En la clausura de la Tercera Conferencia Mundial de Educación Superior (WHEC2022), que reunió a dos mil participantes de 139 países entre el 18 y 20 de mayo en Barcelona (España), Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación de la UNESCO, dijo que “nuestro punto de partida es que la enseñanza superior es parte integrante del derecho a la educación y un bien público”.
Por Luciana Jouli y Mayra Pedraza.
Sin embargo, en la organización de las actividades previas a la Conferencia Mundial, la UNESCO realizó webinars con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Santander Universidades, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
Mientras se desarrollaba la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior, entidades gremiales, sindicales, organizaciones sociales y políticas pusieron en tensión esta situación y manifestaron su rechazo a la decisión del organismo de educación superior de planificar y organizar dicho evento con bancos y organismos supranacionales, dejando fuera a las comunidades educativas.
Actores como la Internacional de la Educación para AL (IEAL), la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual), la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la Red Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (Clade), el observatorio Otras Voces, la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente (Res Estrado), la Internacional de la Educación (IE), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), funcionarios y organismos de universidades nacionales, se manifestaron en contra de las acciones de Unesco, rechazando la privatización y la mercantilización de la educación.
La privatización y la tendencia a la mercantilización de la educación en América Latina se presenta en la actualidad mediante la influencia de organismos supranacionales: entidades, empresas y fundaciones privadas que promueven financiamiento para determinadas líneas de trabajo.
Así también, la pandemia de Covid 19 obligó al cierre de edificios escolares y aceleró el proceso a la virtualidad como modalidad educativa, y profundizó el proceso de digitalización del sector educativo, ya que las empresas tecnológicas asumieron el lugar de mediadoras de la información y de formadoras de las/os futuras/os profesionales.
Del mismo modo, los Estados neoliberales desarrollan sus proyectos políticos de privatización, recorte y exclusión, sugeridos en forma de programas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como organismo internacional que define y determina realidades económicas locales a través de las presiones por pago de sus deudas externas.
Deudas que afectan a la educación, implicando por ejemplo hambre para las y los niños, bajas de salarios de las y los trabajadoras/es del sector y la falta de dispositivos de acceso y conectividad de la comunidad educativa. Deuda, en la mayoría de los casos, fugada.
Frente a proyectos privatizadores que sólo generan desigualdad, son las comunidades educativas quienes salen a las calles, quienes reclaman y exigen oportunidades. Ejemplo de ello es el pueblo ecuatoriano. Ya en 2021, la Asamblea del Sistema de Educación Superior, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y la Unión Nacional de Educadores del Ecuador se posicionaron para combatir el “paquetazo de Lenin Moreno” y defender el poder adquisitivo de los salarios en medio de una crisis institucional gubernamental.
El 13 de junio de 2022 iniciaron, junto a las organizaciones indígenas y campesinas, un nuevo paro en las calles contra el gobierno del actual presidente Guillermo Lasso en reclamo de condiciones de vida digna. En un contexto de represión y de violencia institucional, las organizaciones de la comunidad educativa permanecen en las calles.
Las investigadoras de IEC-Conadu, Fernanda Saforcada, Daniela Atairo y Lucía Trotta aportaron datos de relevancia sobre los proyectos privatizadores en su reciente libro “La privatización de la universidad en América Latina y el Caribe”. Las autoras plantean que, hacia el interior de Latinoamérica existe una gran heterogeneidad respecto a la educación pública y privada.
Destacan que países como Chile, Perú, Brasil y Puerto Rico tienen más del 70% de su matrícula en el sector privado, mientras que Uruguay, Bolivia y Argentina tienen menos del 30% de su matrícula en dicho sector. Excepto tres países (Cuba, Uruguay, Bolivia), todos los demás tienen un sector universitario privado entre mediano y grande, con una mayor preeminencia de grande (que concentran entre el 25% y el 50% y más del 50% de la matrícula en el sector privado, respectivamente).
Gobiernos de distintas jurisdicciones y organismos supranacionales imponen sus planes políticos en el sector educativo y en particular en la educación superior, dándole espacios centrales a las empresas tecnológicas en la educación actual. Lucia Trotta plantea que “nuestra región, junto a Asia Meridional, es la más privatizada del planeta: más del 50% de la matrícula, más del 65% de la oferta institucional y alrededor del 60% de las personas que se gradúan corresponden al sector privado.”
Esta realidad privatizada está totalmente relacionada con la incidencia de empresas en esos espacios de centralidad institucional, conduciendo procesos de aprendizaje de los sistemas educativos formales y en la formación profesional, repitiendo hegemónicamente tecnológicas, como Microsoft o Google. Con sólo un click, cualquier persona puede acceder a propuestas de formación en áreas como, por ejemplo, marketing digital y desarrollo profesional.
En contraposición, Dalila Andrade de Olivera, profesora e investigadora en la Universidade Federal de Minas Gerais y miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico resaltó en su intervención en el Conversatorio “La Privatización y mercantilización de la educación superior y su impacto en la tarea docente” organizado por el IEC-Conadu, que “hay que seguir pensando desde nuestra realidad Latinoamericana.”
El 30 de junio y 1 de julio se desarrolló en la ciudad argentina de Córdoba el Congreso Internacional de Universidades Públicas (CIUP 2022), organizado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual), la asociación de universidades Grupo Montevideo y la Universidad de la República del Uruguay.
El CIUP 2022 fue otro espacio donde la comunidad educativa discutió sobre la educación superior. La Conferencia Regional de Educación Superior de 2018 declaró necesario “mirar hacia el futuro y trabajar sin pausa en una reforma educacional permanente, en el renacer de la cultura y de la vida de nuestras sociedades y pueblos”.
Se hace imprescindible reflexionar, discutir y proponer, teniendo a la base las luchas históricas de las que la comunidad educativa ha sido parte: la Reforma Universitaria de 1918; las luchas estudiantiles de los 60 y 70 como la de Tlatelolco en América Latina; el Mayo Francés, la Primavera de Praga y los estudiantes contra Franco en España. En Argentina, las marchas contra la Ley de Educación Superior aprobada en los años 90, las y la de los estudiantes secundarios en Chile en el 2019 bajo la consigna “No son 30 pesos, son 30 años”.
Como comunidades latinoamericanas debemos defender y sostener la educación como derecho, con propuestas colectivas fundadas en necesidades situadas y acordes a la realidad actual que se nutre de la historia de las luchas de los pueblos por una educación que los incluya, no sólo pasivamente, sino como actores y actoras que tienen saberes y conocimientos que construyen la ciencia de las comunidades locales y regionales- globales.
Una defensa del derecho a la educación que considere el acceso al mundo digital (conectividad y dispositivos digitales), que nos permita acercarnos entre las comunidades para resolver problemas comunes y no alejarnos como sujetos individualistas, funcionales a un capitalismo que promueve día a día y con mayor énfasis la exclusión.
Discutir la propiedad, la producción, la circulación y la apropiación del conocimiento estratégico, así como la visión que orienta la educación en tanto proceso social, es discutir la función social de una universidad popular. Parte de ello, es exigir una mayor inversión en educación y el desarrollo de plataformas tecnológicas soberanas, generando autonomía frente a las grandes empresas tecnológicas.
Como actores y actoras de la comunidad tenemos la tarea de encontrarnos y construir colectivamente la educación que el mundo necesita, que los pueblos demandan, para contraponerse a la tendencia privatizadora y exclusora de esa educación que el proyecto de mundo digital y financiarizado viene impulsando.
Jouli es Licenciada en Educación Especial. Pedraza es Licenciada en Ciencias Políticas. Ambas miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).