Boletín de informaciones educativas al 26.6.2023
Inicial y primaria siguen el paro en Jujuy. Docentes de media y superior levantaron medidas
Mario Hernandez
Este domingo las y los docentes del nivel inicial y primario nucleados en la Asociación de Educadores Provinciales ADEP, ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza, rechazando el ofrecimiento salarial del gobierno. También Exigiendo la derogación de la Reforma Constitucional, salarios y condiciones de trabajo dignos.
El sábado, la asamblea en La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Ledesma, San Pedro, Perico y también en la capital jujeña decidieron seguir la huelga.
Los que por escaso margen -240 votos a favor y 214 en contra- levantaron las medidas de fuerza fue el CEDEMS, docentes de nivel medio y superior. SADOP, que nuclea docentes privados y UDA también aceptó.
El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) de Jujuy, que sostenía un paro por tiempo indeterminado desde hace tres semanas, decidió levantar la medida de fuerza tras analizar en una asamblea general la propuesta de aumento salarial ofrecida por el Gobierno local, mientras que los docentes nucleados en Sadop resolvieron una medida similar.
En el marco del sostenido paro docente, el gobierno jujeño convocó el pasado jueves a los gremios y propuso mejoras en distintas variables y conceptos, que permitirán arribar a un mínimo salarial docente de $200.000, a liquidar con los haberes del mes de junio.
También ofreció que, de levantarse el paro, no se tomarán en cuenta los días no trabajados.
“Se decidió levantar el paro, pero bajo protesta”, expresó la secretaria general del Cedems, Mercedes Sosa, tras concluir el sábado por la tarde una extensa asamblea que sumó más de 400 profesores asistentes, en un club de la capital provincial.
Detalló que, con una reducida diferencia de votos, se avanzó en aceptar la oferta salarial realizada por el Gobierno local.
No obstante, se volvió a pronunciar el rechazo a la reforma de la Constitución provincial, y la asamblea habilitó la presentación de cautelares para el caso que se vean vulnerados los derechos de los docentes.
También se dispuso la inmediata convocatoria a asamblea y el llamado a paro en caso de que continúen intimidaciones por parte de la policía local, en el marco de distintos episodios que vienen denunciando.
En cuanto a la Reforma constitucional, que fue una de las principales preocupaciones abordadas, durante la asamblea estuvieron convocados abogados del fuero local a cargo de exponer sobre los derechos docentes lesionados y qué acciones se pueden tomar.
También se ratificó el acompañamiento que sostiene el sector con respecto al reclamo particular de las comunidades indígenas en el marco de la reforma constitucional, con distintos cortes de ruta que llevan más de una semana.
Sosa indicó que seguirán reclamando por las reivindicaciones pendientes y que la próxima reunión paritaria se programó para el 13 de julio.
La comisión directiva de Sadop Jujuy, por su parte, informó en un comunicado que en reunión de delegados “se analizó la propuesta salarial” ofrecida en la paritaria del 21 de junio el Gobierno provincial y resolvió “aceptar la propuesta salarial para el mes de junio” y “retomar las clases a partir del 26” de este mes.
Asimismo, resolvió continuar en la negociación paritaria convocada para el 13 de julio, rechazar la Reforma constitucional “por considerarla inconsulta e inconstitucional” y “apoyo a los pueblos originarios” de la provincia.
Proponen nueva asamblea del Cedems
Compañeros y compañeras: creemos que la situación amerita una reunión urgente de la Directiva y llamado a nueva asamblea dónde busquemos los mecanismos para que haya una participación masiva.
Por un lado, los y las compañeras de Adep resolvieron continuar con el paro. Eso abre una nueva situación y es nuestra obligación acompañarlos. El paro lo impusieron los y las docentes de primaria. Se necesita la unidad de la docencia de forma urgente. Deberíamos siempre poder coordinar con ellos y ahora sumarnos a su decisión. El gobierno los amenaza ahora con descuentos, cuestión que debemos repudiar.
Al mismo tiempo, se ha abierto un cuestionamiento a la última asamblea que hicimos entre afiliados y afiliadas de nuestro sindicato. Más allá de cómo se exprese, es un hecho real. Cientos de colegas expresan que no pudieron ser parte de la asamblea por la distancia y el costo del viaje. Lo cierto es que estaríamos levantando un paro de 3 semanas con el voto de 240 compañeros y compañeras que votaron por aceptar la propuesta del gobierno mientras 214 votamos por continuar el paro. Como expresamos en la asamblea, creemos que además deberíamos haber consultado al resto de los sectores con los que venimos peleando por voltear la reforma. Ustedes podrán no compartir las formas en que se expresa el cuestionamiento, pero nunca hay que desoír un cuestionamiento sino darle una respuesta.
Para nosotros la respuesta debe ser la que planteamos: nueva asamblea dónde se garantice la presencia de todos y todas (o se garantizan micros o realiza asambleas por localidad y luego se suman los votos).
En esas asambleas urgentes que proponemos plantearemos retomar el paro y consultar con el resto de los sectores en lucha, empezando por las comunidades originarias, los pasos a seguir, las medidas de lucha más fuertes que podamos llevar adelante manteniendo la unidad.
Agrupación Docente 9 de Abril – Jujuy
Miles de docentes pararon y marcharon en Chubut
Lxs docentes de Chubut anunciaron una nueva medida de fuerza desde el miércoles 21 al martes 27 de junio para exigir salarios dignos, transporte escolar, mejores condiciones edilicias.
El jueves 22, desde las 11:00, miles de docentes de Chubut se movilizaron en toda la provincia en el marco del paro provincial de ATECh, SADoP y AMET y el paro nacional de la CTERA. En Rawson se concentraron frente al ministerio de Economía y luego volvieron a marchar hasta el ministerio de Educación que los recibió, nuevamente, cerrado.
En la movilización participaron docentes de todos los niveles educativos y una importante delegación de docentes y vecinos jujeños, residentes en Puerto Madryn. Junto a ellos, también estaban de referentes de los pueblos Mapuche-Tehuelche, de la Multisectorial No a la Mina de Trelew, del PTS, el PO y el MST en el Frente de Izquierda y del MTE entre otros.
En Esquel, Comodoro Rivadavia y en la Comarca Andina, los docentes ganaron las calles en esta importante jornada provincial de lucha contra el ajuste del peronista Arcioni, integrante del Frente de Todos, y en solidaridad con la lucha del pueblo de Jujuy, apoyando la lucha contra la reforma de Morales y el PJ y por la libertad de los presos por luchar.
Sigue el plan de lucha en Santa Cruz
El Congreso provincial de Adosac rechazó nuevamente la oferta del gobierno de Alicia Kirchner, que insiste en un aumento anual del 4% y una serie de bonificaciones por fuera del básico, que mantiene el salario inicial debajo de la línea de pobreza. Es la oferta más baja del país.
La conducción Lila volvió a ser derrotada en su intento de levantar el paro y se aprobó la moción aprobada por la Naranja Docentes en Marcha de sostener otras 120 horas de paro, movilización, acciones y participar de la marcha en CABA el 15 de junio.
“La cuestión salarial es fundamental, sobre todo con una canasta básica total que en la provincia está rondando los 120.000 pesos. Pero estamos muy preocupados también por la cuestión edilicia, sobre la cuestión laboral y sobre todo la cuestión pedagógica. Creo que la repitencia (en referencia a la disposición educativa de la provincia donde se permite que un alumno pase de año a pesar de que las bajas calificaciones no lo permitan) no es la solución en lo absoluto. Ese ha sido el objetivo concreto del gobierno de Alicia Kirchner, de nublar o tapar la realidad”, aseguró el titular del gremio en declaraciones.
