A partir de un trabajo junto a la Comunidad del Pueblo de La Toma para su tesis doctoral en antropología, Lucas Palladino analiza cómo los mapas oficiales de la ciudad apoyan la memoria oral del pueblo comechingón sobre su pasado. Y, sobre todo, cómo marcan una línea de continuidad que les devuelve su existencia en esta ciudad desde tiempos inmemoriales hasta el presente.
Un mapa previo al año 1573. Registra lo que fue el territorio ancestral indígena sobre el cual se erige la actual ciudad de Córdoba. Chiliznas, Cantacaras, Suquías y Siquiman, entre otros poblados que ocupaban principalmente las márgenes del río Suquía. Pastoreo, bosque nativo, vida en comunidad. Son las comarcas indígenas previas a la reducción del Pueblo de La Toma.
Mientras que la historia relatada en los libros habla de Jerónimo Luis de Cabrera y la fundación de Córdoba en 1573, para quienes vivían en estas tierras desde tiempos inmemoriables los hechos de ese año marcaron el comienzo de una etapa distinta: la primera reducción del Pueblo de La Toma, esclavización indígena y delimitación de su territorio.
1880 llegó con la Segunda Reducción del Pueblo de La Toma. Expropiación. Ya no hay gente, ni pastoreo, ni monte. El territorio comunitario se divide en lotes y calles. La Ley de Desarticulación de Comunidades de 1885 legaliza el desalojo de los residentes del Pueblo de La Toma y en 1910 se crea el Pueblo de Alberdi. Ese año se festeja el centenario de la patria, blanca y europea. Sin rastros de quienes han vivido allí, los originarios de estas tierras.
Plano catastral de la Ciudad de Córdoba, 1890.
Apoyados en la memoria oral que sobrevivió a casi un siglo de invisibilización y estigma, quienes en la actualidad adscriben a la comunidad comechingona van dibujando otros mapas para la contar la historia.
Interpretando en clave de despojo los mapas catastrales de la ciudad confeccionados durante la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX, recuperan una historia que cuenta de la expropiación, reducción y desarticulación de la comunidad originaria en el siglo XIX, pero también de la pertenencia de los comechingones a su territorio.
Esos mapas surgieron del mapeo colectivo que Lucas Palladino, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC), realizó junto a los comechingones de La Toma, como parte de su tesis doctoral en antropología.
“Los mapeos colectivos y la cartografía social permiten representar y poner en tensión la concepción hegemónica del territorio como propiedad privada y superficial, para abrir a un proceso colectivo y creativo que da cuenta de una diversidad de experiencias, sentidos y símbolos del territorio como entidad viva y comunitaria”, explica Palladino.
Parte de su trabajo estuvo centrado en construir el pasado territorial indígena en la ciudad. Busca, de esa manera, interrogar y poner en disputa las miradas hegemónicas sobre nuestra identidad y el territorio que ocupamos hoy. Y también dar testimonio –a través de fuentes documentales y catastrales oficiales– del pasado territorial comechingón, para colaborar en la construcción de la historia de este pueblo.
La tesis utiliza puntos de vistas y metodologías de las dos disciplinas en las que se formó Palladino: geografía (en su licenciatura) y antropología (en el doctorado). “La geografía aporta en la cuestión espacial, específicamente sobre el territorio y el análisis de los procesos de territorialización. Y la antropología con la cuestión cultural, especialmente en el análisis de los procesos de identificación y comunalización”.
El enfoque etnográfico de la ciencia antropológica aporta una manera de ver y comprender la realidad sociocultural. El análisis de planos catastrales y los mapeos colectivos –propio del trabajo de la geografía– atraviesan todo el trabajo y demuestran la riqueza que generan los diálogos interdisciplinarios.
“El posestructuralismo es un común denominador en ambas; esta perspectiva entiende a la realidad social construida y atravesada por relaciones históricas y de poder. En este marco me muevo y transito por ambas disciplinas”, plantea el investigador.
Mapa colectivo de la primera reducción del Pueblo de La Toma, siglos XVI a XIX.
Mapas para la contrahegemonía
“Los mapas tienen y han tenido una importancia fundamental en el proceso de comunalización, adscripción identitaria y reivindicación política del territorio comechingón en la ciudad de Córdoba. Por un lado, en los mapas catastrales del Departamento Topográfico elaborados a finales del siglo XIX, aparecen las propiedades con apellidos de los comuneros. Hoy, varios comuneros utilizan esos mismos mapas para señalar que sus familias vivieron dentro de ese territorio”, explica Palladino.
“Además, los mapas muestran efectivamente el área geográfica de La Toma y los límites reconocidos por el gobierno. Por otro lado, existe toda una lectura entre líneas que la comunidad hace de este material”, completa.
Esa lectura habla de expropiación, mensura, división y partición de las tierras de los comuneros, que trasluce elementos de un “dispositivo de control más amplio” sobre el territorio.
En ello participan una serie de políticas y estrategias judiciales, jurídicas, económicas y técnicas que acaban en la expropiación del territorio indígena y su apropiación por parte de la ciudad de Córdoba, según explica el investigador.
“En esa diversidad de prácticas uno puede encontrar diferentes fuentes: cartas o correspondencias históricas, diarios de época, ordenanzas o normativas de regulación del suelo, que son evidencias de la existencia y territorialidad de La Toma, y también de las estrategias de una sociedad blanca por apropiarse de las tierras comunales”, describe.
