Los responsables de la empresa fueron sobreseídos y la causa sobre los responsables políticos, archivada.
El 28 de marzo de 2017, fuertes lluvias inundaron zonas del departamento de Santa María, al sur del Córdoba, entre ellos el predio de la planta de tratamientos de residuos peligrosos Taym S.A del Grupo Roggio. El desborde de estas aguas con desechos tóxicos, alcanzó al canal Los Molinos contaminando el agua que abastece a una tercera parte de los habitantes de la capital cordobesa. Al ocurrir el hecho el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello dividió la causa en dos. Una que investigara a los responsables de la empresa, que debía resolver el Juez de Control, Claudio Lasso, y otra a cargo de la Oficina de Anticorrupción de Córdoba que se ocupara del actuar de los funcionarios públicos. En el día Mundial del Ambiente, la Cámara de Acusación sentenció el sobreseimiento de los acusados civiles a pedido de Lasso, argumentado prescripción de la causa por plazos y hace días se conoció que Franco Mondino de la Oficina de Anticorrupción había archivado la causa en junio de 2021, quedando los responsables políticos, también impunes. “No fue la lluvia, no fue un desastre ecológico, fue una cadena de corrupción política” afirma Eliana Lacombe de la Asamblea Santa María sin Basura, a quien entrevistamos en el Enredando Las Mañanas. La contaminación no cesó, el derecho al ambiente sano y su protección, no prescribe. La Asamblea apelará al Tribunal Superior de Justicia.
Eliana Lacombe forma parte de la Asamblea Santa María sin Basura. La localidad se encuentra a pocos kilómetros del sur de la capital cordobesa y en 2017 tuvieron que soportan la contaminación del suelo, agua y aire cuando fuertes lluvias inundaron la zona, entre ellas, la planta de residuos tóxicos de la empresa Taym. Sin embargo, Eliana destaca que no fue la lluvia, ni un desastre ecológico, como afirmó en su momento el gobernador Juan Schiaretti, sino fue todo un camino de corrupción estatal para beneficiar negocios privados: “fue un desastre político”, afirmó.
Al comenzar la entrevista para el Enredando las Mañanas, recordó lo ocurrido el 28 de marzo de 2017: “a raíz de una lluvia en la zona de Santa María, se inundó completamente una planta de tratamiento de residuos peligrosos que almacena tóxicos dañinos para toda la salud, provenientes de todo el país. Al inundarse se desmoronaron los diques de contención y desbordó por la pendiente natural arrasando los líquidos lixiviados. Los residuos peligrosos ingresaron al canal abierto que lleva el agua del Dique Los Molinos hacia la planta potabilizadora que abastece a medio millón de personas de la ciudad de Córdoba. Esto fue probado por una pericia oficial interdisciplinaria.”
Dos caminos a un mismo destino: la impunidad empresarial y política
Eliana explicó que judicialmente, el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, dividió la causa en dos. Una quedó a cargo de él mismo, quien debía investigar a María de los Milagros Aráoz, jefa técnica de Taym y a César Ripsky, gerente de la planta y otra que debía ocuparse de las responsabilidades políticas, quedando a cargo de Franco Mondino de la Oficina de Anticorrupción de Córdoba. En la primera causa los acusados fueron sobreseídos argumentando la prescripción por plazos y la segunda fue archivada el 30 de junio de 2021.
Los responsables civiles, sobreseídos
En el Día Mundial del Ambiente, el pasado 5 de junio, la Cámara de Acusación confirmó el sobreseimiento de los imputados civiles, pertenecientes a Taym, dictado por el Juez de Control, Claudio Lasso, que argumentaba la prescripción de la causa. Eliana explicó: “En mayo del año pasado el Fiscal Peralta Otonello elevó la causa a juicio. Y después de esa elevación, la defensa de los acusados solicitó la prescripción a la cual hizo lugar el Juez de Control, Claudio Laso. Nosotros apelamos, el fiscal también lo hizo y a pesar de eso, las cámaras de nivel superior, les dieron toda la impunidad a los responsables, señalando la prescripción de la causa.”
