El pasado jueves 15 de noviembre estuvimos en la Facultad de Trabajo Social acompañando a Mariana Sidoti y a Sandra Gómez, mamá de Omar, en la presentación del libro “Vivir sin Justicia”, que escribió Mariana y publicó editorial Mascaró.
Agradecemos a @MarianaSidoti, a Lucas Napoliello de @revistamascaro y a Jonatan Escudero por convidarnos su arte.
Las fotos son de Juan Cicale.
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL CASO DE OMAR
Por Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata
Omar fue un pibe con problemas de comportamiento y consumo de drogas. Vivió solo 17 años. Su historia encierra la de centenares de pibes de los barrios pobres. Lo asesinó en Barrio Hipódromo de La Plata de un tiro en el pecho el sargento Diego Walter Flores en febrero de 2013. Tras una larga lucha para que no se cierre la causa, a Flores lo llevamos a juicio en 2017, pero lo absolvió el Tribunal Oral 4 de La Plata, porque entendieron que Flores actuó en “cumplimiento del deber” y en “legítima defensa”. Fue con voto dividido 2 a 1, con mayoría formada por los jueces Emir Caputo Tártara y Juan Carlos Bruni. Hubo un voto en minoría del juez Germán Alegre, que opinó que no estaba claro que Omar hubiera enfrentado con un arma a Flores, que aun teniendo el arma la podría haber tenido guardada cuando Flores lo balea. Nosotros entendemos que no hay cumplimiento del deber, porque Flores se mete en un hecho del que no es víctima, y no puede alegar que quitó una vida para proteger un bien material que iba a ser robado. Además no hay legítima defensa porque no se probó en el juicio. Vos no podés alegar una legítima defensa sin probarla. Y ahí se invierte la carga de la prueba: no solo éramos nosotros los que teníamos que probar que Flores asesinó a Omar de manera ilegítima, pudiendo hacer otra cosa, como detenerlo, o incluso balearlo en las piernas para detenerlo. También era él el que tenía que probar que su defensa fue legítima. Y para nosotros no lo fue. Después de todo sabemos que la legítima defensa es el argumento que usan todos los policías de gatillo fácil para zafar de su responsabilidad penal y quedar impunes. Y los jueces y fiscales casi siempre lo avalan, incluso con prueba en contra.
Después hay un detalle no menor: el cuerpo de Omar tenía ambas manos ensangrentadas, ya que se había tocado la herida cuando intentaba huir, y el revólver 22 que le encuentran en la morgue en los calzoncillos no tenía rastros de sangre. Además esa arma no la vio nadie en el lugar de la escena. Solo Flores en su versión. Pasó por la posibilidad de cacheo del cuerpo de efectivos de la Comisarías 3ra de Ensenada, de la 2da de La Plata, del Comando de Patrullas y de la Científica. Habitualmente cuando hay hechos de este tipo con armas involucradas, lo primero que hacen los policías es ubicar el arma, cachear a la persona que van a detener o que, como en este caso, está herida en el suelo. Y nadie la encontró. Y al cuerpo lo tocaron, porque cayó de costado y lo pusieron boca arriba. Están las fotos en la causa.
La absolución significó un golpe muy fuerte, porque fueron 5 años de lucha para poder llevar a Flores a juicio, con la fiscal Ana Medina en contra, que quiso cerrar la causa al año de ocurrido el hecho. La fiscalía tampoco se presentó en el juicio, es decir no hubo acusación fiscal en el debate. La acusación corrió por cuenta exclusivamente de la querella nuestra. No hay antecedentes en juicios orales en la provincia de que esto se diera así. El Estado abandonó su obligación de acusar a este policía. Y eso es responsabilidad del fiscal general Héctor Vogliolo. Además, el Ministerio de Seguridad le puso un equipo de abogados a Flores. Abogados que son policías e integrantes del área de asistencia legal del Ministerio. Creo que queda claro cuáles son las prioridades del Estado, si elegir entre esclarecer la muerte de un pibe pobre o defender a un asesino de uniforme.
