Ajuste y pobreza infantil (II)

La niña M (marzo 2021) es apenas une de los dos millones de niños y niñas indigentes en la Argentina. En los últimos dos años, el proceso de crecimiento de la indigencia en la niñez se ha acentuado. Las razones: la merma de ingresos en los sectores vulnerables que, al carecer de vivienda propia, van a parar a la calle y una suba desatada de los precios de los alimentos, especialmente de los que hacen al consumo popular. Sin embargo, los fondos destinados a dos de los programas más importantes de Desarrollo Social vinculados a la infancia perdieron un 27% de su valor en la última década.

Más allá de las transferencias con fondos del Anses, lo cierto es que el Estado durante el período redujo sus esfuerzos orientados específicamente a atender las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes. Durante la década que va desde 2011 a 2021, el presupuesto de los programas dependientes del ministerio de Desarrollo Social orientados hacia la niñez sufrieron un recorte en términos reales de más de un cuarto del total.

Es evidente que la pandemia del coronavirus exacerbó este cuadro. Los indicadores de pobreza e indigencia crecieron. Ahora bien, no es un problema solo argentino. La ONU, Unicef y las organizaciones sociales que siguen el tema, advierten sobre el crecimiento de la pobreza y la indigencia en todo el mundo. La Cepal, un organismo especializado en asuntos económicos y sociales de América Latina, advirtió que la pandemia llevó los niveles de pobreza en la región a los que existían 20 años atrás. Mientras, los más ricos pueden acrecentar sus bienes en pandemia, los más pobres se hunden más en la miseria.

El diagnóstico de la pobreza infantil en la Argentina indica que el porcentaje de niños y niñas pobres llega al 62,9%. Según estimaciones de UNICEF, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 se pasó de 7 a 8,3 millones. Las zonas más afectadas son el Conurbano bonaerense y las grandes ciudades como Rosario y Córdoba, además de la región noreste: Formosa, Chaco, Misiones y Santiago del Estero.

En el último año dos millones y medio de personas cayeron en la pobreza como consecuencia de la situación económica vinculada con el COVID. Las medidas gubernamentales no fueron suficientes como para evitarlo. Una encuesta de UNICEF, hecha en diciembre de 2020, revela que cuatro de cada diez hogares donde residen niños, niñas y adolescentes (alrededor de 2,1 millones de familias) afrontó una reducción de los ingresos. Y una de cada cinco enfrenta al menos una deuda, que en general es para comprar alimentos. Esta situación también profundizó el trabajo de adolescentes: 16% realizó actividades laborales destinadas al mercado y el 46% de ellos y ellas no lo hacían antes de la pandemia.

El trabajo infantil es otro síntoma de la pobreza. Esta problemática afecta al 10% de la población infantil de todo el país. Los niños y niñas de entre 5 y 15 años que realizan algún tipo de trabajo ascienden a 760.000 y en las zonas rurales alcanza a 2 de cada 10.

La coordinadora del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Ana Almada, explicó que: “el trabajo doméstico afecta sobre todo a las que se quedan al cuidado de sus hermanitos pequeños y esto hace que abandonen la escuela. Los adultos se tienen que ir a trabajar y alguien se tiene que hacer cargo de la situación y dejan a niñas entre los 9 y 12 años que terminan perdiendo la escolaridad”.

Los últimos datos de UNICEF indican que realizan trabajos como limpiar y cocinar (79%), hacer las compras (63%) o cuidar a personas con las que conviven (36%).

También pega fuerte el déficit habitacional. Alrededor del 38% de los habitantes de villas y asentamientos son menores de 15 años y un 48% de la población que vive en los barrios populares tiene de 0 a 19 años. Así lo muestra el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hace 7 años, un informe advertía que el déficit habitacional representaba la vulneración de derechos infantiles “más grave” por “impedir el ejercicio de cualquier otro derecho”. Elaborado por la Asesoría General Tutelar porteña y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), relevaba que uno de cada cinco menores de 4 años vivía en condiciones sumamente precarias.

Laura Musa, ex titular de la Asesoría, fue una de las autoras del informe, luego discontinuado. Hoy, desde las Fundación Sur Argentina, dedicada a la defensa de los derechos infantiles, remarca que “vivir en la calle arrasa todos los derechos, no solo el habitacional”. Y señala la escasez de respuestas para familias con menores en situación de calle en el distrito más rico del país: “Los paradores son para hombres o mujeres, hay pocos para familias. Además de lo que implica tener que salir todos los días de esos sitios que son solo para pasar la noche.

Según el Observatorio del Derecho Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), en apenas una década, 1,8 millones de niños y niñas se sumaron a los 5 millones que se encontraban en la pobreza en el 2011. Con la sola excepción de 2017, todos los años, el índice de pobreza subió entre los chicos hasta 17 años.

En 2011 los niños que vivían en hogares que no reunían los ingresos para superar la Canasta Básica Total, que mide el nivel de pobreza, representaban el 40% del total mientras que, a diciembre de 2020, la cifra escaló hasta un 64,1%. Un incremento del 60% en la cantidad de chicos en situación de pobreza.

En el mismo período, aunque con un marcado incremento en los últimos dos años, la indigencia en ese segmento escaló un 139% y alcanza a 2 millones de niños, equivalentes al 16% que vive en hogares que no reúnen ingresos para hacerse de los alimentos necesarios para vivir. En 2011 representaban el 6,7%. En diez años, se sumó 1,1 millón.

El mismo informe da cuenta de que las políticas públicas consistentes en transferencias no contributivas como la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares pasaron de alcanzar a un 37,7% del total de niños de 0 a 17 años hasta un 45,8%. Pero no alcanzaron.

Un estudio reciente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) destaca que el esquema de transferencias para la niñez se compone de tres pilares: las asignaciones familiares, las deducciones por Ganancias que llegan a poco más de 6,2 millones de niños y la AUH que, lanzada en 2009, hoy beneficia a 4,3 millones más.

Los investigadores identifican cuatro problemas en el esquema vigente: en los hechos deja afuera a 1,2 millones de beneficiarios; los requisitos de cada uno de los tres pilares resultan inequitativos; es insuficiente para resolver la pobreza y la indigencia y, por último, arrastra una diferenciación de montos según región o modalidad contractual de los padres. Por eso, proponen una asignación universal para la niñez que sea idéntica para todos y, a la vez, garantice en forma progresiva un ingreso por encima de la indigencia y luego de la pobreza actualizada en forma automática según la evolución de las canastas de valorización. Para eso, impulsan una política de transferencias que lleve el gasto en la materia hasta un 5,2% del PBI en 2030. Inspirados en la experiencia boliviana, proponen avanzar en un gravamen sobre las empresas hidrocarburíferas.

