Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, junto a las ONGs Amnistía Internacional y Human Rights Watch se pronunciaron en torno a la situación que se vive en Jujuy.
Se trata de una serie de pronunciamientos particularmente destacables porque se trata de organizaciones con sede en Estados Unidos y el Reino Unido, e históricamente cercanas a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos.
Este origen común le desorganiza el relato al gobierno de Gerardo Morales, que junto a su frente Juntos por el Cambio, ha pasado este 20 de junio culpando de todo lo que ocurre en Jujuy al kirchnerismo y la izquierda.
En este marco, la CIDH expresó mediante un comunicado su “preocupación” por la violencia represiva y llamó al Estado a “a respetar el derecho a la libertad de expresión”. Por su parte, Juanita Goebertus, Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch se pronunció de similar manera y señaló que “la reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de DDHH”; y Amnistía Internacional pidió la suspensión de la Reforma Constitucional.
CIDH: Argentina debe respetar estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en Jujuy
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— CIDH – IACHR (@CIDH) June 20, 2023
Jujuy: Desde Washington la CIDH expresa “preocupación” ante la represión de Gerardo Morales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que llama al Estado a “a respetar el derecho a la libertad de expresión” y pide que se lleve a cabo un “proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural”. Entre otros puntos, indica que “esta esta reforma no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales”.
La CIDH es un órgano de la cuestionada Organización de los Estados Americanos (OEA), presidida por Luis Almagro, que tuvo un rol decisivo en el golpe de Estado de Bolivia -facilitándolo, claro está- y buscando desestabilizar la situación en otros países como Venezuela y Cuba.
La CIDH, sin embargo, funciona con autonomía y no ha sufrido el mismo desprestigio que el resto de la institución. Su mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Compartimos el comunicado completo:
CIDH: Argentina debe respetar estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en Jujuy
Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en la provincia de Jujuy en Argentina, una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida. La CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios.
El 17 de junio, en medio a manifestaciones de pueblos indígenas y sindicatos llevadas a cabo en contra de la reforma constitucional provincial y en reclamo de aumentos salariales para docentes, fuerzas de seguridad locales habrían utilizado del uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales. De acuerdo a lo indicado por el Estado, la situación continúa en desarrollo. Al respecto, la CIDH expresa preocupación ante una posible escala de la respuesta de las fuerzas de seguridad provincial en el contexto de las manifestaciones.
Según información proporcionada por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura, se reporta que 25 personas fueron detenidas. Entre las detenidas, se encontraría un adolescente de 17 años, según los registros de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y al menos dos periodistas, según fuente pública. Según la información proporcionada por el Estado, todas las personas detenidas hasta el 19 de junio han sido puestas en libertad.
Durante las manifestaciones, se han reportado distintas personas heridas debido al uso de armamentos por parte de la policía, entre ellas, un adolescente de 17 años que habría perdido un ojo. Asimismo, el Estado informó sobre la existencia de una persona herida como resultado del uso de un arma de fuego, sin que se conozcan sus condiciones específicas de salud.
Las protestas se llevan a cabo en el marco del proceso de modificación parcial de la constitución provincial por parte de la Asamblea Constituyente. Entre los cambios propuestos, se destacan las reformas al sistema electoral local, así como la criminalización total de los cortes de ruta. Según la información recibida, se plantea que esta reforma no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales.
Al respecto, el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales. La consulta debe darse por medio de un proceso inclusivo, equitativo y de buena fe. Adicionalmente, debe ser realizada de manera oportuna, de forma libre, informada y de acuerdo con las costumbres y prácticas propias de cada pueblo indígena.
La @CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la protesta en #Jujuy y a frenar el uso abusivo de la fuerza 👇https://t.co/T2jw64qwD3
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) June 20, 2023
A su vez, las fuerzas de seguridad del Estado tienen un rol fundamental en garantizar la seguridad de quienes se manifiestan sin ningún tipo de represión directa o detención arbitraria, así como brindar seguridad general a la sociedad en su conjunto. El Estado debe esclarecer posibles excesos en el uso excesivo de la fuerza con la debida diligencia. Igualmente, debe asegurar que los agentes de la fuerza pública mantengan información que permita identificar la cadena y ejecución de órdenes.
En cuanto a los cortes de ruta, se recuerda al Estado que estos son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta. Es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica. En ese sentido, el “grado de tolerancia” adecuado no puede definirse en abstracto y, por lo tanto, corresponde examinar las circunstancias particulares de cada caso.
De esa manera, la CIDH insta a Argentina a establecer procesos de diálogo transparentes y voluntarios, que incluyan a las autoridades tradicionales locales, con el fin de abordar las demandas de los pueblos indígenas. En particular, hace un llamado a las autoridades locales de la Provincia de Jujuy a dialogar de manera amplia y constructiva con los gremios docentes y sindicatos movilizados en torno a las protestas relacionadas con reclamos salariarles docentes y con la reforma constitucional provincial. La CIDH y sus Relatorías Especiales están a disposición del Estado para apoyar en estos procesos de diálogo en relación con los distintos mandatos involucrados.
