Las estadísticas del horror social y económico que viven trabajadores, jubilados y pobres argentinos.
Por Mario Hernandez
El 80% de los argentinos tienen ingresos por debajo de la canasta básica para una familia tipo. Salarios y jubilaciones por el piso. Pobreza. Informalidad. Pérdida de empleos.
1 de cada 5 trabajadores argentinos es pobre
Cada 17 de octubre en las efemérides aparece el día “Internacional para la Erradicación de la Pobreza”. Según los últimos datos oficiales que rescatan Laura Caullo y Federico Belich del equipo económico de la Fundación Mediterránea, el 21,6% de los ocupados no logra superar la línea de pobreza. En términos absolutos, eso equivale a unos 4,5 millones de personas sobre un total de 21 millones de trabajadores. Tener empleo, en muchos casos, ya no alcanza para garantizar un nivel de vida digno.
La pobreza refleja, en buena medida, la fragilidad del mercado laboral. Entre los desocupados, la incidencia trepa al 58,9%, lo que muestra el impacto directo de la falta de empleo sobre la vulnerabilidad social. Pero el dato más preocupante es otro: tener trabajo ya no exime de la pobreza, especialmente cuando se trata de ocupaciones informales o de baja productividad.
Entre los inactivos (quienes no trabajan ni buscan hacerlo, por edad, estudio o desaliento), la pobreza alcanza al 35,2%. Dentro de este grupo conviven dos realidades: los adultos mayores, amparados por un sistema previsional con alta cobertura, y los niños y adolescentes, el segmento más afectado, con una incidencia del 45,4% entre los menores de 14 años. La Asignación Universal por Hijo (AUH) llega hoy a más de 4 millones de chicos, lo que ayuda a contener la indigencia, aunque no siempre logra sacar a sus hogares de la pobreza.
El eje del problema no pasa solo por tener empleo, sino por la calidad del empleo. Entre los trabajadores independientes no registrados, el 40,5% son pobres; entre los asalariados informales, el 37,5%. En contraste, los independientes registrados (monotributistas o autónomos) presentan una tasa de pobreza del 12,3%, y los asalariados formales del 9,7%. Incluso dentro del empleo formal persisten sectores de bajos salarios, como el servicio doméstico, donde la vulnerabilidad sigue siendo alta.
La pobreza laboral se concentra en ramas de baja productividad y en provincias donde más de la mitad del empleo es informal, como Tucumán (58%), San Juan (57%), Salta (52%), Santiago del Estero (52%) y Formosa (52%). Esta heterogeneidad explica por qué la recuperación económica reciente no se tradujo en mejoras homogéneas del bienestar.
El desafío es repensar el vínculo entre crecimiento, empleo y pobreza. Argentina necesita generar más puestos de trabajo, pero sobre todo, empleos formales y productivos. La creación de empleo precario puede mejorar las estadísticas de ocupación, pero no resuelve el problema estructural de los ingresos laborales insuficientes.
En este contexto, las políticas activas de empleo, la formación técnica y la transición hacia la formalidad adquieren un rol clave. Invertir en capacidades y promover la contratación formal no solo mejora los ingresos, sino que reduce las brechas de vulnerabilidad. La articulación con el sector privado es fundamental para impulsar empleos de mayor valor agregado.
Erradicar la pobreza exige mucho más que asistencia social: requiere una estrategia sostenida para expandir el empleo formal, elevar la productividad y fortalecer las capacidades laborales. Un mercado laboral más dinámico no solo mejora los indicadores sociales, sino que también refuerza la estabilidad y la capacidad de crecimiento del país.
Casi la mitad de los argentinos trabaja en la informalidad
Por Gladys Stagno
De acuerdo con un informe sobre empleo e ingresos, “el 49,9% de los ocupados son cuentapropistas o asalariados no registrados”. Además, el 28% de los trabajadores es pobre, el 4% es indigente y un tercio trabaja más de 45 horas por semana.
El gobierno de La Libertad Avanza ya cumplió veinte meses y sus consecuencias empiezan a mostrarse en el mercado laboral. Al menos así lo indican los números.
El informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) y el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma (IEF-CTA) advierte que “la tasa de desocupación abierta se incrementó del 6,9% al 7,9%”, mientras que la subocupación saltó “del 9,4% al 10%”.
La precarización es la norma
Lejos del relato oficial de crecimiento y estabilidad, los números exponen que, de las 21,2 millones de personas que forman parte de la población económicamente activa (PEA) en la Argentina, 1,7 millones están desempleadas.
Haciendo un zoom sobre la situación de los que tienen trabajo, la situación no mejora. Entre los ocupados, el 72,7% (14,2 millones) trabaja en relación de dependencia, pero entre ellos “5,2 millones no han sido registrados”. “Por otra parte, hay un 23,5% de trabajadores por cuenta propia, que equivale a 4,6 millones de personas, entre las cuales la mayor parte son informales”, detalla el informe.
Como consecuencia, la suma de cuentapropistas y de asalariados no registrados “supera actualmente al total de asalariados registrados (formales)”.
Este corrimiento del empleo hacia la precarización ha redundado en pérdida de derechos y caída de ingresos. En números —medidos al cuarto trimestre de 2024— “el 28% de los trabajadores y trabajadoras son pobres” y “el 4% son indigentes”. En otras palabras, aún teniendo empleo, millones no alcanzan a cubrir la canasta básica total, y casi 1 millón no logra siquiera alimentarse.
Sector privado, sector público: la misma tragedia
En el sector privado, “entre septiembre de 2023 y julio de 2024 se destruyeron 174.014 puestos de trabajo registrados” y la tenue recuperación posterior apenas reincorporó a 31.206. El saldo sigue siendo negativo: “todavía restarían incorporar a 142.808 asalariados registrados para volver a los niveles de agosto de 2023.”
Mientras tanto, desde el IPyPP y el IEF señalan que la motosierra de Javier Milei en el sector público se tradujo en la “incuantificable destrucción de capacidades técnicas que fueron formadas durante varios años” y en un retroceso mucho más intenso en la Administración Pública Nacional y empresas del Estado con “la pérdida de casi el 20% de los puestos de trabajo”.
Por otra parte, quienes conservaron el trabajo en el Estado vieron desplomarse sus salarios “más del 30% en menos de dos años”.
En el privado, la historia no es muy distinta: tras un fuerte retroceso inicial, los sueldos se estancaron “en niveles históricamente bajos”. El resultado es claro: los ingresos “perdieron su condición histórica de motor económico para reducirse a un ingreso de mera subsistencia”.
Vivir para trabajar
Ante la falta de estabilidad, tener muchos trabajos aparece como salvavidas. El IPyPP y el IEF explican que hacia fines de 2024 “el pluriempleo llegó a un pico histórico”, al alcanzar al 12,4% de los ocupados.
“La sobreocupación, por su parte, muestra otra cara del mismo proceso. Si se consideran los datos del 4to trimestre de 2024, se obtiene que casi el 30% de los ocupados (más de 5,8 millones) trabajan más de 45 horas semanales”.
La foto del presente es también un anticipo del futuro. Como advierte el informe, “este deterioro de las condiciones de empleo que afectan al conjunto de la clase trabajadora es una consecuencia buscada por el programa económico impulsado por el Gobierno”.
Una familia tipo necesitó 4 salarios mínimos en julio para no ser pobre
Un informe realizado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA) reveló que una familia tipo necesitó casi cuatro salarios mínimos en julio del 2025 para cubrir el costo de la canasta básica y no estar por debajo de la línea de la pobreza.
INDEC detalló en su último dato disponible de la Canasta Básica Total (CBT), correspondiente al séptimo mes del año, un valor de 1.149.353 pesos para un hogar con cuatro integrantes, compuesto por dos adultos y dos menores.
Por otro lado, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) del mismo mes analizado, rondaba los 317.800 pesos, por lo que, durante julio, hicieron falta casi cuatro salarios mínimos para poder cubrir los gastos que la canasta básica contempla para el consumo mensual de alimentos más bienes y servicios.
Según el relevamiento, una situación peor que la del 2001.
