Francisca Fernández Droguett es militante feminista y socioambiental, parte del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) de Chile. Realiza un recorrido del modelo económico extractivo, la privatización del agua y el trabajo de las organizaciones sociales, pueblos indígenas y campesinos. Afirma que los bienes naturales deben ser gestionados por los pueblos.
Por Mariángeles Guerrero.
Francisca Fernández Droguett es militante feminista, socioambiental, docente y antropóloga chilena. Es parte del Movimiento por el Agua y los Territorios en Chile (MAT), que aglutina a unas 100 organizaciones a nivel plurinacional. También integró la Coordinadora Feminista 8M, se desempeñó como perito de la Defensoría Penal Pública en causas indígenas y asociadas a la defensa de mujeres y migrantes; y fue asesora en el proceso de debate de la nueva Constitución que se vivió en Chile entre 2021 y 2022. En el marco de la defensa de los bienes comunes en el sur del mundo, enhebra conceptos como “feminismo”, “justicia ambiental” y “plurinacionalidad”. También brinda su perspectiva sobre los desafíos que tienen los gobiernos progresistas del continente ante el avance del extractivismo norte-sur y las promoción de “falsas soluciones”.
“Hay tres elementos que permiten sostener la vida: el agua, las semillas y la energía. Ninguno debiese tener condición de propiedad, porque al privatizarlos o al generar una condición de propiedad, se impide sostener y cuidar la existencia de los pueblos”, define.
Una de sus banderas de lucha es por el derecho agua. Este bien común está privatizado en Chile. La Constitución de 1980 y el Código de Aguas de 1981 —sancionados durante la dictadura de Augusto Pinochet— junto con sus reformas de 2005 y 2011, y la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, definen al agua como un bien nacional de uso público, pero a la vez establecen un sistema de reparto para el uso del recurso a través de la asignación de Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DDA), que son intercambiables en el mercado.
Aunque el Estado puede regular los DDA bajo ciertas circunstancias críticas, éstos son entregados a privados a perpetuidad y con carácter heredable. No conllevan costos para sus propietarios y no existen causales para su revocación. Además, en Chile el acceso al agua no está consagrado como un derecho humano, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, Costa Rica, México y Brasil, en línea con la Resolución 64/292 de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El MAT surgió en 2013 en un encuentro llamado “AguAnte la vida”, que organizó el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OCLA). Allí nació la necesidad de conformar un espacio para la lucha antiextractivista, desde donde pensar alternativas y, puntualmente, trabajar en pos de la desprivatización del agua. Utilizan, explica Fernández Droguett, la categoría “plurinacional”, entendiendo que reúne a distintos pueblos en articulación transversal desde el norte al sur del país.
Además de los aspectos normativos en relación con el agua, el agronegocio, el modelo forestal, la acuicultura y la megaminería son amenazas concretas a este derecho. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2018 (citados en este informe de las Naciones Unidas) señala que, en 2017, la agricultura, la minería y la industria manufacturera representaron casi el 80 por ciento de las extracciones de agua totales en el país trasandino. Estas actividades, además, contaminan las aguas. Es el caso del agronegocio en la zona central y del perjuicio que genera la actividad minera en los glaciares, de los que deriva el 70 por ciento del agua para consumo humano.
“El agua en Chile literalmente se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar. Hemos dado la lucha ante las empresas tanto nacionales como trasnacionales. Los bienes comunes, tanto sociales como naturales, han sido privatizados y nuestra lucha ha estado vinculada al conflicto extractivo: en el norte contra la megaminería, en el centro y sur contra el agronegocio, en el sur contra el modelo forestal”, describe Fernández Droguett.
—¿Qué estrategias se dieron para abordar el derecho al agua en los territorios?
—Entre 2019 y 2020 hicimos más de 60 cabildos por el agua en los que participaron casi 2.000 personas proponiendo cómo podíamos pensar una gestión comunitaria del agua, entendiendo que es un bien común que no tiene que tener condición de propiedad. Es un bien inapropiable, de bienestar de los comunes. Lo entendemos como un derecho humano pero también como un derecho de la naturaleza. Es así que nos fuimos acercando al concepto del agua como parte de la dimensión de la naturaleza, como sujeta de derecho, aspecto que ha sido parte del debate constitucionalista o del Nuevo Constitucionalismo que se dio en Bolivia y en Ecuador. Por otra parte, propusimos la gestión por cuencas y subcuencas, el resguardo y la recuperación de prácticas ancestrales y el ejercicio de la gestión colectiva. Por ejemplo, de las obras sanitarias que están vinculadas al saneamiento de las aguas. Luego de una revuelta social que fue muy importante y que coincidió con los cabildos, hubo una primera experiencia de Convención Constitucional, donde un tercio de sus integrantes, por lo menos, eran de movimientos sociales y territoriales.
—¿Qué lugar tuvo el derecho al agua en el debate constitucional entre 2021 y 2022?
—Fue algo sin precedentes. Desde el Movimiento por el Agua y los Territorios tuvimos seis constituyentes y levantamos una iniciativa de norma popular por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares. Fue una de las propuestas más votadas. Si había casi 400 artículos en esa propuesta constitucional, más de 77 estaban vinculados a la defensa de la naturaleza, de las aguas, al reconocimiento y la importancia de la agroecología y de la agricultura campesina y familiar. Desgraciadamente se perdió esa votación por la desinformación y porque se impuso tardíamente la votación obligatoria. Desde el MAT hemos seguido pulsando desde la lucha territorial y la incidencia institucional por la desprivatización del agua. Pero lo más importante es recalcar que también trabajamos en la construcción de alternativas. Trabajamos fuertemente la soberanía y autodeterminación alimentaria, energética y de gestión comunitaria de las aguas, políticas y éticas de los cuidados y circuitos cortos de economías territoriales. Son las bases desde donde nos vamos organizando de maneras múltiples y muy diversas.
—Si bien se perdió la votación de esa reforma, ¿considera que algo de ese proceso permeó en la política chilena, en términos de los derechos de la naturaleza?
—Quizás uno de los mayores aportes haya sido que hablar de los derechos de la naturaleza o de la desprivatización del agua hace unos años era algo muy desconocido. Obviamente hay mucho dolor y pena frente a una oportunidad histórica que tuvimos y que no fuimos capaces de hacer una lectura más profunda del proceso, pero al mismo tiempo poco a poco ha devenido en sentido común y podemos decir que se ha transversalizado muchísimo la defensa del agua, de los territorios y la situación de la crisis ecológica y climática que debemos superar. Poder plasmar la necesidad urgente de que el agua sea entendida como un derecho humano y como parte de la gestión ecosistémica de la naturaleza es algo que hoy es mucho más conocido, que ha generado mucho más sentido y movilizaciones. Las propuestas no son algo que hayamos cerrado con el capítulo constitucional, sino que las seguimos profundizando.
—¿De qué manera?
—Por ejemplo, levantamos juicios éticos feministas por la justicia climática y realizamos talleres de los mismos temas. Como somos organizaciones territoriales que nos aunamos en un movimiento, estamos constantemente movilizadas y atentas para denunciar, para movilizar, incidir y transformar. Logramos transversalizar una sensibilidad, generar que algunos temas se apropien más desde el sentido común. Algo que hace una década era impensable, hoy ya no es así. Nos queda sin duda un largo camino porque la privatización de los bienes comunes naturales está en directa relación con la intensificación y perpetuación de las políticas neoliberales. Por eso también planteamos una disputa al modelo neoliberal.
—Es lo que está pasando regionalmente. En Argentina hay funcionarios, (como el diputado neuquino Marcelo Bermúdez), que cuestionan que el agua sea un derecho humano.
—Totalmente. Hay tres elementos que permiten sostener la vida: el agua, las semillas y la energía. Ninguno debiese tener condición de propiedad, porque al privatizarlos o al generar una condición de propiedad, se impide sostener y cuidar la existencia de los pueblos. Por eso hemos hecho una fuerte campaña tanto local, pero también internacionalista, de entender que estos son los pilares fundamentales de los cuidados de los pueblos y de la naturaleza. Hoy estamos en un momento muy peliagudo del avance de la ultraderecha, que nos recuerda claramente lo que en Chile vivimos de manera más temprana con las políticas neoliberales en la década de los 80. Pero que se sigue replicando y aún más en Argentina, intensificando en un corto tiempo.
—¿Cuáles son las condiciones necesarias en una comunidad para avanzar hacia proyectos de gestión comunitaria del agua?
—Las condiciones necesarias para que una comunidad pueda avanzar hacia proyectos de gestión comunitaria del agua, por ejemplo en Chile, es obviamente derogar el Código de Aguas que ha privatizado el bien común. Para que el agua realmente esté en manos de la administración y control de la comunidad, y en resguardo el equilibrio ecosistémico, tiene que haber un reconocimiento del agua como derecho humano pero también como un derecho de la naturaleza para no dar cuenta de la gestión solamente en clave del consumo humano sino también del bienestar de la naturaleza, del equilibrio ecosistémico y de la restauración. En definitiva, las condiciones necesarias son: la desprivatización, el fin de la política extractivista y el control y administración por parte de los pueblos, tanto a nivel rural como urbano.