Nosotros apelamos el fallo absolutorio a Casación y los jueces Jorge Celesia y Martín Ordoqui (hoy procesado por cobrar coimas para otorgar beneficios procesales) convalidaron la absolución por “legítima defensa”, aunque quisieron hacer un poco más prolijo el veredicto y dijeron que Flores no actuó “en cumplimiento del deber” porque la ley no lo habilita a matar como parte de sus funciones. Una cuestión menor y contradictoria, porque si dicen que actuó en legítima defensa es la excepción que la ley otorga para quitarle la vida a otro. Y para nosotros no hubo legítima defensa.
Después de eso apelamos el fallo ante la Suprema Corte de provincia y estamos esperando la decisión. No esperamos nada bueno, sobre todo porque en la Corte hay ex funcionarios del ministerio de Seguridad del duhaldismo que tienen estrechos lazos con la Policía bonaerense desde hace décadas.
El camino es seguir la denuncia política del caso de Omar y de los cientos y cientos de casos que se producen anualmente. Seguir organizándonos con otros familiares y tratar de generar conciencia de que acá hay toda una estructura para encubrir los crímenes que comete el Estado. En el caso de Mauricio Andrada e Ismael Perussato pasó lo mismo. Los asesinó en 2014 Cristian Duarte, un policía del Grupo Halcón, un tipo con preparación especial de un cuerpo de elite de la bonaerense. El juez Atencio quiso cerrar la causa, pero el fiscal apeló y la familia de Mauricio con nuestro acompañamiento hicimos lo mismo. Llegamos a juicio en 2018 con prueba a favor nuestra: había 2 pibes muertos y 1 sola arma, las peritos dijeron que los disparos del policía fueron de costado y desde atrás hacia adelante, o sea que los pibes estaban huyendo. E igual el Tribunal 3, los jueces Domenech, Vitali y Paolini, por unanimidad, lo absolvieron a Duarte.
Vemos que la vía judicial se agota cuando los fiscales y jueces no se animan a condenar a los policías asesinos, por más que haya pruebas, porque actúan por cobardía o por complicidad.
En el caso de Omar se dan todos los elementos de una muerte anunciada. Primero el señalamiento vecinal de ser el responsable de todo lo que pasaba en el barrio. Después la estigmatización mediática a lo que ellos denominaron “la banda de la frazada”. Y de allí el justificativo de la intervención policial-judicial en el caso. Tiempo antes de ser asesinado Omar presentó una denuncia en Asuntos Internos contra el policía Leonardo Chiavarrito de la Comisaría 2da de La Plata y Habeas Corpus contra la 2da por la persecución de que era víctima. Lo paraban y lo “verdugueaban” en cualquier lado, hiciera lo que hiciera. Lo demoraban, lo golpeaban, lo llevaban a la comisaría, lo hacían tirar al piso y se le paraban en los tobillos. El hostigamiento era constante. Y después lo termina matando Flores, que si bien no era de la 2da porque revistaba en Quilmes, qué comisarías interviene primero en la escena del crimen de Omar: la 3ra de Ensenada y la 2da de La Plata.
El diario “El Plata”, que es en realidad del emporio impune de “El Día”, siguió usando la foto de Omar meses después de muerto para ilustrar otras notas de robos o violaciones que hubo en La Plata. Es todo un tema la criminalización de los jóvenes, el discurso con que se encara el tema en los grandes medios. Primero porque no se aclara de qué estamos hablando. El delito joven en la provincia, es decir, cometido por jóvenes e investigado en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, representa el 5% de todos los delitos cometidos en la provincia en un año. Y la mayor cantidad de hechos por los que son imputados los jóvenes tiene que ver con delitos contra la propiedad, mayormente robos y hurtos. Los homicidios cometidos por jóvenes fueron 8 casos en 2016, según datos de la Procuración de la provincia. Eso es un promedio del 0,50 % de todos los hechos delictivos ocurridos anualmente en la provincia. Después hay muchas causas típicas de cuestiones sociales como lesiones y ley de drogas, vinculados a la violencia y a la presencia narco que se vive en los barrios. Entonces los pibes no son ángeles, pero ¿de qué estamos hablando? ¿El 5% de los hechos explica la “inseguridad” que vivimos? Seguramente sería mejor pensar qué esperamos de los jóvenes cuando el 48% vive en situación de pobreza. Y la cosa se agrava cada vez más. ¿Qué futuro les mostramos? Pero tanto a los gobiernos como los medios les conviene echar mano a las soluciones fáciles de más policía y baja de edad de imputabilidad, que no resuelven nada.
