Apuntes sobre luchas obreras, responsabilidad empresarial en el genocidio y formas de resistencia.[1]
Por Pablo Peláez (historiador de la UBA)
A cincuenta años del inicio de la última dictadura, y en un contexto de avanzada de sectores ultraconservadores y apologistas de la dictadura y la represión, es importante retomar el papel de la clase trabajadora como protagonista fundamental de aquel proceso de radicalización de principios de los años setenta, así como el rol que tuvieron amplios sectores del empresariado como perpetradores del genocidio, para repensar la lucha por los derechos humanos desde una perspectiva de clase. Este texto busca profundizar en esa mirada retomando una pequeña parte de la experiencia histórica en el cordón industrial de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.
Protesta y organización obrera en el cordón industrial a principios de los años setenta
La protesta obrera y la represión estatal, paraestatal y empresarial al movimiento de trabajadorxs fueron parte central de la conflictividad social y política de la Argentina durante todo el siglo XX. Desde las rebeliones y masacres en las estancias de la Patagonia y el territorio del norte santafecino de la empresa inglesa La Forestal, a comienzos del siglo, hasta el asesinato del metalúrgico Víctor Choque en 1995 como parte de las protestas contra el menemismo, la historia argentina se anuda al calor del conflicto de clases y tiene en los años setenta un punto de inflexión.
Desde fines de la década del sesenta, tras encabezar la resistencia ante dictaduras militares y gobiernos semidemocráticos asentados en la proscripción del peronismo, lxs trabajadorxs y sus organizaciones gremiales encararon un ciclo de protesta que tomó características ofensivas. El inédito nivel de movilización y confrontación social al calor de las insurrecciones populares desatadas contra la dictadura de la autodenominada “Revolución Argentina” (el “Cordobazo” y los “Rosariazos” de 1969, los “Tucumanazos” entre 1969 y 1972, y el “Mendozazo” de 1972, entre muchas otras) se vio especialmente reflejado en los lugares de trabajo. En el marco del llamado “empate hegemónico”[2], la clase trabajadora y el movimiento sindical se constituyeron como sujetos fundamentales para las posibilidades de transformación en el país, atrayendo a cada vez más amplias capas de la sociedad. El conflicto entre clases se intensificó y el ciclo de movilización y radicalización fue encabezado por activistas presentes en organismos sindicales de base de los sectores más importantes de la estructura económica argentina, en ese tiempo aún fuertemente industrializada.
El cordón industrial que recorría la zona norte del conurbano bonaerense hasta la ciudad de Rosario en Santa Fe, pasando por ciudades como Campana, Zárate, Baradero, San Nicolás y Villa Constitución, resultó uno de los principales focos de organización, protesta y lucha obrera. Se ubicaba allí la porción del capital más concentrado y dinámico de la segunda etapa del proceso de sustitución de importaciones, con empresas de altos niveles de producción y empleo, en rubros como la siderurgia, el automotriz, petroquímicas, astilleros y laboratorios. En las grandes industrias de la zona, las demandas en torno a condiciones laborales, articuladas con reclamos por una mayor democratización de las organizaciones gremiales y contra la “burocracia sindical”, adquirieron un peso central, transformándose en aglutinantes para la emergencia de activistas obreros y nuevas agrupaciones y listas sindicales, que se vincularon a una diversidad de organizaciones, partidos y corrientes políticas combativas y revolucionarias en crecimiento, tanto armadas como no armadas. Lxs militantes y activistas político-sindicales de organizaciones como Peronismo de Base, Juventud Trabajadora Peronista, Montoneros, el PRT-ERP, el PST, OCPO y Vanguardia Comunista, entre muchas otras, lograron orientar y conducir muchos de los intensos movimientos de protesta suscitados, “recuperar” cuerpos de delegados, comisiones internas y seccionales sindicales de manos de las direcciones sindicales tradicionales. Conquistaron una adhesión comprometida de parte de las bases obreras, no sólo a nivel de las numerosas fábricas de este estratégico cordón industrial, sino también en los barrios y territorios circundantes, con la constitución de locales, comités y unidades básicas partidarias. Las comisiones de mujeres que se formaron en distintos conflictos emblemáticos como el de Villa Constitución, tuvieron un rol fundamental en el sostenimiento de las medidas de lucha.
