Boletín de informaciones educativas actualizado al 21.4.2025.
Los gremios nucleados en CONADU Histórica llaman a un cese de actividades de 48 horas para el martes 22 y el miércoles 23 de abril, coincidiendo con el aniversario de la gran Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública realizada en 2024.
En tanto, los agrupados en CONADU definieron llevar adelante clases públicas en el marco de una jornada de protesta y visibilización del conflicto el martes, y parar solo por 24 horas el miércoles. Todos coinciden en reclamar la apertura de la paritaria salarial.
Por Mario Hernandez.
Desde CONADU Histórica explican que esta medida de fuerza se da en el marco del plan de acción gremial en reclamo de la inmediata apertura de la paritaria salarial, clausurada por el gobierno nacional desde el 7 de octubre de 2024. Afirman que en marzo sus sueldos recibieron un 0% de aumento. Advierten que el salario de la docencia de las Universidades Nacionales sigue en picada, ya que mientras la inflación acumulada llega a 197% (desde que asumió Milei), la actualización salarial fue del 68% al 86% (según el cargo).
En tanto, desde CONADU señalan que ante la falta de convocatoria a paritarias y con una inflación muy por encima de las promesas del gobierno, su Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU) resolvió una jornada de visibilización del conflicto para el martes y un paro sin asistencia a los lugares de trabajo con movilización junto a les jubilades para el miércoles, al cumplirse además un año de la primera Gran Marcha Federal Universitaria.
Además, los y las representantes de los 23 gremios de base que conforman CONADU definieron adherir al acto del 30 de abril convocado por las centrales sindicales de trabajadores en conmemoración al 1° de Mayo y proponer al espacio del Frente Sindical de las Universidades la organización de una Marcha Federal Universitaria en la segunda quincena de mayo.
“La inflación nos manda más al fondo. La situación salarial de nuestros compañeros y compañeras se vuelve insostenible, y especialmente a las universidades pequeñas y medianas del país les espera un panorama todavía más oscuro para el segundo semestre. No hay plata para llegar a fin de año con cierta normalidad en el desarrollo de las tareas académicas y de investigación”, expresó Carlos De Feo, Secretario General de CONADU.
¡Atorrante!
El dirigente peronista, Juan Grabois, comentó que él les dice a sus compañeros: “Vas todos los días, y cumplís el horario entero y te rompés el orto y si no al paredón. Y si no, sos un traidor a la patria, sos peor que Milei. Si vos, que tenés una responsabilidad con los pobres de la tierra, que es estar todo el día en el hospital y todos los días en el aula, no la cumplís, y encima tenés un rango de dirección, está todo mal.”
Para Grabois los culpables del vaciamiento y crisis educativa no son los docentes. Por eso pide paredón para los trabajadores. Ni Milei y Espert se animaron a tanto.
Compartimos el poema de la artista y docente Nora Bruccoleri a propósito de los brutales dichos de Juan Grabois que se viralizaron en las redes sobre las y los trabajadores de la Educación y de Salud
Paredón
Y no el del tango sur
paredón y después.
Al paredón que mata
nos mandó
un cretino
a maestras, maestros
médicas y médicos
a trabajadoras
y trabajadores
al paredón sí
leen bien
a fusilarnos
si faltamos
al aula
o al hospital.
Hay que ser
más infeliz
como dice
en su canción
Víctor Jara.
Incalificable
el que no nombraré
no merece eso
nombrar
es dar esencia.
Este escrito
tiene la intención
de traer el arte
de Francisco Goya
y disparar palabras
ahora y después
para que no se olvide
porque mandar
al muere
a quienes
somos pilares
de la salud
y de la educación
es una afrenta
que se ajusticia
con memoria.
Nora Bruccoleri
Plaga de ratas en la escuela Técnica N° 8 Jorge Newbery de La Matanza
El 9 de abril, en el grupo de WhatsApp de los profes un mensaje advertía que había caca de ratas en la caja donde se dejan las planificaciones anuales, ese mismo día, bien temprano, otra profesora vio pasar un roedor, cuando entraba en la sala de profesores. El viernes siguiente no se podía están en la sala de profesores.
La situación no es nueva, el 4 de abril y luego de que circularan videos de ratas en distintos lugares de la escuela, se realizó una asamblea docente junto a delegados del Suteba por la preocupación y la convicción de no querer naturalizar la falta de higiene a raíz de la falta de 10 auxiliares (que debería designar el Consejo Escolar) y las respuestas parciales e insuficientes por parte del equipo de conducción.
El Consejo Escolar había sido comunicado por medio de una nota pública firmada por los profesores, el 25 de marzo, donde también se exigía que se informe a la docencia la metodología de la desratización, ya que se realizaron varias, sin efecto alguno para erradicarlas definitivamente, y las indicaciones para el cuidado de la comunidad. Esta asamblea de docentes decidió realizar una charla para los chicos ese mismo viernes.
Los alumnos reunidos en el patio, en el horario de la salida, recibieron una charla informativa de concientización sobre salud y cuidados, respondiendo a las reiteradas consultas y preocupaciones manifestadas por estudiantes y familias, ante la presencia de roedores (vivos y muertos) y la persistente plaga de palomas en el establecimiento.
Se comunicaron los aspectos fundamentales vinculados a esta situación de emergencia sanitaria, constatada y denunciada al Consejo Escolar de La Matanza, por vía jerárquica y el 26 de marzo, con una nota pública, ya que esta situación implica un riesgo real para la comunidad educativa.
Los roedores pueden transmitir enfermedades graves (leptospirosis, hantavirus, salmonelosis, tularemia) y las palomas, a su vez, son portadoras de afecciones infecciosas (criptococosis, histoplasmosis, ornitosis), además de ácaros y parásitos perjudiciales para personas con defensas bajas o afecciones respiratorias.