—¿Qué es para usted la justicia climática?
—Es una justicia que entrelaza la justicia social, la hídrica, la ecológica y la climática. Es una justicia en pro de una recuperación, regeneración y restauración de la naturaleza, pero además entendiendo a la humanidad como parte de la naturaleza. La justicia ambiental no es indistinta de la parte social, sino que están interrelacionadas porque la humanidad es eco e interdependiente con la naturaleza. La justicia ambiental es la superación de esta falsa díada entre naturaleza versus humanidad, entendiendo una justicia para la humanidad, para los pueblos, para los territorios en comunión con la propia naturaleza. Eso implica una justicia que se esté pensando más allá del extractivismo y de una crítica absolutamente radical al capitalismo, en tanto sistema-mundo que ha sido una de las principales entidades a nivel político, económico y social generadora de ecocidios y terricidios.
—¿Cómo ve la posibilidad de incorporar la agenda socioambiental de cara a las elecciones en Chile de este año?
—Es complejo porque todos los sectores que se han ido movilizando, y en general la política institucional vinculada al plebiscito constitucional de 2022, tiene absolutamente restringida la posibilidad real de que los pueblos, las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales sean partícipes. Hay una estructura fuertemente partidista respondiendo a los intereses económicos y empresariales del país. Somos los pueblos y los movimientos sociales los que vamos colocando la agenda socioambiental, presionando e incidiendo en el ámbito institucional.
—¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los gobiernos progresistas de la región en relación al extractivismo?
—Los gobiernos progresistas de la región tienen el principal desafío de asumir una radicalidad respecto a la ruptura extractivista y también de las falsas soluciones. Por ejemplo, diseñar un conjunto de políticas institucionales y leyes que realmente estén a favor del cuidado, poniendo en el centro la vida y no las ganancias. Lo veo muy limitado porque los gobiernos progresistas no solo en algunos casos han intensificado el extractivismo y lo han incentivado, sino que hoy también están encabezando proyectos de falsas soluciones: complejos eólicos, fotovoltaicos, explotación del litio y de hidrógeno verde. Todo en el marco de seguir perpetuando las ganancias y una mirada absolutamente colonial. Los gobiernos progresistas tienen un gran desafío de apostar a un cambio estructural. Eso implica una transformación en la matriz productiva, energética y de consumo. Deben realmente asumir una perspectiva de superación del extractivismo.
Repensar los territorios en clave feminista y plurinacional
Fernández Drogguet invita a pensar la transformación de los territorios en clave plurinacional y apuntando hacia la justicia climática, haciendo énfasis en los derechos de la naturaleza. Señala que el extractivismo es equivalente al patriarcado y explica el impacto que ese modelo tiene en los cuerpos feminizados y cómo incrementa el trabajo relativo a los cuidados. Desde esa perspectiva, en septiembre pasado participó del encuentro “Renaturalizar las ciudades”, en Rosario.
—¿Qué significa “renaturalizar las ciudades”?
—Como Movimiento por el Agua y los Territorios trabajamos la noción de circuitos de economías territoriales. Para disputarle al capitalismo neoliberal tenemos que consolidar economías territoriales solidarias que reivindiquen una forma de adaptación y de armonía con los ciclos de la naturaleza, pero sobre todo rompiendo con falsas dualidades. Por ejemplo, la dualidad rural-urbano. Para sostener las alternativas al extractivismo y al capitalismo la base es la alianza campo-ciudad, entender que somos espacios históricamente interrelacionados. La ciudad no puede vivir sin el campo y el campo requiere de diálogo, de flujos con la ciudad. Así que levantamos el concepto de ruralizar lo urbano, con huertas familiares, con huertas en los espacios públicos, en los barrios; pensando el cuidado de las semillas y del cuidado del espacio público desde una dimensión ecosistémica. Hablar de renaturalizar las ciudades está en esa clave: ruralizar, plantar, entender la especificidad de la naturaleza como parte de la gestión y de la planificación del territorio urbano. Pensamos en ciudades que estén situadas en términos ecosistémicos, que estén pensadas no solo desde la articulación y la planificación urbanística sino también desde la naturaleza. Pero también en los espíritus, en los saberes, en los haceres, en la dimensión de la memoria ancestral que tiene el territorio, ya no solo las personas sino la naturaleza en sí misma. Es una ética y política de los cuidados, por eso lo vinculamos con la idea de aguas-semilla-energía. Eso no es solamente un tema rural, sino que también es profundamente urbano.