Desde el centro de investigación de CTA, detallaron en su análisis que “la comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación incluso peor que la del año 2001”. Agregaron además que “la brutal devaluación que marcó el inicio de la política económica del gobierno de Milei provocó una pérdida de alrededor de 30% en el poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil”.
Al momento de realizar un comparativo con las gestiones anteriores, detallaron que “la pérdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en agosto de 2025 en un nivel real que resulta 43,4% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos y 56,7% menor que noviembre de 2015”.
En esa misma línea, destacaron que “si el salario mínimo no hubiese perdido poder adquisitivo a lo largo de esta década, superaría actualmente los 740.000 pesos”.
Finalmente, el estudio señala que “esta fuerte reducción ha debilitado la relación entre el salario mínimo y los salarios efectivamente pagados: representa en la actualidad menos de una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado”.
Es así que sostienen, tras el estudio realizado, “el valor real del salario mínimo es inferior al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de la convertibilidad, marcando un retroceso histórico en su capacidad para reducir la desigualdad”.
Se perdieron 26.000 empleos desde que asumió Javier Milei en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
Un informe del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia señala en sus conclusiones que “La Patagonia Sur experimenta una crisis estructural multifacética, con pérdidas de empleo que superan el 9% en el agregado regional en el primer semestre de 2025, y; desde el inicio del Gobierno de Javier se han destruido 26,000 puestos de trabajo formales, que representan más del 13%de los empleos privados registrados”.
“Santa Cruz y Chubut están severamente afectadas por el declive de los hidrocarburos y las políticas energéticas fallidas, mientras que Tierra del Fuego depende de decisiones políticas sobre su régimen industrial. La recuperación observada en el segundo semestre de 2024 fue frágil y temporal, impulsada por factores externos (precios internacionales), mientras que la caída en 2025 refleja problemas profundos: falta de inversión, dependencia de recursos no renovables, y políticas nacionales contractivas”, agrega.
Finalmente señala que “Se requiere una diversificación económica urgente, inversión en infraestructura logística (ej: puertos en Tierra del Fuego), y políticas de consenso para evitar un colapso social irreversible”.
Análisis por Provincia
Santa Cruz: Crisis en el Sector Hidrocarburífero
Tendencia del empleo: Pérdida del 7.9% interanual (hasta junio de 2025). Caída más pronunciada en el primer semestre de 2025 (-6,000 puestos vs. diciembre de 2024). Pérdida de puestos de empleo desde diciembre de 2023: -10.700 puestos de trabajo registrados.
Factores explicativos: Declive en la producción de hidrocarburos: Santa Cruz, obtiene menos ingresos por regalías petroleras, fruto que experimenta una caída en la extracción de petróleo crudo (-4,7 % en el primer semestre de 2025 respecto de 2024) y gas natural (-1,4 % en igual período). Impacto en empleo: La salida de YPF y los “retiros voluntarios” en el sector petrolero (≈2,800 trabajadores) exacerbó la pérdida de puestos en hidrocarburos y también en la construcción vinculada a obras públicas paralizadas.
Tierra del Fuego: Incertidumbre en el Régimen de Industria Electrónica
Tendencia del empleo: Leve recuperación en el segundo semestre de 2024 (+3.2% interanual), pero caída en 2025 (-1.9% en el primer semestre). Respecto a diciembre de 2023 se registran -5.300 puestos de trabajo registrados menos. 6,000 empleos en riesgo debido a la eliminación progresiva de aranceles a importaciones de electrónicos.
Factores explicativos: Fin del régimen de promoción industrial: La medida del gobierno de Milei (eliminación total de aranceles para 2026) amenaza la viabilidad de las ensambladoras locales, que dependen de protecciones arancelarias.
Protestas y paros: La incertidumbre generó huelgas y un paro general en la provincia, con empresas comprometiéndose a evitar despidos hasta 2026.
Dependencia del sector electrónico: La manufactura de celulares, televisores y
acondicionadores de aire representa una porción significativa del empleo formal, pero su competitividad es baja frente a importaciones, el Gobierno Nacional vuelve a priorizar esta política en el proyecto de presupuesto 2026 enviado al Congreso.
Chubut: Crisis Persistentes sin Piso
Tendencia del empleo: Caída del -6.6% interanual (hasta junio de 2025). Pérdida de -10,000 puestos en el primer semestre de 2025 respecto a diciembre de 2024, sin
señales de recuperación.
Factores explicativos: Crisis petrolera regional: Chubut sufre despidos en yacimientos maduros, con “retiros voluntarios” que afectaron entre 4,000/5,000 trabajadores. Paralización de obra pública: La construcción retrocedió -20% interanual, impactando empleos directos e indirectos. Traslado de la inversión petrolera hacia la cuenca neuquina por mayor rentabilidad en la extracción de hidrocarburos no convencionales.
Acá podés leer todo el informe del Observatorio de Economía de la UNPSJB
Salta perdió más de 5.500 empleos registrados
Por Maira López
En los primeros 19 meses del gobierno de Javier Milei, la provincia de Salta perdió 5.504 puestos de trabajo registrados en el sector privado, lo que equivale a una caída del 4,3% del total del empleo formal.
La cifra fue difundida por la delegación salteña del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en su informe “Análisis sobre la situación del empleo registrado privado en Salta. Datos a junio 2025”, que da cuenta de una retracción más profunda que la registrada durante todo el mandato de Mauricio Macri, cuando en la provincia se destruyeron 1.492 puestos.
El documento, elaborado en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), muestra que sólo en junio de 2025 se perdieron 948 empleos formales, lo que representó una caída mensual del 0,8%.
“La trayectoria del empleo en los últimos años muestra una evolución marcadamente distinta según gestión de gobierno”, señaló el CEPA. Sobre todo, cuando la actual gestión de La Libertad Avanza impulsa reformas laborales de flexibilización, sostenidas bajo el argumento de que “en Argentina hace 10 años que no se genera empleo privado”.
Según el análisis, la destrucción de empleo durante la gestión de Milei más que triplica la caída del período de Cambiemos, y contrasta con la recuperación registrada durante el gobierno del Frente de Todos, que generó 11.559 empleos privados entre diciembre de 2019 y noviembre de 2023.
La construcción, la más afectada
El informe advierte que el impacto no fue uniforme. Entre el primer trimestre de 2024 y el primero de 2025, los sectores más golpeados en Salta fueron Construcción (-21,9%), Agricultura y Ganadería (-6,7%), Hotelería y Restaurantes (-4,7%), Finanzas (-3,2%) y Servicios Comunitarios (-3,1%).
“La construcción es el sector más afectado debido a la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública”, subrayó el CEPA. En la estructura provincial, la construcción representa el 10,8% del empleo privado, mientras que el comercio, con un 18,1%, es la principal actividad generadora de empleo.
A contramano del derrumbe general, el CEPA destacó leves crecimientos en Enseñanza (+2,2%) y Minería (+1,7%), aunque aclaró que el peso de este último sector “sigue siendo muy reducido: incluso con el crecimiento reciente, su participación es inferior al 4% del total de empleos privados”. Esto último pone en crisis las prioridades del gobierno provincial que tiene a la minería como uno de sus tres pilares en la creación de empleo, junto al turismo y la economía del conocimiento.
El informe también compara la evolución del empleo salteño con la del resto del país y ubica a la provincia dentro del grupo de jurisdicciones con caídas de hasta un 5% desde la asunción de Milei. En junio, 18 de las 24 provincias perdieron empleo formal privado. Entre las más perjudicadas figuran Chubut (-3.306), CABA (-4.554) y Córdoba (-932).
El mapa elaborado por el CEPA divide al país en tres grupos. Por un lado, un pequeño grupo que logró aumentar el empleo (Río Negro, Tucumán, Corrientes, Mendoza y Neuquén); otro, que incluye a Salta, con caídas de hasta 5%; y un tercero, con una situación más severa, en el que la pérdida supera ese umbral (Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Santa Cruz, entre otras).
Poder adquisitivo en disputa
En materia salarial, el CEPA observó que en junio de 2025 la remuneración promedio del empleo privado en Salta creció 2,9%, superando a la inflación oficial del mes (1,6%). Esto implicó una mejora de 1,3% en el poder adquisitivo. Sin embargo, advirtió que la medición del INDEC “ya no refleja de manera representativa el gasto real de los hogares argentinos”.
