Tras la inclusión del ex-Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla chica” en un listado de 309 propiedades del Estado a prestar para ser enajenadas y transferidas, tronó el repudio de organismos de derechos humanos y una acción concreta por parte de la fiscalía de lesa humanidad puso un freno a la medida.
Redacción: Adrián Camerano. Edición: Valentina Maccarone.
Los fiscales Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo pidieronel viernes pasado al juez federal Alejandro Sánchez Freytes que dicte una medida de no innovar, para proteger al inmueble de la venta. En tiempo récord, el magistrado falló: este martes notificó a las partes de un dictamen en este sentido, con lo que el plan de desguace perpetrado por la gestión nacional tiene al menos un elemento objetivo en contra.
El titular del Juzgado Federal N°1 de Córdoba aceptó el requerimiento de la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado y, de algún modo, contravino el decreto 950/24 publicado el 25 de octubre en el Boletín Oficial de la Nación. La norma oficial sacó a la venta, en el ítem subastas futuras, una lonja de terreno en la localidad de Malagueño que incluye la sede de la Rural cordobesa, un mercado cooperativo y un sitio de memoria, nada menos.
“La Perla chica”, también conocido como “Malagueño”, “La Perlita” o “La escuelita”, funcionaba en articulación con La Perla, el ex-Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio más grande del país, por fuera del AMBA. El ex-CCDTyE fue reconocido por sobrevivientes durante la primavera alfonsinista; en 2013, fue parte de la Megacausa La Perla-La Ribera y, en noviembre, señalizado por la aún acéfala Dirección de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Por todo ello, la inclusión en el extenso listado de propiedades a vender encendió las alertas de funcionarios y militantes de derechos humanos. Entre otros, sumaron su repudio la Mesa de Trabajo por los DD.HH. de Córdoba, el Refugio Libertad, exsecuestrados y organizaciones políticas y universitarias.
En ese marco, los fiscales habían solicitado la medida de no innovar, porque “estamos juzgando hechos que se cometieron en ese lugar, que es un lugar reconocido como centro de detención durante la última dictadura cívico-militar en la Megacausa La Perla, una sentencia que está firme”, señaló el fiscal Trotta. La disposición del juez implica que el inmueble debe mantener su uso y estado actual, al menos mientras se sustancian las investigaciones judiciales en curso. En Córdoba, aún son 53 las causas por delitos de lesa humanidad pendientes de resolución.