Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) señalan que el gobierno de Cambiemos busca “instalar un clima de terror” para frenar las luchas y las protestas crecientes, y le responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, que planteó que los tres millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires deberían “irse” durante el G20.
Compartimos el comunicado:
Denunciamos las operaciones del gobierno para instalar el terror y decimos: No nos vamos a ir
En una nueva vuelta de tuerca al escenario que hace más de un año venimos definiendo como “estado de excepción”, el gobierno de Cambiemos intenta instalar un clima de terror para frenar las luchas y las protestas crecientes.
A pocos días de la cumbre del G20 en la ciudad de Buenos Aires, y mientras se multiplican en todo el país luchas y protestas contra el plan de ajuste de Macri y el FMI, ya consagrado con la aprobación del Presupuesto 2019 en el Congreso, se profundiza la lógica bélica con la que intervienen las fuerzas de seguridad, a las que cada día pertrechan mejor para atacar al pueblo trabajador.
Pero en los pasados días, superándose a sí mismo, el gobierno de Cambiemos redobló la apuesta. A partir de los hechos sucedidos en La Recoleta, cerca de la tumba del represor y asesino de obreros Ramón L. Falcón, y en el domicilio del juez federal Claudio Bonadío, cuya fama lo precede, se desató una campaña de demonización de la militancia anarquista, con multitud de allanamientos en casas particulares y centros culturales, como el Ateneo Anarquista de Constitución y el Club Social y Deportivo La Cultura del Barrio, en Villa Crespo, espacio éste último que tantas veces recibió fraternalmente a CORREPI para realizar actividades y charlas antirrepresivas. En otros operativos, se sumó la detención de una docena de personas, todo fogoneado con grandes titulares en los medios hegemónicos, que ya no hablan de la “guerilla mapuche” sino del “terrorismo anarquista”.
Paralelamente, se reactivó de repente un oscuro expediente iniciado hace once meses por una denuncia de la DAIA, que presentó ante la justicia federal un mail anónimo reportando la existencia de una “célula de Hezbollah” en pleno corazón de Floresta. La denuncia señalaba a Kevin Salomón, un joven de 23 años, de ascendencia libanesa y religión islámica, como “terrorista que había recibido entrenamiento militar”. La casa en la que el chico vive con sus padres, en la esquina de la comisaría de la Comuna 10 (ex 43 de la PFA), fue allanada. Allí secuestraron varias armas antiguas, propiedad legal del bisabuelo del chico, que su padre guardaba de recuerdo. Kevin y su hermano Axel, de 25, que no vive allí, fueron detenidos.
En sus indagatorias, asistidos por nuestro compañero Ismael Jalil, que asumió la defensa técnica particular, ambos dieron todas las explicaciones necesarias. Kevin contó que trabaja en el Instituto Cultural Argentino Norteamericano, otorgando visas para acceder a EEUU, y que viajó varias veces a Líbano para visitar familiares. Incluso aportó un certificado oficial de un curso de estudios religiosos que realizó. Axel explicó que trabaja en el almacén de productos de limpieza de su padre, y demostró con recibos de servicios y expensas que no vive en el domicilio de la calle Chivilcoy. El juez federal Sebastián Ramos sólo les imputó la tenencia de armas (incluso al que no vive en la casa donde estaban guardadas) y, por ahora, denegó la excarcelación.
Mientras se suceden más allanamientos y más detenciones y nos bombardean con noticias de “paquetes sospechosos” (un televisor destartalado y una bolsa de compras con sábanas), la autoría material de toda la operación policial-judicial-mediática queda a la vista con las nuevas declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Con la misma soltura que hace unos días nos decía que éste es un “país libre” y por lo tanto “el que quiera andar armado, que se arme”, ahora directamente nos quiere echar de la ciudad de Buenos Aires durante la cumbre del G20: “Usen en fin de semana largo para irse, porque la Ciudad va a estar muy complicada. Váyanse desde el jueves. Va a haber muchos lugares cerrados y las medidas de seguridad van a ser inmediatas“.
Denunciamos estas operaciones del gobierno, que tiene como fin aterrorizar a la población y demonizar colectivos y comunidades enteras.
Expresamos nuestra solidaridad con quienes están siendo perseguidoxs y estigmatizadxs.
Y sepa, ministra Bullrich, que no nos vamos a ir. Vamos a seguir saliendo ante cada injusticia, cada ataque, cada atropello.
Las calles son nuestras, y ahí vamos a estar el 30/11, para decir:
- No al G20
- Abajo el acuerdo Macri – FMI.
- Fuera Trump y demás líderes imperialistas.
- Fuera Bolsonaro.
- Por el no pago de la deuda externa.
- No al ajuste, la entrega y la represión.