La ampliación de los cuerpos de delegados y las comisiones internas de fábrica, sumada a una creciente incidencia de agrupaciones y corrientes políticas combativas, colaboraron en la agudización de verdaderas “guerras de posiciones” entre el capital y lxs trabajadorxs por el control de las condiciones laborales en las fábricas de zona norte. Las demandas presentaron una potencialidad política profunda, pusieron en discusión los procesos laborales en los establecimientos y dieron un punto de partida para su control por lxs trabajadores.
Uno de los casos de lucha paradigmáticos en ese sentido fue el de los astilleros Astarsa, en Tigre, propiedad de los Braun-Menéndez. Luego de la histórica toma del astillero en mayo de 1973 en reclamo por otra muerte de un operario durante la jornada laboral (se hablaba de cada barco que salía se llevaba un trabajador muerto por un “accidente laboral”), los trabajadores pusieron en funcionamiento una comisión que tomó el control de las condiciones de higiene y seguridad, que pudo desde allí declarar secciones de la fábrica como insalubres y realizar chequeos médicos regulares a los obreros, entre otros avances de gran importancia para los derechos laborales. Durante el período que funcionó la Comisión del Control Obrero de la Seguridad, Salubridad e Higiene, hasta 1976, no hubo en el astillero ningún accidente laboral.
Otro de los casos emblemáticos fue el encabezado por los obreros de Acindar, en Villa Constitución. Con dos ocupaciones de la planta siderúrgica, en conflicto contra los interventores antidemocráticos de la Unión Obrera Metalúrgica designados por Lorenzo Miguel, el conocido como el primer “Villazo” contó con la solidaridad de otros gremios de la zona como docentes y ferroviarios, que paralizaron sus actividades, y una movilización hacia la plaza central de la ciudad de alrededor de la mitad de la población local. La combatividad demostrada por los obreros, junto a la movilización popular y la unidad en la lucha, lograron el compromiso de la burocracia para “normalizar” la seccional en 4 meses y, finalmente, la conformación de la famosa Lista Marrón, encabezada por Alberto Piccinini. La lista clasista y antiburocrática resultó vencedora en las elecciones de comisión interna en la fábrica y en los comicios de la seccional local de la UOM a fines de 1974, transformándose en un ejemplo del sindicalismo combativo a nivel nacional.
Los distintos agrupamientos obreros de las fábricas de zona norte también fueron partícipes excluyentes de coordinaciones más amplias del activismo sindical combativo y antiburocrático. En el plano zonal, se conformó el mismo año un movimiento metalúrgico clasista en la seccional de Vicente López (que abarcaba también a las localidades de San Fernando, San Isidro y Tigre), con delegados y militantes de importantes fábricas metalúrgicas como Tensa, Del Carlo y Astarsa, con relevancia en el apoyo a conflictos de la zona durante ese año. A nivel nacional, la militancia obrera de la región participó en instancias como el “Plenario de la Democracia Sindical”, realizado en solidaridad con el conflicto de Villa Constitución en abril de 1974, y el “Plenario Nacional de Sindicatos, Comisiones Internas, Cuerpos de Delegados y Comités de Lucha de gremios en conflicto”, desarrollado en San Miguel de Tucumán en septiembre del mismo año y brutalmente reprimido durante su transcurso.
La ofensiva represiva previa a la dictadura cívico-militar: la serpiente roja del Paraná
Desde fines de 1973, con el inicio del accionar de la Triple A y otras estructuras parapoliciales y paraestatales a nivel nacional, la persecución sobre trabajadores y militantes de base vinculados a las tendencias combativas del movimiento obrero y popular se profundizó, generando un progresivo cambio de tendencia en las luchas sociales.
