Tras la salvaje represión ordenada por el gobierno de ultraderecha el miércoles 12 de marzo, el juez federal Martín Cormick va a monitorear la próxima protesta en el Congreso para determinar si el protocolo denominado “antipiquetes” es contrario al derecho a la protesta. Sin embargo, no dio lugar a la cautelar que pidieron el SiPreBA, el CELS y Amnistía Internacional Argentina.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 decidió observar de manera presencial la manifestación convocada para el miércoles 19 en el Congreso para determinar si el protocolo es contrario al derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a la integridad física, informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). .
El objetivo es monitorear en el lugar la aplicación del Protocolo represivo bautizado con el nombre de fantasía “antipiquetes” (Resolución 943/23) -porque el tránsito lo terminan cortando siempre los milicos- e incorporar de oficio toda prueba que sirva para resolver el planteo de inconstitucionalidad hecha por distintas organizaciones.
En el fallo se destacó que los hechos del 12 de marzo “no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país”.
Hace falta un fotógrafo con el cráneo abierto en el asfalto para que nuestra Justicia empiece a notar que algo no está del todo bien en el funcionamiento republicano, vaya.
Esta decisión es en respuesta al pedido de cautelar presentado desde Amnistía Internacional Argentina, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y el CELS, “ante la incertidumbre de que la represión violenta, que dejó heridos de gravedad y detenciones arbitrarias, pueda repetirse”, informaron. “En la presentación pedimos especialmente que se proteja la integridad y el trabajo de las personas que desarrollan tareas periodísticas y la difusión de información de lo que ocurre durante las protestas”.
“También pedimos al juzgado que le ordene al Ministerio de Seguridad respetar y garantizar el derecho a la vida, a la integridad, la salud y la libertad de expresión de quienes participan de una protesta”.
Sin embargo, el juez federal Martín Cormick no dio lugar al pedido de SiPreBA, el CELS y Amnistía de suspensión de la Resolución 943/23, el Protocolo “antipiquetes”. Parece que no había suficientes elementos para considerar que la integridad de algún jubilado o un trabajador de prensa pueda correr riesgo. O quizás después del apriete que se comió la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos de la represión del 12, quizás el letrado teme que lo acusen de “camporista” y entonces dice que tiene que ir y ver qué onda.
Desde el organismo recordaron que en diciembre de 2023 presentaron un amparo colectivo contra el protocolo impulsado por Patricia Bullrich, que criminaliza la protesta social. El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. También contiene disposiciones que les permiten recabar información que luego utilizan para criminalizar, perseguir y estigmatizar.
“El protocolo amenaza derechos garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos, como el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, de petición y de reunión”, enfatizaron desde el CELS. “Desde que se puso en marcha se redujo el espacio cívico y tenemos menos libertades”.
CELS Anmistia Internacional Y Sipreba Denuncian Hecho Nuevo. Solicitan Medida Cautelar1