El equipo directivo reaccionó solicitando descargos por escrito a los docentes involucrados después de la actividad del viernes con los alumnos. Esta actitud se enmarca en una política más general que busca enfrentar a los docentes con la comunidad, diciendo que “No hay plata” para educación. Siendo que la prioridad debería ser operar para liberar de plagas la escuela y la creación de cargos auxiliares.
Estos cargos de auxiliares que no se designan sobrecarga a los trabajadores que no pueden dar abasto en una escuela tan grande, con tanta cantidad de alumnos.
Sabemos que plata hay, que es una decisión política de ajuste del intendente Espinoza y gobernador Axel Kicillof que utilizan los mismos métodos que Milei en el marco de un desfinanciamiento histórico, porque también vemos la eximición de impuestos que se le hace a los grandes empresarios como MercadoLibre siendo su beneficiario Marcos Galperín.
Esta situación también se da frente a declaraciones del dirigente político Juan Grabois, que se expresó contra los derechos a licencias de los trabajadores proponiendo “paredón” para los maestros que sostienen la educación día a día en condiciones parecidas a estas, en grados hacinados, en medio de cierres de cursos, recarga laboral y medidas como las tomadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires de descontar los días de paro a la docencia o mandarlos a trabajar enfermos.
En este contexto el lunes 14 se realizó una reunión con padres y madres que decidieron, antes de ir al Consejo Escolar hablar con los directivos.
Plantearon que quieren una solución de fondo y están dispuestos a que se suspendan las clases ya que lo ven mejor a que un niño sea mordido por una rata o se enferme ante ambas plagas.
Se están juntando firmas en el siguiente petitorio (aquí) entre algunas de las iniciativas para ser escuchados y visibilizar la situación y la semana entrante, familias y docentes movilizaran al Consejo Escolar.
Violencia en las escuelas: la respuesta demagógica de Kicillof a la comunidad educativa
Por Nathalia González Seligra y Nadia Alessandrelli
Estos días conmocionó en las escuelas los casos de violencia entre estudiantes como el de Maschwitz, Mar del Plata y Laferrere. Ante esto el gobierno de Kicillof envió a las escuelas una “Carta a la comunidad educativa bonaerense”. Sin ninguna propuesta concreta que resuelva o intente abordar estas problemáticas. Hacen demagogia mientras desfinancian la educación pública. Para enfrentar las políticas de ajuste, de todos los gobiernos que empujan a la decadencia y la violencia social, necesitamos unirnos trabajadores de la educación, estudiantes y familias.
El miércoles recorrió los grupos de whatsapp de las escuelas una “Carta a la comunidad educativa bonaerense” (se puede leer acá) firmada por la Dirección General de Cultura y Educación. Como es costumbre escriben documentos, comunicados y cartas que cuando las leemos el debate entre las y los docentes es si alguno/a de los que escribe conoce la realidad de nuestras escuelas o quizás viven en un mundo paralelo.
En ella se plantea que la “escuela no es neutral”, en relación a la violencia, pero no ofrece ninguna explicación de por qué se da esta violencia. Efectivamente, la escuela es una caja de resonancia de lo que pasa en la realidad: los discursos de odio, el hostigamiento y bullying, el mal uso de redes sociales; pero sobre todo de la crisis económica, social y la pobreza que golpea a todas las familias trabajadoras irrumpe en las escuelas, las condiciones de vida precarias ponen a los estudiantes en una situación de vulnerabilidad que al no tener resolución se buscan atajos para sobrevivir en una desigualdad social cada vez más aguda. La principal violencia la ejerce el Estado Nacional y provincial generando que 7 de cada 10 niños/as y jóvenes sean pobres, así los priva de un presente de disfrute de la vida y de una perspectiva de futuro. Esto se profundiza con los últimos anuncios devaluatorios de Caputo y la inflación de marzo que pegó un fuerte salto llegando al 3,7 por la suba.
En la carta hablan de la intervención del Estado o el “Estado presente”, el eslogan peronista que le gusta decir al gobernador Kicillof. Sí, está presente para bancar a los grandes empresarios que se enriquecen como vemos en nuestro distrito a Galperín (dueño de Mercado Libre) exento de impuestos y contratando a nuestros estudiantes de manera informal y por dos mangos. Pero para las demandas de las comunidades educativas que venimos haciendo distintos reclamos no hay respuesta, ni presencia.
Las escuelas territorios de precarización y desfinanciamiento
La carta continúa: “En una sociedad que tiene sus grandes instituciones desprestigiadas, y avanza en la disolución de los lazos sociales, la escuela persiste en su tarea de enseñar, unir, abrazar y contener: la escuela es el único lugar donde me preguntan cómo estoy”, nos dijo una estudiante en un reciente encuentro educativo” (p. 3). Otra vez la demagogia y el doble discurso de “valorar la escuela”, cuando desfinancian la educación mientras ponen un RIGI (Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas) provincial para mejorar la rentabilidad de los empresarios como lo hicieron a nivel nacional también. Ni hablar de la cantidad de dinero que se destina a el pago de la deuda externa ilegal e ilegítima, que ahora tiene un nuevo capítulo con el préstamo que le pidió el gobierno de Milei al FMI. Plata hay, necesitamos que la pongan en educación, salud, salarios y vivienda.
La demagogia también se puede ver en los discursos de los medios de comunicación y de todos los gobiernos que se encargaron de defenestrar a la escuela pública y el trabajo docente. La escuchamos a CFK hace unos años diciendo que los docentes “trabajamos poco” y tenemos 3 meses de vacaciones, en su última disertación dijo que hay que premiar el presentismo, también a Grabois haciendo responsable a los docentes de la crisis educativa, o el gobernador Kicillof que pasó del dicho al hecho descontándonos el día por los paros y sancionándonos cuando es nuestra herramienta para visibilizar, enfrentar el ajuste y es un derecho, nada que envidiarle a Vidal. De esta manera, intentan dividir a los trabajadores de la educación de las familias, enfrentarnos, porque saben que nuestra alianza es poderosa para enfrentar las políticas de ajuste de los gobiernos.