Menos de un mes después del inicio del Operativo Independencia en Tucumán, destinado a destruir la compañía del monte “Ramón Rosa Jiménez” del PRT-ERP y la combativa clase obrera azucarera nucleada en la FOTIA, el gobierno de María Estela Martínez de Perón llevó adelante el megaoperativo de fuerzas conjuntas “Serpiente Roja del Paraná”, cuyo objetivo era desarmar a otro de los polos obreros combativos más importantes del país. En el operativo confluyeron los nudos de una ofensiva estatal y empresarial contra el activismo antiburocrático del cordón industrial de zona norte, con la excusa del desarrollo de un supuesto “complot” subversivo contra el gobierno peronista que buscaba paralizar las grandes fábricas de la zona y “usurpar” los sindicatos. La acción represiva del 20 de marzo de 1975 fue lanzada por el ministro del interior Alberto Rocamora sobre las ciudades del cordón industrial de la ribera del Paraná, desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta Rosario, y tuvo como epicentro a la ciudad de Villa Constitución. La razzia del 20 de marzo en la zona ribereña del Paraná se dirigió centralmente al proceso de lucha que había tomado cuerpo en los meses previos en Villa Constitución, aunque tuvo repercusiones en otras ciudades de la zona, como Zárate, Campana y San Nicolás. La ciudad santafecina fue militarizada y ocupada por unos cuatro mil agentes de fuerzas policiales, carros de asalto, lanchas, helicópteros, personal de Gendarmería y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), así como por organizaciones paramilitares, y distintos sectores de la derecha del peronismo, la Juventud Sindical Peronista y el Ministerio de Bienestar Social dirigido por López Rega. Además de choques con heridos y al menos quince asesinados, fueron detenidos unos 300 trabajadorxs y activistas, entre los que se encontraban casi en pleno los integrantes de la Comisión Directiva de la seccional local de la UOM pertenecientes a la lista Marrón. El albergue de obreros solteros existente en la planta de Acindar, cuyo presidente era José Alfredo Martínez de Hoz, se transformó en uno de los primeros CCD al interior de una fábrica en el país, lo que luego se replicaría en otros establecimientos.
Octubre de 1975 marcó el inicio de otro fuerte ciclo represivo, como parte de lo que comenzaba a ser una oleada de secuestros, desapariciones y asesinatos de delegados y delegadas fabriles en toda la zona norte de la Provincia de Buenos Aires. Este proceso se desarrolló al amparo de las normativas de “aniquilamiento de la subversión” promulgadas por el Poder Ejecutivo durante ese mismo mes. Se trataba de los decretos 2770, 2771 y 2772, que dispusieron la creación de un Consejo de Seguridad Interna, con miembros del Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, y un Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa, para dirigir, conducir y ejecutar la “lucha contra la subversión”.
Este avance represivo estatal y paraestatal se complementó con el primer intento serio de planificación redistributiva contrario a la clase trabajadora durante aquellos años, en lo que se conoció como el “Rodrigazo”. Aún en este contexto, en junio y julio de 1975 se desarrollaron importantes movilizaciones contra el plan de ajuste del gobierno, que resultaron un punto cúlmine en el proceso de luchas sociales en la zona. El 16 de junio los trabajadores de la planta Ford de Pacheco protagonizaron uno de los hitos de la coyuntura, cuando decidieron movilizar unas 5000 personas por la autopista Panamericana, con el objetivo de llegar a la Plaza de Mayo y la sede del sindicato automotriz SMATA, aunque finalmente levantaron la medida al llegar a la General Paz, ante la amenaza de represión policial. Las conocidas popularmente como Coordinadoras Interfabriles se posicionaron como una de las organizaciones con máximo protagonismo en estos hechos, particularmente en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Surgidas como instancias de coordinación entre cuerpos de delegados, comisiones internas, comités de lucha y activistas político-sindicales de distintas actividades por localidad, expresaron un núcleo muy dinámico de organización y militancia obrera, y de enfrentamiento con las dirigencias sindicales ortodoxas. La acción de las Coordinadoras, junto a las numerosas movilizaciones y acciones de protesta llevadas desde las bases durante aquellas semanas, lograron forzar a la CGT para que convoque al primer paro general contra un gobierno peronista, los días 7 y 8 de julio de 1975, y finalmente, la conquista de aumentos salariales superiores a los pautados por el gobierno y la renuncia al gobierno de los ministros López Rega y Rodrigo.