Si las cifras de pobreza medidas por ingreso (42%) impactan, las que hacen a la pobreza multidimensional son aún peores. Llegaban al 47% de la población en el primer semestre del año pasado, de acuerdo con el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (Siempro), dependiente de Presidencia de la Nación, que alude a condiciones de vivienda, hacinamiento, acceso a la salud, precariedad en el empleo, asistencia a la escuela, etc. Al respecto, 3,9 millones de personas viven en zonas inundables y 2 millones cerca de basurales; 9,5 millones solo tienen acceso al sistema de salud pública, el 30% de los hogares sin cloacas y el 32% deben usar gas en garrafas o en tubos por falta de gas en red. Por último, el empleo informal, precario, inestable o muy mal pago, alcanza a unos 7 millones de trabajadores.

Apretón fiscal + Inflación

El Gobierno ejecutó un apretón fiscal en el primer trimestre gracias a la caída real del gasto social y los salarios públicos, y al aumento de la recaudación por retenciones y la absorción de pesos por venta de dólares del BCRA en el mercado paralelo. La base monetaria que crecía al 70% interanual hasta octubre 2020, hoy crece al 30%, según Luciano Laspina, que monitorea los números para la oposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Retrocediendo al índice inflacionario de abril de 4,7 %, el índice que mide el costo de los alimentos da un aumento del 68,5% desde enero 2020.

Pero, para el mismo período, tenemos un incremento promedio del 91% en el precio de las frutas y 83% para las verduras. Entre los cortes de carne, 109% la carne picada, 120% en el asado y 74% en el kilo de pollo. Para la yerba mate, 80% y el vino común, 107,5%.

Otro dato a tener en cuenta es cuánto del consumo de los hogares se destina a alimentos y bebidas.  La cuenta general dice el 33%, pero trepa al 45,2% cuando se va al consumo del escalón inferior de la pirámide social. Por el contrario, en el escalón superior, los alimentos solo representan el 26,6% del gasto familiar.

El Gobierno extiende la prohibición de despidos y suspensiones hasta fin de año

El Gobierno decidió extender hasta fin de año la prohibición de despidos y suspensiones sin justa causa. La medida se tomó al inicio de la pandemia de coronavirus y fue prorrogada.

La medida no aplica para el sector público nacional ni para las contrataciones realizadas después de la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19. También se excluye de la prohibición a los trabajadores del sector de la Construcción.

A fines de mayo la extensión de la norma había sido prolongada hasta el 30 de junio y próxima a vencerse el Gobierno decidió volver a postergarla hasta fin de año. De la misma manera corre también la doble indemnización con tope de $ 500.000.

Las patronales no tardaron en salir a criticar la medida. Así, La Unión Industrial Argentina (UIA) envió una carta al Gobierno en protesta por la prohibición de despidos.

Los casos de Polymont-Claro, Latam, ArgenCobra, EMA, Bimbo, Garbarino, por tan solo nombrar algunos, son un ejemplo de que el decreto oficial es insuficiente para impedir que los empresarios eliminen puestos de trabajo en sus empresas e industrias. En esos lugares fueron sus trabajadores quienes se organizaron para defender las fuentes de trabajo.

Despidos y suspensiones

Los trabajadores de Ema y ArgenCobra finalizaron el acampe en el ministerio de Trabajo con un festival y se preparan para una nueva etapa en el conflicto. La solidaridad de distintos sectores se hizo sentir nuevamente.

Los trabajadores de Ema y ArgenCobra permanecieron toda la semana pasada frente a la sede de Trabajo, acompañados por un desfile incesante de delegaciones de trabajadores ocupados y desocupados, vecinos que luchan por tierra, vivienda y trabajo digno y jóvenes.

El jueves 17 los trabajadores publicaron una carta dirigida al ministro de Trabajo, y el viernes decidieron terminar la semana en el acampe compartiendo comida que permitió nutrir el Fondo de lucha y buena música.

Posteriormente, trabajadores tercerizados de EMA Servicios, realizaron una movilización para denunciar los despidos que la empresa realiza en medio de la pandemia.

Cristian trabajador despedido explicó: «soy uno de los despedidos de EMA Servicios y hoy estamos haciendo una manifestación en 9 de Julio y Corrientes, luego de haber sido reprimidos por el Gobierno el pasado 11 de junio. Tuvimos un compañero con la costilla rota, otro con golpes en la cabeza, problemas en la vista por los gases que nos tiraron. Luego de eso hicimos un acampe de cuatro días en el ministerio de Trabajo sin tener respuestas por parte de la patronal ni del Estado (el 70% de las acciones de Edesur son del Estado) que no se hace cargo de los empleados que esta empresa acaba de dejar afuera en plena pandemia».

Se trata de 60 trabajadores que perdieron su fuente de empleo y desde hace meses reclaman la reincorporación sin recibir respuestas.

La Lista Negra Encuentro Ferroviario denunció el martes 22 que Trenes Argentinos despidió a tres trabajadores ferroviarios que se desempeñaban en los talleres de Liniers del FC Sarmiento: «en un hecho sin precedentes, la causa del despido es ‘incumplir una Orden de Trabajo’, ‘inconducta gravemente injuriante’ y ‘pérdida total y absoluta de confianza’. Los compañeros arrastran una causa armada por la jefatura y la empresa. Al no contar con pruebas, recurre a esta maniobra y a estas excusas que bajo ningún punto de vista legal constituyen motivo de despido», remarcan. En tanto, desde Ferroviarios Independientes de la Línea Roca se solidarizaron con los despedidos: «trabajamos en condiciones pésimas, nos contagiamos, nos morimos y también nos despiden. Los ferroviarios de los talleres de Liniers vienen resistiendo la intentona de la empresa de cerrar el taller. Por medio del desgaste, del abandono, del quite de tareas, la empresa se va imponiendo».

Este atropello patronal viene de la mano del nuevo coordinador de RR. HH., Ariel Stella, quien fue en su momento el encargado de organizar los despidos en el Hospital Posadas.

Los trabajadores organizados en Encuentro Ferroviario remarcaron: «no podemos permitir estos despidos. La fuente de trabajo y el sustento de nuestras familias no pueden ser avasallados por ningún personero de turno. Reclamamos a reincorporación inmediata de los compañeros y nos ponemos a disposición de todas las acciones gremiales que se consideren necesarias para revertir los despidos. Necesitamos frenar está política que implica un nuevo retroceso para la estabilidad laboral de las y los trabajadores ferroviarios».

Los trabajadores de Digital Fueguina, de la ciudad de Río Grande (T. del Fuego), pertenecientes al grupo Garbarino movilizaron durante la mañana del viernes en defensa de sus puestos de trabajo y los tres meses de salario que les deben.