Las familias conocen que los trabajadores de la educación sostenemos la escuela pública, compramos los materiales, juntamos dinero cuando alguna familia necesita un medicamento, estamos en la primera línea de organizar cuando las comunidades educativas se inundan, organizamos junto con la comunidad la compra de pintura para que nuestras escuelas (que se caen a pedazos) se vean un poco más lindas, compramos agua para tomar algo en la jornada escolar cuando las escuelas están sin agua, y así podemos dar millones de ejemplos, somos los que abrazamos y escuchamos en los momentos difíciles (la estudiante que citan en la carta no nos deja mentir).
Los salarios de pobreza, las medidas de ajuste y el avance de la crisis social, cargan a los docentes con más responsabilidad, trabajamos dos o tres cargos para llegar a fin de mes, (así es que se ve afectada nuestra salud mental también). Y trabajamos con estudiantes que sus familias salen a laburar todo el día, si es que consiguen trabajo o alguna changa, cuando no son los propios estudiantes los que trabajan para poder llevar un plato de comida a su casa. Es urgente enfrentar estas condiciones de ataque al pueblo trabajador dándole continuidad al importante paro nacional del 10A.
Más presupuesto para salud mental, menos para penalizar a la juventud
Cuando se manifiestan los padecimientos de la juventud en la escuela la pregunta es: ¿Cómo ayudamos más si no hay recurso? ¿Cómo acompañamos a los/as estudiantes en sus padecimientos subjetivos si no podemos conseguir un turno para psicología? La respuesta de la carta es que los trabajadores de la educación nos hagamos cargo de todas las cuestiones que el estado no le garantiza a las familias en relación a la salud.
Nosotras diariamente desde los Equipos de Orientación en las escuelas cuando acompañamos a las familias de estudiantes con padecimientos, nos encontramos con los relatos de “no tengo obra social”, “fui a las 4 am a la fila del hospital, pero cuando llegué a la ventanilla no había más turno, tengo que volver el mes próximo”.
En La Matanza, según datos del municipio, entre todos los niveles educativos hay 438.507 estudiantes y, aproximadamente entre 12 y 15 centros de salud que atienden salud mental. Estos datos generales permiten dar cuenta de que no alcanza, sumado a la falta de presupuesto y que aumentan las situaciones de padecimientos subjetivos a medida que se profundiza la crisis social.
Los centros de salud mental están abarrotados, sacar un turno puede llevar meses de espera y hay una sola guardia de 24hs estallada (Hospital Paroissien) los demás lugares tienen “guardias integradas” (como dicen en este informe oficial de abril 2025) con algunas franjas horarias de atención psicológica. En las salitas o CIC de los barrios cuentan con servicio de Psicología, pero es pocas veces a la semana, hay entre uno y dos profesionales que no pueden abarcar toda la demanda. Así lo denuncian trabajadores de la salud municipales que vienen peleando por aumento salarial ya que una médica hoy está cobrando $650.000 y una enfermera $350.000, esto impacta en que los profesionales buscan otros trabajos para vivir y los que quedan están sobrecargados.
La carta hace mención especial a los padecimientos subjetivos, citamos: “Del mismo modo nos preocupa la salud mental de las y los estudiantes[…]construimos un programa que interviene sobre el padecimiento subjetivo en las escuelas. Junto al Ministerio de Seguridad, llevamos adelante el programa “Cuidar y proteger escuelas y comunidades” en distritos del conurbano bonaerense.” En sintonía con la agenda de la derecha de Milei y Bullrich, Kicillof sigue preocupado por no perder electorado en la provincia, orienta las soluciones a una salida punitivista, penalizando a la juventud.
Hace falta presupuesto para la salud como mencionamos arriba, no para seguridad como vienen haciendo en la PBA ($ 1.700 millones para patrulleros y balas) . La resolución del problema de la violencia en nuestra sociedad no va a venir de la mano de la policía que es la que persigue a los pibes y las pibas en los barrios, la que lleva adelante el gatillo fácil, o la que nos reprime cuando nos manifestamos como hace con los jubilados.
Fortalecer la organización desde abajo
Desde las escuelas podemos fortalecer la unidad de estudiantes, docentes y familias para pelear por terminar con la desigualdad social y las condiciones de carencias que ofrecen hoy quienes gobiernan. Para ello las y los docentes podemos colaborar en la organización estudiantil, para poner en pie centros de estudiantes independientes de los gobiernos. Que sirvan para construir lazos de solidaridad y cooperación entre quienes compartimos los mismos intereses que somos los docentes y sus familias. Mientras peleamos por recuperar nuestros sindicatos para ponerlos al servicio de todas estas peleas.
El camino es el que siguen los trabajadores de la salud que también vienen enfrentando duros ataques a las políticas de ajuste de los distintos gobiernos y se vienen organizando como en el Garrahan, el Posadas, el Bonaparte, y en distritos como La Matanza los trabajadores de hospitales municipales.
Como mostramos en el paro del 10A los trabajadores somos los que movemos al mundo. Tenemos que coordinar las y los trabajadores de la salud y la educación junto a estudiantes para superar las políticas de tregua o medidas aisladas de los sindicatos y construir desde abajo la fuerza para imponer un plan de lucha que arranque el presupuesto que necesitamos para salud y educación, ningún despido, aumento generalizado de salarios y tomar en nuestras manos la planificación y organización de la salud, la educación, el trabajo en función de las necesidades de las infancias y juventudes de las familias trabajadoras.
La actividad fue el sábado 12 de abril de 13:00 a 20:00 en el Parque Rivadavia, ubicado en el barrio porteño de Caballito. Allí, trabajadores y trabajadoras investigadoras y científicas realizaron 27 charlas (una por cada letra del abecedario), stands, juegos y música. Fue una jornada de lucha en defensa del sistema científico argentino.