Otros puntos reivindicativos que engordan el conflicto se tratan del faltante de alimentos en los comedores escolares y los autoritarios descuentos salariales, multas y sanciones legales de la gobernadora ante el ejercicio del derecho constitucional a la huelga.
Un fiscal pidió que cuatro procesados por protestar sean acusados de “intento de femicidio”
Se trata del proceso en que se hallan imputadas cuatro personas: Juan Manuel Valentín, referente del Partido Obrero y excandidato a gobernador; Gabriela Ance, la ex secretaria de Derechos Humanos de la CTA Santa Cruz (aunque en este caso el cambio de calificación legal, por su condición de género, sería a tentativa de homicidio); Claudio Wasquin, exsecretario adjunto de la CTA Santa Cruz; y el ex referente del gremio docente ADOSAC, Diego Barrionuevo. Hasta el momento, la calificación de las y los inculpados era por “violación de domicilio”.
El cambio de carátula fue a petición del Fiscal de Cámara subrogante Federico Heinz. El funcionario arguye que hubo una premeditación de algunos de los protagonistas de la pueblada ocurrida entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril del 2017. También indica que estos tenían pleno conocimiento por medios nacionales y provinciales que en esos momentos se hallaban en aquél domicilio la gobernadora Alicia Kirchner y la expresidenta.
También argumenta que la mayoría de los manifestantes presentes aquella noche lo realizó sobre la vereda, desde afuera, mientras que, entre otros, los ahora acusados de intento de femicidio llegaron a entrar al jardín del domicilio gubernamental.
Aquella jornada de abril fue coronada por una represión ejercida por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos a los docentes, jubilados y trabajadores que protestaban. Como resultado de la represión hubo varios heridos y, subsiguientemente, los cuatro referentes sociales imputados y procesados.
La reciente medida legal se da en momentos donde el conflicto por mejoras salariales, edilicias y de contenido pedagógico entre trabajadores de la educación y mandatarios provinciales se encuentra en plena escalada. Dentro del ciclo lectivo 2023, iniciado hace tres meses, las y los docentes llevan más de 50 días de huelga.
Ese mismo día, teñido por la visita de Cristina, las y los trabajadores de la educación santacruceños se habían plegado a la Jornada Nacional de Lucha convocada por sindicatos combativos, seccionales de base y colectivos de docentes autoconvocados tales como la mismísima Adosac, Ademys (CABA), ATECh (Chubut), la asamblea provincial de docentes autoconvocados de Salta, FND, la Federación Sitech, el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) (Misiones), el Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (SiTEP) y la Unión de Trabajadores de la Educación Misiones (UTEM), entre otras.
Adosac rechazó a través de un comunicado
La asociación docente denunció que «justo hoy donde nuestros compañeros participan de una Jornada Nacional de Lucha, el diario oficialista saca en tapa ‘Ataque a la residencia oficial en Río Gallegos: pidieron cambiar la carátula por intento de femicidio contra Cristina y Alicia Kirchner’», para agregar que “más allá de los aspectos legales que desarrollan en la nota, repudiamos este intento de querer profundizar la criminalización de la protesta social”.
A su vez, el comunicado evidenció lo que ellos entienden como una operación política, al revelar que “con esta forma pretenden silenciar el conflicto docente por aumento salarial que viene aconteciendo semana a semana y donde no aparece ninguna solución a nuestros planteos como organización sindical”.
Además, el gremio comparó a la titular gubernamental con su par jujeño, Gerardo Morales, al asegurar que “los gobiernos de Santa Cruz y Jujuy quieren coartar los reclamos sociales y salariales mediante una justicia adicta, criminalizando las protestas”.
En ese sentido, el comunicado expresó que “esa misma justicia que tiene hace siete años procesados a nuestros compañeros hoy con plena intencionalidad política cuando la vicepresidenta se presenta en un acto en Río Gallegos pretenden sin ningún sustento fáctico cambiar la carátula como femicidio. Cuando son los sectores de poder que están sospechados de este tipo de crímenes como sucede en Chaco”.
El gremio agregó luego que “cuando los gobiernos son de derecha, reprimen de diferentes formas”, a través de las fuerzas policiales o de reformas legislativas para “doblegar a través de leyes, decretos y todo lo que esté a su alcance para oprimir y disciplinar”.
Finalmente, la asociación reclamó el cese del hostigamiento y que se deje de “criminalizar la protesta social”. Por ello, en el comunicado demandó la “absolución de Claudio Wasquin, Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentín y Gabriela Ance”.
Gremios se movilizan en Rosario por balaceras contra escuelas
Sindicatos del Gran Rosario realizaron el jueves un paro regional de 24 horas «contra la violencia» y una movilización a media mañana hasta la sede local de la Gobernación santafesina, a raíz de los sucesivos ataques a tiros contra escuelas.
La huelga fue acordada entre una decena de sindicatos durante una reunión multisectorial de la que también participaron organizaciones sociales, que luego adhirieron al paro nacional convocado para repudiar la represión en la provincia de Jujuy.
La actividad sumó una movilización desde los Tribunales rosarinos, ubicados en Bulevar Oroño y Pellegrini, hasta la plaza San Martín, frente al edificio de la Gobernación santafesina en esta ciudad.
Como consecuencia de la medida no se dictaron clases en las escuelas públicas y de gestión privada tanto del nivel inicial, como primario y secundario.
«El 13 de junio llevamos adelante en las escuelas una jornada en contra la violencia y en defensa de la vida, pero sostenemos que el problema de la violencia no es exclusivo del sector docente o de la educación, sino que es necesario pensar acciones multisectoriales», dijo el secretario general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Rodrigo Alonso.
El dirigente recordó que el gremio docente «participa en la Multisectorial de la ciudad de Rosario y hemos determinado que el jueves va a haber un paro regional en el departamento Rosario y el departamento San Lorenzo, al que también adhieren otros sindicatos».
Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) señalaron a través de un comunicado que «la inseguridad sigue siendo parte de cotidianeidad de las escuelas y hasta hoy no hemos tenido respuestas ni nuevas convocatorias para concretar mesas de diálogo».
«Por ello volveremos a expresar nuestro reclamo para terminar con las amenazas, los amedrentamientos y las balaceras hacia y frente a las escuelas».
A la medida de fuerza también adhieren los profesionales de la salud de Siprus; la delegación local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); los docentes universitarios de Coad; Judiciales; municipales; recolectores de residuos; Camioneros alineados con Pablo Moyano; el Sindicato de Prensa Rosario; el personal de la Universidad Nacional Tecnológica reunido en el gremio Fagdut; Dragado y Balizamiento, entre otros.
El secretario general de Fagdut en Rosario, Eduardo Marostica, sostuvo que «es válido juntarse en la calle para manifestar la bronca ante uno de los problemas importantes que tenemos hoy, más allá de lo económico: aquí en Rosario, donde lamentablemente el Gobierno no está realizando nada en concreto».
El dirigente del gremio universitario agregó que «cuando se atenta contra la inseguridad de las personas, cuesta planificar, pensar y estudiar».
La jornada de huelga estuvo precedida por varias movilizaciones de docentes tras hechos de balaceras a edificios escolares y la lesión a un alumno de primer grado, herido en una pierna a la salida del establecimiento.