También en la Ciudad de Buenos Aires, centenares de trabajadores salieron a las calles bajo la misma consigna #GarbarinoNoPaga.

La justicia ordenó la reincorporación de dos trabajadores de ArreBeff. Las trabajadoras y trabajadores hace meses que vienen dando una importante pelea, sosteniendo un espacio de olla popular y reparto de mercadería que juntan con colectas solidarias para que la lucha no se quiebre por hambre, y también llevando adelante acciones legales contra la patronal explotadora de Pérez Millán. Además, se movilizaron en Capital y Rosario junto a organizaciones sociales y de izquierda. El martes pasado se conoció la noticia de la segunda cautelar que obliga al frigorífico a que estos trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo.

Sin embargo, los gobiernos nacional, provincial y local no movieron un dedo por las reincorporaciones. La Federación de la carne encabezó junto a Luis Pérez una denuncia penal acusándolos de la toma del sindicato (sic).

Entrevista a Walter Quaranta de Bimbo

M.H.: ¿Cuál es la situación de Bimbo?

W.Q.: El 10 de mayo lamentablemente hubo un incendio, el 80% de la empresa se prendió fuego; fue una pérdida muy importante. Luego la empresa el 1° de este mes dijo que los sueldos iban a ser abonados, así fue, el 15 de este mes estuvieron los sueldos. El martes pasado la empresa pone un comunicado que nos presentemos como delegados, sindicato y trabajadores todos juntos a las 12:00 en un estacionamiento de la empresa donde nos comunica que estamos las 300 familias en la calle sin trabajo.

De esas 300 familias tenemos alrededor de 180 trabajadores pasteleros, 80/90 de alimentación y entre 20 y 30 trabajadores panaderos. Esa es la situación en la actualidad de los trabajadores de Bimbo.

M.H.: Tengo entendido que mañana a las 14:00 harán un acto en el portón de la planta ubicado en la calle Uruguay 3675 de San Fernando ¿Cuál es el objetivo de esa convocatoria?

W.Q.: Bimbo no se va del país, tiene cuatro plantas más, estamos pidiendo que no nos despida a los 300 trabajadores y nos reubique en esas otras plantas hasta que cobre el seguro y que reactive la planta. Que no se lleven la plata a México, como ya hizo una compañía, que la vuelvan a invertir acá en el país.

M.H.: ¿Cuál es la actitud que han tomado los sindicatos que los representan?

W.Q.: El sindicato que nos representa es el de pasteleros. Hoy tuvimos una audiencia en el ministerio de Trabajo, estamos pidiendo las dos partes iguales, los 300 puestos de trabajo, que en plena pandemia no nos quedemos en la calle. La empresa se presentó y ahora tenemos otra audiencia para el jueves de la semana que viene a las 14:00.

M.H.: Ustedes han estado trabajando como esenciales desde el comienzo de la pandemia ¿verdad?

W.Q.: Sí. Nosotros sosteníamos que lo que producimos no es esencial, tuvimos un paro de  4 días y el mismo gobierno y el gremio avalaron que somos esenciales y seguimos trabajando en plena pandemia.

M.H.: El 10 de mayo se incendió la planta de congelados en San Fernando. ¿Qué hizo desde ese momento la empresa?

W.Q.: Llamaron a la dotación de bomberos, fue un domingo a las 20:30. Primero solo se veía humo, no hubo ningún accidente de los trabajadores porque no había casi nadie. Los bomberos llegan, abren un pedazo de techo y ahí es donde se vio el fuego.

M.H.: ¿Querés agregar algo más?

W.Q.: Que mañana sería importante que nos den su apoyo todos los gremios para que estas 300 familias no quedemos en la calle.

Una cosa que me olvidé de comentar es que la empresa en la charla que nos dieron y en los telegramas nos dicen que ellos van a cumplir con la Ley de trabajo 245 y que van a pagar el 100% de la indemnización porque son buenos. Encima nos toca escuchar esto.

Los empresarios vuelven a la carga para eliminar la indemnización

Los grandes empresarios y entidades pymes ya militan propuestas para cambiar la legislación laboral y modificar el régimen de las indemnizaciones.

La propuesta que promociona Teddy Karagozian, dueño de TN Platex, titulada “Mochila Argentina”, fue difundida a políticos, sindicatos y empresarios. El nombre hace referencia a “mochila austríaca”, en base a la legislación de Austria.

Consiste en la implementación de un seguro de garantía de indemnización, es decir, un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa. Por el contrario, el Estado pagaría esa indemnización de manera mensual, mediante el pago del salario que tenía, hasta que consiga un nuevo empleo, durante la cantidad de meses que hubiera tenido antigüedad en la compañía. “No es un fondo de desempleo, es un seguro”, aclaró Karagozian.

El pago que realizaría el Estado estaría financiado por las mismas empresas, que todos los meses pagarían un seguro. “Tengo un montón de clientes que están con trabajo y no toman gente”, contó Karagozian.

La semana pasada, Karagozian contó el proyecto en un encuentro de Adimra, Cámara que nuclea a los metalúrgicos. Tomás Karagozian, de la Unión Industrial Argentina Joven, lo definió como “flexiseguridad, más flexibilidad pero con mayor seguridad, como se lo denomina en Dinamarca y Austria”.

El primer apoyo del proyecto surge del lado empresario. “Esto elimina la litigiosidad y nos permitiría tomar personal”, afirmó Karagozian.

Entre quienes se muestran a favor está el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja. “Con horas extras se compensa la falta de dotación, porque no te animás a contratar. Hay infinidad de casos, los países nórdicos lo resolvieron hace mucho tiempo, lo llaman flexiseguridad”, afirmó Funes de Rioja en una entrevista.

Pero, además, sorprende en el empresariado el apoyo que tiene en el Frente de Todos. La propuesta llegó al ministerio de Trabajo y tiene el visto bueno de funcionarios que promueven la industria. El Gobierno, en caso de avanzar, lo haría para nuevos contratos y para el segmento pyme. “Antes falta que pase la pandemia y, por supuesto, que tenga acuerdo sindical”, afirmó un dirigente de la UIA.

Comunicado de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas a raíz de la difusión de un proyecto presuntamente avalado por la Unión Industrial Argentina

En los medios de comunicación se difundió la presentación ante el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de un Proyecto de ley elaborado por el sector empresarial, que contaría con el aval de la UIA, que busca modificar el actual régimen indemnizatorio por despido.

