El trabajo infantil alcanza a uno de cada 10 niños de entre 5 a 15 años en Argentina. En el caso de los adolescentes de 16 y 17 años, esta cifra llega al 31,9% a nivel nacional, según un informe del INDEC.
En ambas franjas etarias, el porcentaje se duplica en zonas rurales donde realizan tareas de cultivo o cosecha y hasta el ordeñe de animales, mientras que entre los adolescentes las actividades laborales que realizan están más vinculados a la limpieza de casas y elaboración de comidas. En las zonas urbanas, los trabajos más habituales son los desarrollados en talleres, oficinas o negocios.
El trabajo mercantil entre los niños, niñas y adolescentes tiene mayor presencia relativa en las áreas urbanas de las regiones Noroeste y Noreste, y en áreas rurales de las regiones Pampeana, Cuyo y Noreste.
Los datos surgen de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) 2016/2017 realizada por la Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Entrevistada por Canal Abierto, Laura Taffetani, abogada y miembro de la Fundación Pelota de Trapo y el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo sostuvo al respecto que plantear estas cifras desde el Estado como una denuncia, es en realidad una auto-denuncia que descansa en señalar un problema, penalizarlo y no generar políticas que den una solución.
También señaló que dentro de las actividades tomadas como trabajo por aquellos encargados de estas mediciones ubican la mendicidad: “Para ellos pedir es un trabajo y creo que para cualquier sentido común, pedir nunca puede ser un trabajo. La sobrevivencia no es un trabajo”, sentenció Taffetani.
Para la abogada, “son números que se tiran para focalizar el problema en la consecuencia” de no generar políticas que garanticen sus derechos básicos, un mayor bienestar e incluso su felicidad.
Un claro ejemplo de esto es que la oficina del Defensor/a de Niños, Niñas y Adolescentes se encuentra vacante desde su creación, hace 13 años. Si bien se están llevando a cabo los procedimientos para que comience a funcionar en 2019, lo hará con un recorte de presupuesto de 25 %.