Nosotros desde el Colectivo contra el Gatillo Fácil seguimos difundiendo los reclamos por otros casos de la zona como los de Mauricio Andrada, Ismael Perussato, Víctor González, Damián Corvalán, Nicolás Vargas, Maximiliano Campos. Todos pibes de los barrios de La Plata asesinados por la Policía. Pero en general, salvo algunos medios populares, comunitarios y alternativos, estos casos no tienen difusión en los grandes medios. Salvo que sea para estigmatizar a los pibes y hacer copia y pega de la versión de los hechos que da la policía: “Matan a un delincuente cuando quiso robar a un policía”. Es muy perverso lo que pasa: cuando matan a un pibe en la calle, lo primero que ponen es la versión del policía: “estaba robando, estaba drogado, estaba armado, yo me defendí”. Después siguen repitiendo esa versión aunque los familiares nos manifestemos y demos otra interpretación. Pero nadie se pone a investigar a fondo, a hacer el seguimiento, a hablar con la familia para ver qué tienen para decir. Mucho menos se van a corregir cosas que se habían publicado antes y que con el avance de la investigación se ve que no eran ciertas. Nadie se toma ese trabajo. Salvo algunos periodistas como Mariana Sidoti, autora del libro, que asumen un compromiso personal con el tema. Pero son excepciones.
Las estadísticas del archivo de casos de Correpi dicen que del ’83 a la fecha hubo más de 5.400 casos de personas asesinadas por el Estado, tanto en gatillo fácil como en torturas en cárceles y comisarías. Dice también que a diciembre de 2015 había 4.600 casos. Dice que el 58% de los 5.400 casos ocurrieron en la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. A Omar la mata la policía de Scioli y su ministro Alejandro Granados, que decía que había que “salir a meterle balas a los delincuentes”.
Es importante no confundir una tasa de homicidios con el acumulado de casos. Si en el gobierno de Macri la tasa de asesinados por el Estado alcanzó el 1,01 caso por día, antes desde el gobierno de Néstor pasó de 0,58 casos a 0,74 casos en el de Cristina. La mayor parte de los casos de gatillo fácil se dieron en el gobierno que se decía “de los Derechos Humanos”. Y para nosotros eso lo resume la frase de que “la represión es una política de Estado”. Porque gobierne quien gobierne siempre reprimieron. Todos los gobiernos tienen desaparecidos en democracia, torturados y fusilados.
La cosa está más pesada que en 2013, cuando lo asesinaron a Omar. Pero recordemos que el que llevó a La Bonaerense a tener más de 100 mil efectivos, como nunca en su historia, fue Daniel Scioli. El que creó las policías locales improvisadas fue Scioli. El que inició la llegada de fuerzas federales al conurbano fue Scioli-Cristina con los operativos en los trenes. El que inició los operativos de saturación en los barrios que no se veían desde la dictadura fue Scioli. Claro que el desparpajo de la gestión Macri en este sentido es incomparable: la “Doctrina Chocobar” supera todo lo que vimos antes. Pero la doctrina no es nueva, tiene larga data en la Policía bonaerense. La vieja escuela noventista de “salir a meter bala a los delincuentes” del ex gobernador Carlos Ruckauf fue actualizada en la gestión de Scioli-Granados. Y coincidió con el peor momento económico de la gestión K. Los resultados a la vista: el gobierno bonaerense con mayor cantidad de casos de gatillo fácil en tres décadas.