Informe docente aseguró que 50 escuelas tuvieron que suspender las clases por la violencia en Rosario
«La violencia en la región crece y se ha ensañado con las escuelas y sus comunidades. Desde Amsafe Rosario elaboramos un informe con algunos datos relevantes sobre la cuestión», expresa el artículo que enumera, uno a uno y según los datos de los que disponen, los establecimientos educativos que debieron suspender en plena actividad o anunciar su cierre para el otro día ante los sucesivos ataques.
«Compartimos un listado detallado (y seguramente incompleto) de escuelas públicas de distintos niveles y modalidades que durante esta primera parte del año han debido suspender las clases por situaciones de violencia», formula Amsafe Rosario a modo introductorio. Y agrega: «Pero además, todas las formas de violencia -en particular las balaceras y las amenazas- están golpeando a las escuelas públicas y han obligado a que haya días en que las instituciones no pueden dar clases porque no tienen las garantías necesarias para hacerlo sin poner en riesgo a su comunidad», indica.
Desde otro punto, el documento denuncia la creciente cantidad de alumnos y alumnas que fallecieron o fueron heridos producto de la contienda entre bandas narco y el deterioro social que sucede en Rosario. «Sin dudas el dato más terrible es el número creciente de menores de edad, alumnos y alumnas de las escuelas, heridos o asesinados», resalta la publicación gremial. En sintonía con lo expuesto, la investigación da cuenta que «se incrementó fuertemente el ausentismo escolar en instituciones amenazadas o en zona de conflictividad». A su vez, la publicación también refiere a que, en otros tantos casos, las faltas escolares «se dan en momentos en que las familias, por la situación del barrio, eligen no enviar a clases a sus niños y niñas, aunque la escuela esté abierta».
«Otro caso más grave aún en la escolaridad de muchos estudiantes sucede cuando la familia debe mudarse por un tiempo a un lugar más tranquilo», completa el gremio sobre la problemática. La presentación del documento se dio en vísperas del feriado largo y el recordatorio escolar al prócer Manuel Belgrano. Pero la realidad rosarina no da tregua. Aquél mismo día, casi en simultáneo, a la mañana, dos ladrones encapuchados y a punta de pistola entraron en la escuela Nº 288 “Ceferino Namuncurá”, donde asaltaron a trabajadores que realizaban la instalación de internet en el establecimiento ubicado en José Ingenieros al 8600, en el barrio Stella Maris. La escuela, que da de comer a 800 chicos y chicas, cerró sus puertas.
“Los docentes ya están acostumbrados a la inseguridad en el barrio. No viene de ahora”, señaló la directora de la escuela ante el furibundo hecho y ante medios. Aun así, y más allá de declaraciones, la agrupación docente incluyó en su informe que, a partir de la situación marcada por el acecho narco, «se incrementaron las consultas a nuestros especialistas de Salud Mental por el contexto de violencia que viven las y los docentes en sus escuelas.»
El puntapié público de la denuncia también coincidió con la convocatoria al paro nacional docente para este jueves 22, llamado primeramente por gremios y seccionales clasistas o de base y al que Amsafe Rosario adhirió. Luego, la explosión abierta de la lucha de las y los jujeños derivó en que la Ctera y las dos vertientes de la CTA se plieguen al mismo.
En su conclusión, el documento incluye una fuerte crítica institucional respecto a las medidas gubernamentales que intentan paliar los acontecimientos que juegan con la muerte momento a momento. “Con la llegada de 1400 agentes de fuerzas federales a la ciudad hubo una recepción récord de fuerzas que no se tradujo en una baja de la conflictividad, sino que todo lo contrario, con 138 asesinatos (según el último relevamiento del Observatorio de Seguridad Pública provincial) llevamos una cifra récord de casos en lo que va del año”, denuncia.
“Todos los dispositivos de seguridad han fracasado. El nuevo despliegue de fuerzas federales y la militarización de los barrios no han traído ninguna solución. El caso emblemático sucedió en el Complejo Ziperovich que fue baleado por dos sujetos que se retiraron caminando ante la absoluta pasividad del móvil policial”, exclaman. Para rematar: “Es necesario mayor presencia del Estado con políticas públicas y que los poderes políticos, judiciales y económicos corten los vínculos con las mafias narcos.”
La Ctera convocó a un paro nacional docente para el jueves 22 tras la represión en Jujuy
La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocó a un paro nacional docente para el jueves 22 ante “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño”, tras la represión policial contra manifestantes que reclamaban por la Reforma de la Constitución de esa provincia.
Ctera explicó que la convocatoria se debe a “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño” y que reclamará por el cese de la “represión al pueblo jujeño”, un “aumento salarial a los docentes” y el rechazo a la “Reforma constitucional” de esa.
La Confederación que nuclea a educadores de todo el país responsabilizó por la “creciente conflictividad en Jujuy” al “accionar” del gobernador, Gerardo Morales, a quien denunciaron por “otorgar aumentos por decretos, sin diálogo”.
Además, apuntaron contra Morales por impulsar una “Constitución inconsulta y antidemocrática” y reprocharon que “ante los paros contundentes y las multitudinarias movilizaciones responde con represión”.
La Ctera anticipó que el jueves “estará en Jujuy acompañando la histórica lucha de la docencia”.
Pararon docentes universitarios
En sintonía con el paro convocado por CTERA y la CTA, y el repudio a la represión por el Consejo Interuniversitario Nacional, las Federaciones Universitarias CONADU y CONADU-H, que nuclean a diversos sindicatos y gremiales docentes en todo el país, convocaron a un paro nacional el jueves 22.
Las cooperadoras escolares rechazaron los dichos de la ministra de Educación porteña
El viernes 16 por la mañana, la comunidad educativa se hizo presente en la puerta de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, ubicada en Juncal 3251, en el barrio de Palermo, para repudiar las declaraciones de la ministra Acuña, que circularon días atrás en un video, donde las cooperadoras escolares (en particular la del Lengüitas) fueron su nuevo blanco de ataque.
“Dedicamos tiempo voluntario y recursos propios para sostener necesidades que el Estado no cubre. Solo una persona con pensamiento mercantil puede pensar que el trabajo desinteresado y ad honorem de las familias se relaciona con ideas de gerenciamiento y propiedad”, remarcó Nancy Vega, presidenta de la cooperadora del Lengüitas.
Vega contó que el 70 % de los gastos corrientes de la escuela se cubren con el dinero que las familias aportan a la cooperadora. Sobre el Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE), la mujer aclaró que es “cada vez más escaso”: en 2022, fue de 572 pesos por año por estudiante, en “correlato a la reducción presupuestaria que han llevado al 16 % del presupuesto total”. “Soledad Acuña no conoce las escuelas que administra”, remarcó.
La comunidad del Lengüitas también recordó los reclamos que hicieron a principios de este año por la presencia de plagas de alacranes y por el estado de suciedad de la escuela, así como la solicitud de acciones para mitigar el impacto de la ola de calor, en las aulas con “mínima ventilación, vidriadas y que reciben luz solar durante toda la jornada”.
La titular de la cartera educativa de la Ciudad había señalado que las familias integrantes de las cooperadoras tienen “determinado perfil ideológico”. Al respecto, Vega remarcó que Acuña confunde “acción política comunitaria con política partidaria”, dos dimensiones distintas de la acción ciudadana. “Nuestra cooperadora no responde a ningún partido político. Conviven en ella personas con múltiples afinidades políticas, pero con la misma vocación por la defensa de la escuela pública”, aclaró.
