Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudiaron al gobernador Gerardo Morales, quien, tras festejar la continuidad de la prisión política de Milagro Sala, se burló y amenazó al periodista Horacio Verbitsky. “Estos dichos no son la reedición del discurso de ‘los dos demonios’, son, estrictamente hablando, el discurso de la dictadura”, denunciaron desde el organismo, y exigieron que se garantice la seguridad del periodista.
El pasado jueves la Corte Suprema de la Nación confirmó una de las condenas de la presa política Milagro Sala, tras rechazar un recurso de queja presentado por la defensa. La sentencia es de dos años de prisión por supuestas amenazas telefónicas a una policía de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
“El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, festejó el encarcelamiento de Milagro Sala que él mismo prohijó con causas fraudulentas, testigos comprados y jueces adictos”, señalaron desde la APDH.
“No se conformó con ese comportamiento indecoroso, impropio de la república, y que confirma quién está detrás del secuestro de Milagro Sala, sino que a renglón seguido profirió una burla/amenaza contra el periodista Horacio Verbitsky”.
La referencia es a una serie de mensajes publicados en la cuenta de Twitter de Gerardo Morales, en particular el mensaje del día 11 de febrero a las 19:23 horas, pero también a otras declaraciones como las realizadas recientemente en los estudios de TN, del Grupo Clarín, bajo la mirada complaciente de Alfredo Leuco.
“La interpretación no puede ser otra que una verosímil amenaza, que no sólo está avalada por la persecución ilegal a la organización Tupac Amaru, el sometimiento de la Justicia jujeña, sino también por el propio discurso de Morales”.
En su intervención en TN se puede escuchar a Morales imputando a Verbitsky “acusaciones delictivas, ofensivas y falaces que forman parte de la mitología del terrorismo de estado”, indicaron desde el organismo de derechos humanos, y denunciaron que “estos dichos no son la reedición del discurso de ‘los dos demonios’, son, estrictamente hablando, el discurso de la dictadura”.
“Este hecho no puede pasar inadvertido para ninguna de las entidades periodísticas, vinculadas al resguardo de la libertad de expresión, instancias legislativas, judiciales y organismos de Derechos Humanos. Pedimos al Ministerio de Seguridad de la Nación adopte las medidas que garanticen la seguridad del periodista ofendido”, reclamaron desde la APDH.
La “Causa Bombachas”
Se trata de una de las múltiples sentencias generadas por el Poder Judicial jujeño en el marco del lawfare desatado a nivel nacional durante el gobierno de Mauricio Macri y que continúa vigente bajo la dirección política de Morales en aquella provincia.
En octubre de 2014, una integrante de la Tupac Amaru denunció que en una feria local estaba a la venta ropa interior que supuestamente había sido robada a su madre. Hizo la denuncia telefónica y personal policial llevó a la Comisaría a la denunciante y a la denunciada.
Poco después, la acusada fue liberada y la denunciante quedó demorada en la seccional. Milagro Sala llamó a la Comisaría exigiendo la inmediata libertad de la integrante de la Tupac . Según la Comisaria Ángela Cabero, supuestamente en esa llamada Sala habría dicho que “les iba a poner una bomba y los iba a hacer volar a todos a la mierda”.
La causa llegó a jucio oral en agosto de 2017, ya bajo el gobierno de Gerardo Morales, y los policías que acusaron a Sala fueron patrocinados legalmente por Gastón Morales, hijo del gobernador, a pesar de lo cual no lograron inculparla: Sala fue absuelta por el Tribunal Criminal 2 el 7 de diciembre de de 2018 por entender que no había evidencia suficiente para una condena.
Pero en Jujuy las cosas no funcionan así. Por lo que en febrero de 2019 la Casación jujeña revirtió el fallo y la condenó a tres años y dos meses de prisión. Luego el Tribunal Superior de Jujuy confirmó el delito, pero rebajó la pena a dos años. No obstante dispuso que la condena fuera de cumplimiento efectivo bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La defensa de Sala llegó en queja hasta la Corte y el máximo tribunal le pidió opinión al eternizado procurador interino, Eduardo Casal, reemplazante de Alejandra Gils Carbó, quien renunció al cargo en diciembre de 2017 tras el hostigamiento combinado del gobierno de Mauricio Macri, una campaña mediática y amenazas de muerte contra sus familiares directos.
El procurador Casal planteó para sorpresa de nadie que “la queja no es procedente” y recomendó dejar firme la sentencia, lo cual cumplió la Corte Suprema pocos días después.
El lawfare que tiene en el abismo judicial jujeño algunos de sus ejemplos más aberrantes, persiste también a nivel nacional con la continuidad en el Poder Judicial de sus principales ejecutores y garantes, entre los que se cuentan el interino Casal y la Corte Suprema de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.