Este lunes el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto 115/25, que dispone la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, señaló: “es una medida inentendible del Gobierno que abre las puertas a la privatización de la empresa, pero no va a lograrlo. Intentos similares existieron en los 90′. También en el 2008. Y no pudieron”, remarcó. Y agregó: “esta decisión golpea a un polo energético que resulta estratégico para la soberanía de nuestro país. Además, entre la mina de carbón, la mega usina carboeléctrica y el puerto de Punta Loyola hay 2200 trabajadores representados por ATE. El funcionamiento de YCRT le da vida a la economía de tres ciudades: 28 de Noviembre, Río Turbio y Julia Dufour. El Gobierno busca la desaparición de la cuenca carbonífera. Están jugando con el futuro de los trabajadores y de todas estas comunidades. Si profundizan por este camino, se desatará como en otras oportunidades una pueblada”. Se estima que otros 60 organismos podrían sufrir el mismo destino.
Luego de hacerlo con el Banco Nación – como parte de los anuncios para quitar el foco de atención sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA promocionada por Javier Milei -, este lunes a la medianoche, mediante el decreto 115/25, el Gobierno nacional dispuso convertir en una sociedad anónima Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). La medida ya había sido adelantada en conferencia de prensa por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La mina de carbón santacruceña es una de las nueve empresas consideradas para ser privatizadas, según contempla la Ley Bases (originalmente, el Gobierno había propuesto 41), cuenta con 2200 empleados y, según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en 2023 tuvo supuestamente un déficit de 140 millones de dólares, y según sus estimaciones el déficit final de 2024 se ubicará entre los 80 y 100 millones de dólares. En este marco, el artículo 8 de la Ley Bases obliga al Estado nacional a mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
Hoy el interventor del organismo hoy es Pablo Sebastián Gordillo Arriagada, exgerente general de Servicios Públicos Sociedad del Estado en esa provincia y hombre de confianza del gobernador Claudio Vidal.
En varias ocasiones, el Gobierno dio a conocer que hay interesados en comprar la mina, con supuestas ofertas que rondan los US$400 millones. Sin embargo, cuando intentó subastar a través del Banco Ciudad 30.000 toneladas de carbón la operación se cayó por falta de oferentes.
Yacimientos Carboníferos Río Turbio en manos de los trabajadores
En un comunicado, desde la Junta Interna de ATE Punta Loyola continúan proponiendo que la empresa quede “en manos de los trabajadores” y denuncian que “2024 fue un año de ajuste y vaciamiento”. Además, sostienen que “hoy el ajuste está potenciado por el intento privatizador”. También denuncian que ya hay acopiadas 45.000 toneladas en el Puerto de Punta Loyola, listas para ser comercializadas, y que las diferentes intervenciones no concretaron ningún negocio.
En la misma línea, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló: “desde hace un año son los propios funcionarios de este Gobierno los que siempre pusieron palos en la rueda para evitar que finalmente la empresa se ponga en marcha. Se debe garantizar la comercialización del carbón y avanzar definitivamente en la generación de energía”, remarcó.
Asimismo, agregó: “esta es una medida inentendible del Gobierno que abre las puertas a la privatización de la empresa, pero no va a lograrlo”. Y recordó: “intentos similares existieron en los 90′. También en el 2008. Y no pudieron. Hemos resistido permanentemente las propuestas de concesionarla, desguazarla y hasta dividirla en unidades económicas y pudimos mantenerla siempre en pie”.
En este marco, Aguiar apuntó: “esta decisión golpea a un polo energético que resulta estratégico para la soberanía de nuestro país. Además, entre la mina de carbón, la mega usina carboeléctrica y el puerto de Punta Loyola hay 2200 trabajadores representados por ATE. El funcionamiento de YCRT le da vida a la economía de tres ciudades: 28 de Noviembre, Río Turbio y Julia Dufour. El Gobierno busca la desaparición de la cuenca carbonífera. Están jugando con el futuro de los trabajadores y de todas estas comunidades. Si profundizan por este camino, se desatará como en otras oportunidades una pueblada”, advirtió.
De la mano del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, se estima que otras 60 empresas públicas podrían sufrir el mismo destino que el Banco Nación y YCRT. En ese ministerio, el área de privatizaciones quedó a cargo de Diego Chaher, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.