“Somos madres y padres que defendemos el derecho a la educación pública de todos los pibes y las pibas. Soledad Acuña ataca sistemáticamente a las comunidades escolares porque para ella la educación es un negocio”, sostuvo Ani Meizoso, integrante de la Cooperadora de la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola y delegada de Cooperadoras Escolares de la Comuna 12.
Según detalló Meizoso, una de las principales acciones que hace la cooperadora del Esnaola es comprar los instrumentos musicales para les estudiantes, y que esto es posible gracias a los aportes de cada familia. “Basta, ministra. Pare con el discurso de odio y gestione como tiene que gestionar”, aseveró la delegada.
Por su parte, Pablo Cesaroni, integrante del colectivo Cooperadores en Movimiento y de la Multisectorial por la Escuela Pública, expresó su solidaridad con la comunidad educativa del Lengüitas. “Rechazamos las declaraciones de este video, que muestra lo que la ministra ha venido diciendo y haciendo desde hace mucho tiempo”, enfatizó.
En el acto se recordaron los ataques del año pasado de Acuña contra estudiantes que reclamaban mejoras edilicias y denunciaban la mala calidad de las viandas escolares. Entre las escuelas que participaron en las tomas estaban el Mariano Acosta y el Lengüitas, a quienes la ministra respondió enviando cartas documento a las familias para solicitar un resarcimiento en dinero “por daños y perjuicios causado al erario público correspondientes al pago de salarios de personal por cada día sin clases debido a la toma de la escuela”.
Para Cesaroni, frente a la inacción del Gobierno porteño, el rol de las cooperadoras es garantizar que las y los estudiantes tengan edificios seguros y que reciban comida saludable. “Estamos pidiendo por mayor presupuesto educativo, pero Acuña quiere una cooperadora que solo se ocupe de resolver los fondos que el gobierno no manda”, remarcó.
Ante la pregunta sobre qué sucede en las escuelas que tienen una cooperadora menos organizada o que directamente no cuentan con una, el integrante del colectivo respondió que en esos establecimientos “los estudiantes no van a tener los recursos necesarios, a diferencia de aquellos que van a escuelas con cooperadoras fuertes”. Sin embargo, subrayó Cesaroni, “la educación pública de gestión estatal debe ser igual para todos y todas, no puede depender de la presencia de una cooperadora”.
Los números del ajuste en la Educación
Por Lautaro Jiménez
Un informe del Centro de Investigaciones en Economía Crítica en Mendoza reveló los números del ajuste y desinversión educativa en los últimos años. El ajuste de los gobiernos hizo que, entre 2015 y 2021, la inversión educativa cayera del 6,1% al 4,8% del PIB
La Educación en datos reales: presentamos el informe sobre La Inversión Educativa en Argentina del Centro de Investigaciones en Economía Crítica.
Las luchas docentes que recorren el país se deben al ajuste de los gobiernos: entre 2015 y 2021 la inversión educativa cayó del 6,1% al 4,8% del PIB.
El Art. 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece: “el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Interno Bruto (PIB)”. Esta meta que la ley preveía alcanzar en 2010 llegó a cumplirse recién en 2015. Sin embargo, los años siguientes tuvieron una constante reducción del presupuesto educativo, con la excepción del 2020 (vinculada a la fuerte caída del PBI, no al aumento de la inversión escolar).
El ajuste implica que en 2021 se destinó en el país $154.489 por estudiante en los establecimientos de gestión estatal. Mendoza está entre las tres jurisdicciones del país que menos invierten en sus estudiantes: un 23% menos por debajo del promedio nacional con $118.630.
Entre el 2015 y el 2021, en promedio se redujeron los fondos por estudiante en un 31%, siendo liderado el ranking por la provincia de Santa Cruz (67%) y secundado por la provincia de Mendoza (46%).
Y según datos oficiales hasta el 3er. trimestre del 2022, podemos anticiparnos que hasta septiembre la tendencia de la inversión educativa continuaba a la baja. El ajuste sigue siendo una constante la gran mayoría de las jurisdicciones del país.
Podemos ver que los salarios del sector privado registrado de todo el país, en promedio, perdieron un 20% de su poder adquisitivo entre el 2016 y el 2022 y los del sector público un 24%. Los salarios docentes en Argentina un 17% y en Mendoza un 31% de su capacidad de compra.
En el Mapa salarial educativo de diciembre 2022 el salario bruto promedio a nivel nacional de una maestra con diez años de antigüedad era de $139.000. Mendoza y Jujuy están entre las 4 peores con $110.200 y $110.000 respectivamente, seguidas por Formosa y Santiago del Estero.
En Mendoza la Ley Nº 6.970 provincial de educación estipula que, como mínimo, el financiamiento educativo debe representar el 35% de las erogaciones provinciales. Se incumple sistemáticamente. Y en el presupuesto vigente del 2023 ronda la mitad de lo establecido por la ley.
Esta continua pérdida de participación de la educación en el presupuesto provincial ha significado también una fuerte caída frente a la inflación. Tanto es así, que si comparamos el 2023 con el 2015 obtenemos un recorte en los fondos educativos del 32% en términos reales.
Tenemos que unir la fuerza de toda la docencia a nivel nacional. Sumar nuestra solidaridad con las maestras y el pueblo de #JujuyResiste, ejemplo de lucha contra el ajuste de los gobiernos. Y derrotar a los partidos políticos del FMI que están hundiendo la educación pública.
El informe completo ver acá.
Recorriendo la educación nuestraamericana
Chile: Estudiantes secundarios contra las pruebas estandarizadas y la educación de mercado
Por Comunicado de Prensa | 24/06/2023
Fuentes: Rebelión
En ningún caso el desempeño académico puede ser un factor para definir la cantidad de recursos que se le asignan a la educación. Lo único que logra el SIMCE es perpetuar una lógica de competencia desigual entre establecimientos que termina por precarizar y marginar a las y los estudiantes populares.
Hace una semana, el Ministerio de Educación publicó los resultados obtenidos en el sistema nacional de evaluación de resultados de aprendizaje, SIMCE, aplicado el año pasado a los estudiantes de 4° básico y 2° medio, mencionando su preocupación por la baja obtenida en los puntajes en comparación al 2018.
A los burócratas del Mineduc pareciera pillarlos por sorpresa. Ocurre que ellos no quieren ver la realidad que enfrenta la educación, pero que para las y los estudiantes populares no es nada nuevo, tras denunciar una y otra vez el vacío de conocimientos agudizado por la pandemia y las condiciones paupérrimas de enseñanza que existen desde hace muchos años.
El descenso de los puntajes observados en matemáticas y lenguaje evidencian el vacío de conocimientos en la educación escolar. Si bien, desde antes no había una preocupación por el aprendizaje de las y los estudiantes, la pandemia agravó esta situación. Las clases online de ninguna manera fueron una alternativa de estudio eficiente, mucho menos cuando la mayoría de los estudiantes populares no contaban con un celular o computador para poder usar internet. Luego, con el regreso a las clases presenciales, se dio por hecho que los conocimientos estaban adquiridos y que las clases remotas fueron suficientes, haciendo caso omiso a la necesidad de la recuperación de contenidos.