Festival en defensa del sistema científico-tecnológico
«Hacer ciencia en la Argentina ya no es solo un orgullo y un honor; es, hoy, un acto de resistencia contra quienes quieren destruir el sistema científico-tecnológico», señalaron en la convocatoria donde destacaron: «la lucha la damos en las calles y en unidad con otros sectores, pero también contándole al público lo que hacemos, y por qué es importante».
Festival Ciencia de la A a la Z, fotos: ATE Conicet Capital.
«Es una invitación a defender, públicamente y en unidad, la ciencia del país, desde la que busca conocer y mejorar la sociedad en que vivimos hasta la persona que desarrolla tecnología satelital y combate enfermedades endémicas en nuestro país», amplían.
Nadia Chiaramoni, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), se explayó sobre el evento: «estamos organizando esta acción de lucha, que llamamos ‘Ciencia de la A la Z’ con 27 charlas, una por cada letra del abecedario. Estamos organizando esto en respuesta a los ataques continuos que el gobierno de Javier Milei tiene contra todo el sistema científico tecnológico argentino. El abecedario es, simplemente, una excusa para mostrar, justamente, el amplio abanico de logros que tiene este sistema que está en constante ataque por este gobierno».
En ese sentido, Claudio Cormick, investigador asistente en el CONICET, alertó: «la situación actual se encamina hacia una nueva fuga de cerebros, o sea, hacia la pérdida de miles de recursos humanos generados con fondos públicos. Y esto por varias razones. La primera es que, por decisión política del gobierno, esto lo dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su exposición ante Diputados, se está bloqueando el ingreso de 845 investigadores e investigadoras del Conicet, cuyo ingreso fue aprobado en septiembre del 2023. Esa gente sigue sin tener su alta, después de más de un año y medio, desde que estos compañeros y compañeras fueron seleccionados para ingresar al organismo», denuncia.
«Otra razón – agrega – es que nuestros salarios están deliberadamente deprimidos, atrasados. Hemos perdido, como investigadores del Conicet, casi un 30% de salario real desde noviembre del 2023 hasta la fecha, lo cual, básicamente, es empujar a quienes no tenemos resto económico hacia fuera del sistema, a que nos vayamos a la actividad privada, a que nos vayamos inclusive a la actividad pública, pero en otros países».
Finalmente, remarca: «y todas estas cosas son pérdida de soberanía, pérdida de la posibilidad de implementar políticas públicas que requieren recursos humanos altamente formados en muchos casos para llevar adelante políticas estratégicas que los privados no van a implementar. Desde inversiones de vanguardia en el plano tecnológico hasta investigaciones que no son redituables, como quienes investigan enfermedades tratadas como chagas, etcétera, etcétera, o quienes investigan en Ciencias Sociales para enfrentar temáticas tales como el embarazo adolescente», enumeró Cormick.
Valeria Edelsztein agregó que «la situación del sistema científico tecnológico es una tragedia. Es catastrófica. Por ejemplo, la inversión en ciencia en 2024 se redujo un 33% con respecto al 2023. Y eso no es todo. En 2024, el sector científico tecnológico perdió 1055 trabajadores y trabajadoras y, además, proyectos claves del sector, como la construcción del prototipo de Karem, que se encaminaba a ser el primero de diseño y ejecución cien por ciento argentino, actualmente paralizados. Por todo esto, tenemos que seguir peleándola, seguir saliendo a las calles, seguir defendiendo a la ciencia argentina. No dejemos que la destruyan», concluyó.
Despidos arbitrarios en la Facultad de Psicología de la UBA
Se trata de una de las dos cátedras de la materia “Teoría y Técnica de Grupos” de la carrera de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Marcelo Percia fue titular en esa materia desde el 2009 hasta el año pasado, cuando asume la titularidad Cintia Rolón. El 20 y 21 de febrero informaron la no renovación de las designaciones de 4 docentes con más de 10 años de antigüedad. «Estos despidos arbitrarios se suman a los ya ejecutados por la gestión de Jorge Biglieri en la Facultad de Psicología UBA que no garantiza estabilidad laboral alguna al no habilitar concursos académicos», expresó el comunicado difundido en las redes sociales de la Revista Adynata, perteneciente al blog de la cátedra II de Teoría y Técnica Grupos (ex Percia).
Estos despidos arbitrarios en la facultad están vinculados ala no apertura de concursos docentes para las cátedras que no son “amigas” de la gestión del decano Biglieri. Esto genera que todas las designaciones docentes se renueven cada seis meses y, por lo tanto, que no haya ningún tipo de estabilidad. En dicha cátedra, las únicas dos personas concursadas eran Marcelo Percia y la actual titular, Cintia Rolón. Quien, en realidad, concursó para un cargo de jefa de Trabajos Prácticos (JTP), pero está ejerciendo como Titular (un cargo de rango superior).
La actual Titular pudo suspender las designaciones que quiso y echar a la gente. Como explicaron en el comunicado donde denunciaron estos despidos, especificaron que “estas desvinculaciones no se deben a poca matrícula en las inscripciones, sino en complicidad con la gestión, a una premeditación dirigida hacia eliminar una posición teórico-política desarrollada durante 18 años, lo que queda a la vista al expulsar a docentes cercanos al Profesor Marcelo Percia”.
Es una cátedra que es bastante particular y disonante dentro de la facultad: “Hace años que la carrera en general, desde el plan de estudios hasta la impronta que le pone la mayor parte de los profesores a cargo de las cátedras, busca formar profesionales destinados a la de una clínica del ámbito particular o privado. A diferencia de otras orientaciones que podría tener como, por ejemplo, en investigación, en atención comunitaria o en políticas públicas. Podría ser una carrera totalmente distinta, pero hay un gran foco en la clínica privada”, explicó la docente con cierto aire de preocupación.
