El plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales recibieron a solo pocos ministros (Interior, Justicia, Infraestructura, Seguridad) y varios funcionarios, quienes se refirieron a algunos de los más de 600 artículos del proyecto y respondieron preguntas de los legisladores, además de adelantar que se harán modificaciones “aclaratorias” al texto original. El corte de micrófono y chicanas a diputados y diputadas de la oposición fueron recurrentes durante las jornadas. La próxima semana continuará el tratamiento en comisiones.
(Red Eco) – Argentina – Un resumen de la primera semana de los debates en comisiones que comenzaron este martes.
Martes – Al inicio de la primera jornada de debate en el plenario se escucharon varios reclamos por parte de la oposición: que el debate se extienda a otras comisiones, también relacionadas con el contenido de la llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, la presencia de la totalidad de los ministros y de los involucrados en la redacción del texto como el “asesor sin cargo” Federico Sturzenegger (“Va a venir el secretario de Energía, pero la Comisión de Energía no va a estar. Va a venir el ministro de Justicia, pero no será parte esa comisión”); y que puedan participar de las reuniones representantes de todos los sectores afectados por la norma.
Uno de los protagonistas de la semana fue el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert. Al igual que los presidentes de las otras comisiones se dedicó a cortarle el micrófono durante las intervenciones de diputados y diputadas de la oposición, especialmente en los momentos de mayores críticas al proyecto y a los funcionarios presentes.
“A muchos de los que estamos acá nos negó la palabra”, afirmó Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria, al referirse al accionar de Espert en reuniones constitutivas previas al plenario
Myriam Bregman, del bloque del Frente de Izquierda, también reiteró su desacuerdo con la designación de Espert al frente de la Comisión al recordar que los había amenazado tanto a ella como a otros legisladores de su bancada con la frase “Cárcel o Bala”.
“Estas formas arbitrarias y prepotentes tienen un contenido, y forma y contenido están ligados porque este contenido avasalla derechos (…). Nosotros hemos presentado una impugnación para que Espert no esté sentado ahí y para impugnar los giros”, afirmó Bregman.
Uno de los primeros funcionarios en presentarse ante el plenario fue el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien defendió la reforma del Estado y la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, incluidos en la Ley.
“Cuando hablamos de la delegación hay que entender los objetos y principios que tiene la ley porque no se trata de un cheque en blanco para el presidente de la Nación, ni se pretende cerrar el Congreso, bajo ningún punto de vista es eso”, señaló Rodríguez Chirillo.
Al referirse a privatizaciones de empresas estatales, el funcionario afirmó: “Las empresas del Estado, en el estado en que están, no se pueden privatizar porque están desordenadas y debemos ordenarlas”.
También participó de la reunión el procurador del Tesoro Nacional, Rodolfo Barra, quien señaló una frase que generó fuertes críticas: “Si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente”.
Finalmente fue el turno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
“Para que tengamos una justicia efectiva, rápida, primero tenemos que tener jueces. Si nosotros tenemos la enorme cantidad de vacantes que hay en la justicia, hoy un 33% es imposible que los jueces presten un buen servicio, trabajan a destajo. Hay Tribunales que no tienen jueces, por eso el primer paso va a ser nombrar a los jueces”, expresó. Además, definió al juicio por jurados, incluido en el proyecto como “soberanía popular” porque “es ser juzgado por los pares”.
A su vez, explicó que el INADI se suprime como organismo, pero no sus tareas y funciones: “El tema discriminación es fundamental, pero tiene que ser tratado, analizado y publicitado y juzgado, porque también es un delito, con la máxima energía (…). Lo que se hace es tratar de ordenarlo en el sentido de crear un protocolo de actuación frente a las presentaciones que se hagan. Hay que armar un protocolo donde haya plazos y un procedimiento, con todas las garantías del debido proceso”, planteó.
Miércoles
La jornada inició con la intervención del ministro del Interior, Guillermo Francos, que reconoció que existen cuestionamientos a muchos aspectos de la Ley y adelantó: “Estamos dispuestos a hablarlo y atender que algunos errores en la ley van a ser modificados a propuesta de los legisladores (…). Algunas cosas podrán avanzar, y otras por ahí requerirán alguna discusión mayor”.
