En las últimas horas el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó el procesamiento contra 10 represores –entre personal militar, policial y civil- por perseguir, secuestrar, torturar y abusar de personas travestis y trans durante la última dictadura cívico militar. Esta es la primera vez que los delitos contra personas trans y travestis serán ventilados como crímenes de lesa humanidad y, con el objeto de evitar dilaciones hasta que la causa llegue a juicio, Kreplak ordenó que los procesamientos se integren al juicio que se desarrolla actualmente y desde casi dos años en torno a los delitos cometidos en los exCCD Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno de Lanús, que funcionó en Avellaneda.
Según la auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Federal Especializada en crímenes de Lesa Humanidad de La Plata, Ana Oberlin, se trata de una decisión “fundacional” en la investigación de los delitos de lesa humanidad “porque se considera al colectivo travesti y trans como objetivo a atacar dentro del Plan Sistemático”.
Cabe destacar que, hasta el momento, en el juicio por los crímenes cometidos en los exCCD Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, de Lanús, estaba prevista la declaración testimonial de Valeria del Mar Ramírez, mujer trans que es querellante y que permaneció en cautiverio en el Pozo de Banfield durante la última dictadura donde fue violada, torturada y vejada.
Sin embargo, la novedad radica en que han sido identificadas, localizadas y citadas a declarar el resto de mujeres trans y travestis que también fueron víctimas de los abusos por parte de los represores.
“En el Pozo de Banfield “se cometieron diversos crímenes que tuvieron por víctimas a personas en razón de su orientación sexual e identidad de género autopercibida al tiempo de los hechos, evidenciando una situación de palmaria discriminación que, hasta la fecha, no ha sido puesta debidamente de manifiesto en el marco de las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar”, consideró Kreplak en el auto de procesamiento.
Esta incorporación de otras seis víctimas trans y travestis fue el resultado de un largo trabajo realizado conjuntamente entre la Fiscalía Federal, las querellas, familiares de víctimas, personal del Juzgado Federal 3 y organismos públicos como las secretarias de derechos humanos de Nación y Provincia.
Desde su investigación, la fiscalía logró hallar a las siete víctimas para que contaran su historia en el marco del expediente que hoy las considera víctimas de delitos de lesa humanidad. A través de sus relatos, se pudo saber que fueron secuestradas en situación de prostitución, golpeadas y trasladadas al centro clandestino que funcionó a pocos kilómetros de Puente La Noria, en la localidad de Banfield.
En sus relatos, ellas coincidieron en que las “tiraron como animales, con hambre, frío, maltrato, corte de pelos, violadas, tratadas malísimamente”, y detallaron maltratos físicos, insultos sobre su identidad de género, sometimiento a la servidumbre y abusos sexuales.
“Tales crímenes no resultan aislados sino que se enmarcan en un contexto de discriminación histórica y estructural, ahondada por las acciones desplegadas durante el terrorismo de Estado”, enfatizó el juez Kreplak, y agregó que “el constante hostigamiento y criminalización sufrido estructural e históricamente por las disidencias sexo-genéricas (…) alcanzó niveles de intensidad y sistematicidad mayores en la época”.