Con más de la mitad de la población con problemas habitacionales, la interrupción de las políticas públicas de acceso a la vivienda agravarán las condiciones de vida de millones de familias.
El gobierno nacional anunció el cierre de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat y la interrupción de las políticas que llevaba adelante. Así, el Estado se retira de un área clave para garantizar el derecho a la vivienda. Esta decisión implica dar un papel central al mercado inmobiliario que, por sus propias características, tiende a excluir y regularse solo en función de sus márgenes de ganancias y no de los derechos de la población.
La interrupción de estas políticas se suma al aumento del déficit habitacional que actualmente alcanza al 55% del total de la población, es decir, a 6.400.000 hogares. De este total, un tercio vive en condiciones de hacinamiento y dos tercios, en viviendas que requieren mejoras. Además, día a día aumentan las familias que alquilan –ya sin reglas contractuales claras por la derogación de la ley de alquileres– y la población que vive en villas y asentamientos. Este corrimiento del Estado solo va a agravar esta situación precaria.
Desde su asunción, el gobierno de Milei puso en marcha un plan de ajuste brutal sobre la economía, y acomodó las variables socioeconómicas a un único objetivo: garantizar el superávit fiscal. De esta manera, la mayoría de las políticas habitacionales se interrumpieron total o parcialmente. Esto incluye la paralización absoluta de toda la obra pública. Como parte del plan de reducción general del Estado, las principales dependencias encargadas de mejorar el acceso al hábitat –vivienda, obras públicas, ordenamiento territorial– fueron desjerarquizadas. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (MDTyH) y el de Obras Públicas (MOP) se redujeron a secretarías y ocho de sus subsecretarías directamente fueron eliminadas.
El gobierno considera que el Estado no debe encargarse de la construcción de viviendas y delega ese rol al sector privado. De la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat dependían programas como Procrear II –el fondo fiduciario del Procrear ya fue cerrado por la Ley Bases–, Casa Propia, Reconstruir y el Plan Nacional de Suelo Urbano.
En un contexto de aumento considerable de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida, resulta indispensable fortalecer el funcionamiento de políticas habitacionales, no cerrarlas. De lo contrario, se seguirá pronunciando una brecha de desigualdad de la cual será cada vez más difícil salir.