Finalmente, la Comisión reconoce a la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina, que ha contribuido para el desarrollo de una pungente democracia participativa. En ese sentido, de cara a acontecimientos futuros, se urge al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social. La CIDH seguirá monitoreando de cerca el uso de la fuerza en el contexto de las manifestaciones que puedan surgir.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
“Limitaciones excesivas a la protesta”
Por su parte, Juanita Goebertus, Directora de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch, con sede en Nueva York, planteó que siguen “con preocupación” la situación en Jujuy y señaló que “la reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de DDHH”.
Argentina🇦🇷| Seguimos con preocupación las protestas en Jujuy.
Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia.
La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de DDHH.
— Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) June 20, 2023
Amnistía exigió la suspensión de la reforma constitucional en Jujuy
En tanto que ayer el organismo de origen inglés sumó su firma al pedido de un conjunto de organismos de derechos humanos argentinos en el que se plantea que “tras las represiones a las movilizaciones en contra de la nueva Constitución, un conjunto de organizaciones realizamos el pedido ante la Convención Constituyente y al gobernador de la provincia. La reforma implicaría un gravísimo retroceso en términos de derechos” y se señalan las restricciones que hubo en el debate previo.
JUJUY | Exigimos la suspensión de la reforma constitucional
Hilo 🧶
Tras las represiones a las protestas, un grupo de organizaciones de derechos humanos realizamos el pedido ante la Convención Constituyente y al gobernador de la provincia 👇https://t.co/ZlBEqlMgRD
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) June 19, 2023
Compartimos el comunicado completo:
Exigimos la suspensión de la reforma constitucional en Jujuy – Amnistía Internacional Argentina | Defendemos los derechos humanos
Tras las represiones a las movilizaciones en contra de la nueva Constitución, un conjunto de organizaciones realizamos el pedido ante la Convención Constituyente y al gobernador de la provincia. La reforma implicaría un gravísimo retroceso en términos de derechos.
En la noche del jueves 15 la Convención Constituyente aprobó una reforma constitucional con graves problemas de procedimiento, que no respetó los plazos previstos ni permitió la participación de distintos actores sociales. Horas después de su aprobación, en varios puntos de la provincia se produjeron movilizaciones de rechazo, que fueron reprimidas por las fuerzas policiales. La represión dejó cientos de personas heridas y decenas de detenidas.
Por eso un conjunto de organizaciones defensoras de derechos volvimos a plantear los problemas de legalidad y legitimidad de la reforma y a solicitarle a la Convención Constituyente y al gobernador de la Provincia su suspensión. Entendemos que es la única medida efectiva para encauzar el reclamo y asegurar un debate necesario, obligatorio y participativo de todos los sectores de la sociedad jujeña.
Es que recién sobre la fecha de la votación, quienes viven en Jujuy conocieron la propuesta que les convencionales aprobarían en ese mismo momento. Ese procedimiento además resulta incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en los asuntos que les afecten, como lo es el alcance y contenido sobre sus derechos en una constitución provincial.
Durante el proceso no se compartieron tampoco los detalles de los artículos que impactan sobre el derecho a la protesta de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sociales, estudiantiles, políticas y sindicales. El proceso tampoco aseguró las condiciones de acceso a la información y participación pública necesaria y previa para la definición de contenidos sobre regulación ambiental. El régimen de aguas, propiedad, autorizaciones y licencias para exploración o explotación ambiental se conoció ya con el proceso de votación de la reforma cerrado.
Luego de que se aprobara el texto de la nueva Constitución, los pueblos indígenas y distintos sectores sociales y sindicales salieron a manifestarse en contra de la reforma y fueron reprimidos con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes que provocaron heridas graves. Hubo decenas de personas detenidas por resistencia a la autoridad, una figura utilizada para limitar las movilizaciones sociales y el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades.
Avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de derechos humanos.
En este contexto, solicitamos de manera urgente:
-La suspensión de la reforma constitucional aprobada y la habilitación de un proceso de diálogo que permita establecer un mecanismo participativo para la sanción de la reforma parcial de la Constitución.
– Se detengan los operativos de represión policial sobre las manifestaciones que están teniendo lugar en distintos puntos de la provincia.
-Se informe sobre el paradero de todas las personas detenidas.
-Se desarrollen las medidas necesarias para liberar a todas las personas detenidas por ejercer el derecho a la protesta.
-Se investiguen las actuaciones policiales en todas las protestas sucedidas en la provincia.
-Se aseguren todas las condiciones de atención de las personas heridas y se convoque a los órganos especializados para la atención de niños, niñas y adolescentes.
El texto completo con el pedido a la Convención Constituyente para que se suspenda la reforma puede leerse acá
Organizaciones firmantes
ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales)
AADI (Asociación de Abogadas/os de Derecho Indígena)
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial)
ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)
Amnistía Internacional Argentina
Avaaz
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)
Consciente colectivo
ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen)
FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales)
SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia)