Este 14 de octubre el juez Rodolfo Fernández decidió llevar a juicio a 20 manifestantes acusados de cometer delitos durante las protestas contra la reforma provincial en junio del 2023 cuando miles de personas participaron de jornadas históricas en el marco de las represiones durante el Jujeñazo. Las imputaciones se caratulan como lesión, daños y resistencia a la autoridad. Pero las acusaciones no tienen sustento. Se apoyan en imágenes que no muestran nada. Las jornadas del jujeñazo que también incluyeron una serie de protestas en toda la provincia, estuvo colmada de brutales abusos policiales. Pero más peligrosa aún fue la participación de grupos parapoliciales con la utilización de camionetas sin patentes. No es casual que estas acusaciones caigan sobre referentes sociales conocidos y hostigados en varias oportunidades por el gobierno provincial. Como señalan los abogados hay un conjunto de ilegalidades que evidencia en este hecho prácticas de persecución política a luchadores populares.
Por Johana Arce ANRed / Sisas.
La abogada defensora Mariana Vargas explicó en conferencia de prensa que la causa es claramente una venganza política. “Ninguno que quemó autos ni que entró a la Legislatura fue identificado y culpado. Como si no pudieran individualizar a esas personas. Fue una provocación del gobierno para intentar justificar una represión ilegal”. Según la abogada no se puede acusar de resistencia a la autoridad por que no hubo una autoridad que actuara legítimamente y a partir de ahí se tendrían que negar todas las pruebas.
La letrada señaló que “el juez Fernández arregló todo para llegar al juicio: negando pruebas, no admitiendo impugnaciones contra nulidades que son brutales porque se han anulado los derechos de defensa de todos” (…) “Es una ilegalidad absurda. Se vulnera el principio de inocencia, por eso ayer -por el lunes- recusamos al juez Fernández por esta parcialidad objetiva y esta claro que esta causa es una vergüenza en la que se esta utilizando a la justicia como venganza por las protestas contra Morales”.
Este lunes, el juez Fernández rechazó las pruebas para impugnar y decidió avanzar con el juicio. El hecho demuestra que todo marcha a judicializar a los manifestantes. Hace unos días, el juez había decidido postergar las audiencias del pasado fin de semana para evitar la concentración de participantes al 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres y disidencias que se desarrolló con miles de personas en la provincia y que podía culminar en un escrache al juzgado.
Las imputaciones se dan en el marco del jujeñazo. En aquel momento, como denunció Amnistía Internacional tras una investigación publicada meses después, la policía provincial de Jujuy cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras prácticas para reprimir la protesta social. “Tanto los testimonios compartidos con la delegación como los registros audiovisuales analizados por el equipo de verificación digital de Amnistía Internacional demuestran que la policía disparó balas de goma directamente a la cabeza de las personas que se manifestaban”.
Gran parte de los testimonios recabados por la organización dan cuenta de la presencia de funcionarios de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el control de las protestas en vehículos particulares, sin identificación o que se rehusaron a identificarse al ser interpelados por las personas que se manifestaban. Asimismo, muchos relatos apuntan a la presencia de funcionarios estatales no uniformados que habrían agredido a los manifestantes con golpes y piedras.
También el informe de la comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional en la Provincia de Jujuy en donde se hace un recuento minucioso de la represión a la protesta y se evidencia la violencia institucional, sistemática y generalizada, contra la sociedad civil el día 20 de junio de 2023. Algunas particularidades fueron la arbitrariedad de las detenciones en violación de las garantías y derechos judiciales, la violencia de género ejercida contra las mujeres, las violaciones al derecho de la libertad de expresión respecto de medios periodísticos independientes, son algunos de los puntos que también expone el informe.
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“Walter Puca, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), una de las organizaciones sociales más grandes de la provincia, está acusado de instigar a la violencia a partir de un vídeo con imágenes de una persona que no es él. Es decir, el juzgado mantiene su imputación a pesar de estar confirmado que las imágenes no tiene relación con su persona”. Por ello la defensa plateó su sobreseimiento. “La respuesta del juez Fernández para mantener la acusación fue que Puca no negó o ni declaró que participó de la movilización”, explicó la abogada Mariana Vargas.
Otro ejemplo es el de Santiago Zamora que lo imputan por daños, cuando en un video se ve a Santiago guardar objetos en un auto para resguardarlas mientras se desataba la represión. Incluso Zamora padeció que personas no identificadas incendiaran su auto mientras estallaban las protestas el 20 de junio. “Esto fue una provocación de Morales que mandó a prender autos y mandó a dañar la Legislatura para atribuírselo a quienes ellos quieren perseguir, pero no sé individualiza a nadie quemando autos ni entrando a la Legislatura” continuó la abogada.
Miguel Coya Ramos es otro de los imputados, referente de la organización AJI 20 y responsable de la Biblioteca Niñxs Pajaros, institución a la cual dos de sus bibliotecarias, Marisol Velásquez y Ana Julia Ramos, fueron acusadas de amenaza de muerte al gobernador Gerardo Morales adjudicándoles grafitis anónimos que aparecieron en la ciudad. Ramos, habla desde el banquillo de los acusados. Ya ha padecido dos juicios por activista social, “vengo de dos juicios contravencionales el año pasado, uno me hacen un juicio por protestar en contra de los planes sociales a favor del trabajo genuino. Fue un mes antes del llamado Jujeñazo. Ahí tuve una contravención, con una multa de 654 mil pesos. Luego pasados unos días del Jujeñazo también me imputan otra causa por protestar. Y también voy a juicio con una multa esta vez de 2 millones 700 mil pesos. Por eso no nos equivocamos cuando afirmamos que en Jujuy no existe los derechos constitucionales, no hay garantía de ningún tipo en los procesos que nos llevan adelante. En Jujuy no existe la división de poderes, es por eso, digamos, que esta situación represiva instalada de hace mucho tiempo”.
Como explica Anmistía en el informe sobre la manipulación del uso generalizado del Código Contravencional provincial para intimidar y sancionar injustificadamente a los manifestantes. La utilización de este instrumento, que regula faltas menores y cuya aplicación se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la provincia. Según el organismo internacional diversas personas entrevistadas relataron haber recibido notificaciones de supuestas contravenciones en sus casas o en las calles por el simple hecho de haber participado de forma pacífica en una manifestación o haber brindado alimentos o bebidas a quienes se manifestaban. “Estos procesos contravencionales son iniciados y procesados por personal del Ministerio de Seguridad, muchas veces en ausencia de la persona acusada, pese a que pueden resultar en multas onerosas o incluso la privación de la libertad. En muchos casos se ha documentado que por los mismos hechos se investiga a la misma persona penalmente también, afectando la garantía de prohibición de doble juzgamiento”.
Sobre los días de la protestas en el Jujeñazo, Ramos explica, “Esa situación nos llevó a las calles a los jujeños y un puñado somos juzgados para justificar esa salvaje represión armada con ellos, la quema de autos, un armado para justicia la represión. Nosotros veníamos marchando pacíficamente, con marcha de antorchas y meses diciendo no” .
Otro de los imputados es Iván Blacutt docente universitario que fue detenido también por movilizar, Lautaro Miranda abogado del CEPRODH, aseguró “Nuestro objetivo es que haga lugar a las nulidades planteadas por las defensas y caiga la causa”.