Y siguió: “En ese sentido, esta cátedra viene a tener una especie de ruptura con bastantes posturas de la facultad porque apunta a pensar la clínica que acontece en los ámbitos de lo común. Se orienta hacia lo social, lo comunitario donde le interesa pensar ideas que sirvan para trabajar en espacios públicos, en hospitales, en centros de primera atención. También se dedica a hacerlo deseable, porque está inmersa en un contexto donde predomina, como dijimos, el profesional clínico de ámbitos privados” y tiene que discutir con esos preconceptos con los que el estudiante llega: “que el único deseo posible no sea el de ganar plata en un consultorio privado”.
Desde Grupos II, plantean que la salud mental no es un problema individual ni un problema de la vida privada, sino que de la comunidad. Es decir, un problema (o acontecimiento) público. En ese sentido, disputar la salud mental “tiene que ver con la politización de la vida cotidiana. Con darse cuenta, o tomar en cuenta, que hay una relación entre eso que yo vivo como mis sentimientos íntimos y privados con la política y la vida en común”.
“No es casualidad que una postura como esta se trabaje en Teoría y técnica de grupos. ¿Por qué? Porque se supone que los grupos serían espacios de encuentro, de producción de un común. Espacios privilegiados para reconocer esta dimensión política de lo vivido”, desarrolla la docente y da como ejemplo la conocida frase “lo personal es político” de Carol Hanisch, que surge de distintas mujeres que se encuentran a hablar sobre las cuestiones que le pasan, sobre problemas que tienen. Y cuando lo ponen en común, se dan cuenta que eso que vivían como personal, en verdad era político. “Eso tenía una dimensión política, pero a solas es imposible tomar dimensión de lo grupal y de lo común”.
Retomando sobre la orientación de la cátedra, la docente expone: “Quizás, una de las ideas centrales que sostenía el programa con Marcelo Percia, era el de que un común vivir que haría decir, poder pensar tanto nuestras políticas, nuestra salud, nuestras prácticas a partir de la idea de que no somos individuos (autónomos, emprendedores), sino que las vidas siempre están entrelazadas entre sí”.
Es decir, “las vidas viven y conviven con una fragilidad enorme, pero que no es un defecto que deberíamos combatir. Sino al revés, que es una fragilidad que es la condición de posibilidad de relacionarnos con les otres, que es simplemente condición de lo común” y, en esta línea reflexiona que “quizás lo más triste de esta nueva titular es que, por un lado, dio un paso atrás con muchas de estas discusiones volviendo a una perspectiva profesionalizante o tradicional de los grupos: ¿cómo hacer para estudiar técnicas, o sea, prácticas en grupos para lograr determinados objetivos y que solucionar determinados problemas?
Hay métodos y técnicas que sirven para lograr ciertos efectos, es verdad. Pero la idea de técnica nunca va a poder dar cuenta de esta potencia de lo común, de explorar esta dimensión frágil de la vida, esta potencia de lo colectivo, de imaginar nuevos posibles ¿Por qué? Porque a la idea de técnica le cuesta mucho dar con esta dimensión política”.
Por otro lado, hay algo de todas estas ideas anteriores que todavía permanecen en la cátedra (aunque de forma muy degradada), dado que la actual titular se formó con Percia. Lo que siguen denunciando los docentes despedidos es que estos despidos suceden en una cátedra que venía trabajando la politización de la vida cotidiana, trabajando sobre la precariedad de la vida y sus efectos y es ahora la titular la que echa a cuatro compañeros en pleno gobierno neoliberal. “Sabiendo que en nuestra profesión normalmente, la docencia es el único ingreso realmente fijo que hay y la fuente de una obra social”, desarrolla la docente.
Y amplía: “Se despidió a una persona que estaba a un año de jubilarse, a otra que es cabeza de una familia monoparental, la madre sola con su hijo y que estaba a punto de tener que renovar el contrato de alquiler y con la única garantía de sueldo era de su trabajo como docente. Otros compañeros estaban haciendo uso de la obra social para atender sus problemas de salud con turnos médicos programados, con tratamientos programados. Desde la misma cátedra que están tratando como una gran novedad el atender la precariedad de la vida, es la misma persona que está dando estos puestos a quienes son más afines a la gestión de Jorge Biglieri, de forma completamente autoritaria”.
Para finalizar, contó que las diferencias en la cátedra tienen larga data, siempre existieron estas diferencias teóricas. Desde que estuvo Marcelo Percia como titular, se buscaba la manera de que convivieran, dando lugar a las distintas voces. Lo que cambió con la actual gestión, según denuncian les docentes, y en contradicción con la línea teórica que dice sostener, es que se despidió a las personas para homogeneizar la cátedra por completo, eliminando la diversidad de opiniones e instalando dispositivos de control.
Por todo esto, les docentes se encuentran juntando firmas contra los despidos en la cátedra de “Teoría y técnica de grupos II”. Podés sumar la tuya ingresando al siguiente enlace.
Una docente secundaria condenada en La Pampa
Por Julián Varsavsky
Una docente de la ciudad de General Pico, en La Pampa capital, Ana Cecilia Contreras, fue condenada por un episodio en el que los padres de una alumna judía la acusaron de “maltrato” a la adolescente por un mero comentario en una clase sobre derechos humanos, cuando alguien hizo una consulta sobre la masacre ocurrida en Israel el 7 de octubre de 2023. La condena implica una multa de $913.800 por “maltrato psíquico”.
Según el juez Boga Doyhenard, “los comentarios ofensivos atribuidos a la imputada en la denuncia existieron en el contexto referido por la estudiante y sus compañeras”. En la denuncia, el padre de la adolescente sostuvo que la docente, “aun teniendo conocimiento del origen israelí de su hija, de haber vivido su infancia allí, de tener familia y amigos en la zona del conflicto”, afirmó que “el presidente de Israel es una persona de derecha y, por lo tanto, tenía ideas retorcidas; que lo que estaba haciendo el grupo Hamas estaba bien, acerca de la matanza de civiles e infantes; que todo el que vivía en Israel era un genocida o terrorista; y que todo era culpa del pueblo judío”.