La respuesta del gobierno demuestra una vez más la desconexión con las reales problemáticas de la educación y su falta de voluntad política para solucionarlas. En vez de hacerse cargo de las carencias en infraestructura, alimentación y el resto de las condiciones materiales de enseñanza, insisten con su Plan de Reactivación Educacional que no tiene ni un brillo.
En ningún caso el desempeño académico puede ser un factor para definir la cantidad de recursos que se le asignan a la educación. Lo único que logra el SIMCE es perpetuar una lógica de competencia desigual entre establecimientos que termina por precarizar y marginar a las y los estudiantes populares.
Lo mismo ocurre con la Prueba de Acceso a la Educación Superior, PAES, otra evaluación estandarizada que hace competir a estudiantes con distintas realidades educativas, y que impide el ingreso a muchos estudiantes populares a la Universidad, obligándolos a buscar otras opciones en los Centros de Formación Técnica, CFT, e Institutos Profesionales, IP, o simplemente condenándolos a no continuar formándose o a trabajar en los peores empleos, mientras que, por el contrario, les asegura un puesto a los ricos en la universidad pues los CFT o IP no son opción para ellos.
¡A BARRER CON LA EDUCACIÓN DE MERCADO!
Estudiantes por la Causa Popular (ECP)
Uruguay. Paro de docentes y estudiantes contra el ajuste en educación
Por Guido Vasallo, 22 de junio de 2023.
“Este reclamo tiene como trasfondo un gobierno que ha ejecutado un modelo de desigualdad muy grande”, aseguró el secretario general del sindicato de docentes del nivel secundario, Emiliano Mandacen.
Miles de docentes, estudiantes y sindicatos llevaron adelante este miércoles un paro de 24 horas que incluyó una movilización por la principal avenida de Montevideo en contra de la política educativa del gobierno uruguayo. La medida estuvo enmarcada en el conflicto que los gremios mantienen con el Ejecutivo de Luis Lacalle Pou, al entender que está llevando adelante un ajuste en el presupuesto de la educación pública.
“Esto no es sólo un debate concreto en el sentido de pragmatismo puro y duro, sino que tiene un trasfondo de una disputa ideológica, política y pedagógica que hay que desnudar: el modelo de ellos claramente es una educación que tenga elementos de salida muy rápido al mercado laboral de amplios espectros de la población, y el acceso democrático al conocimiento a una élite dirigencial y gobernante”, destacó el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Emiliano Mandacen.
Bajo la consigna: “Que el gobierno rinda cuentas, presupuesto para el pueblo”, los manifestantes se movilizaron desde la explanada de la Universidad de la República hacia la Torre Ejecutiva en Plaza Independencia. “Tuvimos una movilización por toda la Avenida 18 de Julio con varios miles de compañeras y compañeros. El nivel de adhesión al paro fue muy bueno, asistieron delegaciones de todo el interior del país que se trasladaron hasta la capital, pensamos que fue contundente”, sostuvo Mandacen luego de participar de la marcha.
Los sindicatos de la enseñanza, nucleados en la CSEU (Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay), reclamaron un mayor presupuesto en la próxima Rendición de Cuentas, la última del período de gobierno de Lacalle Pou, que definirá los recursos asignados al sector educativo. La movilización también fue en rechazo a la reforma educativa que lleva adelante el gobierno desde la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública).
“Una doctrina de hostigamiento constante”
El proyecto de ley de Rendición de Cuentas empezará a tratarse en el Parlamento en julio. “No se ha presentado ningún número públicamente y los ámbitos de negociación están sumamente obstaculizados”, destacó Mandacen, quien aclaró que esta actitud “tiene como trasfondo un gobierno que ha ejecutado un modelo de desigualdad muy grande ajustando todo lo que son los planes sociales y también la educación”.
Para el secretario general de la Fenapes, el gobierno de Lacalle Pou presenta una “transformación educativa” que consta de tres dimensiones: “Una dimensión presupuestal con un ajuste solo en la ANEP de 150 millones de dólares, un ajuste pedagógico que es un retroceso muy importante en las posibilidades de democratización del acceso al conocimiento, y un ajuste de derechos muy importante, con situaciones inclusive que están denunciadas a nivel de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), porque de alguna manera hay un grado de persecución muy importante en los colectivos docentes violentando su libertad de cátedra y de expresión, una doctrina de hostigamiento constante”.
La lista de reclamos educativos incluye la masa salarial, que implica principalmente mayor cantidad de cargos, vacantes no asignadas y mejoras en el salario general. Otro tema que preocupa a la Federación de profesores de enseñanza secundaria es el acompañamiento a los estudiantes más allá de su desempeño en las instituciones escolares.
“Tiene que haber una política potente de becas, de acceso a la alimentación, que está vulnerado en amplios sectores. También trabajar en un acompañamiento mucho más estructural de todos los aspectos de salud mental y todo lo que implique violencia hacia los adolescentes”, planteó Mandacen, quien destaca que el tercer eje de la plataforma del gremio es “el tema de la infraestructura que está muy deteriorada”.
“Aquí no hay ningún privilegiado”
Cerca del mediodía del miércoles la movilización llegó a la Torre Ejecutiva, sede de la presidencia, y allí Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (Fum-Tep), dijo que esta era la última oportunidad para “reclamar lo que es justo. De acuerdo al diario El País, Pereira recordó declaraciones del ministro de Educación, Pablo da Silveira, quien había señalado que los docentes debían sentirse “privilegiados” por formar parte de la recuperación salarial en el sector público.
“Con una mano en el corazón, les digo que aquí no hay ningún privilegiado ni privilegiada como nos quiere hacer creer el ministro de Educación. Se podrán imaginar que después de haber sostenido el sistema educativo en la pandemia, de estar en la primera línea, no somos merecedores de esa apreciación. Les quiero asegurar que si el gobierno nos escuchara no estaríamos tomando esta medida”, aclaró Pereira.
Fuente: Página 12
Costa Rica: Presidente descalifica reclamo popular sobre educación
Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2023.
Estudiantes y trabajadores en Costa Rica denunciaron en las calles que el Gobierno incumple presupuesto educativo.
La víspera el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, deslegitimó la multitudinaria protesta de estudiantes y sindicatos celebrada este martes para defender el presupuesto educativo y calificó como “populista” la decisión de destinar el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la Educación.
Durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Chaves aseguró “Aquí hay intereses muy claros y fuertes de quienes convocaron a la marcha. (…) Todos diciendo que defienden la educación. Yo lamentablemente no creo que esa sea la verdadera razón”.
El mandatario costarricense Chaves aseveró, además, que los manifestantes defendían intereses como salarios o pensiones altas, y afirmó que “le duele” ver a estudiantes defendiendo a quienes “quieren seguir comiendo como comen los cardenales en El Vaticano”.
“Uno no puede racionalmente preguntarse que un país que se está envejeciendo, donde cada vez hay menos estudiantes, debió amarrarse a un 8 % del PIB. A mí me parece que eso pudo haber sido, en consecuencia y en intención, una medida populista en aquel entonces”, afirmó Rodrigo Chaves.
Miles de estudiantes y trabajadores del sector educativo en Costa Rica salieron a las calles este martes para denunciar cómo el Gobierno incumple con las obligaciones del Estado en cuanto al presupuesto designado a la educación.
Asimismo, las universidades públicas exigen que el Gobierno ajuste el 1 % a sus presupuestos por concepto de inflación, pedido que negaron el presidente y su ministro de Hacienda, Nogui Acosta; pues, al decir de ellos, “no hay recursos disponibles”.
