Este lunes, el gobierno concretó el decreto 825/2024, que fija a la prestación del servicio de la aeronáutica civil comercial como esencial. La ley establece que “los conflictos colectivos de trabajo y cualquier medida de acción directa que interrumpa parcial o totalmente la actividad aeronáutica civil aerocomercial, tanto pública como privada, debe estar sujeta a las reglamentaciones del artículo 2° de la Ley N° 17.285”. Los sindicatos respondieron que es una vulneración contra el derecho a la huelga y salieron a mostrar recibos de sueldo para desmentir al gobierno sobre “que eran millonarios”.
La respuesta de los trabajadores al decreto presidencial no se hizo esperar y el Frente Aeronáutico que agrupa a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y el gremio de Aeronavegantes, denunciaron que el decreto vulnera el derecho de huelga. Y avanzaron en una presentación judicial que apunta a una resolución favorable que les permita seguir avanzando en las negociaciones salariales.
También alertaron que el conflicto “se va a agravar” por la decisión del gobierno de confrontar y agregar al conflicto la discusión por la privatización de la empresa, una medida que ya había sido tratada en la discusión de la ley ómnibus y que había quedado en suspenso.
“Es una medida ilegítima, ilegal, vamos a recurrir a Justicia local, a la OIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El derecho de huelga es fundamental, solo puede estar regulado cuando estén en peligro bienes superiores, como la vida o la salud”, dijo el titular del gremio de Pilotos Pablo Biró.
Los sindicatos también difundieron recibos de sueldos para desmentir la versión desde el gobierno y algunos referentes libertarios en que acusaban a los trabajadores de Aerolines de tener suledos millonarios.
“Las muestras reales que el atraso salarial es indiscutible y que alcanza casi el 80%. Sin embargo, solo con un tercio de lo que corresponde (25%) se destrabaría la situación. Recomposición salarial urgente”.
Las muestras reales que el atraso salarial es indiscutible y que alcanza casi el 80%. Sin embargo, solo con un tercio de lo que corresponde (25%) se destrabaría la situación. Recomposición salarial urgente. pic.twitter.com/DZ1UXOHEBL
— Aeronavegantes (@Aeronavegantes) September 14, 2024
Comunicado del Frente Aeronáutico:
El Gobierno sigue en la senda de la ilegalidad y altera el funcionamiento societario de la linea de bandera
En el marco del conflicto colectivo derivado de la gravísima pérdida salarial de sus trabajadores, el gobierno, además de amenazar con regulaciones ilegales del derecho a huelga, ahora pretende alterar el funcionamiento interno de Aerolíneas Argentinas, dando mandatos imperativos de cuestionar la legitimidad de la representación en el Directorio, del representante del Programa de Propiedad Participada (PPP), titular accionario del resultante de la otrora privatización de la empresa en la década de los `90.
Cabe referir entonces a la cadena de ilegalidades, y las consecuencias derivadas de ello, que el gobierno pretende cometer. En primer lugar, hay que hacer notar que, a diferencia de las acciones en cabeza del Estado Nacional, consecuencia de la reestatizacion de la empresa luego de la ruinosa gestión privada, las acciones de los trabajadores son derivadas de un régimen legal específico, la Ley 23.696, la misma a la que acudió este gobierno para las nuevas privatizaciones que impulsa, a través de denominada “Ley Bases”, aunque en este caso no incluyó a Aerolíneas Argentinas en las privatizables.
La ley 23.696 establece todo un régimen especial de participación de los trabajadores del ente a privatizar, dando una específica autonomía a las acciones que se adjudicaron en tal carácter estableciendo que ni los funcionarios y asesores designados en representación del Gobierno o sus dependencias podrán integrar el PPP (art. 22 inciso a); indicando que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar (art. 26); determinando la inclusión de convenios de Sindicación de Acciones que establecen la obligación para todos los adquirentes de gestionar colectivamente el conjunto de acciones sindicadas y adoptar por mayoría de acciones sindicadas las posiciones a sostener en las Asambleas de la sociedad, con fuerza vinculante para todos (art. 38).