La dictadura, Campo de Mayo y la responsabilidad empresarial en la represión a trabajadorxs de zona norte
Con el golpe de Estado de marzo de 1976, la clase trabajadora se vio duramente afectada por una serie de políticas económicas y laborales que minaron una buena parte de los derechos y posiciones adquiridos y que se articularon con los brutales efectos de la represión sistemática y el terrorismo de Estado. En el ámbito industrial, la contracción del salario real superó el treinta por ciento solamente durante el primer trimestre de gestión militar, a partir del congelamiento salarial, la liberalización de precios y la devaluación cambiaria. La dictadura desplegó una serie de normas orientadas a limitar severamente la actividad gremial. Se suspendieron las negociaciones colectivas, quedando a potestad del Poder Ejecutivo la fijación de las remuneraciones, y el derecho a huelga. Se eliminaron los fueros gremiales y se disolvió la CGT, a la par que se intervinieron una importante cantidad de grandes sindicatos y federaciones nacionales, y se otorgó al Ministerio de Trabajo la facultad de intervenir y reemplazar delegados en los establecimientos fabriles (Ley N° 21.356 de julio de 1976). Se reimplantó la Ley de Residencia, en virtud de la cual todo extranjero sospechoso de atentar contra la “seguridad nacional” podía ser deportado, y se continuó utilizando la Ley N° 20.840, sancionada en septiembre de 1974, que establecía severas penalidades para quienes cometieran actividades catalogadas como “subversivas”.
Distintas directivas y planes de las Fuerzas Armadas apuntaron a delimitar el objetivo represivo bajo la figura de la “subversión” en el ámbito industrial y la denominada “guerrilla fabril”, apuntando específicamente a los sectores combativos del movimiento obrero y lxs representantes gremiales de base de los establecimientos más significativos. Por ejemplo, la extensa directiva 504/77 de “continuación de la ofensiva contra la subversión” para el período 1977-1978, redactada en abril de 1977 por la Jefatura III de Operaciones en conjunto con el Ministerio de Trabajo, incluía un anexo dedicado exclusivamente al desarrollo de las operaciones represivas en el ámbito fabril, que era considerado “como una de las actividades prioritarias de la LCS (Lucha Contra la Subversión)”. La directiva proponía operar represivamente sobre aquellos establecimientos “infiltrados por elementos subversivos”, prioritarios en el proceso productivo del país y líderes en el sector o actividad correspondiente, además de sobre específicamente sus cuerpos gremiales de base. Se destacaba la necesidad de “erradicar los elementos subversivos, empleando el método que en cada caso resulte más conveniente para el éxito de la operación”, aclarando que para el caso de detenciones debería tratarse de que las mismas se produzcan fuera de las empresas y de forma velada.
Desde mayo de 1976 el cordón industrial de zona norte quedó incluido en la Zona IV, bajo mando de la guarnición militar de Campo de Mayo, un predio del Ejército de más de cinco mil hectáreas ubicado en el noroeste del conurbano bonaerense. Campo de Mayo se transformó durante la última dictadura en uno de los mayores Centros Clandestinos de Detención (CCD) en el país, en el que se montaron distintos espacios de cautiverio ilegal. Allí permanecieron cautivos centenares de trabajadores, trabajadoras y activistas vinculados a establecimientos laborales del cordón industrial de zona norte como Astarsa, Dálmine-Siderca, Del Carlo, Ford, Tensa y Terrabusi, entre muchos otros.