Fuente: Telesur
15 de junio de 1918. A 105 años del inicio de la Reforma Universitaria en Córdoba
Hace más de un siglo estallaba un movimiento que resquebrajaría las estructuras universitarias con la irrupción del movimiento estudiantil como actor social y político: la Reforma Universitaria*.
Por Paula Schaller
La reforma y el derecho a la insurrección
Hace cien años estallaba un movimiento que resquebrajaría las estructuras universitarias con la irrupción del movimiento estudiantil como actor social y político: la Reforma Universitaria. A ella se liga otro centenario celebrado el año pasado, el de la Revolución rusa, que en el contexto de los “tiempos rojos” de la primera posguerra influenció al movimiento, abriendo la perspectiva de una convergencia potencialmente explosiva entre movimiento estudiantil y movimiento obrero que radicalizó el proceso reformista.
Si todas las gestiones universitarias y partidos como el radicalismo reivindican para sí el legado de la Reforma es en función de circunscribirla a una acción liberal-democratizadora. Tulio Halperín Donghi, exponente de esta lectura historiográfica, la postula como un movimiento institucional de democratización de las casas de estudio en el contexto de la modernización general de las instituciones estatales, donde la confrontación elites oligárquicas-fracciones liberales es el factor explicativo excluyente. Sin descartar la importancia del componente antioligárquico, no podemos reducir la Reforma a un acto de mera modernización institucional de las capas medias, a riesgo de marginalizar su profundo carácter insurrecto, que los reformistas reclamaron como derecho esencial en acto en la Reforma. Ante esta mirada, que veremos multiplicarse en cada homenaje oficial, se alza una recuperación de la Reforma en clave latinoamericanista, que pretende llevar agua al molino del apoyo a los gobiernos posneoliberales, que signaron el mapa regional en la década pasada, expresada en intelectuales kirchneristas como el filósofo y exdecano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Diego Tatián.
La irrupción estudiantil en la Córdoba de frontera
Para las primeras décadas del siglo XX poco había cambiado el régimen político cordobés de aquella descripción que hiciera Sarmiento: la expresión cultural de una premodernidad monástica, con claustros de monjas y frailes en cada manzana y la escolástica como toda ciencia [1]. Desde 1916 la tradicional oligarquía ligada al imperialismo inglés había perdido peso en el dominio directo del Estado nacional y provincial de la mano del radicalismo, mientras la Universidad seguía dominada por los sectores más reaccionarios. De las cinco universidades que existían para 1918, la de Córdoba era la de mayor impronta tradicionalista y clerical. Mientras el resto impartía una formación más cientificista, en la UNC primaba un régimen reaccionario que dominaba el conjunto de las cátedras, imponiendo una fuerte tutela política e ideológica de la Iglesia a través de organizaciones como la secta religiosa “Corda Frates”. A esta tradición conservadora comenzó a oponerse otra que empezaba a echar raíces, la de una juventud de los sectores medios que disputaba la ampliación, democratización y laicización de la enseñanza universitaria, en el contexto de un ascenso de las luchas del movimiento obrero local, con el que no tardó en forjar lazos. De ahí que José Aricó propusiera una superación del imaginario sarmientino en la metáfora político-cultural de Córdoba como ciudad de frontera entre lo tradicional y lo moderno, lo clerical y lo laico, lo conservador y lo revolucionario [2], apareciendo la Reforma como el primer acto que reveló en su magnitud esa identidad sociocultural contradictoria. No es casual que los primeros pasos del movimiento se dieran en 1917, particularmente conflictivo en la ciudad. A las luchas del movimiento obrero ferroviario [3], se sumaron conflictos en el sector del calzado y los tranviarios, que en octubre llevaron a las empresas privadas a ceder a las autoridades municipales el servicio de tranvías y luego a la propia renuncia del intendente Henoch Aguiar, jaqueado por la huelga tranviaria y de los jornaleros de la administración de la limpieza [4]. En este marco, se dio el primer ingreso en escena del movimiento estudiantil hacia fines de 1917, elevando petitorios en reclamo por la democratización del sistema de asignación de cátedras. Ante la inacción de las autoridades, en marzo de 1918 el movimiento amplió sus demandas al rechazo del régimen de asistencia, poniendo sobre la mesa la condición social del estudiantado: “Mientras la Universidad es manejada por una casta de abolengo, el 90 % de sus estudiantes se mantienen a sí mismos” [5]. Los estudiantes pusieron en pie el Comité Pro-Reforma, convocando a la huelga general estudiantil. Esta medida, que fue masiva y demostró una gran disposición del estudiantado a la lucha, tuvo sin embargo objetivos políticos limitados: la intervención del gobierno de Yrigoyen, quien frente a la masividad del movimiento la decretó inmediatamente, forzando la primera reforma estatutaria. Esta amplió parcialmente el demos universitario, posibilitando la intervención del conjunto del claustro docente en la elección de autoridades universitarias. En gran parte del movimiento estudiantil, que aún no había conquistado derechos políticos, primó la expectativa en que los sectores liberales de la docencia permitirían elegir autoridades ajenas a la Iglesia, lo que no tardó en revelarse ilusorio, abriendo paso al segundo momento de la Reforma. Este comenzó el 15 de junio, día de reunión de la Asamblea Universitaria para la elección de nuevo rector. Contra la expectativa estudiantil, la elección del candidato clerical Antonio Nores mostró que los docentes liberales se inclinaban por el candidato más conservador, rompiéndose la frágil alianza con los estudiantes. Estos, que habían puesto en pie la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), cuyos principales referentes eran Deodoro Roca, Enrique Barros, Tomás Bordones y Saúl Taborda, respondieron pasando a la acción directa, enfrentando a las fuerzas de seguridad, declarando la huelga general, tomando la Universidad y convocando a movilizaciones callejeras. El movimiento reformista amplió no solo su extensión, llegando al resto de las Universidades del país y dando lugar al nacimiento de la Federación Universitaria Argentina (FUA), primera organización estudiantil nacional; sino su alianza social, articulándose con los sindicatos obreros de la provincia. Esto permitió una radicalización del movimiento en sus métodos y objetivos. En el primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, convocado en Córdoba a fines de 1918, se aprobaron los reclamos de gobierno tripartito y paritario y docencia libre [6], mostrando una abierta disputa del estudiantado por la conquista de su derecho al demos universitario, contra la noción tradicional del profesorado como legítimo depositario de la autoridad. La dimensión social de sus demandas no tardaría en irrumpir.
