Organismos de derechos humanos reclamaron que se investigue la participación de la vicepresidenta del Consejo, Agustina Díaz Cordero, en reuniones en las que se pensaron estrategias para beneficiar a represores.
Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH), APDH La Matanza, Asociación Buena Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina plantearon ante el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, su preocupación sobre la visita de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad detenidos en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
Según trascendió en diferentes medios de comunicación, la visita del 11 de julio fue parte de una serie de encuentros que tienen como objetivo delinear estrategias -entre ellas un proyecto de ley y de decreto- para garantizar beneficios o impunidad a personas juzgadas y condenadas por estos delitos. La información indica que de esas reuniones habría participado la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, junto con un ex magistrado y otros abogados y abogadas.
“El Consejo de la Magistratura tiene un claro rol en la conformación de un sistema de justicia comprometido con los derechos humanos. Su función es designar, sancionar y remover a jueces y juezas que, entre otros, investigan, juzgan y sancionan a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, la intervención en hechos de esta gravedad de una de las autoridades del órgano constituiría un grave retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que compromete a los tres poderes del Estado”, señalaron desde los organismos.
“Por estos motivos, solicitamos al presidente del Consejo de la Magistratura y a sus integrantes que se investiguen exhaustivamente los hechos y la participación de Díaz Cordero en ellos y que se aclare públicamente lo sucedido”, plantearon.
Compartimos la presentación realizada al Consejo de la Magistratura: