cambiaria con los dólares financieros que oscilan en torno a los $400.
Por Mario Hernandez.
El martes 21 de marzo, el ministerio de Economía dio a conocer una nueva medida para enfrentar la constante crisis cambiaria. La decisión implica que los organismos estatales que tienen bonos en dólares se desprendan de los mismos y pasen esos montos a tenencias en pesos. Esos bonos en dólares irán al mercado para que, de esa forma, puedan ser apropiados por bancos y grandes fondos de inversión.
Entre los organismos estatales que tienen esas tenencias en dólares se encuentra el Anses, que los tiene mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que representa parte de los ahorros de millones de jubilados y jubiladas. Es decir, el Gobierno está decidiendo sacarle bonos en dólares a los jubilados para dárselos a los bancos y a los grandes especuladores.
Esta medida implica garantizar la fuga de capitales, dado que son esos grandes sectores del capital financiero los que realizan esas operaciones.
Mientras, el viceministro Gabriel Rubinstein, afirmaba que “el Estado irá ganando capacidad de actuación en los mercados del dólar financiero, lo que permitirá evitar subas disruptivas del CCL y MEP”.
Movilizan contra el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
El Plenario de Trabajadores Jubilados concentró el martes 28 de marzo a las 13:00 en todas las oficinas de ANSES del país contra el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández y todo el Gabinete de ministros nacional, que ordena al sector público el canje de los bonos en dólares en manos de organismos públicos a bonos en pesos. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración fue en la sede central del organismo, ubicado en Avenida Córdoba 720. «Quieren calma financiera y cambiaria a costa de los jubilados. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad no está siendo destinado a sostener y aumentar las jubilaciones, que en este momento están en $73.600 pesos, incluyendo el bono de $15.000 (decreciente hasta dos jubilaciones mínimas), muy por debajo de la indigencia. Con esta medida Massa y todo el gobierno colocan en peligro las jubilaciones actuales y futuras. También las asignaciones familiares y los planes sociales. Cualquiera sabe que bonos en pesos se licúan y que el gobierno va a paso firme hacia la declaración de la quiebra», denunciaron.
En la misma línea, agregan: «el gobierno de Fernández, Massa y Fernández disponen del FGS que fue creado para ‘garantizar el pago de jubilaciones y pensiones en caso de contingencias’ y que establecía que, ‘ante una crisis económica la recaudación fiscal se reduce, pero la cantidad de jubilados se mantiene y lo mismo sucedería si bajara la cantidad de aportantes’. El decreto establece que se colocarán bonos en dólares en el mercado especulador y suplantarlos por pesos. Lejos de preservar esos fondos, lejos de cumplir la intangibilidad que plantea la propia constitución de Anses, se está ante un vaciamiento neto. ¿El paso siguiente será el retraso en los pagos o congelamiento de emergencia como ya se ha hecho en otras crisis?», se preguntan.
Asimismo, señalan al acuerdo con el FMI como el motivo de este nuevo DNU: «la cuarta revisión del FMI. Otra vez contra los jubilados. El organismo de coloniaje estableció que ‘se necesitan acciones de política más sólidas para salvaguardar la estabilidad, abordar el aumento de la inflación y los reveses de políticas…’. En ese acuerdo colocaron en un lugar destacado la disconformidad por la nueva Ley de moratoria previsional. Exigen que se tomen medidas para evitar un desbarranque de los objetivos fiscales. Por eso apoyan esta pesificación de las tenencias de Anses».[1]
Mientras, denunciaron, «la moratoria previsional no aparece»: «mientras se va al vaciamiento de Anses, la Ley de Pago de Deudas Previsionales sigue sin reglamentarse.[2] Su retraso deja sin beneficio a unas 800.000 personas en edad de jubilarse (60 años mujeres y 65 varones) con aportes incompletos, aunque esta moratoria parcial no es una jubilación ‘de arriba’. Es requisito tener aportes parciales hasta el 2008, pagar durante años el equivalente a los aportes adeudados calculados en una cuota mínima de $5.729, ajustable trimestralmente acorde a la movilidad y pasar el control socioambiental. Además, impone renunciar a cualquier pensión o beneficio anterior».