Un punto a destacar es que la represión hacia lxs trabajadorxs, activistas y delegadxs gremiales ejecutada por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura fue posible en el territorio fabril debido a que cuadros empresariales (desde accionistas y dueños hasta gerentes, supervisores y capataces) realizaron tareas cruciales para su éxito. Estas formas de violencia fueron parte fundamental de la respuesta que importantes sectores del capital llevaron adelante, en articulación con el despliegue del terrorismo de Estado hacia mediados de los años setenta, para enfrentar aquel poder obrero que amenazaba su control desde los espacios de trabajo y producción, introducir drásticos cambios en las relaciones laborales, avanzar sobre conquistas previas de lxs trabajadorxs, llevar adelante planes de reestructuración productiva y obtener aumentos extraordinarios en las tasas de explotación y ganancia. Para distintos casos, las investigaciones históricas (muchas actualmente en curso) identificaron patrones comunes en términos de prácticas empresariales represivas y formas de militarización en los territorios fabriles y barrios obreros, que resultan fundamentales para determinar lo que hoy entendemos como responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadorxs.[3]
Desde la habilitación de instalaciones de empresas para el asentamiento de fuerzas represivas hasta el secuestro de trabajadorxs desde las fábricas, pasando por pedidos de intervención militar en conflictos laborales, una de las formas más extremas de estas prácticas fue la instalación de CCD en territorios pertenecientes a las empresas. Por ejemplo, en el complejo fabril de la automotriz estadounidense Ford, en Pacheco, llegó a funcionar un centro de detención ilegal y tortura ubicado precisamente en el quincho del campo de deportes que había sido destinado en un inicio para que lxs trabajadorxs disfrutaran de su tiempo libre. Allí, un grupo de trabajadores y delegados que habían sido privados de su libertad desde sus puestos de trabajo fue mantenido en cautiverio, sufriendo torturas.[4] Por su parte, el Club Dálmine en Campana, dependiente de la empresa siderúrgica Dálmine-Siderca del Grupo Techint, constituyó otro lugar de detención ilegal donde se mantuvo a trabajadorxs y delegadxs en condiciones infrahumanas de detención. Esta empresa también puso a disposición el Hotel Dálmine de su propiedad para la planificación y organización de la logística represiva en la zona de Zárate y Campana.
Otra práctica común en las empresas de la zona fueron los operativos militares en la puerta y alrededores de los espacios laborales desde el mismo día del golpe, en los se llevaron secuestrados a numerosos trabajadorxs y activistas previamente identificados. Los oficiales a cargo de estos operativos contaban con listados de personas a detener confeccionados por las direcciones de las empresas y, en algunos casos, lxs trabajadorxs fueron señalados en el momento por agentes de seguridad privada o por los mismos directivos, como ocurrió en los astilleros Astarsa y Mestrina, en Tigre, y en Cerámicas Cattaneo, en Boulogne. A lo largo de la dictadura, continuaron los operativos que involucraron secuestros en el marco de conflictos sindicales, como ocurrió en Dálmine-Siderca en 1979, o en el marco de estrategias de lock-out patronal, como la que planificaron los directivos de Porcelanas Lozadur (en Villa Adelina) durante 1978.
En distintos casos se produjo la entrega de información privada de lxs trabajadorxs (listados de delegadxs, legajos, fotos, domicilios, horarios y días de franco, etc.) por parte de los directivos de las empresas a los agentes de inteligencia militar o policial. Esta información tuvo una importancia central en la concreción de los operativos y secuestros fuera de las fábricas, en muchos casos en el trayecto de casa al trabajo o en las viviendas obreras. Por ejemplo, en el caso de la automotriz Mercedes Benz (ubicada en González Catán pero parte del circuito represivo dirigido desde Campo de Mayo), un trabajador presenció cómo el gerente de producción aportaba a las fuerzas de seguridad presentes en la fábrica la dirección particular de un obrero que fue secuestrado a las pocas horas. Asimismo, el jefe de la agencia de seguridad privada que funcionaba en Dálmine-Siderca reconoció en uno de sus testimonios judiciales que visitaba recurrentemente la Comisaría de Campana, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia y a las autoridades militares apostadas en la zona.
Los contactos y encuentros eran asiduos entre los directivos empresariales y las autoridades del Comando de Institutos Militares en Campo de Mayo, a quienes se remitía listados completos con detalles de los delegados de los trabajadores, sus funciones, domicilios y datos familiares. Así lo apuntó la declaración del ex suboficial Bernardo Caballero en el juicio Campo de Mayo-Mercedes Benz, quien se refirió a las reuniones en la “Sala de Situación” entre sus superiores del departamento de inteligencia y el empresariado de la zona. El propio jefe de Personal de Astarsa solicitó a comienzos de 1976 los domicilios de todos los trabajadores para ser remitidos a las autoridades militares, hecho que se vincula a los secuestros de trabajadores en sus casas que ocurrieron con inmediata posterioridad. Otro mecanismo de recolección de información privada de lxs trabajadorxs se efectuó a través de la actividad de inteligencia por parte de agentes infiltrados que habían ingresado en las fábricas tanto antes como después del golpe. En Dálmine-Siderca, estos agentes, que estaban vinculados con la agencia de seguridad privada que funcionaba en la planta, utilizaron la información acumulada posteriormente para operativizar despidos, detenciones y secuestros.