Lo de Patricia Bullrich es directamente la garantía para que la represión no se sienta limitada en sus métodos. Es el aval para cumplir con el rol asignado a las fuerzas represivas, al igual que en la dictadura genocida, cuando no se “reparó” en secuestrar, torturar, violar, asesinar, desaparecer, robar hijos e hijas de compañeros, y tantos otros crímenes cometidos con el fin de disciplinar al sector que se oponía a sus planes, políticos económicos y sociales. Hoy han creado un nuevo enemigo social, al que expulsan a la marginalidad y después les sirve para justificar la mano dura. Son los pibes pobres de nuestros barrios que caen bajo la bala policial. La gestión de María Eugenia Vidal se inició poniendo al frente de La Bonaerense a Pablo Bressi, máximo responsable de la Masacre de Ramallo, ocurrida en septiembre de 1999. El actual jefe de La Bonaerense, Fabián Perroni, estuvo procesado en una causa por torturas como numerario de la comisaría 9na de La Plata, donde desaparecieron a Miguel Bru y torturaron hasta matarlo a Daniel Migone.
El macrismo llama a avalar los fusilamientos públicos de personas más allá de lo que diga la justicia. Quieren convertir al sospechoso en potencial “abatido”. Al igual que en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel el gobierno siempre elige quedarse con la versión de las fuerzas represivas. Pese a la campaña de confusión de los medios de desinformación, que ahora buscan instalar la idea de un solitario ahogado, está claro que Santiago fue desaparecido y asesinado en el marco de una represión de Gendarmería. La desaparición forzada es la privación ilegal de libertad cometida agentes del Estado, o por particulares con apoyo o aquiescencia estatal, sumada a la negación de esa privación de libertad. Eso fue lo que pasó con Santiago. En el caso de Rafa el gobierno habló de resistencia armada de la Comunidad que era reprimida por Prefectura, mientras el pibe tiene un tiro en el glúteo que le llegó al abdomen, en clara posición de huida ascendente en el lugar. Más de 5 mil son los casos que la “doctrina Chocobar” ya se viene cobrando desde 1983. Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo quieren crear miles de Chocobar para contener el conflicto social que su política económica está agravando.
Ahora quieren reformar el Código Penal de la Nación determinando la “exención de responsabilidad para los policías y miembros de las fuerzas de seguridad que en actúan en cumplimiento del deber y con su arma reglamentaria”. La reforma en este punto es a la medida de la Doctrina Chocobar: “Exención de responsabilidad”, así nomás, no dice si toma en cuenta la circunstancia, la responsabilidad, la intención, o si corre para todos los posibles delitos llegando hasta el homicidio. Esto va a traer discusión, porque el policía puede cometer un delito doloso amparándose en la propia exención. Además, en teoría al estar habilitado al uso de arma 24 hs siempre estarían actuando “en cumplimiento del deber”. Como todo en el Macrismo, el paquete de reformas es muy ambiguo, porque por ejemplo se incorporan delitos de genocidio, de desaparición forzada, se mejora el castigo para el grooming (cyberacoso) con castigos de hasta 5 años al igual que el aumento de la escala penal para los abusos sexuales simples. Pero a la vez se pena con 2 años de prisión al que arroje elementos contra otra persona en una manifestación y el castigo se eleva a 3 años cuando es contra la policía. Se castigan con penas de hasta 3 años a los que detengan o entorpezcan la marcha de un medio de transporte mediante piquetes, etc. Todo eso lo que hace es darle mayor discrecionalidad a la Policía para actuar.
Hay una frase del periodista Ricardo Ragendorfer que dice que el gatillo fácil es el único crimen que comete la policía sin fines de lucro. Nosotros agregamos que aunque no tenga fines de lucro si tiene un efecto importante: el control social sobre los pibes jóvenes y pobres. El ejemplo de lo que le pasa al que no quiere quedar bajo la bota de la policía, que se cree dueña de la calle y de la vida de los pibes.