El proyecto se denomina “Mochila Argentina” y estaría inspirado en el régimen vigente en Austria, consistente en un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) administrado por el ANSES, Superintendencia de Seguros, y una entidad de control a designar, financiado con aportes de los empleadores calculados sobre la masa de salarios que abonan. En lugar de la indemnización por despido vigente, el/la trabajador/a despedidos, seguiría cobrando mensualmente su salario hasta conseguir un nuevo empleo o agotar el tiempo máximo de duración del beneficio, en proporción a la antigüedad acumulada en el empleo.

Toda vez que el proyecto “Mochila Argentina” estaría basada en el régimen austríaco y en los resultados positivos que el mismo supuestamente tuvo en ese país, no resulta ocioso aclarar que las realidades sociales, económicas, fiscales y de recursos estatales entre Argentina y Austria distan mucho de ser similares. Los índices de desempleo y subempleo entre ambos países son muy diferentes, por lo que imposibilitan trasladar a nuestra realidad un régimen legal creado para una sociedad, una cultura y un Estado muy dispar al nuestro.

El empresariado afirma que de esta forma se generaría empleo, al reducir las consecuencias económicas de los despidos y aseguraría el cobro de las indemnizaciones.

En primer lugar, el derecho al trabajo constituye un derecho humano fundamental para quienes viven de su trabajo y del salario como única fuente de subsistencia. Por ello, la estabilidad y la protección contra el despido arbitrario, constituyen un amparo contra los efectos nocivos del despido y de la pérdida del empleo. De ello se deriva la necesidad de desalentar el despido, debiendo ser éste un eje central de cualquier legislación laboral.

Así, el actual régimen indemnizatorio por despido tiene un doble carácter: disuadir a los empleadores y reparar al trabajador/a, en parte, las consecuencias del despido

El proyecto denominado “Mochila Argentina” no cumple con ninguna de estas funciones,  siendo su única finalidad reducir los costos empresariales.

La falta de pago de indemnización  favorece el despido y profundiza el desequilibrio existente en favor del empleador.

Al mismo tiempo, la sustitución de un régimen indemnizatorio por despido de pago único por otro de pago mensual como pretende el proyecto, limita los alcances resarcitorios que debe tener una indemnización. En ese sentido, la Corte Suprema de la Nación en el fallo “Milone” (Fallos 327:4607), ha cuestionado la constitucionalidad del pago de indemnizaciones mediante rentas periódicas para el caso de los accidentes y enfermedades profesionales, con argumentos que pueden hacerse extensivos para el caso de las indemnizaciones por despido.

El proyecto mencionado busca sustituir el actual régimen indemnizatorio por despido por un régimen de seguridad social de seguro por desempleo a cargo del Estado. Se trata de regímenes que deben, en todo caso, complementarse y no sustituirse uno por el otro como pretende el proyecto.

El reiterado argumento empresarial de que es necesario reducir el llamado “costo laboral” para generar empleo ha quedado deslegitimado por los hechos ocurridos en nuestro  país en el que los denominado “contratos basura” creados por la ley 24.013 con el objetivo de crear puestos de trabajo mediante la flexibilización de las condiciones laborales no sólo no cumplió su objetivo sino que se registraron los índices de desempleo más altos de nuestra historia, lo que llevó a su derogación. Como ejemplo inverso, el crecimiento del empleo registrado en los años posteriores a la crisis del 2001 no fue producto de la flexibilización de las condiciones laborales, sino de otras variables macroeconómicas, habiéndose llegado incluso a la derogación de la llamada “Ley Banelco” que había sido la última reforma laboral flexibilizadora de entonces.

En efecto, en el marco de una economía de mercado, la creación de empleos depende de la iniciativa de los empresarios, y no resulta imputable a la legislación laboral el aumento de los niveles de desocupación o la falta de creación de nuevos puestos de trabajo

Por ello, en este grave contexto atravesado por la pandemia, con normas que no limitan adecuadamente el poder empresario y que en muchos casos ni siquiera se cumplen, con una justicia del trabajo casi paralizada que no brinda el adecuado servicio de justicia, por estructuras sindicales debilitadas en su poder de presión y negociación, y un Estado incapaz de ejercer el poder de policía del trabajo y de exigir el cumplimiento de la profusa normativa de emergencia, es claro que las modificaciones pretendidas solo pretenden reducir aún más los escasos niveles de protección legal, en desmedro de las personas trabajadoras.

Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas

Paritarias

Se acordó en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares un aumento para las Trabajadoras de Casas Particulares de un 42%, el mismo será aplicado en cuatro tramos: el primero de un 13% desde el 1° de junio del 2021 con incidencia en el primer aguinaldo de este año, el segundo tramo de un 12 % desde el 1° de septiembre del 2021, el tercero de un 5% desde el 1° de diciembre del 2021 con incidencia sobre el segundo aguinaldo del año y el cuatro tramo será de otro 12% desde el 1° de marzo del 2022. También se incrementó el adicional por zona desfavorable (La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Partido de Patagones en la Provincia de Buenos Aires) que pasará a ser de un 30% desde 1° de junio del 2021. Además, constituyendo un hito novedoso y haciendo lugar a un reclamo histórico se estableció un adicional remunerativo por antigüedad, éste será de 1% anual por cada año de antigüedad a pagarse desde el 1° de septiembre del 2021 y para todas aquellas trabajadoras que hayan ingresado a trabajar antes del 1° de septiembre del 2020. Y por último, se agregó una cláusula de revisión por eventuales desfasajes que se activará en marzo 2022.

Así, el salario desde el mes de junio para la quinta categoría (personal para tareas generales) apenas llegará a $25.725 con retiro y $28.605 sin retiro.

Para la cuarta categoría (asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores), el sueldo mensualizado será de $28.605 con retiro y $31.878 sin retiro.

En el caso de la tercera categoría (áreas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita), en la que solo existe la categoría sin retiro, el sueldo desde junio será de $28.605 por mes.

En nuestro país el sector es una relevante fuente de empleo y 1 de cada 5 mujeres se ocupan en él. La tasa de no registración continua siendo elevadísima, un 76,8%, traduciéndose en más de 1 millón de trabajadoras no registradas que ven afectados sus derechos laborales y de la seguridad social.

El sector de las trabajadoras de casas particulares no sólo es el que tiene los sueldos más bajos del mercado laboral, sino que fue el más afectado por la pandemia.

En los datos del último informe sobre trabajo registrado elaborado por el Ministerio (SIPA), se observa que en mayo hubo 472.712 trabajadoras de casas particulares registradas, mientras en marzo había 491.769. Es decir que tan solo en lo que va del año unas 25.000 empleadas perdieron el empleo. Y según la Universidad Nacional de Avellaneda, si se toma en cuenta la situación desde el inicio de la pandemia ya se perdieron 371.000 puestos de trabajo en el sector.

