La dictadura minera de Andalgalá contra las mujeres

La historia de lucha del pueblo catamarqueño suma un nuevo episodio: cinco mujeres fueron acusadas de provocar “daños” por una sentada pacífica en contra del proyecto MARA. El lobby empresario-político, con ayuda de la pata judicial, avanza en la criminalización de una población consciente del valor de la vida.

Si Gabriel García Márquez hubiera nacido en Catamarca en vez de en Aracataca, la inspiración para crear Macondo podría ser, tranquilamente, el pueblo de Andalgalá. La lucha territorial de su gente para que no avancen los proyectos extractivistas cumplió medio siglo en 2021. Todo empezó en 1971…

El 15 de febrero de 2010, Andalgalá fue noticia nacional cuando la Gendarmería violentó por igual a hombres y mujeres, adultxs y niñxs en lo que fue una resistencia masiva contra el proyecto Agua Rica, que buscaba instalarse en el territorio. Desde entonces, la conciencia se multiplicó: la población consciente sabe que el entorno natural y la vida se defienden con el cuerpo. Empezaron a caminar, pacíficamente, todos los sábados.

Este año, a comienzos de abril, en la Caminata por la Vida 583, hubo dos episodios violentos: el incendio de las oficinas de la minera Yamana Gold y destrozos en la sede local del Partido Justicialista. El aire de Andalgalá ya venía enrarecido desde que sus habitantes se enteraron que habían subido máquinas a lo alto del Nevado del Aconquija para hacer exploración minera.

El nuevo proyecto se llama MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera) y es un monstruo de varias cabezas. Tiene una participación mixta: privada (la multinacional suizo-canadiense Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) y estatal a través de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio: Estado catamarqueño, Universidad Nacional de Tucumán y Estado nacional).

Con una investigación judicial floja de papeles, los días posteriores a la caminata hubo allanamientos violentos y detenciones. Resultado: doce personas con imputaciones judiciales graves. Como en Macondo, en Andalgalá los episodios novedosos (siempre con tinte minero y apoyo judicial) nunca se terminan…

“Después de la persecución judicial que sufrimos en abril, el apoderado de la empresa realizó una denuncia por un supuesto hecho que ocurrió el 9 de junio, cuando un grupo de mujeres fueron hacer una sentada frente a otro establecimiento que tiene la minera. Las acusan falsamente de que ese día se dañó la propiedad con pintadas de aerosoles, poniendo leyendas como ‘Fuera las mineras’ y ‘Bajen las máquinas’.

En base a esta denuncia se formó un expediente penal en el cual el único cúmulo de pruebas que tiene es una fotografía de esta pintada y testimoniales de los miembros de seguridad de la empresa donde identifican a un grupo de mujeres acusándolas que ellas hicieron las pintadas. Rápidamente, con la celeridad que se maneja la fiscalía cuando son causas que denuncia la empresa, se procedió a la imputación de las cinco mujeres por el delito de ‘daños simples’ en calidad de co-autoras.

Esa prueba nunca puede ser suficiente para imputar a alguien de un delito, aunque sea un delito menor. Se ve una clara intención por parte del Estado y del Poder Judicial de criminalizar la protesta, esta vez, en manos de mujeres que protestan en contra de la minería.

Vamos a hacer las presentaciones correspondientes a los fines de lograr el sobreseimiento, ya que han sido falsamente acusadas. Ese día lo único que se hizo fue una sentada, las mujeres se sentaron afuera del establecimiento sin ingresar y pusieron carteles en el alambrado perimetral. No hubo ningún tipo de daño. Una de las acusadas ni siquiera se encontraba ahí.

Una vez más, vemos un movimiento por parte de la empresa en connivencia con el Estado para seguir judicializando personas como una manera de intimar a la población. No me sorprende, porque en todos los amparos presentados y todas las acciones legales que ha hecho el pueblo de Andalgalá para suspender el emprendimiento minero, el Poder Judicial de Catamarca salió a favor de la empresa.”

El relato pertenece a Juan Figueroa, abogado de la Asamblea El Algarrobo y también hijo de una de las cinco mujeres que por defender el agua y el cerro Aconquija recibieron citaciones judiciales. ¿Quién impulsa la acción? La fiscal Soledad Rodríguez, con antecedentes como abogada de las mineras instaladas en el territorio.

A su vez, en la mañana de este viernes integrantes de la Asamblea realizaron una convocatoria a los tribunales porteños de Comodoro Py para exigir una respuesta ante la denuncia presentada, en 2019, ante la Cámara Federal Criminal y Correccional por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los denunciados son integrantes del Directorio de YMAD: Ángel de Jesús Mercado, Luis de Miguel, Justo Daniel Barros, Domingo Mario Marchese, Alfredo Grau; Eduardo Bautto (Secretaría de Minería de la Nación), Irma Miranda e Ignacio Díaz Zavala (Sindicatura General de la Nación).

Lxs andalgalenses exigen: “Merecemos saber cuál fue el motivo por el cual los funcionarios denunciados, al firmar los acuerdos comerciales para la integración de los yacimientos mineros Bajo La Alumbrera y Agua Rica, desconocieron intencionalmente los glaciares y el ambiente periglaciar en la Cuenca del Río Andalgalá, habida cuenta de la existencia científica sobre ello”.

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/ambiente/34056-la-dictadura-minera-de-andalgal%C3%A1-contra-las-mujeres