—¿Qué ejemplos hay de estas experiencias?
—Hay experiencias maravillosas en distintos países, con alianzas de agroecología urbana, por ejemplo en las favelas de Brasil. Durante la pandemia hubo una alianza muy importante entre el campo y la ciudad de entrega de semillas para proveer de alimento. Luego ese alimento proveía a una red de abastecimiento popular, que a su vez sostenían los comedores populares. Es tener esta mirada interrelacionada vinculándolo con la economía territorial, con los cuidados, con la defensa del territorio-naturaleza, en el marco de la ciudad.
—¿Cómo caracteriza el cruce entre la agenda feminista y la agenda socioambiental?
—El extractivismo, en esta política colonial de cosificación, explotación y mercantilización de la naturaleza, opera de la misma forma en cuanto a la cosificación, mercantilización e instrumentalización de los cuerpos feminizados: mujeres, niñas y disidencias. El extractivismo también es patriarcado. La megaminería, el agronegocio, el modelo forestal y la explotación petrolera son espacios que re-patriarcalizan los territorios. Por ejemplo, la minería está en directa relación con el aumento de la trata de personas y de la explotación sexual. El extractivismo precariza aún más nuestras vidas: con trabajo precarizado, con falta de trabajo y aumentando los cuidados. Porque ya no es solo cuidar la casa —que es un mandato que tenemos las mujeres—, la familia o los enfermos, sino cuidar un territorio devastado y sin agua. Los cuidados se intensifican, la violencia política y sexual se intensifica, y a la vez opera dentro de la misma lógica de explotación de los territorios y de los cuerpos. Hemos logrado construir otros referentes dentro de los feminismos: feminismo campesino, feminismo popular, feminismo comunitario o decolonial. Algunas veces los hemos llamado ecofeminismo; otras, feminismos ecoterritoriales. Desde esa perspectiva hemos logrado sostener que tanto la lucha por la semilla o por la energía de los pueblos tienen que ser también demandas feministas. Aún falta bastante caminar en ello. Pero lo que nos parece esencial de los feminismos comunitarios es la defensa del cuerpo-tierra-territorio, cuerpo-agua-territorio como parte de las demandas fundamentales de crítica al sistema patriarcal. Hemos hecho un andar bien interesante donde nos entendemos como feministas, pero con los pies en la tierra, pensando en nuestras propias dinámicas organizativas y en nuestros contextos de memoria histórica desde los territorios.
—En la práctica cotidiana, ¿cómo construir una mirada decolonial de la naturaleza? ¿Cómo aprender de la plurinacionalidad?
—Desde el Movimiento por el Agua y los Territorios pensamos lo plurinacional como una coexistencia, como el apoyo mutuo entre pueblos originarios, afros, migrantes, sectores campesinos y sectores populares. No reducimos lo plurinacional a lo indígena, sino a lo originario, a lo afro, a lo migrante, a todos los distintos flujos de prácticas, de saberes, haceres y sentires que los pueblos vamos encontrando en los territorios. Pensar una ciudad en clave de la plurinacionalidad es, por ejemplo, tener en cuenta la importancia de la vivienda mirando al sol, la posibilidad de entender que el ciclo natural del territorio es con la llegada del sol. También es preguntarnos por qué tenemos que plantar pasto si tenemos la posibilidad de plantar hierbas medicinales o alimentos. Es cambiar una lógica que está pensada para un bienestar muy occidental, no vinculado con los ciclos en un período de crisis climática, ecológica y social. Esta dimensión de lo “pluri” implica recuperar esos saberes pero recrearlos en el marco de las propias vivencias. El descolonizar implica asumir nuestros mestizajes desde lo descolonizador y no desde lo criollo en positivo. Es pensar en ciudades donde habitan pájaros, donde habitan espíritus, donde son fundamentales los centros ceremoniales de los pueblos originarios, pero también los espacios donde hacer fiestas, donde construir comunidad, donde encontrarnos. Ciudades en las que los comedores populares estén en directa relación con las semillas que se están sembrando y la comida que se está cultivando. Es la posibilidad de pensar en barrios generando sus propias energías y no estas falsas soluciones con grandes complejos eólicos o fotovoltaicos. Es pensar en esa multidimensionalidad. Y el feminismo también ha pensado eso, desde la economía feminista situada: redes de abastecimiento popular, organización de comedores populares, limpieza de canales y cuidado de las semillas.