«Ante este robo descomunal a los adultos mayores –continúa el comunicado– sobresale el silencio de las centrales obreras y de los sindicatos. Ni CGT, ni la CTA han planteado ni una advertencia ni una denuncia. Las direcciones sindicales, al igual que los partidos patronales defienden que son los jubilados y los trabajadores los que deben sostener al Estado y el uso de los fondos de Anses, IPs y las cajas provinciales como si fueran bancos privados de los gobiernos de turno, sometidos a la deuda con el FMI y a su arbitraje en la política nacional».
Ante toda esta situación, reclaman la «derogación del decreto presidencial de pesificación de las tenencias en el FGS»; que los «fondos de Anses no se toquen y sean para los jubilados y pensionados», dado que la «jubilación debe ser el salario diferido de los adultos mayores; el «aumento de emergencia para recuperar lo perdido durante el macrismo y durante el gobierno de los Fernández»; que el «cálculo jubilatorio del 82% debe hacerse sobre el mejor sueldo»; que «la movilidad sea automática por inflación y por sueldos»; que «todos los trabajadores deben estar bajo convenio, estable»; la «reimplantación de los aportes patronales, sin eximiciones»; que «el Estado debe devolver los fondos de Anses actualizados que fueron usados para otros fines que no sean las jubilaciones y pensiones»; que «la Anses y las cajas provinciales estén dirigidas por trabajadores y jubilados»; que la «moratoria aunque deficiente y parcial debe entrar en vigencia ya incluyendo a los 800.000 con aportes incompletos y a los 1.200.000 restantes que carecen de todo aporte patronal por haber trabajado en negro»; «romper con el FMI» y «no pagar la deuda»; y «paro nacional de la CGT».
Massa se defiende
El ministro pidió la opinión de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. “Si el dictamen diera que no es beneficioso, Anses no intervendrá en el canje”, sostuvo Sergio Massa.
De todas maneras, afirmó: “tenemos la certeza de que es absolutamente beneficioso” y explicó que “la Anses gana un poco más de U$S 2.000.000 con esta operación porque lo que hace es mantener la dolarización de cartera y, por otro lado, le da la posibilidad en el bono al momento de venderlo de elegir entre liquidarlo por inflación o en dólares”.
Al segundo trimestre de 2023 el patrimonio del FGS era de U$S 48.770 millones. En la Anses afirman que la operación dispuesta por Economía les conviene porque el bono dual a 13 años tendrá garantía contra inflación y devaluación, lo que preservará su valor.
Además, lo recibirá a valor técnico (60% del nominal) y con una tasa de interés del 8% anual, muy superior a los bonos que entregará.
Sin embargo, economistas vinculados con la oposición al gobierno creen que la medida implica dolarizar la deuda en manos de privados. Más aún, afirman que la operación se hará a tasas de interés ruinosas, porque los títulos a entregar cotizan a apenas 25-30% de su valor nominal.
“Al vender el bono AL30, el gobierno obtiene hoy unos 25 dólares, pero a costa de tener que pagar un total de 104 dólares de acá a su vencimiento en 7 años”, afirmó Diego Bossio, ex director ejecutivo de la Anses y ahora enrolado en el peronismo opositor.
La jubilación mínima pierde contra todos los índices de actualización
La jubilación mínima medida en dólares cayó a su valor más bajo en los últimos 25 años, luego de perder sostenidamente en la comparación tanto con el tipo de cambio como contra la inflación. Así se desprende de un informe elaborado por la consultora Focus Market.
En el trabajo se detalla la evolución del haber mínimo del sistema jubilatorio comparado no sólo con el dólar blue sino con la canasta básica de alimentos que elabora el Indec, que sirve para medir la línea de indigencia, y con otros precios de referencia del mercado. En todas ellas el monto básico que perciben los jubilados se deterioró fuertemente con el paso de los años.
