El Fiscal Federal Franco Picardi impulsó la acción para que se determine si la Ministra de Seguridad involucró falsamente a las comunidades mapuches en hechos ilícitos y sobredimensionó a la fantasmal organización RAM para justificar la represión. Investigarán además si ordenó el espionaje ilegal para beneficiar a empresarios propietarios de la tierra.
01/11/2019
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en junio denunció penalmente -en el juzgado federal 5 de María Eugenia Capuchetti- a la cúpula del ministerio de Seguridad de la Nación que encabeza Patricia Bullrich, advirtiendo la existencia de “un plan criminal coordinado” desde el Estado contra las comunidades mapuches. La presentación alcanza al ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cane y al secretario de Seguridad, Gerardo Milman.
El objetivo de este plan –plasmaron en la denuncia- fue llevar adelante un accionar represivo premeditado contra las distintas comunidades mapuches. Este ejercicio ejecutado desde el Estado “intenta reducir el derecho a ejercer la protesta y el legítimo reclamo por sus tierras, mientras que en paralelo se busca favorecer a diferentes negocios inmobiliarios”. Como resultado de este “plan de despojo”, la APDH responsabilizó a las autoridades por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, causas en las que la Asamblea es querellante.
Este viernes se conoció el dictamen del fiscal federal Franco Picardi. “En función de la denuncia de la APDH y los hechos allí plasmados, así como de los elementos colectados hasta el momento, es que este Ministerio Público considera pertinente iniciar una investigación penal a los fines de determinar si la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y funcionarios de esa cartera individualizados en este dictamen, se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad”.
El Fiscal Federal entendió que el objeto de este accionar habría sido “coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficio de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno Federal”.
El espionaje conjunto entre Gendarmería y Carabineros fue publicado, con contundentes pruebas, por Cadena del Sur, medio que demostró las tareas de inteligencia coordinada sobre Santiago Maldonado, su familia y miembros de la comunidad mapuche.
Picardi incluyó que la investigación “deberá dilucidar si en el marco de dicha organización se han llevado adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del R.A.M. una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten”.
Esta construcción del enemigo se ejecutó no sólo a través de los medios de comunicación, sino que tomó dimensiones institucionales: Aún sin causas judiciales, ni certezas sobre la existencia, composición y capacidad de acción de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), las Procuraciones de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut llegaron a firmar –en abril de 2018- un convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad de la Nación para la “persecución penal del fenómeno criminológico vinculado al accionar de la organización”.