La política represiva empresarial en todo el cordón industrial de la zona norte se articuló con el despliegue del Terrorismo de Estado y con la política laboral de la dictadura orientada, según sus propias órdenes y declaraciones, a reestablecer lo que llamaban el “orden” en las relaciones capital-trabajo y la “normalización” de los cuerpos gremiales de base. La modificación de la correlación de fuerzas entre capital y trabajo en las plantas y la implementación de profundos cambios en las relaciones laborales, en un marco de pérdida de terreno para la organización y participación gremial, de retroceso en derechos laborales conquistados previamente y de una renovada regimentación de la cotidianeidad en la fábrica por las patronales fueron algunas de las consecuencias del accionar articulado entre fuerzas militares y empresariales. Los efectos perduran hasta la actualidad.
Resistencias obreras durante los primeros años de la dictadura
En el prólogo a la segunda edición de su conocido libro de 1988 dedicado a analizar la “oposición obrera a la dictadura”, el historiador Pablo Pozzi establecía que “no es que supusiera que la clase obrera ́siempre lucha ́, sino que más bien me parecía ilógico que una clase movilizada, con fuertes niveles de organización y tradición izquierdistas, simplemente se llamara a la quietud de la noche a la mañana”. Partiendo de esa potente reflexión, un último elemento a destacar en este escrito es que existió desde los comienzos de la dictadura una importante resistencia de la clase trabajadora al avance represivo y pro patronal del régimen.
Desde marzo de 1976 sectores de trabajadorxs mostraron claros indicios de descontento con la situación imperante. Mientras se producían despidos, secuestros y detenciones de activistas y delegadxs, y muchas fábricas de la zona permanecían directamente militarizadas, las primeras reacciones se dieron a través de prácticas de “resistencia molecular” o “subterránea”, es decir, formas de protesta inorgánicas, fragmentarias, dispersas, con reducida coordinación e impacto. Desde el inicio mismo de la dictadura se dieron innumerables formas de expresar descontento con el retroceso en las condiciones laborales y el avance represivo, como sabotajes a la producción, trabajo “a tristeza” y “a desgano”, interrupciones parciales de las tareas, pintadas o pegatinas en las fábricas, ceses de tareas, quites de colaboración, e incluso movilizaciones internas en las fábricas. Estas acciones fueron sostenidas desde la base, llevadas adelante por organismos surgidos al calor del conflicto (como comités de lucha y comisiones internas “de hecho”) y paralelos a los canales tradicionales, y contaron, en general, con la indiferencia, la pasividad o incluso la oposición de las conducciones sindicales y las representaciones sindicales formales (muchas de ellas, intervenidas por el régimen militar).
Aún en una etapa definida por el reflujo de la clase trabajadora, los conflictos laborales de mayor envergadura no desaparecieron. Por ejemplo, durante septiembre de 1976 hubo una verdadera oleada de huelgas en el sector automotriz, en el marco de lo cual lxs trabajadorxs de la Ford realizaron la conocida como “huelga de la sopa”: manifestaban que por la baja de salarios, sólo podían comer al mediodía un plato de sopa y un pan, y que por esa razón, estaban débiles para trabajar como correspondía, llevando a cabo una suerte de trabajo a desgano. En el verano de 1977 se desplegaron luchas en el sector portuario y se dio un conocido y prolongado conflicto en Luz y Fuerza entre octubre de 1976 y febrero de 1977, durante el cual fue secuestrado el secretario general del gremio, Oscar Smith. El impulso de la oleada de conflictos fue contrarrestado con una respuesta estatal y patronal que apeló a la aplicación de la ley N° 21.400 de Seguridad Industrial, que prohibía cualquier medida de acción directa desde el espacio laboral, al lockout en muchos casos y a la violencia legal y paralegal en otros, con secuestros y desapariciones de activistas sindicales en establecimientos que se encontraban en conflicto, como Lozadur, en Villa Adelina.
