Con dos gremios que suman más de 2,5 millones de trabajadores intentará contrarrestar acuerdos porcentuales y con cláusula gatillo de los últimos días.
Con una ronda de paritarias inusualmente avanzada para esta época del año, el Gobierno avanzará en los próximos días en su intento por retomar la práctica de aumentos salariales en sumas fijas mediante las negociaciones con los docentes y, sobre todo, los trabajadores mercantiles. De prosperar esa pauta en dos organizaciones que por sí solas concentran a más de 2,5 millones de asalariados de todo el país, la administración de Alberto Fernández dará el siguiente paso con otros gremios para el oficialismo pasibles de aceptar un acuerdo político como los de estatales, la construcción y algunos del transporte público de pasajeros.
El objetivo, que había dado a conocer por Ámbito tras una serie de conversaciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con dirigentes sindicales afines, pasa por exhibir ante los acreedores externos, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en particular, una intención del Ejecutivo por encarrilar las variables macroeconómicas en un sendero de contención, sobre todo por el escenario inflacionario.
La estrategia había tenido un primer triunfo con el acuerdo salarial de transición alcanzado días atrás por la Asociación Bancaria con las entidades que nuclean al sector financiero. Ese entendimiento plasmó la adaptación del decreto 14/2020, que fijó un aumento salarial de $4.000 para todos los trabajadores del sector privado, a la escala salarial de los empleados de bancos, para quienes ese ajuste arrancó de $4.500 y subió de manera progresiva de acuerdo al salario de cada empleado hasta un tope de $10.500 de suba. La paritaria que suscribió Sergio Palazzo fijó esos incrementos para los salarios de enero y febrero y pautó la reanudación de las conversaciones para el mes siguiente con la expectativa de pasar al esquema de ajustes porcentuales que puedan evitar el achatamiento de las escalas.
Pero luego el plan se vio amenazado con una cadena de acuerdos en el sector privado basados no sólo en porcentajes -cuando el Gobierno prefiere sumas fijas remunerativas- sino en la vigencia de las cláusulas gatillo temidas tanto por la gestión de Cambiemos, responsable de haberlas convalidado por primera vez, como por la del Frente de Todos. Fueron los casos del gremio de Sanidad, de Héctor Daer, que en su negociación con los laboratorios validó la cláusula de actualización automática por el aumento remanente del último trimestre de 2019 y para los que vendrán este año, y también del gremio de mecánicos (SMATA) en su discusión con las terminales automotrices. Mientras que Utedyc, el sindicato de empleados de entidades civiles y deportivas, acordó con los clubes y asociaciones un aumento remunerativo del 20% por los primeros siete meses del año. El mayor interés del Ejecutivo virará hacia la paritaria mercantil. El gremio de Comercio es el mayor del país con 1,2 millón de empleados representados y su secretario general, Armando Cavalieri, suele ser un aliado incondicional de todas las administraciones, con más entusiasmo en sus primeras etapas. Con un extra: el abogado laboralista histórico de Comercio, Alberto Tomassone, fue incorporado como asesor al equipo del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Los primeros indicios del gremio mercantil fueron auspiciosos. La organización publicó un comunicado días atrás para indicar que tomaría los aumentos salariales contemplados en el decreto de Alberto Fernández como parte de su negociación inconclusa de 2019. De hecho lo incorporó a la revisión pendiente de aquella paritaria cuando el espíritu de la norma apuntaba, en realidad, a que fuese usada para dinamizar las paritarias 2020. Se diferenció así de La Bancaria, que aplicó el decreto a su paritaria por los dos primeros meses de este año.
Pero Comercio, con la aceptación del decreto como método para el cierre de paritarias inconclusas, abrió el camino para otras organizaciones que, imposibilitadas hasta ahora de pactar con sus contrapartes empresarias aumentos en línea con la inflación, ya avisaron que usarán el decreto para las revisiones pendientes del año pasado. Son los casos de los metaúrgicos de la UOM y el sindicato de Alimentación, con sendas negociaciones empantanadas.
En tanto que en el sector docente, con la vuelta de la paritaria nacional, el Gobierno prevé usar el Fondo de Incentivo (Fonid) como herramienta de actualización de ingresos en suma fija y ordenador de la paritaria a nivel nacional. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ya había admitido que el Gobierno buscaría una “negociación corta” por trimestre o un plazo cercano con la única garantía de que el salario de los educadores le ganará este año a la inflación. La propuesta podrá explicitarse esta semana en consonancia con el arranque formal de varias discusiones distritales como la de la provincia de Buenos Aires. Y chocará, como se prevé, con la resistencia inicial de varios gremios docentes a aceptar sumas fijas y la no aplicación de la cláusula gatillo.