En este documento de elaboración conjunta, los sindicatos del sector y el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma presentaron un análisis de la situación del mercado de trabajo, de las principales reivindicaciones y una propuesta de acción.

El trabajo contiene los aportes de Sindicato del Personal de Servicio Doméstico de Río Negro y Neuquén; Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de San Juan; Asociación del Personal de Casas de Familia de Río Cuarto; Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de Entre Ríos; Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de San Nicolás; Observatorio del Derecho Social de la CTA-A y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma

“Planchar, cocinar, limpiar el piso, lavar la ropa, cuidar de una persona adulta, de un/a niño/a o de alguien enfermo, son algunas de las actividades reproductivas que muchas personas tienen que realizar en sus hogares para que cada integrante esté en condiciones de ir a trabajar y/o para la atención/cuidado de quienes requieren asistencia”, comienza el informe sobre el estado de situación actual y explica que: “Esas tareas, muchas veces, son tercerizadas mediante la contratación de una empleada de casas particulares, quien permite aminorar o resolver la carga de las tareas reproductivas de algunos individuos y/o familias. El trabajo que realizan, implica un desgaste de su fuerza de trabajo y requiere el pago de un salario por el tiempo utilizado, como le sucede al resto de los y las trabajadoras”.

En la actualidad existen al menos 658.360 personas empleadas en el sector, y casi la totalidad (97.9%) son mujeres, siendo el sector más feminizado del mercado de fuerza de trabajo. Asimismo indica que solo el 50% se encuentra ocupada en forma plena, es decir, que trabajan entre 35 y 45 horas semanales, el 29% trabaja menos de 35 horas semanales y está en la búsqueda de más horas de empleo y sólo el 6% supera las 45 horas semanales. La mayoría de estas trabajadoras desarrollan sus tareas en un solo domicilio (85.9%) mientras que una minoría se emplea en dos o más hogares. En materia de categorías, la mayoría se encuentra registrada en el escalafón más bajo de la legislación (tareas generales, 72%) y sólo a un 25% se las registra como cuidadoras.

El informe rebela que además de recibir bajos ingresos y estar mayormente no registradas, las trabajadoras de casas particulares tienen una alta responsabilidad económica y reproductiva. “Sus hogares están compuestos por más de dos o tres integrantes (93%) y la mayoría tiene hijas/os menores de cinco años a cargo (87%). Muchas son el principal sostén de sus hogares (48.4%) y también se encargan de las tareas reproductivas de sus familias (83.3%), es decir, que duplican sus tareas dentro y fuera de sus casas”.

Esta situación compleja “coloca al conjunto de empleadas de casas particulares a una mayor exposición a situaciones de violencia y acoso laboral y a grandes dificultades para contar con algún tipo de protección en esas situaciones”.

Principales problemas y reclamos vigentes

La sanción de la ley 26.844 en 2013 fue un reconocimiento del trabajo de las trabajadoras de casas particulares, que permitió contar con un piso mínimo de derechos y recomposiciones salariales mediante la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares. No obstante, existen situaciones urgentes, en materia salarial y no salarial, que las trabajadoras del sector vienen manifestando hace tiempo en relación a la registración laboral, obra social, despidos, vacunación y organización sindical, entre otras.

VER INFORME COMPLETO

Trabajadores de niñez van a un paro por 72 horas

La medida es una continuidad del plan de lucha que decidieron las y los trabajadores de hogares y paradores que fueron parte del traspaso del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes en el presente año. Son monotributistas y se encuentran contratadas/os bajo convenios por ONGs o la UBA. Realizaron medidas para visibilizar el no pago de sus salarios y la semana continuaron con un paro de 72 horas ante la no respuesta del Gobierno de Larreta.

El @gcba tiene a lxs trabajadorxs precarizadxs de hogares y centros de día, que pasaron del Ministerio de Desarrollo al @cdnnya, sin cobrar a mitad de mes. Sostuvieron la tarea presencial toda la pandemia, y la gestión de Larreta no les reconoce los derechos más elementales. https://t.co/2HIjq1WoUI

— ATE Promoción Social (@ATE_PromSocial) June 14, 2021

La realidad de estos trabajadores es la profundización por decisión política de la precarización laboral en todo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con contrataciones por ONGs, bajo régimen de monotributo, sin derechos laborales, sin aguinaldo, bajo modalidad de teletrabajo sin proveer las herramientas necesarias para llevar adelante estas tareas (computadoras, sillas, escritorios, etc.), sumándose a esto con paritarias a la baja donde el poder adquisitivo de los estatales exhibe un claro retroceso que lleva más de una década.

Las políticas públicas en infancias y adolescencias fueron atacadas con el traspaso de organismos del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat por fuera de la Ley 114, con recortes presupuestarios y mayor precarización a sus trabajadores, que en la mayoría de los casos reciben salarios por debajo de la línea de pobreza, con paritarias por debajo de la inflación y se ven obligados a tener más de un trabajo para llegar a fin de mes.

Controladores Aéreos inician medidas de fuerza

Las medidas consisten en interrumpir los despegues en forma intermitente en distintas franjas horarias y días de la semana, tanto de los vuelos privados como del transporte de carga para de menor a mayor ir incrementando las franjas horarias y días, hasta afectar al transporte aerocomercial en una segunda etapa.
Recordemos que este colectivo sostiene un conflicto desde el año pasado contra la Eana (Empresa Argentina de Navegación Aérea) en el ámbito del ministerio de Transporte por paritarias vencidas e incumplimiento del acuerdo parcial suscripto en enero, compromiso que la patronal desconoce; además reclaman condiciones de trabajo y la reincorporación de una controladora de Comodoro Rivadavia arbitrariamente despedida.

Los trabajadores de prensa de Córdoba van al paro

“Este jueves 24/06 les trabajadores de prensa y comunicación de toda la provincia vamos al ¡¡¡PARO!!”, señalaron en el comunicado emitido por el gremio de prensa (CISPREN).

Denuncian que “las empresas periodísticas dilatan la negociación paritaria con ofertas que no superan el monto de la Canasta Básica de Alimentos y pretenden que aceptemos aumentos en negro”.

El paro será con desconexión en todos los medios de la provincia de Córdoba. Invitan a compartir en las redes sociales una foto con el hasthag #NuestroBásicoNoCubreLoBásico

Docentes de Chubut exigen paritarias y aumento salarial del 55%

Los dirigentes de los sindicatos docentes de Chubut, ATECh, SADOP, SITRAED, AMET y UDA, exigen la convocatoria inmediata a paritarias 2021 después de 18 meses de congelamiento salarial y paz social. Reclaman un aumento salarial del 55%.

La fecha impuesta para la discusión salarial, fijada para el mes de julio, y que había sido aceptada por estos mismos dirigentes, sin consultar a ningún trabajador de la educación, hace agua en el bolsillo.

