El actual gobierno de ultraderecha se lanzó a reestructurar el Estado y todo el sistema normativo público y privado, atacando, recortando y destruyendo derechos en todos los órdenes de la vida. Se trata de un “profundo cambio de régimen” -definen desde la CORREPI- que busca la destrucción de los consensos democráticos y que ya se cobró las vidas de 549 personas asesinadas por el Estado desde la asunción de Milei el 10 de diciembre de 2023. La proyección indica que la actual gestión es la más letal desde que empezó el seguimiento de casos.
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) había pautado la presentación de su informe anual para el miércoles 12 de marzo, pero la suspendió para sumarse para acompañar la convocatoria de jubiladas y jubilados.
En consecuencia, la difusión del informe se realizó a partir del día siguiente en su web y redes, al mismo tiempo que toda la militancia -la CORREPI incluída- se encontraba enfocado en los efectos y consecuencias del salvaje operativo represivo ordenado por el gobierno de ultraderecha.
Para colaborar en la visibilización del informe, desde Indymedia Argentina lo replicamos en nuestro sitio web y destacamos algunos de los puntos más importantes.
Represión, tortura y muerte bajo el régimen de Milei.
Después de lo de ayer, estas imágenes sólo fueron la antesala de una escalada represiva. Las consecuencias de la política de este gobierno sólo puede traer más violencia y represión.https://t.co/OVzNPNF0nA pic.twitter.com/YPbX0TlDQb
— CORREPI (@CORREPI) March 13, 2025
El informe anual 2024 de la situación represiva y la actualización del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal lleva como título “Represión, tortura y muerte bajo el régimen de Milei”.
“Cambio de régimen”
Años atrás, durante el gobierno de la Alianza Cambiemos con Mauricio Macri presidente y Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, desde la CORREPI aseguraban que de la mano del más brutal ajuste conocido desde 1983 se había instalado “un verdadero estado de excepción no formalmente declarado, con suspensión de derechos y garantías”.
“Era difícil, entonces, imaginar una situación peor, pero el gobierno de La Libertad Avanza, encabezado por Javier Milei y Victoria Villarruel, al que se incorporaron como ministros en las áreas clave de Seguridad y Defensa Patricia Bullrich y Luis Petri de Juntos por el Cambio, lo lograron”, señalaron desde la Coordinadora en la apertura del informe.
“Desde el primer minuto, se lanzaron a reestructurar profundamente el Estado y todo el sistema normativo público y privado. A fuerza de decretos, resoluciones ministeriales y leyes que, con poca resistencia, atravesaron el trámite parlamentario, vimos, en apenas un año, cómo buena parte de nuestros derechos en todos los órdenes de la vida eran recortados o destruidos”, afirmaron desde el organismo. “Simultáneamente, se redujeron o eliminaron las garantías que en otros tiempos nos permitían defenderlos y no quedó libertad democrática sin ser atacada”.
“No exageramos cuando definimos la actual situación como profundo cambio de régimen”, apuntaron.
“Las relaciones laborales, la salud, la cultura, la educación, la vivienda, los derechos de las niñeces, tercera edad, disidencias, mujeres, hasta el básico derecho a la alimentación se han reducido desde el 10 de diciembre de 2023. Estamos en el nivel histórico más bajo de consumo de leche, carne, frutas y verduras, de personas sin cobertura médica ni social, de estallido de gente precarizada y desocupada, en muchos casos arrojada a situación de calle, de destrucción de la pequeña industria, mientras un puñado ínfimo de especuladores incrementan exponencialmente sus ganancias”.
En este contexto “nos vienen quitando las herramientas y recursos para defendernos, que pese a todas las deficiencias en su implementación nos permitían, en alguna medida, garantizar la vigencia de esos derechos, a la vez que la ampliación de facultades de las fuerzas de seguridad y los nuevos protocolos de actuación optimizan la represión a cualquier manifestación de protesta”.
El DNU 70 y la denominada Ley “Bases” son las que iniciaron “la sistemática destrucción de todo el sistema de derechos y garantías que por tanto tiempo dimos por sentado”, plantearon desde la CORREPI. A ello se suman las iniciativas parlamentarias que ya han tenido sanción como las de reiterancia y la ley “antimafias”, que en realidad es anti-organización, que suspende los principios de legalidad, de inocencia y de responsabilidad, enfatizaron desde el organismo.
Las brutales consecuencias de estas medidas “justifican que definamos la etapa como cambio de régimen con sistemática destrucción de derechos y garantías”, aseguraron.