La docente contó que los hechos fueron totalmente distintos: “Soy profesora de Filosofía y doy materias en el área de Sociales. Ese año, trabajábamos los 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina, dado que el Ministerio de Educación de La Pampa nos pidió profundizar en derechos humanos. Armé cuatro trabajos prácticos: el primero sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el segundo sobre la ONU, el tercero sobre terrorismo de Estado en Argentina y el último sobre memoria y negacionismo. Ese día, estaba dando el tercer tema. Para contextualizar, les expliqué que hay debates entre historiadores sobre si el terrorismo de Estado en Argentina puede considerarse un genocidio. En medio de la clase, una alumna preguntó si eso tenía relación con lo que pasaba en Medio Oriente. Los chicos empezaron a hablar de un video de TikTok que habían visto: era una imagen muy perturbadora, una chica herida en la fiesta cerca de Gaza. Todo había sucedido hacía muy poco, y les dije que, primero que todo, teníamos que determinar si la imagen era real, lo que les digo siempre cuando usan TikTok como fuente. Les expliqué que las guerras son complejas y que la situación en Gaza era trágica para todos los civiles.”
—Recién entonces sucedió el episodio que originó el juicio.
—Sí, ahí comencé a explicarles que el país se había originado tras la caída del Imperio Otomano y que se trataba de una zona donde las principales religiones de Occidente tenían lugares sagrados, lo que generó (y sigue generando) numerosos conflictos. Y que el mapa de Palestina se fue reduciendo, mientras que el de Israel se expandió. Y que la tensión llegó a tal punto que, mediante resolución de la ONU, Palestina reconoció al Estado de Israel. Sin embargo, hasta la fecha, Israel no ha reconocido de manera recíproca a Palestina. En mi reflexión, mencioné lo trágico que resulta este conflicto para todos los involucrados. En las guerras, los civiles son quienes más sufren. La población palestina, en particular, es muy joven: hay muchos niños, y los niños no son terroristas. Esta realidad me parece profundamente triste. Nunca dejé de mencionar que, así como Israel tiene un presidente de ultraderecha —cuyo anuncio de respuesta tras el 7 de octubre evidenciaba el riesgo de genocidio y limpieza étnica (conceptos que profundizaron el año siguiente en Antropología)—, también se venía una oleada de antisemitismo en paralelo. En ese momento, mi alumna de origen israelí levantó la mano y dijo: ‘Pero Hamas quiere eliminar todo lo judío’. Yo le respondí: ‘Sí, en su carta fundacional está ese llamado’. Consideré en ese momento que había tenido espacio para decir lo que pensaba y que su profe se lo había ratificado. Luego de eso, pidió permiso para ir al baño y, para cuando retornó a los minutos, tocó el timbre. Cuando volví a mirarla, estaba abrazada a su compañera de banco, Isa, a la cual le pregunté: ‘¿Está todo bien?’. Y me dijo: ‘Sí, profe, andá’. ¿Dónde está el hostigamiento en todo esto? ¿Y cómo terminé con una carátula de violencia psicológica sin que la fiscalía haya solicitado siquiera una pericia psicológica? Un caso basado en lo que sostiene su psicóloga y una cámara Gesell, que es un instrumento de recolección de un testimonio que tiene como objetivo no revictimizar, no una prueba certera de una situación.”
Según Contreras, durante la cámara Gesell la chica dijo cosas que nunca pasaron: “que yo sabía que era judía y que la hostigaba por eso, que hablé mal de su hermana (que había sido mi alumna años antes), que cuestioné su religión porque le pregunté por qué no comía jamón durante meses de darle a algún compañero sus sanguches, e incluso inventó que le había dado un codazo. Nada de eso es real. Su padre ya tenía un historial de conflictos con la escuela. Quería ser presidente de la cooperadora, se metía en decisiones pedagógicas y antes había denunciado a otra profesora. En el juicio, una compañera de mi alumna declaró a mi favor, diciendo que el padre actuaba por rencor por una nota baja que le puse a su hija mayor años atrás. El juez dictaminó que yo ‘justifiqué a Hamas’ y apoyé la matanza de civiles israelíes. Pero lo único que hice fue confirmar un dato histórico: que en la carta fundacional de Hamas hubo un llamado a la violencia (que después se modificó). Estos son datos históricos comprobables; yo no di mi opinión personal ni defendí a ningún grupo. Ahora, mi condena se basa en testimonios manipulados. La familia mezcló todo: desde supuestas marchas feministas (que nunca organicé) hasta acusaciones de adoctrinamiento. Pero lo más doloroso es que una discusión pedagógica se convirtió en un juicio mediático. No sé cuánto debería enfatizarlo, pero esa alumna era, de hecho, una de mis alumnas más queridas (sus notas eran todos 10). No solo destacaba académicamente, sino que también era emocionalmente inteligente y muy afectuosa. Le encantaba hablar sobre el Medio Oriente.”
—Usted había sido amenazada antes por el padre.
—Ya me había dicho que me iba a denunciar luego de una clase de ESI a la que asistió la hermana mayor y en la que se propuso la visualización de la película XXY. Ese año había un alumno muy maltratado por estar atravesando su transición, y por lo cual yo decidí trabajar identidad de género. Este conflicto se resolvió por los canales habituales que tiene la escuela para estos casos y quedó en el ámbito educativo, pero para el padre resultaron insuficientes y sostuvo que la próxima vez que pasara algo habría denuncia.