La realidad es que la inflación de mayo, aun con una pequeña desaceleración, registró un aumento interanual del 49 %. O sea que en el mejor de los casos, con las revisiones y acuerdos que vienen haciendo los gremios más poderosos, el 2021 se encamina a convertirse en el cuarto año de pérdida del poder de compra de sus salarios.

Recordemos que ATECh reclama el 55% de aumento tomando como dato lo que plantea el IPC de la Patagonia, luego que los gremios docentes convalidaran el acuerdo de febrero con el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, donde aceptaban el pago de la deuda salarial que recién finalizará en octubre, a cambio del congelamiento salarial y la paz social.

Guardaparques

A través de la aplicación change.org, acompañados de más de 3.000 firmas, los guardaparques denuncian que sus salarios se encuentran por debajo de la canasta básica. Es por eso, que le están pidiendo al ministerio de Ambiente de la Nación y al directorio de la Administración de Parques Nacionales que realicen un aumento de sus salarios. “ES MUY ANGUSTIANTE. La apertura de Paritarias para el Cuerpo de Guardaparques Nacionales no sucede desde el año 2006“, afirman.

Kicillof anunció la vuelta a la presencialidad escolar

El gobernador, junto con la ministra de Educación, Agustina Vila, anunció la presencialidad gradual en las escuelas bonaerenses a partir del miércoles 16.

El anuncio, sin demasiadas precisiones, incluiría la mayoría de los distritos de la provincia, inclusive en el Gran Buenos Aires, por la supuesta baja en los contagios, por lo que el GBA dejaría de ser una zona de alarma epidemiológica, al tener menos de 500 casos cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, los indicadores epidemiológicos en muchos distritos se mantienen por encima de ese número, a lo que se suma la alta ocupación de camas de terapia intensiva y que casi la mitad de los fallecidos de los últimos 14 días son de la provincia.

El plan de Kicillof no incluye recursos para la virtualidad ni arreglos suficientes en los edificios escolares. Cada vez más chicos son pobres y están siendo expulsados de la educación pública.

Decenas de miles de docentes y auxiliares continúan sin trabajo desde hace más de un año, y los docentes en actividad están sobrecargados ante la dificultad de llegar a fin de mes con un salario devaluado.

Kicillof mencionó como un gran anuncio la adquisición y distribución de 33.000 medidores de dióxido de carbono (CO2) que serán colocados en las aulas. Las cuentas no cierran ya que son casi 20.000 escuelas en toda la provincia de Buenos Aires, según datos oficiales.

A su vez hacen anuncios de obras de infraestructura pero las escuelas se siguen cayendo a pedazos, en marzo se deban clases en los pasillos por falta de aulas y en algunos edificios es imposible cumplir los protocolos. Nuevamente, durante los meses de virtualidad, no se avanzó en ningún plan para acondicionar los edificios escolares.

Asimismo, cabe recordar que este anuncio se da en los meses más fríos del año. Según indica el protocolo planteado en el Plan Jurisdiccional, las clases se deben desarrollar con las ventanas abiertas para que circule el aire y de esta manera prevenir los contagios por Covid 19.

Además, hay miles de trabajadores de la educación que aún no han sido vacunados.

Previamente a los anuncios del gobernador, la conducción de Suteba Provincia se reunió de forma clandestina y a espaldas de los trabajadores de la educación, con las autoridades de la DGCyE. Luego emitieron un tibio comunicado donde expresan que: “A la espera de mayores precisiones respecto de la situación de cada Distrito, sostenemos que los datos epidemiológicos son los que deberán seguir contemplándose a la hora de la toma de decisiones en relación a la presencialidad”.

Quienes ayer criticaban a Larreta y Cambiemos hoy callan frente a la misma política en manos de Axel Kicillof. La conducción de Suteba provincia profundiza aún más su integración al gobierno. No solo que en las seccionales celestes no convocaron a una sola asamblea en toda la pandemia, sino que además sus dirigentes se preparan para integrar las listas del Frente de Todos en las próximas elecciones.

A través de un comunicado, la conducción Multicolor del SUTEBA rechazó la vuelta a la presencialidad en la provincia y calificó el anuncio de Axel Kicillof como “una medida criminal”. Sostienen que la presencialidad escolar es una de las razones del desborde sanitario, a la vez que hacen un llamado a asambleas para rechazar la medida.

Mediante un comunicado conjunto, las seccionales de Tigre, La Matanza, Bahía Blanca, Marcos Paz, Ensenada, Escobar (segunda minoría) y La Plata advirtieron que la expresión “presencialidad cuidada” es un eufemismo y que dicho anuncio constituye una “medida criminal”. A su vez, informaron que el GBA no dejaría de ser una zona de alarma epidemiológica y que casi la mitad de los fallecidos en las últimas dos semanas son de la Provincia.

Los Consejos ejecutivos seccionales del SUTEBA argumentaron en contra de la reapertura de clases presenciales “en la época más fría del año”. Además, resaltaron que un 35 % de docentes y auxiliares no se encuentran vacunados y que una gran proporción del 65 % restante aún no se aplicó la segunda dosis. En esa línea, afirman que “la presencialidad escolar y el movimiento de población que conlleva son una de las razones del desborde sanitario”.

En el mismo sentido, agregaron: “La decisión de Kicillof se enmarca en la modificación de los indicadores para las actividades educativas que impulsó Trotta y cuenta con el aval del Consejo Federal de Educación, del que participan también los dirigentes de CTERA y otros sindicatos nacionales, quienes han sido parte del aval de la reapertura de actividades presenciales que llevó a esta catástrofe social”.

Sobre el final del comunicado, desde la Conducción Multicolor denuncian que SUTEBA, FEB, UdocBA y los sindicatos del FUDB no “han informado a lxs docentes” ni “rechazado estos anuncios”. En este sentido, le exigen a la conducción de SUTEBA Provincia “la urgente convocatoria a asambleas en todos los distritos”, a la vez que comunican que “estamos convocando a instancias democráticas en nuestros distritos, llamamos a toda la provincia a convocarse en asamblea si el SUTEBA no convoca”.

En Moreno, sobre un total de 83 escuelas primarias, 38 (46%) presentan problemas con el suministro de gas por pérdidas y/o fugas, falta de prueba de hermeticidad, suministro cortado y establecimientos en obra.

Reapertura de salas de teatro

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso la apertura de salas de teatro al 50% de la capacidad; y las de cine del 30%, con los protocolos sanitarios vigentes.

Las salas para actividades culturales podrán abrir en municipios en fases 2, 3, 4, y 5. También se habilitó la producción y/o grabación de contenido para transmisión y/o reproducción a través de medios digitales por streaming; el rodaje y grabación de ficciones para cine, televisión y contenidos para plataformas audiovisuales; talleres en espacios culturales; y museos.