El Centro de Economía Política Argentina recordó en este sentido que el INDEC “aún utiliza la canasta de consumo de 2004/2005”, mientras que la actualización de 2017/2018 -que muestra un mayor peso de los servicios- sigue sin aplicarse. Si se usa esta canasta más reciente, la inflación acumulada hasta junio de 2025 sería 31,7 puntos más alta que la oficial (246,2% contra 214,5%), lo que llevaría a una caída del 5% del salario real respecto de noviembre de 2023.
“Es el precio de los servicios el que se incrementó sustancialmente desde la asunción de Milei: comunicación aumentó 287,1%; transporte, 240,0%, y vivienda, agua y energía, 375,0%”, reseñó el CEPA, al tiempo que concluyó que este encarecimiento “afecta seriamente el consumo de los hogares y limita la posibilidad de recuperación del poder adquisitivo”.
Una advertencia
El CEPA aclaró que «lejos de ser un período homogéneo, la evolución del empleo no fue ajena al modelo económico sostenido a nivel nacional”. Ante “un nuevo intento de apertura, liberalización y desregulación de la economía”, el Centro de Estudios advirtió que “resulta imperioso poner en el centro de la escena esta cuestión: el empleo no se genera con desregulación, sino con producción”.
En Salta, las cifras del empleo formal privado parecen dar testimonio de esa afirmación. A junio de 2025, el retroceso laboral acumulado en menos de dos años supera, por lejos, el deterioro de todo el período macrista. Una señal de alarma encendida sobre el rumbo económico nacional y su impacto en las provincias.
El 80% de los argentinos tiene un ingreso menor a $970.000
El informe del INDEC sobre ingresos en el segundo trimestre de 2025 muestra que 8 de cada 10 argentinos ganan menos de $970.000 por mes, mientras el 10% más rico concentra más de un tercio del ingreso total. Mientras tanto, el valor de la canasta básica total para una familia tipo en septiembre de 2025 fue de $1.160.780, mientras que la canasta básica alimentaria fue de $520.529.
El último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, correspondiente al segundo trimestre de 2025, reveló que la gran mayoría de la población ocupada percibe ingresos considerablemente bajos en comparación con el costo de vida.
De acuerdo con los datos oficiales, 8 de cada 10 personas que tienen ingresos en los 31 aglomerados urbanos del país cobran menos de $970.000 por mes. Este umbral corresponde al ingreso máximo del octavo decil, lo que significa que solo el 20% de la población supera esa cifra.
El valor de la canasta básica total para una familia tipo (dos adultos y dos menores) en septiembre de 2025 fue de $1.160.780, mientras que la canasta básica alimentaria fue de $520.529.
El cuadro difundido por el organismo muestra una fuerte concentración de la riqueza en los sectores de mayores recursos. Mientras que el 10% más rico de la población (decil 10) percibe un ingreso medio de $2.957.274, el 10% más pobre (decil 1) apenas llega a $122.886. En términos de distribución, el decil más alto concentra el 33,6% del ingreso total, mientras que el más bajo recibe apenas el 1,4%.
El ingreso medio individual del total de la población con ingresos es de $879.285. Sin embargo, la disparidad entre deciles marca una brecha significativa: el promedio del decil 9, que agrupa a los sectores previos al más alto, se ubica en $1.414.647, cifra que ya multiplica por más de 10 al promedio del decil más bajo.
El informe también indica que de los 29,9 millones de personas contabilizadas en los aglomerados urbanos, 11,3 millones (38%) no registran ingresos individuales, lo que agrava el panorama de desigualdad y precarización. Especialistas advierten que esta radiografía de los ingresos refleja la presión que enfrentan los hogares argentinos entre una inflación que no cede y la pérdida del poder adquisitivo, donde la mayoría de los trabajadores queda muy por debajo de lo necesario para acceder a bienes y servicios básicos.
Pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones
Un reciente informe del economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), reveló un dramático deterioro en el poder de compra de los salarios y las jubilaciones en Argentina. El estudio, basado en datos del INDEC, traza una caída sostenida que, en los casos más críticos, supera el 40% respecto al año 2017, considerado uno de los de mayor poder adquisitivo de la última década.