Respecto a la reforma electoral planteada en el texto, que incluye por ejemplo la eliminación de las PASO, Francos explicó que buscan simplificar los calendarios electorales y trasladarle a los partidos la tarea de organizar y financiar sus internas: “Hoy tenemos 791 partidos políticos con capacidad de participar en elecciones nacionales. Tenemos que dar la discusión sobre el sentido para la política argentina de tener tantas agrupaciones, que no aportan al funcionamiento del sistema democrático”.
“Me llevo absolutamente todas las inquietudes que se plantearon. Seguramente tendremos que discutir entre lo necesario y lo oportuno, y ver cuál es el ámbito en que podemos avanzar”, señaló Francos en respuesta a varios cuestionamientos sobre el contenido de la Ley.
Previamente Margarita Stolbizer había advertido que el texto es “tan ambicioso que adolece de la priorización que debería tener la crisis argentina”: “Al proyecto le faltan priorizaciones de cuáles son las medidas que se necesitan”.
El miércoles por la tarde fue el turno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que afirmó que las medidas establecidas en el proyecto de ley referidas a su cartera “son de las urgencias que el país necesita para salir de la crisis económica en la que está”.
Una de las principales críticas al proyecto es en relación al artículo 331 sobre la requisitoria de un pedido de permiso para reuniones de 3 o más personas. Al respecto, la funcionaria señaló que hubo “una mala interpretación” del texto y anunció que será eliminado de la iniciativa: “Al haber confusión, lo retiramos”.
Entre los temas que Bullrich señaló como de “gravedad” fue la protesta social: “Para tener un país con inversiones, debemos tener un país con orden y esta es una situación imposible de convivencia social que ha generado más problemas (…). Estamos planteando que a partir de ahora haya mayores penas si usan armas como morteros, palos y cañas porque hemos tenido casos donde hubo miembros de las fuerzas de seguridad heridos”, expresó.
En relación a la legítima defensa por parte de las fuerzas de seguridad, la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio consideró: “Hemos cambiado el artículo 34 de la legitima defensa a lo que sucede hoy en día con la violencia de los delitos que destruye la vida de tantos ciudadanos y planteamos un cambio en línea con los países sudamericanos (…). Nosotros teníamos una legítima defensa en base a delitos no violentos con el uso solo para impedir muertes o ataques hacia terceros (…). El policía no puede verificar al instante si el delincuente tiene un arma de verdad o no”.
Otra propuesta de la ley señala que los delincuentes no podrán ser querellante en el hecho por el que se los acusa: “Una persona que sale a robar, es decir viola la ley, después no puede exigir un resarcimiento”. Además, propone “aumentar las penas a quienes golpean a policías (3 años y 6 meses). Sobre todo, cuando sean más de tres personas, con armas o un funcionario público que esgrima poder”.
Cabe destacar que, en un momento de su intervención, la ministra tuvo un fallido… Al hablar del gatillo fácil expresó: “(Es) un delito, como es un delito el que comete un delincuente (…) El gatillo feliz… el gatillo fácil es un policía transformado en delincuente”.
Jueves
A pesar de que a la tercera jornada de debate asistieron varios titulares de secretarías que forman parte del Ministerio de Capital Humano, la propia ministra Sandra Petovello no participó.
Durante su intervención, Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia, defendió la modificación de la Ley de los Mil Días: “Durante estos primeros mil días se desarrolla entre el 80 y 90% del cerebro del adulto, lo que no se desarrolló en ese momento, se perdió -destacó-. Hoy en la Argentina hay 62,9% de niños pobres; hoy más de 6 millones de niños se van a ir a dormir con hambre (…) “(Esta norma) viene a ampliar la ley anterior, que solo era ayuda económica. La idea es acompañarlas (…). Solo lo económico no alcanza, hay que acompañar a estas madres, protegerlas, cuidarlas, porque llevan el futuro de nuestra patria”.
Al ser consultado respecto a por qué en el texto se habla del “niño por nacer”, dijo: “Para visibilizar, si no lo atendemos, perdimos 9 meses. Si la mamá está consumiendo, está desnutrida, si la mamá está sufriendo violencia, si la mamá no tiene los vínculos sanos, perdimos 9 meses, por eso es importante hablar de esa figura”.