“El problema son las consecuencias, los daños colaterales ya que al tener actividades, los gastos en servicios, alquileres, o el pago a los trabajadores también se incrementan, mientras la capacidad se reduce considerablemente. Quienes más lo sufren son las salas pequeñas, y esos pequeños grupos que son los semilleros de los futuros teatros profesionales, tienden a desaparecer o a pasar la vida con zozobra”, explicó Arturo Bonín

Si bien algunas salas y espacios culturales también ofrecen capacitaciones, talleres y ensayos, “creo que es mínimo el recurso que pueden tratar de producir, y el hecho cultural queda un poco de lado porque hay que atender una necesidad primaria y elemental”, agregó el actor.

Las ART bajaron la cobertura de casos de Covid-19 en un 37 %

Según el informe «Evolución de los casos denunciados Covid-19 Sistema de Riesgos del Trabajo», al 11 de junio, solo 382.016 casos fueron elevados como enfermedad profesional Covid-19 y cubiertos por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Se trata de solo el 9.4 % de un total de 4.056.046 casos denunciados a nivel nacional desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha del informe.

Además, la proporción de casos cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo sobre el total de los declarados bajó desde el comienzo de la pandemia: pasó del 15 % al 9,4% en casi un año.

Recordemos que el 13 de abril el gobierno nacional había determinado por decreto a la enfermedad COVID-19 como enfermedad de carácter profesional no listada, obligando a las aseguradoras a dar tratamiento y prestaciones médicas a los trabajadores que contraigan el COVID-19. Tengamos en cuenta que este dato solo tiene en cuenta el trabajo formal, por lo que lo que no hay registro de contagiados en el trabajo informal.

Del total de 382.016 casos el 17 % corresponde a trabajadores de la salud, el 14 % a fuerzas represivas, bomberos y Fuerzas Armadas, el 9 % a vendedores minoristas de bienes y servicios, el 6 % a trabajadores del transporte, el 5 % a trabajadores de limpieza y mantenimiento.

Los trabajadores más afectados fueron los de entre 30 y 34 años para ambos sexos, seguidos por los de entre 35 y 39 años. La mayoría de los denunciantes fueron varones.

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ya había registrado en mayo un aumento del 433 % en las muertes registradas por las ART, es decir, en las muertes obreras, llegando a 16 muertes por día. Pero, las ART se niegan a reconocer un gran porcentaje de estas muertes. Al 7 de junio solo había reconocido a 1.700, y debían $ 17.000 millones a las familias de las víctimas.

Ledesma SAAI inició la zafra con un trabajador azucarero fallecido por Covid 19

Se dio a conocer que Hugo Copa del sector Trapiche falleció por Coronavirus. La empresa de los Blaquier no informa la situación epidemiológica en el complejo agroindustrial e incumple los protocolos sanitarios.

Hace menos de un mes inició la zafra en Ledesma SAAI, siendo la etapa del año que implica mayor personal temporario en el complejo agroindustrial, y ya hay un trabajador azucarero fallecido.

En la misa inaugural se encontraba el poder político del bipartidismo jujeño Gerardo Morales y Rubén Rivarola que felicitaron al «Ingenio ejemplar de la República Argentina», a pesar de contar con más de 20 trabajadores fallecidos.

La empresa desde hace meses ha dejado de comunicar oficialmente la situación epidemiológica, a la vez que los protocolos sanitarios vienen siendo prácticamente nulos. Lo que demuestra un absoluto desprecio por la vida de los trabajadores/as y de sus familias.

Actualmente no se realizan desinfecciones en los lugares de trabajo, ni de los trailers que transportan a los trabajadores, viajando uno al lado del otro. Ante la notificación de trabajadores/as contagiados, que son numerosos, la empresa no comunica y por consiguiente tampoco se realizan los aislamientos por contacto estrecho, para no otorgar las correspondientes licencias.

Tampoco se respeta el tiempo entre el ingreso de los turnos para que no se produzcan amontonamientos de personas y siquiera otorgan alcohol para la desinfección personal de los trabajadores/as que es producido en la misma empresa.

La medida principal que vienen implementando son sanciones ridículas a trabajadores por supuestos incumplimientos a los protocolos que tienen una doble función: hacer recaer la responsabilidad de los contagios y muertes a los propios trabajadores y, por otro lado, disciplinar ante el malestar general por la crítica situación económica, social y sanitaria.

El «relajamiento» en las medidas sanitarias es de la patronal, que desde el año pasado viene siendo denunciada por incumplimientos en los protocolos sanitarios, con el afán de mantener la producción con normalidad y seguir amasando ganancias. De mayo 2020 a febrero 2021 las ganancias distribuidas entre la familia Blaquier aumentaron 640 % mientras los salarios de los trabajadores son comidos por la inflación.

El sindicato azucarero SOEAIL denunció judicialmente a la empresa por el incumplimiento de los protocolos sanitarios y la justicia que responde a Blaquier le garantizó la impunidad. Amparada en los decretos del Gobierno nacional, en su fallo sostiene que “la autoridad sanitaria nacional ha determinado la autorización expresa para operar que es aplicable a la aquí demandada (Ledesma), quien, por lo tanto, tiene derecho a continuar con la actividad productiva que le es propia”.

Condenan a Milagro Sala a 3 años y medio de prisión

La Justicia Federal de Jujuy condenó, el jueves 17, a 3 años y medio de prisión a Milagro Sala, dirigente de la agrupación Tupac Amaru. Es la continuación de una persecución política del régimen del radical Gerardo Morales y de la casta judicial jujeña, que comenzó en el gobierno de Mauricio Macri.

Se la imputa por el delito de amenazas coactivas contra el entonces senador, Gerardo Morales, en octubre de 2009. Quien ahora gobierna la provincia, había asistido a dar una charla al Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy y ahí fue recibido a los huevazos; pero Milagro Sala ni siquiera participó del escrache. También fueron condenados los dirigentes María López y Ramón Salvatierra.

En febrero, Milagro Sala le había pedido al presidente que interceda con un indulto. Sala tiene la posibilidad de apelar a la Corte Suprema. Sus abogados denuncian que la causa ya había prescripto y que en “escasas 48 horas de plazo” los jueces llamaron a una audiencia para reactivarla y “no permitieron siquiera a los abogados de la defensa tomar la palabra”, por lo que Sala y los otros dos imputados “quedaron en estado de completa indefensión”.