Consultada sobre los argumentos que utilizó el Juez de Control y la Cámara, para argumentar la prescripción de la causa, Eliana amplió: “afirma que ha pasado demasiado tiempo sin resolución, sin elevación a juicio. Debemos señalar que ese tiempo de demora lo generó la propia Cámara de Acusación, el abogado de la defensa y la justicia al darle lugar a todas sus dilaciones. No es que los declara inocentes. Dice que la técnica y el gerente, son culpables, pero que la causa prescribió, por tanto los exonera. Han pasado más de dos años dicen ellos, desde que lo citaron a declarar. Pero ellos se negaron a declarar y pasaron aproximadamente dos años más hasta que se presentaron. La Cámara de Acusación y el Juez de Control, consideraron que al haber pasado ese tiempo, sin tener en cuenta todas las dilaciones generadas por el propio abogado, por la Cámara que no respondió una resolución, por la pandemia, en la cual no estuvieron actuando, sin considerar ninguna de estas cuestiones, la causa ha vencido.”
Las responsabilidades políticas, archivadas
La Asamblea Santa María sin Basura, tomó conocimiento hace unos días, que además la causa que investigaba a las responsabilidades de los funcionarios públicos fue archivada por Franco Mondino de la Fiscalía Anticorrupción, el 30 de junio del año pasado. “Este mismo ha seguido otra estrategia de impunidad que es declarar a los funcionarios, inocentes. Porque si bien no actuaron como debían, lo hicieron con dolo. Interpreta que no hay mala intención. Es terrible, además no investiga toda la cadena de responsabilidades.”, expresó Eliana.
“En el momento de los hechos, Juan Schiaretti , señalo que estábamos ante un desastre ambiental y que debía caer todo el peso de la ley sobre los responsables y sin embargo hoy tenemos, por una lado una causa prescripta y por otro, una causa archivada que nos enteramos ahora pero que se archivó el 30 de junio del año pasado.”, agregó.
“No fue por la lluvia, no fue un desastre ambiental, fue un desastre político”
Así afirmó Eliana, porque comentó todas las pericias, advertencias, ilegalidades e irregularidades que llevaron al desborde de los tóxicos, algo que según ella iba a ocurrir aún con una lluvia más pequeña.
Enumeró que en las causas constan todas las irregularidades: “todas las pericias realmente indican la aberración que fue dejar instalar ese tipo de planta en un lugar inundable y todas las negligencias de la empresa en su funcionamiento. Había informes técnicos próximos a la inundación que daban cuenta de que la empresa trataba residuos para los cuales no estaba autorizada, en lugares donde no debía, y que las lagunas del lixiviado estaban colmatadas. Habían construido nuevas fosas y luego edificios por el cual habían destruido parte de la berma perimetral que era una parte de la contención del agua. Estamos hablando de un hecho que si bien tuvo que ver con una inundación extraordinaria, permitió ver la enorme irregularidad e ilegalidad en que la planta estaba funcionando con la vista gorda, por supuesto, de los funcionarios públicos.”
Agregó más: “La planta estaba funcionando con el tratamiento de estos residuos peligrosos que no tenían estudios de impacto ambiental. Cuando ocurrió la inundación esos residuos que terminan contaminando el ambiente estaban mal ubicados.”
Le preguntamos sobre qué determinaron las pericias realizadas y relató: “En primer lugar, los peritos coincidieron que jamás debió haber sido autorizada para instalarse en ese lugar. Porque está en medio de un paleocauce, esto es un cauce seco, de un río prehistórico, que hace que cuando llueva en la cuenca el agua naturalmente desagüe por ahí. Ese río tenía tres veces el caudal de Rio Tercero. Y esto ya había sido advertido, porque la planta en su etapa inicial, sí hizo una especie de estudio de impacto ambiental, donde una geóloga llamó la atención sobre todo esto. Les dice que por medio del terreno pasa un paleocauce, que los suelos son paleacibles. Dice que no es el lugar adecuado para instalar la planta, por lo cual desde Ambiente se le pide un certificado de no inundabilidad.”