El análisis de IARAF subraya que la etapa inicial de la gestión del presidente Javier Milei, marcada por una elevada inflación a finales de 2023 y principios de 2024, provocó un fuerte retroceso en los ingresos reales de los trabajadores y jubilados.
Según Argañaraz, los asalariados del sector público fueron los más castigados en lo que va de la actual administración, perdiendo alrededor de un 14% de poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. En el peor momento, enero de 2024, la caída había llegado al 22% frente a noviembre de 2023.
En el caso de los jubilados, la situación fue crítica al inicio de la gestión libertaria:
Los jubilados de haberes mínimos (que perciben el bono congelado) perdieron un 5% desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2025.
Los que cobran el haber sin bono lograron, sin embargo, una recuperación real del 10% en el mismo período, pero vienen de una caída del 30% en febrero de 2024 respecto a noviembre de 2023.
Al extender el análisis hasta 2017, el panorama se profundiza, especialmente para los jubilados:
Jubilados sin bono: Son el grupo con la mayor pérdida de la serie. Registran un retroceso real del 41% respecto al ingreso promedio de 2017. Para recuperar ese poder de compra, necesitarían un aumento real del 70%. El economista del IARAF señala que, dada la movilidad actual, es prácticamente imposible que recuperen una parte significativa de lo perdido.
Asalariados Públicos: Acumulan una pérdida real del 33% en relación al promedio de 2017. La recuperación exigiría un aumento real del 50%.
Asalariados Privados Formales: Pese a haber recuperado parcialmente el poder adquisitivo perdido en la primera mitad de 2024, manteniéndose más o menos en los mismos niveles que en noviembre de 2023, aún se encuentran un 20% por debajo del promedio de 2017. Necesitarían un 25% de aumento real para volver a ese nivel.
Jubilados con bono (Mínima): Acumulan una pérdida real del 23% respecto a 2017. La necesidad de aumento es del 30%. Argañaraz advierte que la tendencia para este grupo es descendente debido a que el bono de $70.000 se mantiene fijo: «En la medida que la inflación se mantenga estable en un nivel positivo, el ingreso real de este grupo poblacional se seguirá achicando», explica el informe.
El trabajo del IARAF subraya que, si bien algunos grupos lograron leves recuperaciones recientes, la comparación con el pasado cercano muestra un panorama de empobrecimiento generalizado que exigirá aumentos reales muy significativos para revertirse.
Según la UBA, el poder adquisitivo del salario mínimo cayó 32% en la era Milei
En junio se produjo se perdieron 12.200 puestos de trabajo en el empleo asalariado formal del sector privado, mientras que el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil se redujo un 0,5% en agosto, acumulando una caída del 32% desde noviembre del 2023, antes de la asunción de Javier Milei como presidente.
Por su parte, el empleo asalariado formal del sector público creció en 7.800 puestos. Considerando el empleo formal público, privado y de casas particulares, hubo en total en junio una caída de 4.100 puestos.
Los datos surgen de un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Según un estudio de la CTA, una familia tipo necesitó 4 salarios mínimos en julio para no ser pobre
En junio (último dato disponible) aproximadamente 10.111.000 personas eran trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, de acuerdo con los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
“Luego de caídas desde septiembre de 2023 a julio de 2024 y alzas y bajas hasta marzo de 2025, el empleo asalariado formal total registró leves caídas en abril, mayo y junio de 2025. De esta manera, el número total de trabajadores formales a junio de este año se situó en un valor similar al de enero de 2025”, indica el reporte.
En junio de 2025 el empleo formal perdió alrededor de 18.000 puestos de trabajo (-0,2%) respecto de junio de 2024 y una pérdida de casi 190.000 puestos de trabajo (-1,8%) con respecto de noviembre de 2023.
Salarios
Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el salario cayó 32% más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales. En lo que va del año, la caída es del 3,7%.
Desde la UBA consideran que “esta contracción hace que el salario de agosto de 2025 se ubique en un valor inferior al del 2001, antes del colapso de la convertibilidad, e implica una erosión del 62% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011”.