Durante octubre y noviembre de 1977 hubo una huelga general no declarada. Impulsada a partir de lo ocurrido en la histórica planta IKA Renault de Córdoba y en sectores como ferroviarios y de subterráneos, los conflictos se desarrollaron desde las bases y se extendieron a nivel de distintas provincias por actividades como bancarios, petroleros, textiles, ceramistas, automotrices, metalúrgicos y petroquímicos, entre otros, teniendo como principal eje de reclamo el salarial, ante el profundo deterioro de las condiciones de vida por el que atravesaba la clase trabajadora desde 1976.
Un año y medio después, los hechos de 1979 marcaron el inicio de una verdadera transición, con una progresiva revitalización del movimiento obrero y sindical, y con el descenso de la represión más acentuada. Se desarrolló para entonces el segundo pico cualitativo de conflictos en espacios laborales durante el período, luego del de 1977, que tuvo como uno de sus hitos centrales la Jornada Nacional de Protesta del 27 de abril convocada por la Comisión de los 25, que se convirtió en la primera huelga general contra la dictadura. La Comisión de los 25 había nacido en oposición a los sectores denominados “participacionistas”, que venían planteando una aproximación dialoguista con el régimen y se habían nucleado en la Comisión Nacional del Trabajo (CNT), y estaba conformada por una mayoría de sectores moderados y del peronismo sindical ortodoxo. La convocatoria de abril tuvo como reivindicaciones centrales la defensa de la industria nacional, la revisión de la política arancelaria de Martínez de Hoz y la restitución del poder adquisitivo del salario obrero, y permitió expresar un desafío inédito hasta entonces para el gobierno militar, el cual contó con repercusiones a nivel nacional e internacional. Con disparidades en las provincias, ramas y gremios, la principal adhesión a la medida se registró en las industrias de los cordones del Gran Buenos Aires y del corredor que abarcaba del norte de la provincia de Buenos Aires hasta Córdoba. Días antes de la protesta, la casi totalidad de los dirigentes de la Comisión fue detenida y apresada en las puertas del Ministerio de Trabajo, y el mismo día de la huelga esta fue declarada ilegal por un comunicado de la junta militar.
El 22 octubre el periódico de tirada nacional Clarín titulaba “una ola de conflictos”, haciendo referencia a lxs alrededor de seis mil trabajadorxs de establecimientos industriales que venían generado un “clima de agitación salarial” durante esa última semana, protagonizado medidas de fuerza con representaciones gremiales surgidas de manera espontánea para negociar con las empresas. Dos días después, un parte oficial de la cartera laboral daba cuenta de 9.423 trabajadorxs en conflicto, con paros en 17 establecimientos, entre los que se incluía la siderúrgica Dálmine-Siderca, del grupo Techint en Campana, paralizada por sus más de 6000 trabajadorxs. La fábrica venía de finalizar recientemente la mayor ampliación tecnológica de su historia y la gerencia avanzaba desde 1976 sobre derechos y condiciones laborales: la eliminación del régimen de insalubridad para la acería, conquistado por lxs trabajadorxs en 1974, había sido el punto cúlmine. La caída del “costo laboral” casi al 50% en pocos años, el aumento de un 100% en la cantidad de toneladas producidas por obrerx y el pico histórico en la capacidad de exportación de tubos sin costura eran la otra cara del empeoramiento de las condiciones laborales y la brutal persecución de la que eran objeto trabajadorxs, delegadxs y activistas político-sindicales en la planta por las fuerzas armadas y la empresa, con al menos 90 trabajadorxs detenidxs, desaparecidxs, asesinadxs, forzadxs a migrar, y/o secuestradxs y liberadxs.
