Sobre las modificaciones del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires.
Por Dirección de DDHH y Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma.
El 13 de junio la Legislatura porteña aprobó con una amplia mayoría una modificación al Código Procesal Penal que tiene impacto en el debido resguardo a las libertades civiles y, lo que resulta preocupante en este contexto, es el Derecho a la Protesta.
A pesar de la oposición de un sector que venía alertando sobre el carácter punitivo y restrictivo de esta norma, el Gobierno porteño junto a otros sectores avanzó en la aprobación de una normativa que habilita mayor discrecionalidad a funcionarios y funcionarias judiciales y con antecedentes de haber sido utilizada para limitar la libertad de manifestación y de expresión.
Si bien se argumenta que esta reforma busca combatir la inseguridad y el crimen, en realidad abre la puerta a la represión de miembros, militantes y referentes de las organizaciones populares que se oponen a las políticas gubernamentales a nivel local o nacional.
Esta nueva disposición permite la prisión preventiva de cualquier persona que tenga procesos penales en curso, o sea que aun no se ha probado su culpabilidad y no ha recibido condena, lo cual va en contra del principio de presunción de inocencia consagrado en las leyes nacionales e internacionales. Aunque se menciona la excepción para casos relacionados con la libertad de expresión y manifestación, la cláusula restrictiva que limita esta protección a delitos contra la persona o la propiedad deja abierta la posibilidad de detener a manifestantes por presuntos daños durante las protestas.
Es fundamental prestar atención a este avance en la criminalización de la protesta, ya que la mayoría de las personas detenidas durante movilizaciones son acusadas de daños y resistencia a la autoridad. Esta reforma, localizada hoy en el epicentro de las manifestaciones, afecta gravemente el derecho de las organizaciones a expresarse en distintos ámbitos institucionales en la ciudad.
Genera una gran preocupación la aprobación de esta norma a un día de la represión ocurrida en las inmediaciones del Congreso de la Nación donde fueron detenidas 33 personas que ejercían su legítimo derecho a protestar. Aún 5 de estas personas se encuentran presas sin pruebas que sostengan los delitos mayores que se les imputan.
La CTA continuará rechazando y denunciando toda práctica persecutoria y criminalizadora de la protesta social que tenga como objetivo intentar amedrentar o doblegar las manifestaciones populares y de organizaciones.
Ni luchar ni protestar es delito y para nuestra organización es inclaudicable el reclamo por el cese de la persecución política y criminalización de la protesta social.