La narrativa de la audiencia suspendida por el juez Bava difiere de lo que expresa el expediente. Tras la indagatoria del miércoles, los plazos llegan hasta después del 14 de noviembre.
Por Néstor Espósito @nestoresposito
La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pronunció en el discurso que antecedió a la frustrada indagatoria de Mauricio Macri en Dolores una frase llamativa: “Venimos a presentarnos frente al juez que corresponde, aunque sepamos y tengamos ciertas reticencias. Venimos igual porque somos institucionalistas y republicanos”.
El día previo, la Cámara Federal de Mar del Plata había avalado la continuidad del juez Martín Bava en la investigación por presunto espionaje ilegal contra familiares de los muertos del ARA San Juan, en una resolución en la que –no obstante- le marcó la cancha. La recusación y el planteo de incompetencia habían sido presentados por el defensor de Macri, el ex funcionario que allá lejos y hace tiempo abrevó en el kirchnerismo, Pablo Lanusse. Eso significaba que Lanusse creía que Bava –a diferencia de lo que dijo Bullrich- no era “el juez que corresponde”.
Unos minutos después del discurso de la ex ministra de Seguridad, Macri se fue de Dolores sin completar la indagatoria y Lanusse, ante los medios de comunicación, bramó contra el juez. ¿Fue todo una puesta en escena?
Lanusse declaró ante los periodistas que transpiraban por el agobiante calor de Dolores: “Nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar”. Sin embargo, el acta de la indagatoria trunca consigna otra cosa. Describe el pedido de relevamiento del secreto cursado un mes antes, la respuesta de la AFI, y añade: “Lo cual se puso en su conocimiento en forma previa a esta audiencia”. ¿Macri llegó a Dolores sabiendo que no iba a declarar?
En la misma conferencia, Lanusse expresó: “El juez nos convocó sabiendo que Macri no podía declarar”. ¿Acaso fue un sincericidio?
No es cierto que Macri no pudiera declarar sin ser relevado del secreto que impone la ley de Inteligencia. La titular de la AFI, Cristina Caamaño, respondió al pedido del juez Bava el 6 de octubre pasado que “en caso de que el ex presidente brinde en su declaración alguna información clasificada en los términos de la Ley 25.520 (de Inteligencia) deberán tomarse los recaudos necesarios a los fines de garantizar su reserva”. Dicho de otro modo: el ex presidente podía declarar y si la declaración transitaba por cuestiones de seguridad nacional o secretos de Estado esa parte debía ser testada, o bien podía negarse a responder, o también se hubiera establecido un cuarto intermedio para –sólo en esa instancia- tramitar el levantamiento del secreto.
Pero Macri no iba a declarar. La estrategia defensista no incluye al ex presidente respondiendo preguntas porque esa situación puede hacer trastabillar a cualquier imputado, por más coucheado que estuviera. Lo previsto era un descargo por escrito y nada de preguntas. ¿Para qué debía ser relevado de nada si nada iba a decir?
El juez Bava sabía que la indagatoria se podía realizar. La prueba de ello está en la nueva convocatoria a Macri, para el 3 de noviembre próximo: “No obstante el criterio ya sostenido por el suscripto sobre la cuestión, a fin no afectar el derecho de defensa del imputado y con el objeto de evitar futuros planteos nulificantes de las partes, o cuestionamientos infundados respecto de la actuación del suscripto y teniendo en consideración lo resuelto por la Cámara Federal deApelaciones de Mar del Plata, se hizo lugar a la pretensión de la defensa”. Suspendió la audiencia pese a que consideraba que no había razones para ello.
El presidente Alberto Fernández también sabe que el relevamiento no era obstáculo para la indagatoria. En los considerandos del decreto en que relevó a Macri del secreto subrayó que “la causa investiga la posible comisión de delitos vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que resulte necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación, conforme establece la Ley de Inteligencia”. Pero “sin perjuicio de ello, estando imputado el ingeniero Mauricio Macri de un delito de acción pública, y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio del Derecho de Defensa, así como la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales, es que corresponde relevarlo del deber de secreto y confidencialidad”.
No fue un error o una omisión de Bava lo que precipitó la suspensión de la indagatoria sino el planteo que la defensa de Macri parece haber previsto de antemano para demorar, por tercera vez y con diferentes recursos (vulgarmente llamados “chicanas”) la indagatoria. Primero fue el desconocimiento del domicilio al que notificar a Macri, luego el pedido de postergación por la falta de tiempo para conocer el expediente y, ahora, el innecesario relevo del secreto.
Lanusse consideró que con el culebrón de Dolores había “quedado absolutamente en evidencia” la “animadversión del juez Bava contra Macri” y su “pretensión de querer procesarlo antes de las elecciones”.
Fue exactamente al revés. Todo lo que ocurrió tuvo como objetivo evitar que el juez definiera la situación procesal del ex presidente antes de las elecciones.
La estrategia de defensa parece haber dado resultados. El Código Procesal Penal establece un plazo de diez días hábiles desde el momento de la indagatoria para que el juez dicte un procesamiento. Si la indagatoria se completa el 3 de noviembre, el plazo procesal –que es ordenatorio, es decir no estricto- se terminará el 17, tres días después de los comicios.
¿El juez podría resolver antes de las elecciones? Si, por supuesto. Pero sería un papelón que le daría la razón a Lanusse y su argumento del “apuro” e impactaría de lleno en la credibilidad de Bava.