En aquel contexto abiertamente regresivo, lxs trabajadorxs tomaron el espacio laboral a raíz de un reclamo salarial. El conflicto se inició con reuniones a escondidas y por sector, motorizadas por activistas ubicados en puestos estratégicos de la cadena productiva. Mientras el Ministerio de Trabajo, la dirección empresarial y la conducción sindical (alineada con la intervención militar de la UOM) presionaban para reestablecer la producción, lxs trabajadorxs decidieron realizar una asamblea general en “el campito”, frente a las oficinas de relaciones laborales de la empresa. Aunque las fuerzas del ejército, apostadas dentro del predio, amenazaban a los oradores obrerxs, no pudieron impedir el voto mayoritario para que la medida continúe. Uno de los activistas y referentes en la planta arengó a lxs demás al grito de “compañeros, ¡acá mandamos los de ropa azul!”. Finalmente, tras casi una semana de huelga y cuatro años de retrocesos en las condiciones laborales, lxs siderúrgicxs lograron un aumento salarial superior al ofrecido por la empresa y, con esa victoria, dieron el puntapié inicial para un proceso de renovación del cuerpo de delegadxs y las comisiones internas intervenidas por la dictadura y la empresa, que culminaría a principios de los años ochenta.
La toma en Dálmine-Siderca, así como las múltiples y variadas formas de resistencia obrera durante la dictadura, dieron cuenta de que, aún en las peores condiciones, con fábricas militarizadas, con detenciones y secuestros desde las plantas y los territorios, con intervenciones militares a los cuerpos gremiales y con eliminaciones arbitrarias por las patronales de derechos laborales conquistados históricamente, existió lugar para la valentía y la lucha contra los verdugos. Rescatar la memoria histórica de nuestra clase, aquellas luchas de ofensiva, aquellos mojones de resistencia, y la responsabilidad empresarial en el genocidio, resultan tareas primordiales para salir de este contexto de renovada miseria planificada y reconstruir proyectos de sociedades sin opresiones ni explotación.
[1] Una versión previa de este escrito se publicó en el Número 11 de la Revista Marabunta: https://www.corrientemarabunta.org/2025/03/20/derechos-humanos-y-perspectiva-de-clase/
[2] La idea de “empate hegemónico” hace referencia a la situación política predominante en el país desde 1955, en la que las distintas fuerzas sociales y políticas eran capaces de vetar los proyectos de las otras, aún sin lograr imponer de manera perdurable un orden acorde a sus intereses. En términos económicos, reflejaba una situación en la que la fracción predominante de la clase dominante local, constituida por grupos monopólicos ligados al capital extranjero, no lograba imponer un orden duradero que le permitiera asentar una hegemonía política. La proscripción del peronismo, las divisiones en el radicalismo, y las continuas intervenciones y golpes de Estado de las Fuerzas Armadas durante el período fueron la manifestación más superficial de este fenómeno.
[3] El trabajo más sistemático y abarcador hasta el momento sobre la temática para el caso argentino es el informede 2015, Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad: represión a trabajadores durante el Terrorismo de Estado, en el que se analizaron 25 casos de empresas. Se puede descargar en el siguiente link: https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/responsabilidad-empresarial-en-delitos-de-lesa-humanidad-represion-a-trabajadores-durante-el-terrorismo-de-estado-tomo-i/
[4] En diciembre de 2018, en un fallo histórico y con repercusión mundial, el TOF 1 de San Martín condenó al ex jerarca militar de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, a quince años de prisión, así como al ex jefe de seguridad de la fábrica automotriz, Héctor Sibilla, a doce años, y al ex gerente de manufactura de la misma, miembro del directorio y reemplazante del presidente de la empresa, Pedro Müller, a diez años, como partícipes necesarios de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra veinticuatro trabajadores y delegados gremiales de la fábrica entre 1976 y 1977. Los trabajadores de Ford, sus familias y compañerxs, su lucha y su compromiso, marcaron un camino a seguir, que actualmente es retomado en otras disputas y causas judiciales más o menos encaminadas para juzgar otras responsabilidades empresariales en el marco del Terrorismo de Estado, como el caso del ingenio La Fronterita en Tucumán, los astilleros Astarsa en Tigre, la siderúrgica Acindar en Villa Constitución, la automotriz Mercedes Benz y las ceramistas Lozadur y Cattaneo de zona norte del conurbano bonaerense, entre otras.