El monto actual pone a la prestación mínima del sistema jubilatorio argentino en el noveno lugar de los 10 países de la región, superando solamente a Venezuela. Si se contabilizara el bono se subiría al octavo lugar del ranking, postergando a Paraguay, según señala Focus Market. El listado lo encabeza Ecuador, con 450 dólares de retribución mensual para aquellos que superaron los 40 años de aportes.
El deterioro es similar si en lugar del dólar se toma como parámetro la inflación local: de los últimos 12 años, en ocho los haberes subieron menos que el índice de precios, tomando como referencia los informes del Indec (y los de la provincia de San Luis en los tiempos que el organismo nacional tuvo su metodología bajo revisión). Las excepciones fueron en 2012, 2015, 2017 y 2020, cuando hubo una mejora en términos reales.
Aquí la evolución fue distinta según los gobiernos: mientras en el segundo mandato de Cristina Kirchner las mínimas subieron 23 puntos por encima de la inflación, en el cuatrienio 2015-2019 quedaron 166 puntos por debajo (la inflación acumulada fue 295% y la recomposición del haber mínimo de 129%). Entre 2020 y 2022, los precios les ganaron a las jubilaciones por 112 puntos porcentuales.
En tanto, comparada con la Canasta Básica Alimentaria (CBA) del Indec, la remuneración mínima alcanza para comprar apenas 2,5 canastas individuales. Si se agregara el bono, la comparación alcanzaría 3,2 canastas, todavía menos que el valor de 2021 (3,4 canastas) y que las 4,1 canastas individuales que se podían adquirir en 2017, el mejor de los últimos ocho años de la serie.
La canasta de los jubilados superó los $ 200.000
Aumentó el 107,8 % en un año debido a la escalada de los precios de la vivienda, los alimentos y los remedios que impulsó el valor de la canasta básica de los adultos mayores, jubilados o pensionados, a $ 202.064. Mientras, la mayoría de los jubilados cobran un haber mínimo de $ 58.665 más un bono de $ 15.000.
Este cálculo realizado por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Eugenio Semino, había informado que la canasta valía $ 97.238 hace un año, registrando un crecimiento del 107,6 %. Del total los gastos, vivienda representan un 30% ($ 59.000), alimentos $ 41.233 y 12% ($ 24.774) medicamentos e insumos de farmacia.
Semino explicó “que hacen falta casi tres ingresos mínimos para cubrir una canasta básica”. Esto se debe a que cuatro millones y medio de jubilados cobran un haber mínimo de $ 58.665 más un bono de $ 15.000. Además, la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) es de $ 46.932 más el bono.
La situación de los jubilados es crítica. La economista Lucía Ortega señaló en el debate en Diputados por la Ley de moratoria que el 91% de las jubilaciones y pensiones se encuentra por debajo del valor de la Canasta de la Tercera Edad. Y agregó: “en los últimos cinco años se deterioró entre 24% y 30% el valor real de las jubilaciones y pensiones. Más puntualmente, luego de la suspensión de la movilidad previsional en 2020 y la nueva fórmula jubilatoria de 2021, los haberes mínimos se derrumbaron un 11 % en los últimos tres años, llegando hasta una pérdida de 18% para los haberes máximos. Es decir, que con la nueva movilidad previsional se siguió perdiendo y eso es producto de haberse negado a incorporar un piso que garantice que nunca el ajuste jubilatorio pueda ser menor que la inflación“.
Fuentes: Anred, La Izquierda Diario, www.tiempoar.com.ar
[1] En un comunicado publicado horas después de la aprobación de su board, el FMI pidió expresamente morigerar la reforma jubilatoria: “El costo fiscal de la nueva moratoria de pensiones debe mitigarse a través de regulaciones estrictas para apuntar la entrada solo a aquellos con mayor necesidad”, expresó en un comunicado firmado por Gita Gopinath, primera subdirectora gerente del FMI.
[2] Mediante Decreto 173/2023, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley 27.705 sobre el “Plan de pagos de deuda previsional” y los requisitos que deberán cumplir quienes pretendan adherir a la Ley.