Ayer a las 15:00, voceros del Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que, en lo que va del aislamiento, hubo 6.191 personas detenidas y 201.913 demoradas, es decir, que fueron liberadas tras cumplir los protocolos de identificación, imputación y notificación. A ver si entendemos la magnitud de esa data fría: se iniciaron un total de 208.104 causas penales contra otro tanto de personas, de las cuales casi 6.200 siguen privadas de su libertad. El número, además de representar un universo infernal de personas que estuvieron –y en algunos casos, siguen estando- detenidas, permite imaginar el colapso que sufrirán los sistemas judiciales de todo el país cuando se deban tramitar cada uno de esos expedientes.
¿Se acuerdan las colas de varias cuadras en los juzgados contencioso administrativos en tiempos del “corralito”? El costo de la avalancha –en aquellas circunstancias, inevitable- de amparos lo terminaron pagando lxs justiciables, tanto lxs que reclamaban por su dinero depositado en bancos como quienes tenía causas en trámite por otro tipo de reclamos, en ése o en otros fueros que fueron convocados para aliviar el abarrotamiento.
Más allá de imaginar –desear- que haya algún criterio de oportunidad para distinguir entre la distinta naturaleza de los casos, ya que no es lo mismo el pibe que salió a la vereda porque no soportaba más estar hacinado en su casilla con seis o siete personas más, que el “surfer” que dos veces intentó eludir la obligación de aislarse, imaginemos lo que va a ser la dinámica del conjunto de juzgados penales (federales, nacionales, de la Ciudad) en los próximos meses (años, quizás) hasta que esa impresionante cantidad de nuevas causas se vaya cerrando. Y, como siempre, pagarán lxs más pobres y lxs más vulnerables.
Nos siguen llegando denuncias de graves situaciones represivas y de arbitrariedad de las fuerzas de seguridad.
En el Chaco, organizaciones sociales denunciaron que el gobierno provincial dispuso cerrar con montículos de tierra los accesos a los barrios ubicados al sur de la ciudad de Resistencia, impidiendo el paso de personas por los puentes que comunican esos barrios, detrás del canal de la Av. Soberanía, con el resto de la ciudad. Esos accesos son el único modo para la población de los barrios de acceder a escuelas y centros de salud, “lujos” inexistentes en las barriadas populares. Nos hacemos eco de su reclamo.
Otra fuerte denuncia que recibimos relata la situación de una familia residente en San Luis, que debía regresar en auto a su domicilio desde la ciudad de Buenos Aires, a la que había llegado al terminar sus vacaciones en un país sin circulación comunitaria del virus. Después de cumplir todas las obligaciones pautadas para descartar que estuvieran infectadxs, el matrimonio y su hijo de 14 años, diabético insulino-dependiente, llegaron a la frontera entre Córdoba y San Luis, a hora y media de su domicilio. De manera absolutamente irracional, estuvieron detenidxs más de 48 horas, sin posibilidad de acceder a baños ni alimentos, hostigadxs por la policía provincial, que, alegando el “cierre de frontera provincial” no les permitieron terminar su viaje hacia el aislamiento que debían cumplir en su domicilio. Sólo la solidaridad de vecinos de un pueblo cercano y de otros automovilistas les permitió transitar la situación hasta que se les habilitó volver a su casa.
En Mendoza, con la excusa garantizar las medidas contra la propagación del virus, la policía hostigó, golpeó y detuvo a Mauro, un muchacho de 26 años junto a su madre fue a hacer compras en un supermercado de Godoy Cruz.
En el día de ayer, el ministro de seguridad de la provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, anunció que usaran las 1.100 cámaras de “seguridad” para controlar la circulación de personas en las calles, que ante “sospechas” darán aviso a los móviles policiales para que se dirijan a esos lugares a constatar el incumplimiento de la cuarentena, y a su vez tomarán las imágenes los móviles con cámaras, que ya circulan por la cuidad. Estas imágenes quedarán en manos de los fiscales para ser evaluadas. El ministro aclaró que pueden llegar citaciones o causas después de semanas o meses. Estas medidas no son sanitarias ni de cuidado, sino de control social y vigilancia, que se descargan de la misma forma que la represión, sobre las personas “sospechosas”, a los ojos de las fuerzas represivas, la gente de los barrios y organizaciones populares. Queda evidenciado ello cuando pedimos las imágenes de esas cámaras para otros casos, y nunca aparecen, como en el caso de Rodrigo Sánchez, asesinado por la policía, y de tantas pibas desaparecidas.
Finalmente, de la provincia de Corrientes nos llega la noticia de la detención de Juan Alberto Cáceres, un carrero sobreviviente de la represión de diciembre de 1999 en el Puente General Belgrano, compañero del cartonero Francisco Escobar, asesinado igual que Mauro Ojeda en aquella jornada. El compañero fue detenido por personal de la comisaría 2ª de Corrientes, porque circulaba en su carro transportando ladrillos que le había regalado un vecino para mejorar la casilla en la vive, en un asentamiento precario.
En lo normativo, la noticia del día es, sin dudas, la decisión del ministro de Seguridad bonaerense, el coronel Sergio Berni, de sumar al personal de empresas de seguridad privada al trabajo policial.
“El objetivo es que se encarguen, como ya lo están haciendo, de garantizar que se cumpla la cuarentena en barrios cerrados, farmacias, clubes de barrio, edificios y demás lugares que impliquen la reunión de personas“, señaló un comunicado del ministerio.
Así, a los 90.000 efectivos de la Bonaerense que ya asolan el territorio provincial se sumarán los vigiladores privados, entre los que, como bien lo sabemos, se reciclan buena parte de los miembros de las fuerzas de seguridad exonerados por hechos represivos. Imaginemos, por un instante, que en Morón podría estar cumpliendo esa tarea Jorge Ramón Fernández, uno de los condenados a prisión perpetua por la tortura seguida de muerte de Sergio Durán, al que encontramos, años después, excarcelado y trabajando en una agencia de seguridad privada con la debida bendición judicial.
Mientras no se resuelve la gravísima situación carcelaria, donde sólo en el sistema federal, sobre un total de 14.000 personas privadas de su libertad hay 1.280 con factores de riesgo (enfermedades como asma, diabetes, insuficiencia cardíaca, renal, VIH, tratamiento oncológico, tuberculosis y hepatitis, embarazadas y mayores de 60 años), con un 51% de procesadxs sin condena, nos enteramos que en Mendoza se han otorgado detenciones domiciliarias a 8 genocidas.
Insistimos en que, en este contexto de excepción, la represión, o medidas aún más extremas que algunos reclaman o pretenden implantar de hecho, como el toque de queda o el estado de sitio, no sólo no frenan la pandemia, sino que suman una carga más sobre las ya exhaustas espaldas del pueblo trabajador.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida es la organización colectiva y popular.
Fuente: http://www.correpi.org/2020/sexto-reporte-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/