La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su rechazo a la resolución presidencial que dispone la entrega a la Gendarmería de los hoteles 7 y 8 del complejo turístico de Chapadmalal. Se trata de una decisión que socava las deterioradas políticas de turismo social, y contradice los valores y principios por los cuales fue reconocido como patrimonio histórico nacional.
El complejo turístico de Chapadmalal es un lugar emblemático de la cultura popular y la política argentina. Ha sido un espacio que a lo largo de su historia cobijó y promovió innumerables acontecimientos científicos, artísticos, deportivos y recreativos. Fue construido en 1945 con este espíritu y esta misión, como parte de una política pública marcada profundamente por un sentido de justicia social y ampliación de derechos para las clases trabajadoras.
En reconocimiento de esta tradición, en 2002 la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) decidió que el complejo era el mejor lugar para realizar el encuentro de cierre anual del programa Jóvenes y Memoria. Desde entonces, cada noviembre, habitan por sus hoteles decenas de miles de jóvenes comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la recuperación de las memorias del autoritarismo en cada comunidad.
Este trabajo constante y esta presencia sostenida han convertido a Chapadmalal no sólo en la sede de un encuentro sino en un espacio lleno de mística y magia donde las juventudes se encuentran, reconocen y renuevan el compromiso con la construcción de un país más justo, más igualitario, soberano y pleno de derechos. Hace casi 20 años que Chapadmalal es el símbolo de que otro país es posible, y los hoteles 7 y 8 del complejo fueron el escenario privilegiado de todo este proceso.
Por todo esto, la reciente decisión del gobierno nacional de entregar estos hoteles a la gendarmería nacional no puede leerse en otra clave que la de un retroceso absoluto en materia de conquistas sociales y derechos humanos. Se trata de una decisión política que desconoce la historia no sólo de un lugar sino también de un complejo proceso histórico de significativa importancia para las mayorías más postergadas de nuestro pueblo.
Uno de los principales argumentos que esgrime la resolución presidencial es que los hoteles en cuestión estaban abandonados, lo cual resulta falso. Hasta hace dos años esos mismos hoteles se utilizaban para el encuentro de Jóvenes y Memoria y estaban repletos de jóvenes durante el mes de noviembre. La actual gestión los cerró y los abandonó.
La decisión viene a completar de la manera más irritante un camino de empobrecimiento de las políticas de turismo social que llevó adelante este gobierno desde que asumió. La entrega de estos dos hoteles a gendarmería significa que habrá alrededor de 1.500 plazas menos para el turismo social: 1.500 oportunidades menos para todos aquellos que encuentran en esta opción la única posibilidad de acceder al derecho a vacaciones.
Además, se desconocen los motivos por los cuales el complejo turístico de Chapamdalal, junto al de Embalse Río III, fueron reconocidos patrimonio histórico nacional. En un decreto de 2013 que así lo establece, los considerando son muy claros respecto del valor patrimonial: no se trata solamente de un reconocimiento a las estructuras edilicias de los inmuebles sino a las condiciones sociales y políticas que motivaron su construcción, reconociendo la importancia de la iniciativa en relación con la ampliación de derechos.
Por este motivo, la CPM presentará una nota a la Comisión nacional de monumentos, de lugares y bienes históricos solicitando que se expida en contra de esta iniciativa y reconozca que, en sintonía con los argumentos que lo convirtieron en patrimonio nacional, no se permita el uso de los hoteles con objetivos claramente contrarios a los de su creación. El modo en el que los espacios históricos son habitados, el uso y el sentido que se les da, necesariamente deben formar parte de una discusión seria respecto de qué consideramos como nuestro patrimonio nacional.
Este avance no solamente es contra Chapadmalal: se inscribe en un contexto generalizado de abandono de las políticas sociales de ampliación de derechos. En detrimento de estas políticas, se promueve una militarización del espacio público que consolida un Estado violento y represivo que vulnera la democracia. Por eso, es necesario organizarnos como sociedad para defender Chapadmalal.