La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) valoró el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en el caso del genocida Joaquín Alberto Monge -acusado por su accionar en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “La Huerta” de Tandil, dependiente del Ejército Argentino- que confirmó la legalidad de la prisión preventiva para imputados por delitos de lesa humanidad. Monge cumple prisión domiciliaria desde 2017 y los fiscales querían liberarlo.
Compartimos el comunicado de la APDH:
Es legal la prisión preventiva de los represores
La Cámara Federal de Casación Penal, en su integración de feria judicial –doctores Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci y Diego Barroetaveña-, acaba de confirmar la legalidad de la prisión preventiva para las personas imputadas por delitos de lesa humanidad.
La decisión fue tomada en el caso de Joaquín Alberto Monge, acusado de torturar en la causa conocida como “La Huerta” en la que se investigan los crímenes de la dictadura con epicentro en el centro clandestino de detención ubicado en el partido de Tandil. La causa, que espera el inicio del juicio oral, tramita ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
Los fiscales intervinientes en el expediente solicitaron el cese de la prisión preventiva que venía cumpliendo Monge bajo la modalidad de prisión domiciliaria desde 2017, argumentando que había transcurrido un plazo razonable de encierro sin estar todavía previsto el inicio de la etapa del juicio oral. El pedido fue sostenido por el fiscal general ante el fuero penal federal, doctor Javier De Luca.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, se opuso al pedido fiscal argumentando que los delitos imputados a Monge son de máxima gravedad y por ello deben ser tratados de forma especial por el orden jurídico.
Acogiendo la posición de APDH, tanto el Tribunal marplatense como la Cámara de Casación Federal, rechazaron el pedido de cese de la prisión preventiva. Dijeron que su prórroga en el tiempo era ajustada a derecho y debía mantenerse.
El doctor Guillermo Torremare, abogado de APDH en el juicio y copresidente de esa organización, señaló: “Es justa la decisión judicial porque tiene en cuenta que no estamos frente a delitos comunes sino frente a crímenes de lesa humanidad” al tiempo que reclamó que “se tomen medidas urgentes para que estos juicios no se sigan demorando porque el tiempo que pasa es funcional a la impunidad de los represores y deja a las víctimas sin reparación”. Por su parte, Norma Ríos, titular de la Secretaría de Lesa Humanidad de APDH, expresó: “Mantendremos la misma posición en todas las causas en que estamos interviniendo a lo largo y ancho del país porque no corresponde que los represores que cometieron crímenes aberrantes y hasta el día de hoy ocultan información se paseen alegremente por nuestras calles”.