La más letal
Tras plantear el contexto general de las estrategias gubernamentales de destrucción de consensos democráticos y de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia -lo que llaman la “batalla cultural”, concepto proveniente de la tradición de los movimientos de liberación obreros y populares marxistas y anarquistas apropiados por el neofascismo contemporáneo, al igual que el término “libertario”-, detallar los decretos y resoluciones ministeriales y la complicidad del Congreso de la Nación para ejecutar la represión, el informe se centra en las consecuencias.
Esto es, los números.
Los números de los cuerpos asesinados que deja esta política tras de sí.
Desde que comenzó el gobierno de ultraderecha de Javier Milei y Victoria Villarruel, 549 personas fueron asesinadas a manos estatales. La proyección a cuatro años indica que la actual gestión como “la más letal” desde el retorno de la democracia formal a nuestro país.
En este contexto, una de las causas que más crecieron es la del gatillo fácil.
“El análisis de la cantidad de casos por gatillo fácil de las últimas gestiones ratifica que, como lo afirmamos hace más de 30 años, la práctica policial -y de las demás fuerzas- del fusilamiento de personas desarmadas en la vía pública tiene una relación causal directa con las políticas implementadas por cada gobierno”, señalaron desde CORREPI.
Durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, con la doctrina Chocobar y las resoluciones del Protocolo del uso de armas de fuego para las Fuerzas Federales y otras en la misma línea de Macri y Bullrich, hubo 511 asesinatos por gatillo fácil.
Apenas se derogaron las citadas resoluciones con la gestión del Frente de Todos, la cantidad cayó de forma importante, completando 416 durante esos cuatro años, casi 100 casos menos.
“Desde el 10 de diciembre de 2023, con la reinstalación y ampliación desaforada de ese tipo de protocolos de actuación sin límites para las fuerzas de seguridad, más la vocación de incorporar esos criterios como ley nacional a través de la reforma del Código Penal, en apenas 14 meses tenemos ya 143 fusilamientos de gatillo fácil registrados, con 120 en el curso de 2024 con una tendencia creciente”, apuntaron.
La otra gran causa de muerte sigue siendo estar bajo custodia: “estar preso es la primer causa de muerte a manos del Estado”, enfatizaron desde la CORREPI, que incluye en este recuento a las cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención, incluso patrulleros.
La diferencia a favor de las muertes bajo custodia era muy inferior 20 años atrás, al punto que estaba casi a la par del gatillo fácil. A lo largo de los años se fue ampliando, hasta llegar en los últimos años a triplicar los fusilamientos en la vía pública.
La CORREPI establece un paralelo entre el incremento de muertes bajo custodia y la híper-carcelación, que es el efecto del sostenido endurecimiento del sistema penal mediante reformas legislativas y cambios jurisprudenciales, que provocaron el paradójico efecto de que, aunque cayera el índice de delitos, se incrementara masivamente la cantidad de personas detenidas.
“Así, las cárceles están superpobladas por personas que no deberían estar presas, porque no hay peligrosidad, riesgo de fuga ni de entorpecer el proceso, sólo adhesión judicial a la política de incrementar la población carcelaria, y esta es una de las principales causas de la enorme cantidad de muertes intramuros”.
Femicidios de uniforme
Aunque la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil con su fuerte componente de control social, corresponde a víctimas varones -especialmente jóvenes y adolescentes, lo cual también se registra en el informe- la CORREPI advirtió que en un porcentaje importante los casos de víctimas mujeres se relacionan con situaciones de violencia machista y patriarcal.
En este contexto, en los 14 meses de gobierno de la actual gestión, la Coordinadora registró 19 muertes de mujeres a manos de miembros de las fuerzas, de los cuales 10 caracterizan como femicidios.
Esa cifra convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal, apuntaron desde el organismo.
La violencia del Estado
“La represión estatal, en todas sus formas, no es producto de errores sueltos, abusos individuales y ni siquiera de ‘fuerzas fuera de control’. Es una política de Estado que se vincula directamente con las necesidades del sistema capitalista en materia de control social y disciplinamiento”, recuerdan desde la CORREPI.
Pero sobre ese telón de fondo inamovible en el marco de una sociedad dividida en clases, “operan otros factores, que determinan –o condicionan fuertemente- la manera en que se descarga la represión en un momento y lugar concretos”.
En este 2025 que estará signado por crecientes luchas, “insistimos en la vigencia y urgencia de nuestra Agenda Urgente Antirrepresiva”, señalaron desde el organismo. “Sabemos bien que reclamar su cumplimiento al gobierno del ajuste, el gatillo fácil y la represión es poco promisorio, pero no vamos a bajar las banderas que levantamos hace décadas, porque nuestro objetivo es que estos reclamos se conviertan en demandas sociales colectivas que alguna vez nos permitan reducir, al menos, los resultados más letales de la represión estatal”.
Invitamos a leer el informe completo que compartimos a continuación (también se puede descargar del sitio de CORREPI):