Sólo una carta y una cadena de corrupciones
Eliana continuó relatando las responsabilidades políticas para que Taym funcionara. Explicó entonces que la empresa debía conseguir el certificado de no inundabilidad: “al principio no lo consigue, se queja y finalmente es Fabián López, por entonces presidente de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento ( DIPAS) , y hasta hace poco Ministro de Ambiente, Agua y Servicios Públicos de Córdoba, quien les hace una carta a la empresa, diciendo que él no puede brindar ese certificado pero que puede hacer un informe técnico. En ese informe que es absolutamente contradictorio cita parte de lo que había planteado la geóloga pero también termina diciendo que cree que no habría problemas y por tanto le otorga una especie de comodín. Algo que no es un certificado de inundabilidad, pero al tener sellos oficiales lo hacen funcionar como tal.”
Destacó además: “Lo que llama la atención es que después que Javier López les otorga esta nota, que no podemos clasificarla, no es certificado, tampoco informe técnico sino una declaración de confianza, al día siguiente la Agencia cordobesa de Ambiente, da la aprobación para que se instale la planta. Es decir fue toda una maniobra, que nadie reparo en los hechos.”
Y agregó: “Entonces desde el día uno estamos viendo el funcionamiento corrupto del Estado otorgándole el permiso a esta planta a sabiendas que era inundable. Luego vienen las ampliaciones que no tienen estudio de impacto ambiental. Pues cuando se hacen las mismas, deben volver a hacer los informes y eso no lo hacen y esto lo dejan certificado las Auditorías de Policía Ambiental. A pesar de ello, no clausuran la planta. Sigue funcionando. En estas Auditorías se advierten que vienen los días de lluvias. Y las piletas que estaban llenas de residuos tóxicos, ejemplo pilas, baterías, estaban llenas y colmatadas de estos líquidos. Mínima caída de agua iban a rebalsar. Entonces, realmente los responsables de la planta podrían prefigurarse que ante una lluvia menor igual hubiese sido un desastre. Al colmatar las piletas, estos líquidos tóxicos pasan al suelo y filtran hacia las napas sin ningún tipo de barrera de protección. Es una cadena de hechos que llevaron a que esto no sea un desastre natural sino un desastre políticamente generado.”
El derecho al ambiente sano no prescribe
La asambleísta comentó que son querellantes en la causa que que atiende el fiscal Otonello pero no en la que está a cargo de Franco Mondino, en la cual no los admitieron. Eliana anunció que van a apelar la resolución de la Cámara de Acusaciones al Tribunal Superior de Justicia. “Argumentamos que no ha prescripto, no está vencida y que la gravedad de los hechos reclama un esclarecimiento, castigo y sobre todo una remediación del lugar, cosa que nunca se ha hecho. Es gravísimo y sobre esto se tiene que abrir una amplia discusión ciudadana. Pasa esto cuando las empresas hacen sus negocios a costa del ambiente y la salud de todos, ocurre una cosa semejante a ésta. Nadie es responsable, nadie va preso pero tampoco se generan políticas de resguardo ambiental. Pensemos que lo que dice la pericia es que parte de los residuos peligrosos que salieron de ahí de la planta son metales pesados que nunca se degradan . Es decir que Taym, sigue contaminando porque siguen esos metales en el agua, en la tierra que se cultiva. Además los desechos que estaban en la planta y continúan ahí, siguen en un lugar inundable. Entonces tenemos que comprender que el problema no ha cesado, no empezó ni terminó ese 28 de marzo, sino que es actual, vigente y muy peligroso.”, expresó.
Al cierre de esta entrevista, Eliana reflexionó: “Debemos tener memoria y estar acompañados. Hay muchos más afectados. Nosotros representamos a la Asamblea Santa María sin Basura pero hay más de 500 mil personas en Córdoba que recibieron agua contaminada. Por eso memoria y condena social a estas prácticas corruptas, porque sin justicia no hay futuro posible. Estamos hablando del ambiente, de la sostenibilidad de la vida, de todos los seres de la vida.”
Escucha la entrevista completa: