El gobierno de ultraderecha de Javier Milei continúa avanzando en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), empresa estatal que abastece a más de 10 millones de personas con agua potable y es la quinta más grande en el rubro en el mundo. Un fenomenal negociado, la remake de un desastre menemista.
Este martes, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional dispuso la contratación de un banco público para tasar las acciones estatales de AySA y fijó un plazo de ocho meses para concretar la venta de la principal empresa estatal de agua potable del país.
De esta manera, el Ministerio de Economía, a cargo del mesadinerista Luis “Toto” Caputo, formalizó el inicio del proceso de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional.
El plan de Milei y Caputo es vender el 90 % de las acciones en ocho meses. Además, incluye modificaciones al servicio, como habilitar a la empresa a cortar el servicio por falta de pago.
Los detalles del saqueo
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.(AySA) es la segunda empresa proveedora de servicios de agua más grande en Latinoamérica, y la quinta en el mundo. Abastece a más de 10 millones de personas con agua potable, más de 8 millones con servicios de saneamiento y cubre unos 3.363 km². Está certificada por las normas ISO 9001, 14001, 45001, 55001 y OHSAS 18001. Tiene 3 plantas de potabilización de aguas superficiales, cuenta con 16 plantas más chicas de aguas subterráneas y 14 estaciones elevadoras. Para saneamiento tiene 20 plantas de tratamiento con 150 estaciones de bombeo.
La empresa estatal provee los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, el 85% del AMBA.
La normativa firmada por Caputo instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a “llevar a cabo la contratación de una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional para la tasación del paquete accionario de AySA”.
Esta directiva se da a partir de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación manifestó que “se encuentra imposibilitado actualmente de realizar la valuación del total de la empresa solicitada por AySA en un plazo razonable”.
Además, se encomendó a la mencionada agencia a concretar la venta de al menos el 51% del total del paquete accionario de AySA a un operador estratégico mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional, “dentro del plazo de ocho meses contados desde la entrada en vigencia de la presente medida”.
Del mismo modo, se le encargó “realizar las medidas y acciones necesarias para la venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de propiedad del Estado Nacional en AySA” que no sean vendidas en la licitación.
Dejarte sin agua
La medida continúa la senda de saqueo trazada por los decretos 493/25, que modificó el marco regulatorio de AySA, y el 494/25, que habilitó la privatización total, publicados sucesivamente los días 21 y 23 de julio pasado.
En el primero de esos decretos, Milei sustituyó más de 100 artículos del actual régimen regulatorio aprobado en 2006 y cambió las condiciones de operación de la concesionaria, autorizándola a garantizar financiamiento con los fondos de la explotación, cortar el servicio en caso de mora en los pagos y comercializar excedentes de agua potable o capacidad cloacal.
El miércoles pasado, la Justicia Federal suspendió los cortes de agua y cloaca por facturas impagas a través de una medida cautelar, con vigencia por seis meses con “efecto devolutivo” (que significa que se aplica aunque sea apelada por el Gobierno).
La cautelar, firmada por la jueza Martina Forns de la Justicia Federal de San Martín, declaró la “nulidad absoluta e inconstitucionalidad” del Decreto 493/2025 en tanto sus disposiciones “imponen a los usuarios de los servicios de agua y desagües cloacales una regresión normativa que afecta al medio ambiente en general y en forma directa a la vida, salud y seguridad de los usuarios”.
El agua es un servicio esencial para la vida humana, al igual que la provisión de redes de desagüe y sistemas de tratamiento de efluentes que resulta fundamental para el saneamiento básico. Por esta razón el marco regulatorio original de AySA no contempla ejecutar las deudas de quienes tienen saldos impagos. Pero esta disposición, junto con otros 100 artículos, fue modificada por el decreto 493/25, con el objetivo de preparar un fenomenal negociado con la anunciada privatización de la compañía estatal. Según el decreto de Milei, el régimen actual “fue diseñado para una empresa estatal y dificulta la inclusión de nuevas inversiones privadas necesarias para mejorar eficiencia, sostenibilidad y cobertura”.
El Ejecutivo está habilitado a tomar este tipo de acciones regulatorias por decreto –sin un tratamiento legislativo- a raíz de la emergencia pública vigente hasta fines de 2025 incluida en la infame Ley Bases, aprobada en un trámite plagado de denuncias de corrupción en un Congreso sitiado por fuerzas federales y feroz represión.
Un desastre menemista
En el marco del proceso de privatizaciones del gobierno de Carlos Saúl Menem en los 90s -que quedó marcado en la historia por su sucesión de, similarmente, escándalos de corrupción e impunidad- se privatizó Obras Sanitarias de la Nación (OSN) otorgando los servicios de agua y desagüe al consorcio Aguas Argentinas (AASA) controlado por la multinacional de origen francés Suez por 30 años a partir del 1 de mayo de 1993.
Tras largos años de denuncias por incumplimiento de contratos, falta de inversiones y decadencia general de la infraestructura, en 2006 la concesión fue anulada cuando la empresa puso en “peligro potencial” a la sociedad por distribuir aguas contaminadas. Los afectados fueron más de 800 mil personas de los partidos bonaerenses de La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y Almirante Brown. El hecho había sido admitido por la propia concesionaria, que recomendó a través de las facturas el no consumo de agua para embarazadas e infantes.
Antes, durante los 90, el caso “Aguas Argentinas” había sido exhibido como un modelo de privatización exitosa por los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, promotores de las reformas neoliberales en esa década.
Los datos del periodo demostraron que el sector privado solo aportó 2,6% de los capitales entre 1993 y 2001. Por otra parte, la empresa adoptó una estructura financiera basada en el endeudamiento, que llegó a superar 15% del total de los recursos financieros disponibles. La mayor parte de esta deuda se tomó en mercados internacionales y representó cerca de un tercio de las ganancias de la empresa calculadas sobre el patrimonio neto.
En Buenos Aires, la empresa Aguas Argentinas incrementó las tarifas 88,2% entre 1993 y 2002, periodo durante el cual la inflación aumentó solo 7,3%. Esto afectó particularmente a los sectores más pobres: en el Gran Buenos Aires, la tarifa pasó a representar 9% del ingreso familiar para el decil de menores ingresos, mientras que para el usuario promedio equivalía solo al 1,9%.