Jubilados: algunos datos
En base a un trabajo conjunto de la economista y el economista de La Izquierda Diario, Lucía Ortega y Julio Pérez.
Javier Milei congeló el bono a la mínima en $70.000. Consolidó así, una pérdida del 34 % respecto a 2015 y hasta el 50 % para haberes sin bono. Al 2025, el Gobierno les robó $ 9,3 billones a los jubilados y jubiladas. Además, les quitó el acceso a los medicamentos.
En el caso del gobierno de Alberto Fernández, suspendió en 2019 la movilidad dando aumentos por decreto por debajo de la inflación. Luego la cambió por aumentos trimestrales sin garantizar un piso frente a la inflación. Las jubilaciones perdieron hasta el 40 %.
Mauricio Macri cambió la movilidad en 2017 con un Congreso vallado y represión, y les “robó” un trimestre a los jubilados. Así, perdieron 21 puntos de poder adquisitivo. Además, quiso eliminar las moratorias al igual que Milei.
Gobierno tras gobierno ajustaron a jubiladas y jubilados para pagar la deuda y cumplir con el FMI. La jubilación mínima con bono no llega a $400.000, menos de un tercio del valor de la Canasta del Jubilado que elabora la Defensoría de la Tercera Edad. ¿Y los salarios? En los últimos diez años, la pérdida de poder adquisitivo fue entre el 24 % y 40 % según datos del INDEC.
En la elección de octubre, ya sabes que hará la lista común entre La Libertad Avanza y el PRO con los diputados que saque empezando por el facho y la facha de Alejandro Fargosi y Patricia Bullrich, profundizar el saqueo a las y los jubilados para pagar al Fondo.
¿Y el peronismo? Como camaleón, siempre que gobierna la derecha sus legisladores se reparten entre discurso opositor en Diputados y votos a favor en el Senado o con ausencias de variadas justificaciones insólitas: durante la reforma previsional de Macri en 2017, 25 senadores del Frente para la Victoria-PJ la votaron a favor.
Ahora se llaman Fuerza Patria, y el candidato que encabeza esa lista a Diputados, Itai Hagman, fue uno de los impulsores de la reforma de movilidad previsional en 2020 de cálculo “sin inflación”.
Cada trabajador y jubilado perdió hasta $8 millones en la era Milei según un informe privado
Los salarios y las jubilaciones “no logran recuperar nada de lo perdido” desde el inicio del gobierno de Javier Milei, en diciembre del 2023, de acuerdo con un informe realizado por el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).
El informe del MATE sostiene que la inflación “lleva casi cinco meses al alza”, siendo la última de agosto del 1,9%, “un valor que marca la persistencia del problema inflacionario”.
“Es un magro resultado teniendo en cuenta el alto costo social, financiero y productivo al que se sometió a la sociedad argentina con la excusa de bajar la inflación”, señala el reporte elaborado en base a los datos de organismos oficiales.
Desde el MATE calculan que el salario del sector público quedó 19% por debajo del nivel de diciembre del 2023 y acumula 10 meses en ese mismo nivel. Por ello, cada trabajador del sector público perdió $8,1 millones desde el inicio del gobierno de Milei.
Por su parte, el salario del sector privado tampoco repuntó: se estancó cinco puntos por debajo del nivel que tenía al asumir Milei y, al igual que el de la administración pública, hace 10 meses que no crece.
Es decir, que desde diciembre del 2023 cada trabajador acumula una pérdida de $1,7 millones.
Con respecto a las jubilaciones, el poder de compra continúa estancado un 23% por debajo de 2023. Es decir, que cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de casi $4 millones.
Transferencia de ingresos y expectativas empresarias
En cuanto a la transferencia de ingresos que se produjo en la economía argentina, el informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía precisó que un total de $55 billones estuvo destinado a otros sectores de la economía como consecuencia de “la caída del costo salarial”.
De ese total, entre los sectores que más perdieron se encuentran los ingresos de los trabajadores asalariados (-$40,1 billones), la recaudación de la seguridad social (-$9,4 billones), las obras sociales (-$4 billones) y los sindicatos (-$1,5 billón).
El reporte también destaca que según el INDEC, por primera vez en el gobierno libertario hay más empresarios que creen que estarán peor en los próximos meses que aquellos con respecto a los que esperan estar mejor.
