Los siete policías condenados a 25 años de cárcel por la Masacre de Wilde continúan en libertad. Uno de ellos, el cabo Marcos Rodríguez, fue autorizado a afincarse en Córdoba, donde ya estuvo prófugo durante 20 años. “El Poder Judicial nos revictimiza”, denunció una vez más Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, uno de los asesinados por la banda policial.
Redacción: Carlos Rodríguez. Edición: Valentina Maccarone / Pedro Ramírez Otero.
El 10 de enero se cumplen 30 años de la Masacre de Wilde. Los siete policías condenados a 25 años de prisión en diciembre de 2022 por el asesinato de cuatro personas y el intento de homicidio de una quinta, siguen en libertad porque la sentencia no está firme. El Poder Judicial es lento para escuchar a las víctimas, pero actúa con rapidez para beneficiar a los victimarios. Uno de los condenados, el cabo Marcos Ariel Rodríguez, fue favorecido por una decisión judicial que le permite volver, en libertad, a la provincia de Córdoba, donde estuvo 20 años prófugo, con la ayuda de otros jueces y de sus colegas de uniforme. Para cambiar de domicilio, de La Plata a Córdoba, Rodríguez argumentó “razones de salud y de dificultad económica para renovar su contrato de alquiler en la Provincia de Buenos Aires”. El fallo condenatorio había ordenado que los siete policías debían fijar domicilio en territorio bonaerense y cumplir una serie de condiciones para evitar cualquier intento de fuga. Además del cabo Rodríguez, fueron condenados a 25 años de cárcel los policías Marcelo Daniel Valenga, Hugo César Gatto, Pablo Francisco Dudek, Eduardo Gómez, Roberto Oscar Mantel y Osvaldo Américo Lorenzón. Todos siguen libres.
Los y las familiares de las víctimas de la Masacre de Wilde denunciaron una situación que vuelve a demostrar que la Justicia es arbitraria y cómplice de quienes llevan uniforme. “Cualquier otro condenado puede tener las mismas dificultades” que alegó Rodríguez, “pero jamás sucede, o es impensable, que un privilegio igual se le conceda a otros bajo esas excusas”, le dijo a La Retaguardia Raquel Gazzanego, la viuda de Edgardo Cicutín, uno de los asesinados por el pelotón policial. Además, señaló que el fallo que favoreció al policía “fue confirmado por la Cámara con argumentos meramente dogmáticos e inconsistentes”.
Gazzanego afirmó: “A la mayoría (de los condenados) jamás les dan ese tipo de privilegios, pero a algunos, sí. ¿Por qué esa diferencia de trato? ¿Por qué esa doble vara? Sencillo: porque algunos tienen poder o son amparados por el poder (político y judicial)”.A diferencia de lo que dicen muchas y muchos políticos y periodistas, recordó que son los policías, y no la gente común, los que “verdaderamente entran por una puerta y salen por la otra”.
Además, la viuda de Cicutín dijo que este “nuevo hecho desconcertante” fue “confirmado por la Cámara sin expresión de fundamentos, es decir, violando el artículo 1 de la Constitución Nacional”. Todo eso conduce a “dudar de la razonabilidad de nuestra administración de la justicia, y a preguntarnos para quiénes ejercen sus cargos y en qué piensan cuando resuelven”. Otra de las dudas es si los jueces “tienen en cuenta el dolor de las víctimas, o solo deciden según el poder de alguna de las partes”.
En diciembre del año pasado, luego de 29 años de espera, el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Lomas de Zamora condenó a 25 años de prisión, el máximo de la pena por homicidio simple “a siete criminales que el 10 de enero de 1994 cometieron de manera vandálica una masacre espantosa, asesinando a cuatro personas y casi a una quinta”, pero “los dejaron en libertad”. Los jueces desoyeron el pedido de inmediata detención formulado por la Fiscalía y la querella, y los dejaron libres, a la espera de la confirmación de la pena.
Gazzanego puntualizó que fue “un cuádruple asesinato atroz”, y que aún así “los dejaron en libertad, cuando en casos similares se ordena inmediatamente la detención y alojamiento carcelario, aunque el fallo todavía no esté firme”. Son medidas que los jueces toman “en perjuicio de los más necesitados, en perjuicio de las víctimas y a favor de los que tienen poder y privilegios”. El Poder Judicial protege “a quienes actúan detrás de la impunidad del poder”. Un Poder Judicial que “evidencia haber dejado de lado su obligación de independencia y equidad, para mostrar de una manera clara que su único norte es hacer concesiones a los intereses de los poderosos, asegurándose así la tranquilidad de permanencia en una corporación que les asegura privilegios y la exime de rendir cuentas ante la sociedad”. Raquel sostuvo que esta es “una realidad rayana con lo monárquico, no con la República”.
Las víctimas de la Masacre de Wilde fueron Edgardo Cicutín, un trabajador vendedor de libros; Norberto Corbo, remisero; y los pasajeros Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza. La quinta víctima fue Claudio Díaz, compañero de trabajo de Cicutín, quien salvó su vida de milagro.
Las otras víctimas son Raquel Gazzanego y sus dos hijos con Cicutín, Natalia y Gonzalo; Patricia, la esposa de Corbo; y el sobreviviente Claudio Díaz. La viuda de Cicutín agregó que “también hay que decir que la sociedad entera es otra víctima, maltratada y engañada por un sistema que se supone se establece en la Constitución para protección de los ciudadanos, no para dañarlos”.
Las y los familiares y la querella sostuvieron: “Lo que se escribió en el fallo condenatorio, que fue realmente contundente, hasta hoy no es más que una mera representación escenográfica, un montón de palabras y de ficciones, solo para que parezca que se hizo justicia”.
Gazzanego concluyó: “En definitiva es un agravio más a la buena fe de quienes aún seguimos creyendo en la verdadera justicia, a las familias de las víctimas y sobre todo, un agravio más a los masacrados por esa banda policial. Y a todos quienes, de esta manera, este poder judicial sigue revictimizando, produciéndoles dolor sobre el dolor sufrido, y demostrando a la sociedad, ya cansada y descreída, que no administra justicia sino que la niega. Es difícil hacer cumplir la justicia, cuando la ley está sometida al abusador”.