De alguna manera, a Contreras la acusan de politizar el aula. Ella se defiende diciendo que solo siguió las consignas del Ministerio: hablar de derechos humanos, democracia y memoria. Pero en un contexto donde cualquier debate se lee como toma de posición, “terminé siendo la cara de algo que no elegí; hoy, lo único que pido es que se respete la ley: que la justicia no invada las aulas, que los docentes podamos trabajar sin miedo y que las palabras no se conviertan en armas. Durante 13 años enseñé en espacios relativos a la filosofía y las ciencias sociales. Hoy no solo soy una profesora condenada, sino que mi caso sienta un precedente peligroso para todos mis colegas.”
El juez contravencional de General Pico, Maximiliano Boga Doyhenard, condenó hoy a la docente Ana Cecilia Contreras a la pena de 60 días-multa, equivalente a $913.800, por ser autora de la figura de maltrato psíquico a una adolescente.
La sanción está prevista en el artículo 121, inciso 1° del Código Contravencional de La Pampa. En cambio, la absolvió de las contravenciones previstas en los artículos 95 y 96, inciso 3° del Código, por no haber acusación de la fiscalía.
El magistrado le impuso a la imputada una interdicción de cercanía respecto a la víctima (una alumna de cuarto año), consistente en la prohibición de toda forma de comunicación y/o contacto con ella —aunque ya no es docente y no la ve hace dos años— por el plazo de un año. Además, le aplicó una amonestación y la exhortó a que no vuelvan a repetirse “hechos de esta naturaleza”.
Contreras quedó obligada a asistir al seminario “Convivencia y participación escolar: el proceso de una construcción grupal”, propuesto como oferta formativa por el Ministerio de Educación, de carácter gratuito y dictado en forma virtual por la Universidad Nacional de La Pampa, de la cual es docente, “con la finalidad de modificar los comportamientos que han incidido en la realización de las conductas por los que fuera condenada”.
Miles de firmas en apoyo a la docente Ana Contreras
Ya son más de 6.000 las firmas en apoyo a la docente Ana Contreras, exigiendo su absolución. Entre quienes firmaron se encuentran personalidades como María Adela Antokoletz, vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la artista y cineasta europea Alex Reynolds, investigadores del Conicet como Juan Kornblihtt, Pablo Alabarces y Macarena Marey y otras personalidades como Sergio Maldonado, Vanina Biasi, Christian Castillo, Alejandro Bodart, Alicia Castro y trabajadores del ámbito académico de todo el país, entre muchas otras firmas.
«Entre las firmas hay amas de casa, una policía y uno que me encantó porque puso que simplemente era «ser humano pensante», me encanta la diversidad que tienen las firmas, además de muchos profes que he tenido de Córdoba y Buenos Aires», comentó Ana actualizando su situación y las repercusiones al difundirse su problemática.
Entre las firmas algunas se destacan de manera particular. La artista y cineasta europea Alex Reynolds, quien recientemente retiró su corto Horizontal del BAFICI denunciando el sesgo sionista del mismo. Reynolds no es la única personalidad del cine que apoya a Ana. «Por ahí sirve contar que mis amigues de cine como Cine club Rata estuvieron ayudando a pensar como difundir», comenta. También firmó el crítico de cine Roger Koza.
Francisco Marull Decano Facultad Ciencias Económicas y Jurídicas UNLPam (Universidad de La Pampa) se encuentra también entre los firmantes, al igual que la ex rectora de la Universidad, Verónica Moreno. También Paula Hunzinker directora de la Escuela de Filosofía, y Eduardo Rinesi ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, firman el formulario.
Betina Rivero concejal del FITU en Palpalá, Jujuy, Dante Patrignani secretario de DD HH de la CTA de Bahía Blanca, León Alexis Nicanoff diputado provincial de La Pampa, Liliana Olivero ex legisladora en Córdoba de Izquierda Socialista FITU y Víctor Giavedoni Movimiento popular pampeano por los DD HH, son algunas otras de las firmas que acompañan el pedido de absolución de Ana.
Enlace al comunicado y formulario para firmar la adhesión
La justicia falló a favor de los Centros universitarios en las cárceles
Por Irina Hauser
En contra de la resolución del Ministerio de Seguridad, que limitó las posibilidades de las personas privadas de la libertad de seguir carreras universitarias en las cárceles federales, el juez Mariano Iturralde hizo lugar parcialmente a un habeas corpus colectivo presentado por la Procuración Penitenciaria y le ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que permita que los/las estudiantes permanezcan en los centros educativos “durante el tiempo que resulte necesario para el estudio autónomo y demás actividades extracurriculares propias de su formación académica”. La resolución de la cartera de Patricia Bullrich, publicada el 25 de marzo, tenía dos aristas: prohibía el funcionamiento de Centros de estudiantes en las cárceles federales y, además, la permanencia en los lugares de estudio por fuera del horario de clase -como quien dice: si quieren estudiar que lo hagan en su celda. El primer punto fue diferido por el magistrado para cuando dicte la sentencia de fondo, y el segundo fue rechazado en forma contundente.
La resolución de Bullrich es parte de una política más amplia que pretende llevar el sistema carcelario a adoptar características de endurecimiento y castigo similares a las que aplica el presidente Nayib Bukele en El Salvador. La resolución que busca restringir el acceso a la educación universitaria usa esta justificación: que “la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales, como así también aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes”. Dice que es una forma de “compensar los recursos invertidos por el Estado en un tratamiento penitenciario efectivo” y recuerda una resolución que obliga a realizar “las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes”.
Educación, clave para la reinserción
El juez Iturralde sostuvo que “un examen serio y realista sobre el contexto de especial vulnerabilidad en el que se encuentra el colectivo a favor del cual se han requerido las cautelares, no puede ignorar que, al momento actual, nos encontramos en pleno ciclo lectivo y que la aplicación, lisa y llana, de la resolución ministerial N° 372/2025 en cuanto acota el acceso de la población penitenciaria a los espacios de estudio solo al tiempo del dictado clases, tiene entidad para ocasionar serios obstáculos y retrasos en la carrera académica”. “Considerar –advirtió– que el proceso de aprendizaje (y enseñanza) se limita a las horas-cátedra de conocimiento impartido por un docente contraría los estándares de un proceso educativo de calidad, con igualdad de oportunidades y posibilidades -máxime cuando hablamos de un nivel de educación superior- para todos/as los/as habitantes de la Nación y que no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, de conformidad con las leyes nacionales que garantizar y regulan este derecho a la educación”.