El despotismo que ahoga a los desheredados
El movimiento reformista expresó un profundo viraje ideológico en sectores del estudiantado. Aquel que en el Centenario de mayo de 1910 había actuado como avanzada de los pogromos anti-judíos y antiinmigrantes, destacó hacia fines de la década sectores amplios que adoptaron como propias las demandas del movimiento obrero. Este giro respondió no solo al cambio en su propia composición social con el ascenso de las capas medias y su incrementada presencia en las universidades, sino a la influencia de un contexto político signado por la coyuntura de postguerra y la Revolución rusa, que llevaron a un ascenso de la lucha de clases hasta 1921. La toma del poder por los soviets radicalizó a franjas del movimiento obrero y del movimiento estudiantil e impactó en el mapa político local, poniendo en crisis la estrategia parlamentarista del Partido Socialista (PS) y dando nacimiento en 1918 al Partido Socialista Internacional (PSI), más adelante Partido Comunista. Lo propio sucedió con el anarquismo que, como señaló Pittaluga, hasta 1919 apoyó mayoritariamente la Revolución rusa, impulsando distintas acciones en solidaridad con el naciente Estado obrero [7]. Bajo este influjo, primó hasta 1921 el ala más pro-obrera dentro del heterogéneo movimiento reformista a través de su peso en la dirección de la FUC, lo que no tardó en revelar diferencias con la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires. En Córdoba, la ruptura del PS debilitó su influencia al interior del movimiento obrero local, volcándose la mayoría de sus cuadros obreros de peso, junto a las Juventudes Socialistas, a las filas del PSI. En el contexto del ascenso en la movilización y organización entre los trabajadores ferroviarios, del calzado, la madera, sastres, escoberos, gráficos, tranviarios, cerveceros, albañiles, pintores, caleros y molineros [8], el PSI impulsó la creación de la Federación Obrera Local y luego la Federación Obrera Provincial (FOP) en base a la unificación de unos 40 sindicatos. Frente a la inflación y el avance de la desocupación en la inmediata posguerra, los reclamos más sentidos fueron aumento salarial, reconocimiento de las organizaciones sindicales, reducción de la jornada laboral y aplicación del sábado inglés. La FOP convergió con el movimiento reformista a través del Comité Pro Córdoba Libre, desde el que desplegó una importante unidad de acción con la FUC. Cuando ese mismo año el gobierno clausuró la Federación Obrera Cordobesa, la FUC ofreció a los obreros su local en la calle Rivera Indarte, donde trasladaron el comité de huelga. Al estallar la huelga del calzado en 1918, una de las más importantes del período por su combatividad, los estudiantes de la FUC se plegaron al paro:
“…la juventud universitaria no puede ser indiferente ni permanecer extraña a las reivindicaciones de los oprimidos ni a las demandas que soportan tiranías y ansían la emancipación que ha de libertarlos de una vez por todas del despotismo que ahoga a los desheredados. La clase obrera de Córdoba cuando se desarrollaron los acontecimientos universitarios acompañó a los estudiantes con su adhesión enérgica y decidida en los momentos más arduos de la lucha” [9].
El apoyo se manifestó en piquetes de huelga comunes que fueron reprimidos por el accionar policial. Además de reivindicaciones salariales, los obreros del calzado planteaban demandas relacionadas con el derecho al acceso a la educación, exigiendo “tener un tiempo libre para que se instruya para elevar su corazón y conciencia hacia los buenos sentimientos de verdad” [10]. Esa tendencia proletaria a la lucha por el dominio del tiempo para el acceso a la cultura, expresada en la realización por parte de los gremios de lecciones de teatro, idiomas, música, creación de bibliotecas, etc., los llevó a ver en el movimiento estudiantil un aliado con el que compartir experiencias no solo de lucha sino también de formación. No casualmente los reformistas comenzaron a incluir entre su ideario el planteo de la extensión universitaria, entendida como la puesta en práctica del conocimiento al servicio de los sectores explotados de la sociedad contra la cerrazón característica de las casas de estudio. “El universitario puro es una cosa monstruosa”, dijo Deodoro Roca. El precedente había sido la creación de la Universidad Popular de Córdoba por parte de Arturo Orgaz en 1917 para la formación de obreros, a la que se sumó después la inauguración de cátedras nocturnas para quienes trabajaban de día, mostrando una nueva dimensión social que amplió el horizonte inicial del movimiento reformista, que asumió como propia la lucha obrera contra el despotismo patronal y por la liberación de los pueblos latinoamericanos del dominio imperialista.
Las almas del reformismo
En función de esta ampliación del carácter del movimiento, Gregorio Bermann definió:
“… el movimiento de la Reforma se enriquece en este contacto con el resto del pueblo […] Comienza a comprender que no es posible que ‘Córdoba se redima’ solamente con el derrumbe de su anacrónica Universidad, sino que también era necesario transformar el régimen económico y político que la apuntalaba” [11].
Esta confluencia permitió a sectores del movimiento reformista superar sus ilusiones iniciales en el gobierno de Yrigoyen, lo que se expresó en la campaña y el paro general por 48 horas. lanzado por la FUC, la FOP y el PSI, denunciando la represión de la Semana Trágica por el que sufrieron la detención de sus dirigentes y la clausura de sus locales. Como destacó Natalia Bustelo [12], los sectores más radicalizados del movimiento se reunieron en una breve Federación de Estudiantes Revolucionarios y tendieron a difundir una interpretación vitalista de la Revolución y la Reforma. Pero esta no fue la tendencia del conjunto del movimiento. La FUA mantuvo una posición contraria a la FUC y para la coyuntura crítica de enero de 1919 expresó:
“… Acusaríamos ingenuidad o ceguera si sólo fuéramos a ver en los acontecimientos luctuosos de esta capital, simples reivindicaciones de la clase trabajadora en uso de legítimos derechos, cuando los propios medios empleados y las declaraciones de los gremios respectivos, están evidenciando la existencia de tenebrosos designios, que, a la sombra del obrero, pueden entrañar la anarquía y la revolución social” [13].
El ala porteña del movimiento fue mayoritariamente conservadora, imponiéndose en la dirección de la FUBA los sectores más continuistas con la tradición del nacionalismo conservador de las guardias civiles anti-obreras. Por eso en 1919, aunque hubo alas izquierdas ligadas al PSI que apoyaron la huelga obrera, estas perdieron la votación por la cual la FUBA resolvió separarse de la FUA en protesta por las posiciones de la FUC. En el contexto del reflujo de la lucha de clases tras las represiones de Yrigoyen y la recomposición económica del gobierno de Alvear, estos sectores lograron predominio, mientras avanzaban mecanismos de contrarreforma con las intervenciones universitarias. Pero aún en el caso de los sectores radicalizados del movimiento reformista, la necesidad de “transformar el régimen económico y político”, aunque tuvo fuerza en la voz y pluma de dirigentes y la voluntad de sectores de la base estudiantil, no se articuló en un programa político. El ala izquierda del reformismo fue incapaz de ofrecer una salida obrera y popular sobre la que pudiera surgir un partido revolucionario como alternativa al reformismo socialista y la creciente stalinización a la que avanzaba el PSI, rápidamente convertido en PC. Esto se expresó primero en el retroceso del movimiento de lucha ante el gobierno de Alvear y, sobre todo, frente al golpe de 1930. Mientras la clase obrera fue maniatada por sus direcciones sindicales y políticas que se negaron a organizar la resistencia, el movimiento estudiantil jugó un rol reaccionario como base social del golpe. Partiendo por el radicalismo que tras enarbolar la bandera de la democratización reprimió salvajemente las huelgas obreras en la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, el rol de la izquierda reformista también fue clave en esta deriva. El PS (en cuyas filas entraron buena parte de los reformistas) profundizó su conservadurismo dejando correr el golpe y legitimando el régimen fraudulento basado en el “fraude patriótico”. Ante esto, lejos estuvo el PC de ser alternativa. A tono con su orientación de “clase contra clase”, se negó a consolidar el frente único obrero y cualquier alianza obrero-popular, virando hacia denunciar el movimiento reformista por su carácter “pequeñoburgués y contrarrevolucionario”. En estas condiciones, el ala del movimiento reformista decepcionada del yrigoyenismo no tuvo alternativa para superarlo revolucionariamente. El reformismo cordobés asistió al acto de bienvenida del interventor uriburista, Ibarguren, y hasta el propio Deodoro Roca reivindicó al fascista Uriburu como “un general victorioso, incorrupto, idealista” [14]. Rápidamente se arrepentiría de esta posición, mostrando los vaivenes de un derrotero contradictorio que mostró a su modo los límites más generales del movimiento y de las corrientes políticas que pretendieron animarlo.