En la ley también se incluye la política de “búsqueda activa de las embarazadas”: “Vemos que el 70% de los niños que se mueren en la neonatología, la mamá no había hecho controles; entonces tenemos que ir a buscarlas. Si faltan al centro de salud, tenemos que llamarla ver qué necesita. Si detectamos que ha habido un problema hay que ir a buscarlas. Lo hacemos también a nivel territorial”, expresó al respecto De la Torre.
Durante el intercambio con los legisladores, las diputadas Dania Tavela (UCR), Romina del Plá (FIT) cuestionaron “borrar el concepto de personas gestantes o de las diversidades de identidad de género, y reemplazarlos por ‘mujer’”.
“A mí no me importa cómo se autoperciben las personas; a mí me importa que no sigan en la pobreza y de eso se trata esta ley no quiero faltarle el respeto a la sociedad con un debate ideológico. Y tenemos 62% de chicos niños pobres en la Argentina”, respondió el funcionario.
Sobre las modificaciones en la Ley Micaela, De la Torre afirmó “La violencia no tiene género (…). Creemos que es una ley noble, pero no ha dado resultados. No está dando resultados. Hemos invertido millones, hemos hecho un Ministerio de la Mujer. Sí lo que proponemos nosotros es que para las personas que tienen competencia sobre estos temas, sea obligatoria, y que lo para los demás sea optativo. Necesitamos en esta Argentina, que de alguna manera tiene un déficit y pobreza estructural muy grande, poner el dinero donde corresponde”.
A su turno, la diputada Silvia Lospennato del PRO consideró que la Ley Micaela “es una herramienta útil, no solo para las áreas de Gobierno”: (También) para otras, como la policía, que son quienes reciben la primera denuncia. Lo mismo para el Poder Judicial. Se necesita que los funcionarios públicos tengan la capacidad de denunciar”.
La tercera jornada se llevó adelante al día siguiente del cacerolazo cultural que llenó las calles de distintas ciudades argentinas, con el epicentro justamente en la Plaza Congreso. Y en este marco, expuso frente al Plenario de Comisiones el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, quien sin sorpresa defendió la ley ómnibus: “La propuesta no quiere decir que vamos a cerrar y desfinanciar, todo lo contrario, es una propuesta que busca optimizar y transparentar el manejo de fondos, que provienen de diversas fuentes, para destinarlos correctamente y cumplir con la finalidad original y verdadera (…). Esta ley fue desarrollada de forma exhaustiva, bajo la premisa de cumplir con las promesas de campaña que los argentinos votaron. No hay plata no es un lema, lamentablemente es una realidad. Necesitamos una gestión eficiente de los recursos y una administración transparente de los mismos. El camino es claro: casta o libertad. Esta ley es una condición necesaria, es un paso crucial en este proceso, tenemos que revisar una estructura que no sólo no funciona, sino que es deficitaria”, expresó.
“Al asumir nos encontramos con entes descentralizados enormes, con más puestos de trabajo que funciones concretas; nos encontramos con organismos que tienen asignados los mismos objetivos, tareas y funciones; nos encontramos con gasto público, no con inversión (…). En el contexto de crisis que estamos atravesando vamos a reducir el aparato estatal, vamos a centralizar tareas y funciones y vamos a modificar la estructura para reasignar programas que van a depender de forma directa del presupuesto nacional y de la administración central. (…) El Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro pasarán a ser programas activos bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación. Cada uno de ellos conservará su fin: la promoción y el desarrollo de las actividades artísticas”, agregó.
Respecto al INCAA, dijo que requiere de modificaciones urgentes: “El presupuesto debe destinarse de forma mayoritaria a subsidios. Estos serán de hasta un 50% del proyecto y la otra parte deberá ser sustentada por el aspirante”, especificó.
Cifelli recibió varios cuestionamientos durante su intervención. Uno de ellos fue del diputado Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal): “Nos habló del plan cultural, yo lo denominaría detonación de la cultura: desfinanciamiento del INAMU, eliminación del Fondo Nacional de las Artes, eliminación de la cuota de pantalla para producciones audiovisuales nacionales y para artistas y productores locales, eliminación del financiamiento para las bibliotecas culturales…es un plan cultural de demolición”, aseguró.