Desde la asunción de Javier Milei 300.000 personas pidieron el seguro de desempleo
Sin contar a alrededor de 70.000 estatales, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023 casi 300.000 personas que trabajaban en el sector privado pidieron cobrar el seguro de desempleo en la Argentina, de acuerdo con cifras oficiales.
El gobierno libertario lleva menos de dos años al frente del país. En 21 meses de gestión, 286.391 empleados del sector privado cobraron la Prestación por Desempleo, ya que fueron despedidos sin causa atribuible al trabajador.
Gran parte de los despidos fueron por falta de trabajo o ajustes en las empresas privadas. De ese total, 174.335 se produjeron durante 2024 y 112.056 en los primeros 9 meses de 2025, según el siguiente desagregado:
26.060 correspondieron a la industria manufacturera.
23.098 al comercio.
18.776 a la construcción.
12.228 a actividades administrativas.
5.447 de servicio de comida y alojamiento.
5.117 de transporte, entre otros.
Cómo funciona el seguro de desempleo
El seguro de desempleo es temporal (hasta 12 meses).
Este beneficio económico apoya a trabajadores despedidos sin causa justificada y busca garantizar un ingreso temporal mientras buscan un nuevo empleo.
El monto varía según el historial laboral y los aportes previos, con valores que oscilan entre el 50% y el 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
En octubre de 2025, el salario mínimo es de 322.200 pesos para quienes cumplen la jornada completa de 48 horas semanales, y de 1.610 pesos la hora para trabajadores jornalizados.
El importe correspondiente a empleos de tiempo parcial o jornadas menores se determina de manera proporcional, siguiendo los criterios definidos en la normativa vigente.
La cifra oficial se utiliza también como referencia para la determinación de las condiciones mínimas de contratación en distintas actividades y convenios colectivos del sector privado.
La ANSES estableció que el cobro mínimo asciende a $ 161.100, mientras que el máximo alcanza los $ 322.200.
Estos montos se calculan sobre la base del 75% de la mejor remuneración percibida durante los últimos seis meses de trabajo.
La prestación se abona a través de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, sin costos adicionales para el beneficiario.
Las prestaciones de ANSES aumentaron 1,88% en octubre, de acuerdo con el dato de inflación del INDEC correspondiente a agosto.
El 8 de octubre se inició el calendario de pagos, y estas prestaciones serán las primeras en recibir los depósitos.
En el noveno mes del año percibieron la prestación por desempleo 100.344 personas, con un pago promedio de $ 274.324. De ese total, 69.303 eran varones y 31.041 mujeres.
Residían 42.090 en la Provincia de Buenos Aires; en Santa Fe, 7.451; en Córdoba, 7.416 y en CABA, 6.454.
Tienen derecho a esta prestación los despedidos sin justa causa, por finalización de contrato, o por causas externas al trabajador que estuvo en relación de dependencia comprendido en la ley 24.013 de Contrato de Trabajo.
Mientras cobran este seguro -de hasta 12 meses- perciben también las asignaciones familiares y continúan con la cobertura de la obra social a la que están afiliados. Y los meses del cobro de la prestación se computan como antigüedad para la jubilación o pensión. Un requisito importante es haber tenido al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.
En el caso del trabajador eventual o de temporada, el requisito es haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.
El monto y la cantidad de cuotas (entre 2 y 12) se calculan según los ingresos y meses trabajados (con aportes) durante los últimos 3 años.
Los mayores de 45 años cobran durante 6 meses más, es decir, 18.
En 2023, el Consejo del Salario Mínimo dispuso que la prestación por desempleo debe ser equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los 6 meses anteriores al cese laboral que provocó el desempleo.
Pero la Resolución del Consejo aclaró que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente ni superior al 100%». Este techo anula en la práctica la equivalencia del 75% de la mejor remuneración de los últimos 6 meses anteriores al despido.
No tienen derecho a esta Prestación, los empleados de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal.
Fuentes: Canal Abierto, Resumen Latinoamericano, Página 12, InfoGremiales, Mundo Gremial, Perfil, Tiempo Argentino