Hacia un balance
Este conservadurismo se desarrolló a lo largo de los gobiernos peronistas y encontró al estudiantado cumpliendo un rol reaccionario de apoyo al golpe del ‘55. Con esta experiencia transcurrida, en el balance sobre el movimiento reformista que emprendió en los ‘70, Portantiero señaló como preocupación la escisión entre intelectualidad y “pueblo-nación” y cómo articularlos en un proyecto de diálogo entre el marxismo y la “tradición nacional”, reflexión enmarcada en la posición que desde su segunda edición en 1973 asumió la Revista Pasado y Presente, postulando al peronismo como punto de partida de la lucha socialista. Para Portantiero, la Reforma fundó la inconexión entre la pequeñoburguesía y el movimiento nacional, “que marcó las dificultades (…) para el encuentro entre las izquierdas marxistas y el pensamiento nacionalista democrático en América Latina” [15]. Paradójicamente, sitúa los límites del reformismo en la imposibilidad de articular ese diálogo. Pero cuando hubo una experiencia de gobierno de nacionalismo burgués, expresada en el peronismo, este intervino las universidades y en 1947 dictó una ley que buscó liquidar conquistas democráticas centrales de la Reforma. La ley estableció que “las universidades no deben desvirtuar en ningún caso y por ningún motivo sus funciones específicas. Los profesores y alumnos no deben actuar directa ni indirectamente en política, invocando su carácter de miembros de la corporación universitaria, ni formular declaraciones conjuntas que supongan militancia política o intervención en cuestiones ajenas a su función específica, siendo pasible quien incurra en transgresión a ello de suspensión, cesantía, exoneración o expulsión” [16], llevando a una expulsión masiva de docentes y estudiantes. Una verdadera contrarreforma. El prisma para mirar la experiencia reformista que hoy proponen intelectuales como Diego Tatián comparte con la lectura de Portantiero un horizonte de expectativas políticas comunes. En un discurso, planteó que, si el latinoamericanismo es un rasgo del reformismo, en 1918 era más bien una expresión de deseos:
“… es mucho más profundo actualmente, desde hace algunos años, y aunque ahora estemos bajo un reflujo conservador en la región. Resulta imprescindible continuar la inspiración reformista de crear instituciones para la integración latinoamericana y un desarrollo del vínculo Sur-Sur” [17].
De esta manera, pretende legitimar con el legado reformista a gobiernos como el del kirchnerismo, el PT en Brasil o el chavismo en Venezuela que, no solo no modificaron las condiciones dependientes de las estructuras económicas latinoamericanas, sino que mantuvieron mecanismos de sujeción al imperialismo como el pago de la deuda externa, fuga de capitales, primarización económica, etc. Es en la potencialidad mostrada por el reformismo y los límites que impidieron explotarla hasta el final desde donde podemos retomar la experiencia y llevarla a un nuevo nivel. En primer lugar, el reformismo no superó la confusa ideología de las generaciones de Ortega y Gasset, que asignaba a la juventud en sí misma el papel de sujeto revolucionario por encima del carácter de clase de la lucha social: “la juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo aún de contaminarse”. Esta concepción no permitía identificar los intereses sociales de cada proyecto político ni destacar las fuerzas motrices de una verdadera transformación de las estructuras económico-sociales dependientes. Desde esta concepción, los planteos antiimperialistas del movimiento no se articularon en torno a una estrategia que permitiera poner en cuestión el poder burgués y postular el poder obrero. Pero si Marx estaba en lo cierto y todos los fenómenos contienen el germen de su superación, la propia Reforma mostró que su radicalización dependió del carácter de su alianza de clases. Allí donde el movimiento avanzó en sus métodos y objetivos fue porque en lugar de confiar en la presión hacia los gobiernos asumió un papel en la lucha de clases junto al movimiento obrero. La organización democrática en asambleas, la tendencia a la acción directa con huelgas, piquetes, enfrentamientos abiertos con la policía, el cuestionamiento a la explotación capitalista, permitieron al movimiento sus mayores logros. Si el estudiantado de la segunda década del siglo XX, contando con un peso numérico muy débil, logró impulsar un movimiento de semejante envergadura que gravitó en la escena nacional y latinoamericana, en la actualidad la masificación de la Universidad lo convierte en un actor potencialmente mucho más poderoso en la lucha de clases. En su alianza con el movimiento obrero, la juventud trabajadora y las mujeres, anida la posibilidad de superar la experiencia reformista homenajeando su mayor legado: su carácter insurrecto y cuestionador de la sociedad existente.
- Sarmiento, Domingo, Facundo. Civilización y barbarie, Buenos Aires, Centro Editor de Cultura, 2009, p. 120.
2. Aricó, José, “Tradición y modernidad en la cultura cordobesa”, en Revista Plural N° 13, pp. 10-14, Buenos Aires, 1989.
3. Gordillo, Mónica, El movimiento obrero ferroviario desde el interior del país, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1988.
4. La Voz del Interior, 19/12/1917.
5. Taborda Varela, Juan C., “Cien años de la Reforma”, en Revista Matices, abril 2018.
6. Ver El primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios reunido en Córdoba, Año 5, N° 6, diciembre de 1918, consultado el 14/4/2018 en revistas.unc.edu.ar.
7. Ver Pitaluga, Roberto, Soviets en Buenos Aires. La izquierda de la Argentina ante la Revolución en Rusia, Buenos Aires, Prometeo, 2016. Ver también Schaller, Paula, “Cuando los Soviets llegaron a Buenos Aires”, en IdZ 31.
8. Ver Pianetto, Ofelia, “Coyuntura histórica y movimiento obrero. Córdoba, 1917-21”, en Estudios Sociales, Universidad Nacional del Litoral, 1991.
9. “Intensa agitación obrera e intervención de los estudiantes”, La Voz del Interior, 6/9/1918.
10. Pianetto, Ofelia, ob. cit, p. 32.
11. Bermann, Gregorio, Juventud de América, Buenos Aires, Cuadernos Americanos, 1946, p. 43.
12. Ver entrevista a Natalia Bustelo en este mismo número.
13. Justo, Liborio, Nuestra Patria Vasalla. Historia del coloniaje argentino, Tomo IV, Buenos Aires, Editorial Grito Sagrado, pp. 192-193.
14. En El difícil tiempo nuevoDeodoro Roca reconoce que “sin la rebeldía de los universitarios el 6 de septiembre no habría sido posible”, Lautaro, 1956.
15. Portantiero, Juan C., Estudiantes y política en Argentina, México, Siglo XXI, 1987, p. 35.
16. AAVV, Cien años de Historia obrera en la Argentina 1870-1969. Buenos Aires, Ediciones IPS-CEIP León Trotsky, 2016, p. 322.
17. Discurso pronunciado en el acto de colación de egresados de la FFyH de la UNC, 2017.
* Nota publicada originalmente en Ideas de Izquierda N°42, Bs. As., abril-mayo 2018.
Fuentes: Télam, Página12, Anred, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, argentina.indymedia, El Socialista