Rodrigo Borda, abogado de la Procuración Penitenciaria (PPN), recordó que el funcionamiento de centros universitarios en contextos de encierro “es una de las políticas penitenciarias más importantes y efectivas que el Estado argentino ha desarrollado para promover la reinserción social de quienes han cometido un delito”. “Pretender boicotear esa política pública, que se desarrolla dese hace más de 40 años, resulta muy arbitrario y regresivo, desde una perspectiva de derechos humanos”, dijo. También remarcó que es una decisión “injustificada” si lo que se pretende es evitar que los presos reincidan en el delito”, agregó. Explicó que la resolución que obliga a las y los privados de la libertad a cumplir horas de trabajo, estipula cinco horas diarias. “Más allá de que nos parece que no se puede priorizar ese trabajo de baja calidad por sobre los estudios universitarios, esas cinco horas no son incompatibles con que el resto del tiempo los presos vayan al centro universitario”.
Junto con la PPN se presentaron también en el habeas corpus la Defensoría General y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Macarena Fernández Hofmann, Coordinadora del equipo Política criminal y violencia en el encierro del CELS, explicó que quienes son parte de los centros universitarios en cárceles “se ocupan de infinidad de tareas, más allá de tomar las clases, que permiten que se sostenga los centros universitarios. Por ejemplo, tareas administrativas en el enlace entre la universidad y las personas privadas de libertad, acceso a materiales, apertura y limpieza del lugar. Los centros universitarios “además de usarse para cursar se usan para estudiar porque es imposible hacerlo en un pabellón”. Recordó que el juez dijo que las autoridades del SPF tienen que presentar un plan de contingencia junto con la UBA respecto, por ejemplo, del tiempo a utilizar los centros de estudios.
En algunas presentaciones individuales, los presos y sus defensores explican que las restricciones los afectan a ellos “en términos educativos y desfavorece su reinserción social”, pero también afecta el mantenimiento del lugar y a los profesores que asisten a dictar clases. Uno de ellos, por ejemplo, dijo que había terminado el Ciclo Básico para la carrera de Derecho pero que con el nuevo contexto tuvo que anotarse en Económicas porque no le daban el cupo de materias. El Centro de estudiantes se ocupa, a menudo, de facilitar las inscripciones y los trámites a las y los internos. La misma persona denunció que les cerraron la biblioteca “no pueden acceder al material de estudio”.
Insólitos argumentos
Para suprimirlos, el ministerio de Bullrich alegó que no existe registro ni reconocimiento oficial ni legal de los Centros de estudiantes, por lo tanto, el razonamiento es que no tienen nada que hacer. Señala la existencia de tres, en la cárcel de Devoto y en el penal de Ezeiza. El SPF no tiene, dicen, ninguna normativa para su existencia. Desde esa perspectiva, no hay nada de que discutir.
El otro argumento más que llamativo que sugieren en dos párrafos de su presentación, es que aspirarían a disponer de esos lugares para mandar presos de comisarías (ya es conocido el problema de la superpoblación y de las fugas). “De lo expuesto surge en forma clara de si es o no necesaria la existencia de un espacio físico habilitado por el Servicio Penitenciario Federal, en el marco de la crisis pública y notoria en cuanto a plazas carcelarias amerita un marco cognitivo por demás amplio ajeno tanto al habeas corpus, como a las medidas cautelares”, dice el ministerio. Pensado en estos términos, si es por la ministra y su equipo, los espacios de estudios universitarios podrían perfectamente dejar de existir. Es un razonamiento bastante curioso si el plan es disminuir la violencia y la delincuencia. Es evidente que ambas empeoran cuantas menos herramientas se les ofrezca para rehacer su vida a las personas privadas de la libertad y evitar la reincidencia. Es ya parte de la experiencia que estudiar en la cárcel baja de manera notoria la posibilidad de volver a cometer delitos.
Pero el plan en la cabeza del Gobierno parece ser el encierro eterno y para la mayor cantidad de delitos. Lo más sorprendente es que en este contexto, el modelo a lo Bukele empiece a encontrar abonados en sectores importantes del Poder Judicial. Esta semana, el máximo tribunal penal del país, la Cámara de Casación Penal Federal, firmó un fallo plenario para avalar la constitucionalidad de la llamada Ley Petri, de 2017, que establece que para quienes están condenados por delitos ligados a la comercialización y tráfico de drogas, no puede haber libertad condicional ni salidas anticipadas, nunca jamás. No importa la condena, el caso, la buena conducta ni ninguna particularidad. Es impactante que los jueces (con la disidencia de Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Juan Gemignani) toman un caso y deciden que así se debe aplicar a todos los de drogas, a la vez que dejan de lado otros delitos como los homicidios.
Dámaso Centeno: “Siluetazo” contra el negacionismo
Organizaciones de Derechos Humanos, docentes y estudiantes se congregaron frente al Instituto Dr. Dámaso Centeno para repudiar al director del establecimiento, el coronel Juan Sancho Vilarullo, quien el pasado 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, difundió un “meme” que reivindicaba al dictador Jorge Rafael Videla.
“La defensa de la democracia es una tarea de todos los días. En momentos en que desde el gobierno nacional se instalan discursos de odio que habilitan este tipo de expresiones, llamamos a todas y a todos a estar muy atentos y a repudiar siempre en forma pacífica, toda expresión negacionista y golpista, para que el Nunca Más sea Nunca Más”, dijeron.
Fuentes: Anred, La Izquierda Diario, Página/12, Red Eco Alternativo