El viernes por la tarde, la agroexportadora Vicentin SAIC decidió el cierre de sus plantas en Ricardone y Avellaneda, en el sur y el norte de la provincia de Santa Fe, respectivamente. Es el último episodio en la larga saga de la crisis artificial de la empresa, construida para garantizar la impunidad de sus dueños tras la multimillonaria estafa al Estado nacional en complicidad con el gobierno de Mauricio Macri y la fuga de esos capitales.
La crisis que arrastra Vicentin desde fines de 2019, cuando en los últimos días de la gestión macrista declaró la cesación de pagos argumentando una situación de “estrés financiero” que derivó en su posterior convocatoria de acreedores, sumó este viernes un nuevo capítulo. El directorio decidió frenar toda actividad industrial y cerrar dos importantes plantas, ubicadas la primera en Ricardone, una pequeña localidad lindante con San Lorenzo y parte del cordón industrial del Gran Rosario, y la segunda la histórica fábrica en Avellaneda, junto a Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe.
Mediante un escueto comunicado interno, el directorio informó que la decisión se tomó “ante la imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad, y en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta”.
En este contexto, se procedió al “cierre seguro” de todas las plantas en operación en Ricardone y Avellaneda, “con la convicción de que para la conservación de la empresa, en este momento se impone la conservación de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible”.
La “incertidumbre” del “proceso judicial” al que se refiere el directorio tiene múltiples aristas. La más destacada en los últimos tiempos es la reciente detención de Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, cuatro de los principales responsables de la empresa por ser parte de una asociación ilícita dedicada especialmente a la defraudación. Una noticia impactante que fue oportunamente invisibilizada por la mayoría de los mismos medios hegemónicos que clamaban “todos somos Vicentin” cuando el Estado nacional intentó intervenirla en 2020.
Pero en realidad el directorio se refiere a su principal idea fija: que el Poder Judicial rehabilite su plan de impunidad, que tras el fracaso de la intervención avanzó bajo la forma acuerdo preventivo con el amoroso tratamiento del juez Fabián Lorenzini, pero que luego naufragó en la Corte Suprema de Santa Fe.
El 18 de febrero pasado, el máximo tribunal provincial consideró que la propuesta de pago presentada por la compañía vulneraba el principio de igualdad entre acreedores y revocó la homologación del acuerdo preventivo de Vicentin.
Este viernes, la empresa volvió a usar una de sus principales cartas: usar a los trabajadores como rehenes, para exponerlos como ejemplo de su crisis económica artificial.
Ya lo vino haciendo en el pasado reciente: entre el 11 y el 14 de enero, sufrió una huelga por negarse a pagar la suma extraordinaria o bono acordada por los gremios aceiteros del sector, la Federación nacional y el SOEA San Lorenzo.
El 25 de febrero, el gerente de recursos humanos de Vicentin, Carlos Iglesias, puso en duda el pago de los salarios en una reunión con los representantes de ambas organizaciones gremiales, y luego la empresa pagó sólo el 30%, lo que desató un nuevo conflicto que se resolvió con un compromiso, acordado el 18 de marzo, de regularizar el pago de las remuneraciones.
Al mismo tiempo, Vicentin intentó que la Corte Suprema de la Nación, que atraviesa su propia crisis, voltee el fallo de la Corte santafesina, y vio que cuatro de sus principales directivos fueron detenidos y no lograron que se les conceda la libertad, algo inimaginable para el nivel de impunidad que las familias del poder están acostumbradas a manejar. En este contexto toman ahora la decisión de iniciar este lock out “por etapas” con el cierre de las plantas.
El secretario general del sindicato de los obreros aceiteros de Reconquista y obrero de Vicentin Avellaneda, Leandro Monzón, contó al periódico regional Reconquista Hoy que el gerente de recursos humanos le avisó al caer la noche del viernes que “lo único que seguirá funcionando es la caldera”, porque abastece de energía también a otras industrias que están dentro del Parque Industrial de Vicentin, como Buyanor y Friar; “y por ahora no dan más información”. Explicó que vaciar los fermentadores lleva entre dos y tres días.
Por su parte, desde el Sindicato Aceitero de San Lorenzo (SOEA) señalaron que “la situación es grave. Este adjetivo para la descripción no nos pertenece, sino que ya ha sido mencionado por la empresa, por los veedores y por la sindicatura”, y agregaron: “La situación procesal de la empresa y de sus directivos es también harto conocida”.
En relación a la actuación gremial, puntualizaron que “al día de la fecha los salarios de febrero han sido abonados”, y que “debemos esperar hasta el día martes para el cumplimiento del pago de los salarios de marzo”.
“No vamos a tomar ninguna medida hasta que respecto a los trabajadores haya un incumplimiento”, sentenciaron.