Entre los jueces que emitieron el fallo, se encuentra Marta Liliana Snopek, quien tiene relación con Gerardo Morales, por ser la prima de su esposa. Con la impunidad feudal con la que se maneja el régimen de esta provincia, gobernada por el caudillo de Juntos por el Cambio, queda todo en familia. Escándalo similar ocurrió con la designación de un ex candidato a vicegobernador de Morales, como juez encargado de controlar los comicios realizados el día de ayer poniendo en duda la transparencia del proceso electoral.

Ingenio San Isidro

El gobierno de Salta hizo público su posicionamiento en relación con el conflicto en el Ingenio San Isidro: está a favor de la patronal y en contra de los trabajadores.
Como forma de no pagar las indemnizaciones que les corresponden a los más de 700 obreros despedidos en 2018 -y también a quienes fueron reintegrados quitándoles la antiguedad al hacerse cargo de la empresa-, los hermanos Ruiz pretenden “regalarles” minúsculos pedacitos de tierra en la localidad de Campo Santo en los que no hay agua potable, luz, gas ni posibilidades concretas instaladas para construir siquiera un rancho de chapa o adobe.
Esta trampa fue pergeñada en secreto desde hace tiempo entre empresarios tucumanos dueños de vidas y haciendas y funcionarios del gobierno provincial.
Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San isidro (SOEASI), calificó a la maniobra patronal como “una estafa” y dijo al respecto: «no puede aparecer el gobierno provincial convalidando esto, ya que se trata de una maniobra para estafar a los trabajadores y el gobierno está apareciendo como amigable componedor. Es una vergüenza. Deberían preguntar a sus abogados y asesores si este acuerdo es legal. Si algún juez va a homologar semejante renuncia a derechos adquiridos como la indemnización. Ningún juez puede homologar la entrega de tierra por un valor menor al que le corresponde cobrar a cada trabajador”.
Al respecto, el dirigente sindical señaló que “desde que la empresa de los hermanos Ruiz se hizo cargo del ingenio intentamos dialogar con ellos para resolver de manera pacífica este conflicto pero se negaron siquiera a sentarse a conversar el tema. Desde hace casi 3 años, la política de la empresa ha sido inflexible en cuanto a desconocer las leyes laborales y Cuenca ha denunciado sus intentos para hacer desaparecer al SOEASI mediante despidos, amenazas y mentiras.
Sobre ello, Cuenca afirmó que “estos intentos, de prosperar, significarían un grave antecedente que afectaría a todo el movimiento obrero argentino ya que otros empresarios inescrupulosos podrían replicar los mismos métodos antidemocráticos e ilegales a lo largo y ancho del país”.
Finalmente, desde el sindicato hicieron saber que “defenderemos nuestros derechos y en asamblea decidiremos los pasos a seguir que seguramente no serán sentarnos a mirar cómo se atropella a los trabajadores. Si la patronal y sus socios se niegan al diálogo, el único camino que nos dejan es la lucha”.

Acto en defensa del Astillero Río Santiago 100% estatal

Las trabajadoras y trabajadores de Astillero Rio Santiago (ARS) se encuentran una vez más luchando contra un nuevo avance privatista, esta vez impulsado por Pedro Wasiejko, secretario de Interior de la CTA de los Trabajadores y presidente de los Astilleros, que plantea una vieja y conocida “salida novedosa” ya que existe una “oportunidad de negocios que hay que aprovechar”. En este sentido Wasiejko en declaraciones emitidas por el programa Lado P (Infocielo) dijo: «Se Puede plantear una Sociedad Anónima».

La conducción gremial de ATE Ensenada, a través de su secretario general Francisco Banegas planteó: “Nuestra propuesta es otra. Se está trabajando en un proyecto de ley de Sociedad del Estado”. Si bien la Sociedad del Estado es una figura con características distintas, en última instancia deja la puerta abierta para negocios privados y tercerización de trabajos ya que la misma adopta la forma externa de una sociedad privada al quedar principalmente sometida al derecho privado. Así la conducción de ATE en Ensenada busca plantear un régimen jurídico mixto, de derecho público y privado, buscando desmarcarse del planteo privatista de Wasiejko con una propuesta a mitad de camino.

Cabe destacar que ya en 2004 la asamblea de fábrica del Astillero rechazó abrumadoramente la posibilidad de avanzar en el cambio de figura jurídica hacia una Sociedad del Estado que impulsaba, el entonces Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá.

Por su parte los intendentes de Ensenada y Berisso junto a senadores y dirigentes políticos del Partido Justicialista, el Partido Frente Grande, el Frente Renovador, Kolina, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido de la Victoria y el Partido Comunista agrupados en el Frente de Todos brindaron su apoyo a Pedro Wasiejko a través de una carta, en la que los firmantes plantean “la adhesión a la propuesta de reactivación y recuperación del astillero a partir de la actual gestión”.

Las compañeras y compañeros del astillero tienen una larga experiencia con políticos, dirigentes y gobiernos que llegan con promesas de reactivación para el ARS a cambio de apoyarse en planes privatistas. Estos planes en general suelen presentarse como “la solución” a los problemas de la fábrica, y siempre son acompañados de todo tipo de declaraciones, afirmaciones y juramentos de que el ARS seguirá siendo del Estado. Todos y cada uno de estos intentos han sido derrotados por los trabajadores y las trabajadoras garantizando así la defensa concreta de un astillero 100% estatal y esta vez no será la excepción. El martes 15 de junio trabajadores del astillero realizaron un acto en puerta de fábrica y una caravana a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en defensa de las conquistas históricas y contra todo intento privatizador.

Participaron diferentes agrupaciones de la fábrica como la Verde y Blanca, ADN, La Marrón, Tribuna estatal y Alternativa Astillero, entro otras. Dieron un mensaje contundente al presidente del ARS, Pedro Wasiejko, al Gobierno Provincial de Axel Kicillof, y a la conducción sindical de ATE Ensenada: la defensa del Astillero 100% estatal y el rechazo al cambio de figura jurídica para convertirlo en una Sociedad Anónima o Sociedad del Estado.

La Comisión Administrativa de ATE Ensenada mediante un comunicado calificó de falsas e infundadas las versiones de privatización, señalando que: “La intención y la propuesta son claras, hacer del Astillero una empresa que pueda producir y explotar al máximo su capacidad y potencial, siempre conservando la razón social para la cual fue creado (construcción de buques), 100% Estatal, con el convenio colectivo de trabajo y perteneciendo a la provincia de Buenos Aires tanto en el aspecto salarial, como jubilatorio y de obra social”.

Y finaliza: “Por un Astillero 100% estatal, con trabajo y construyendo para el País”.

Fuentes: Desalambrar, Anred, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Canal Abierto, APU, Clarín, argentina.indymedia, Plan B(aires) – FM La Boca (90.1), Tiempo Argentino, Red Eco Alternativo