Es decir que la representación del PPP en el Directorio de la empresa es consecuencia de dicho carácter, de la titularidad individual, pero de gestión colectiva de dichas acciones, y por tanto el representante tiene los siguientes cometidos:
a) representar a dicha categoría de accionistas;
b) responder ante ellos;
c) recibir mandato e instrucciones de los mismos.
Por lo tanto, la intención del gobierno de desplazar al Director designado por la PPP, es decir por accionistas independientes, importa una intromisión en una participación accionaria ajena y una violación del Estatuto social. A la vez es un ataque, directo e ilegal, al derecho de propiedad que deriva de las acciones respectivas. La pretendida invocación de los arts. 59 y 274 de la Ley 19.550, de
sociedades comerciales, es desconocer el alcance, funcionamiento y responsabilidades que emergen del carácter de director de una sociedad, y en especial, como se señaló, del representante de una categoría particular de accionistas. Como es natural, y propio de cualquier régimen de responsabilidad, el directorio de una sociedad responde por los actos derivados de dicha función, es decir, que no alude a cuestiones ajenas a la gestión de la empresa. Lo explica fácilmente el art. 274:
1. los directores responden por el mal desempeño de su cargo;
2. y la imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia.
Es decir que la responsabilidad está asociada al cargo, vinculada a los actos ejercidos en dicho carácter, de lo cual se derivan dos consecuencias:
a) que el director pueda dejar a salvo su opinión en contrario al momento en que se resuelva alguna cuestión por el órgano;
b) que la responsabilidad deriva de lo que resuelva el directorio, o de los actos que personalmente puedan atribuirse al director que tenga una función particular en la empresa.
De lo anterior se desprende:
1. que la responsabilidad de un director, en este caso el representante de la PPP, es la misma que corresponde a cualquier otro director, en relación a las decisiones adoptadas por el órgano directivo, salvo que alguno de ellos haya realizado alguna observación, rechazo o abstención;
2.que algún director pueda tener una responsabilidad específica, por asignarle funciones especiales, como ocurre con el Presidente que es a la vez el CEO de la compañía;
3.que nunca podría atribuirse responsabilidad a un director por actos ajenos a la función y participación en el directorio; y que, menos, a quien tiene una representación emanada de una categoría distinta de accionistas, en este caso la PPP, con un mandato otorgado por ésta, y a la que debe responder.
Además de ser evidentemente violatorio del derecho, el intento del gobierno es aún más grave en tanto, por un lado da cuenta que no tiene límites al momento de interferir en la actividad gremial de los trabajadores de la empresa, lesionando la autonomía sindical y los derechos colectivos, y a la vez los derechos de los accionistas de la PPP, sino que da cuenta de la falta de escrúpulos para intervenir en una sociedad anónima, con reglas propias, por fuera de las que el gobierno pretenda imponer, con ciertos riesgos añadidos. En efecto, así como lesiona el derecho de propiedad y el libre ejercicio de los derechos societarios de accionistas privados, parecería que Aerolíneas Argentinas, una sociedad anónima reglada por la ley 19.550, de sociedades comerciales privadas, es el propio Estado, en este caso el gobierno actual, al que debe rendirse y someterse. Con ello, el mensaje implícito: este gobierno parecería no detenerse ante nada, especialmente ante la ley, puede afectar derechos privados, incluso derivados de la propiedad de acciones de una sociedad anónima, y confunde una sociedad regida por sus propios estatutos y legislación comercial, con el mismo Estado.
SECTOR ARSA: EL GOBIERNO EN LA SENDA DE LA ILEGALIDAD. El gobierno maniobra ilegalmente para eliminar la representación de los trabajadores en el Directorio de Aerolíneas Argentinas 👇 pic.twitter.com/voKWCyfF9N
— APLA (@aplapilotos) September 16, 2024