Mientras Mauricio Macri alienta desde Europa catarsis colectivas como la del 17A, el ejercicio real de la autoridad presidencial está lejos de avalar sus advertencias sobre un giro autoritario de Alberto Fernández. Muy por el contrario, la toma de decisiones clave parece haberse empantanado y no por las disidencias que cada tanto plantea Cristina Kirchner por Twitter ni por la dinámica deliberativa propia de toda coalición. Aturdido quizá por una pandemia que no cede, el Presidente paga caro el costo de haberse entregado -junto a algunos de sus más estrechos colaboradores- a un vicio típico de los panelistas de televisión: comentar la realidad aun antes de haber terminado de analizarla.
El problema asomó con nitidez en el aumento de los combustibles. Más allá del ruido adicional que introduce sostener a un secretario de Energía a quien ya prácticamente nadie dirige la palabra, como Sergio Lanziani, los cruces públicos de 15 días atrás en torno al atraso de las naftas llevaron a que la decisión terminara por ser tomada casi en la clandestinidad. El martes al caer la noche, apenas un par de horas antes de que llegara a las estaciones de servicio de YPF la orden de cambiar el precio de las pizarras, solo cuatro personas sabían del ajuste promedio del 4,5% que se introduciría: el propio Fernández, Cristina, el CEO de la petrolera, Sergio Affronti, y el ministro de Producción, Matías Kulfas.
El hermetismo tenía sus razones. Affronti transita desde que asumió una guerra sin cuartel con Guillermo Nielsen, el chairman de YPF, que aspiraba a una silla de ministro y a quien no pierde ocasión para esmerilar. Pero la semana del acuerdo con los bonistas la relación llegó a su punto más tirante. Fue cuando Nielsen habló por radio, advirtió sobre un “atraso significativo” en los precios y agregó: “hay algo peor que la nafta cara, que es que no haya nafta”.
La industria venía advirtiendo en voz baja sobre ese riesgo de desabastecimiento post-pandemia y cifraba ese atraso en el 12%, por la inflación acumulada desde el congelamiento dispuesto en diciembre y por el repunte del precio del barril de crudo, que se había desplomado apenas los contagios llegaron a Occidente. Era un secreto a voces que Kulfas apoyaba la actualización, obsesionado como está por evitar una recaída en la espiral devidista de congelamiento, subsidios e importación de energía que selló la suerte económica del último kirchnerismo. Lo que nadie se esperaba era que el Presidente también opinara, como lo hizo al pasar en un largo reportaje con Gustavo Sylvestre en Olivos aquel lunes del anuncio del acuerdo con los acreedores. “Tenemos algún problema con el tema de las naftas. Por ahora están congeladas, pero estamos hablando con YPF”, soltó.
Cuando a la semana bajó la espuma de la interna entre Nielsen y Affronti y la decisión estuvo tomada, apareció otro obstáculo para el anuncio: la propia marcha del 17A. Con la convocatoria lanzada, Fernández no quiso darles otra razón a los seguidores de Macri y Patricia Bullrich para salir a tocar bocina. Por eso, aunque el manual de comunicación aconseja anunciar las malas noticias los viernes, preferentemente después del cierre de los mercados, esperó hasta el martes a la noche.
Colchones y chimeneas
Con el cupo de 200 dólares mensuales para ahorro que fijó Guido Sandleris cuando introdujo el “supercepo” pasó algo parecido. El propio Fernández admitió, esta vez el sábado pasado por radio La Red, que “la gente compra 200 dólares por mes y eso genera una demanda muy grande de pequeños ahorristas”. Otra vez, casi como un comentarista, agregó que esas compras hormiga “no son sumas tan importantes, pero son un problema”. Las versiones arreciaban desde días antes, cuando se supo que los compradores de “dólar ahorro” habían alcanzado el récord de cuatro millones en julio, y que la sangría de reservas por ese canal también había saltado de U$S 248 millones en abril a U$S 875 millones en julio. Esa misma mañana, la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca fue aún más terminante: “No podemos gastar los dólares en ahorro que queden durmiendo abajo del colchón en lugar de ir al banco y convertirse en crédito productivo”.
