Este viernes se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas un escrito firmado por organismos de derechos humanos, la CGT, las dos CTA y la UTEP junto a los gremios y organizaciones políticas y sociales intimados con multas millonarias por el gobierno de Javier Milei en castigo por haber ejercido el derecho a la protesta. Solicitan la intervención de los organismos internacionales ante la “aplicación de medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas”.
Compartimos el comunicado del CELS:
Pedimos a la CIDH y a la ONU que intercedan para que el Estado argentino termine con la persecución a la protesta
Centrales sindicales y organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos enviamos un escrito a la Comisión y a los mecanismos de protección de Naciones Unidas. Denunciamos que el Ministerio de Seguridad reclame el pago de sumas millonarias a los colectivos que participan de manifestaciones públicas.
En el escrito presentado por las centrales sindicales de Argentina, sindicatos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos denunciamos la política del Ministerio de Seguridad de la Nación de exigir a las organizaciones que paguen sumas millonarias por su participación en las protestas sociales del 20, 22 y 27 de diciembre.
El 10 y 11 de enero, las organizaciones sindicales, sociales y políticas recibieron cartas documento en las que el Estado les reclama el pago de sumas millonarias por haber participado en manifestaciones públicas frente a las medidas de ajuste, recortes y reformas regresivas del nuevo gobierno.
El Ministerio de Seguridad de la Nación considera que la participación en marchas constituye una actividad ilegal y reclama, arrogándose facultades que no tiene, sanciones económicas por protestas pasadas, con lo que también intenta condicionar la acción futura. Esta política constituye una afectación del derecho a la protesta y manifestación y un acto de injerencia estatal contra la libertad sindical.
El 18 de diciembre pasado ya habíamos solicitado la intervención de la CIDH para que cese la aplicación de medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. El 29 de diciembre, el organismo internacional manifestó su preocupación y recordó que “la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos”.
Seguimiento Art. 41 CIDH. Intimacion Por Sanciones Economicas