De la jornada del jueves también participó el secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien negó que se promueva el homeschooling, aclaró que “no hay ninguna intención” de reducir las bibliotecas, sino que se busca ampliarlas y fortalecerlas, y defendió la propuesta de un examen final a los estudiantes del nivel secundario.
Sobre este último punto, dijo que el objetivo de este examen es “proveer información para que las familias tengan elementos para tomar mejores decisiones”: “Al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan”, especificó.
Sobre la educación a distancia, el secretario sostuvo: “Sin ninguna duda la educación presencial es clave, pero también debe estar perfectamente integrada con el entorno tecnológico en el que vivimos y, por lo tanto, hay muchas experiencias positivas, en algunas modalidades, donde se complementan (…). Se ha hablado de homeschooling, cosas rarísimas que no sé cómo se derivan de la redacción del artículo y que muestran una gran capacidad de imaginación (…). Nosotros lo que queremos promover es el desarrollo de una educación presencial que pueda integrar instancias de virtualidad”.
Finalmente aseguró: “No hay ninguna política encaminada hacia un sistema de vouchers. Tampoco el esquema de financiamiento actual resulta justo y equitativo”.
Fue durante la presentación de Torrendell que en un momento se le acercó José Luis Espert y le indicó por lo bajo, aunque igual se escuchó, que se limite a contestar preguntas porque sino no se terminaba más el debate, y le especificó: “No dialogues y con la izquierda menos”.
Por la tarde fue el momento del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien remarcó que el objetivo es incentivar la inversión privada: “Nos hemos encontrado con que la administración anterior ha tenido un enfoque de obra pública que ha generado un parámetro de objetivos de una cantidad de obras pequeñas que son obras que tradicionalmente lo hacen las provincias o municipios porque está en contacto con la comunidad local, conocen mejor el territorio (…) Nos hemos encontrado con más de 7 mil obras que cuando uno las ve no encuentra ninguna obra importante que son las obras que tiene que encarar el Estado nacional. Nos hemos encontrado con más de 2.500 obras que estaban paralizadas por falta de pago (…). Durante el 2024 nosotros vamos a terminar todas las obras que están en ejecución, priorizando las que están en mayor grado de avance. Vamos a seguir ejecutando todo lo que es obra financiada por organismos multilaterales porque están financiadas. Hay vocación de los organismos de ampliar los préstamos para mitad de año”.
“No venimos a mejorar o a mejor administrar las estructuras del sistema, venimos a cambiar el sistema de estructuras y esto es importante entenderlo de esa forma porque no se entiende el porqué de la cantidad e intensidad de cambios que el Ejecutivo propone. (…) Este cambio implica que el empresario vuelva a asumir su rol como animador, organizador de la sociedad, un rol creativo para ver oportunidades y donde el Estado poco pueda intervenir porque cuando el Estado interviene lo que hace es alterar, a través de regulaciones, esa creatividad. Si al argentino lo dejamos ser libre nos va a sorprender con su capacidad de creatividad”, expresó.
Finalmente fue el turno del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien dio detalles del esquema de regularización de activos (blanqueo); modificaciones en el impuesto a Bienes Personales, y del régimen previsional; la consolidación de la deuda pública en manos del sector público nacional.
Sobre el blanqueo, Quirno explicó que se ha determinado el monto imponible en 100 mil dólares; por lo que quienes blanqueen un monto menor no tienen que pagar ningún tipo de impuesto o multa, e inclusive no tienen que depositar ese dinero en una cuenta especial.
Durante la presentación del secretario de Finanzas, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada twitteó: “En este momento estamos en el Congreso, 1:30 la madrugada: el funcionario Quirno del equipo de Caputo, confirma que la intención es liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el activo contracíclico de los jubilados. Lo rematan por USD 5.500 millones y ‘dura dos meses para pago de jubilaciones’ (sic). Se lo venden barato a los amigos. Es inaceptable que esto se apruebe. Insto al resto de los diputados y diputadas a que rechacen enfáticamente este artículo y las 41 privatizaciones”.
Próxima semana
La cuarta reunión plenaria para continuar el debate de la ley ómnibus será este lunes 15 de enero por la mañana. Tal como lo reclamó la oposición, expondrán representantes de organizaciones no gubernamentales. Lo harán de manera alternada entre discursos virtuales y presenciales, para poder incorporar entidades de todo el país.