Uniendo los puntos, todo sugiere que finalmente el torniquete se apretará. Es lo que le propone desde enero Miguel Pesce a Fernández y lo que quisiera que decida antes de fin de mes. Dio una pista en uno de los últimos reportajes que concedió, a inicios de junio con la revista Crisis: “Si la Argentina exportara 90.000 millones de dólares, no necesitaríamos estas restricciones. Estamos exportando en el orden de los 60.000 millones de dólares. En un país que en un abrir y cerrar de ojos te fuga 20.000 millones, donde la gente viaja por 8.000 millones de dólares, que era la demanda que teníamos de turismo antes de cerrar las fronteras, si no tenemos crédito externo, y si liberamos a los argentinos a comprar dólares, lo que vamos a tener es 70% de pobreza. Este país no lo aguanta. Entonces, cuando exportemos 90.000 millones de dólares no vamos a necesitar estas restricciones. Mientras no exportemos en esos volúmenes, vamos a necesitarlas”.
Guzmán piensa lo contrario que Pesce, como en casi todos los temas sobre los cuales ambos tienen competencia. Ya impuso su criterio en la estrategia de desarme de la bola de nieve de Leliqs y también en el tratamiento de los acreedores en dólares bajo ley local, a quien el jefe del Banco Central proponía tratar con más dureza pero a quien él pidió preservar para no resentir al mercado de capitales doméstico. Esta vez, quizá la necesidad incline en otro sentido al moderador del panel. Las reservas no dejan margen para la audacia.
La semana pasada, en realidad, los ahorristas ya habían sido desplazados por los importadores como principales demandantes de divisas. La reactivación de la economía real que hace sonreír a Kulfas cuando se compara con Chile o con Brasil (aunque los números sigan siendo rojos en todos los casos) es un estrés para el Central: apenas se prenden las chimeneas, sube la demanda de insumos importados. El problema es que el panelismo presidencial volvió a encender al “chiquitaje”. Si había alguien que tenía la plata y se había olvidado de comprar los 200 dólares, el día después del feriado lo hizo.
Corredores corridos
Otro tema donde parece haber demasiadas manos en el plato es en el planeta vial. Aunque la decisión de recuperar el control de los accesos Norte y Oeste de manos de los exsocios de Macri ya está tomada, como se informó en esta columna hace ya dos semanas, las rutas nacionales incluidas en los corredores PPP (administrados con participación público-privada) son objeto de un nuevo tironeo con los concesionarios que eligieron en 2017 Guillermo Dietrich y Luis “Toto” Caputo. En este caso, los cortocircuitos tienen por protagonistas a Guzmán, Todesca y Gabriel Katopodis, el ministro de Obras Públicas.
El Gobierno quiere recuperar esos corredores (donde el avance de las obras no llega en promedio al 15%) y entregarlos a Corredores Viales, la firma estatal que creó Dietrich para administrar las rutas que les quitó sin mucho preámbulo a concesionarios que consideraba enemigos, como Cristóbal López y Fabián De Sousa. Incluso había alcanzado un acuerdo con uno de los grupos, integrado por Eduardo Eurnekian y la constructora Panedile. Pero todo naufragó entre el jueves y el viernes pasado, cuando los concesionarios renovaron sus garantías con los bancos extranjeros y optaron por seguir pagando hasta medio millón de dólares por corredor por mes antes que renunciar a cobrar todo lo que dicen haber gastado por cuenta y orden de los contratos firmados con la anterior gestión.
“Lo que ofrece el Estado es inaceptable. Este gobierno fue muy necio. El anterior impuso un esquema inviable que nosotros sabíamos que lo era y que le regalaba una millonada a los bancos, pero nosotros aceptamos porque había un hambre bárbaro”, dijo a BAE Negocios el CEO de una de las constructoras. A Katopodis le propuso que les conceda un plazo de seguir cobrando los peajes de esos corredores para cobrarse lo invertido hasta ahora, y planificar nuevas obras con los $10.000 millones acumulados en el SISVIAL, adonde va parte del impuesto al combustible. Pero Todesca convenció al Presidente de que no deben ser reconocidos los costos financieros. Y el laudo no llega.
El tema se tocó en aquella cena en la mansión de Jorge Brito donde los popes del establishment conocieron a Máximo Kirchner. “Cristina de esto no sabe nada”, dijo su hijo. Sergio Massa hizo toda una defensa de los inversores privados. Así que en esas dos patas los empresarios dicen que el problema no está.
Lo que sospechan en esas alturas es que el de Alberto es como el esquema radial concéntrico con el que se sentía cómodo Néstor Kirchner, pero al revés. En vez de concentrar todas las decisiones y acicatear internas entre los ministros para mantener un control cruzado de todos, Fernández delibera con todos a través de los medios, habilita a unos y después a otros para intervenir en el debate público y termina por condicionarse a sí mismo en la toma de decisiones. Flaco favor para su propia gobernabilidad, especialmente en medio de una pandemia todavía sin final a la vista y con una oposición que apuesta todo al caos y disfruta cada episodio de zozobra.