La cartografía catastral histórica comenzó a ser un elemento fundamental para el proceso de identificación indígena y construcción de su pasado.
“La búsqueda de fuentes documentales surge por la demanda de la comunidad de apoyar su lucha en documentos. A su vez, precisaban buscar una evidencia empírica a su indigeneidad. Y ello conduce a lo que en antropología se analizan como las relaciones de identificación étnica, el papel ‘del otro’ en la conformación de la identidad, el acceso al pasado y la lucha por la definición de ese pasado”, cuenta Palladino.
En ese sentido, recuerda que la comunidad venía indagando fuentes del Archivo Histórico Provincial y Arzobispado, como los registros de nacimientos.
“Sin embargo, al empezar a participar en las reuniones y observar que había desconocimiento de los mapas, intenté profundizar esa dimensión y ello contribuyó a reafirmar los relatos del pasado territorial que los y las comuneras expresaban por memoria oral”, apunta el especialista.
Según se describe en la investigación, los comuneros apelaron a un acervo documental conformado por títulos de tierras de parientes, informes de diarios y planos de catastro.
Mapa “La comunidad de La Toma”, 1882.
Entre los más utilizados se encuentran: el “Plano de los terrenos de ‘La comunidad de La Toma’” de 1882, que ha permitido identificar algunos sectores que, desde la perspectiva de los comuneros, pueden haber sido entendidos como los límites jurisdiccionales del antiguo Pueblo de La Toma; así también como la localización de algunas familias dueñas de las tierras y la cantidad de hectáreas que poseían.
También se encuentra el mapa “División de terrenos del Pueblito” de 1888, que marca la reducción de la cuadrícula urbana y algunos lotes titulados con los apellidos de comuneros. Y el plano oficial “Córdoba y las villas que la rodean”, que muestra la división del Pueblo de La Toma sobre la base de la cuadrícula de lotes y manzanas en una villa titulada como “La Toma”. Su importancia radica en que permite constatar la expropiación y el loteamiento de las tierras comunales del siglo XIX.
Mapa “División de terrenos del Pueblito”, 1888.
De esta manera, como analiza Palladino, la cartografía que en el siglo XIX habría sido útil al accionar del aparato estatal para defender los intereses de la burguesía local, ahora es usada en sentido inverso.
Pasa de ser una evidencia de la mensura de tierras –que luego serían apropiadas por funcionarios políticos y propietarios privados–, del crecimiento urbanístico de la ciudad de Córdoba y un dispositivo que habría contribuido a la invisibilización de los comechingones, a ser una herramienta de legitimación en el proceso de comunalización contemporáneo de los pueblos originarios.
El mapa sirve para constatar la presencia y posesión de tierras de las familias del Pueblo de la Toma, y permite verificar que en el siglo XIX el Estado efectivamente reconocía la existencia del Pueblo de La Toma en dicho territorio, en un principio como “comunidad”.
Nunca nos fuimos, siempre estuvimos acá
A lo largo del siglo XX en el relato oficial, los comechingones solo existían en los libros de historia, como una “cultura extinta”.
La colonización hispánica, el trabajo forzoso al que fueron sometidos por su incorporación como mano de obra a las encomiendas, y luego por la desaparición de las “comunidades” o pueblos de indios en el periodo de consolidación del Estado-Nación argentino (1810-1880) habrían aniquilado a los originarios.
Tal como analiza Palladino en su trabajo: “Los pueblos indígenas de esta provincia quedaron sujeto a una literatura académica que sostenía dicha extinción, reforzando los imaginarios que preterizaron a estos pueblos, ubicando la posibilidad de su existencia solo en el pasado y en los espacios rurales de la provincia”.
Sin embargo, a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI se hicieron públicos los procesos de adscripción de comechingones y la formación de comunidades indígenas en diferentes zonas, predominantemente rurales, del territorio provincial.
Una de las primeras en reorganizarse fue la comunidad Comechingón del Pueblo de La Toma, a finales del 2007 y comienzo del 2008. Esta comunidad ha tenido la particularidad de ser la única que se reivindicó en un espacio urbano, como indígenas preexistentes a la fundación de la ciudad de Córdoba (1573).
“Las familias que se identifican indígenas-comechingones del Pueblo de La Toma no siempre lo hicieron público por una cuestión de estigmatización negativa que ocurrió durante varios siglos en nuestra ciudad, en sintonía con el país. No todos decidieron identificarse como indígenas y, de hecho, en varias familias la adscripción se pierde porque manifestarse como indígena cargaba el costo de la humillación social”, cuenta el investigador.
Desde que la Toma se invisibiliza como comunidad indígena a finales del siglo XIX y comienzos del XX y pasa a denominarse barrio Alberdi, quienes mantuvieron esa pertenencia lo hicieron a partir de la transmisión oral en el espacio privado.
“Absolutamente todas las familias que hoy se reconocen como comechingones o comuneros expresan haber mantenido en el espacio familiar la identidad indígena. Un comunero actual me manifestó varias veces que su madre no le permitía adscribirse como una forma de resguardarlo. Para algunxs, no enunciar la identidad indígena les permitía también salvar su existencia social frente a la condición peyorativa que significó ser indígena en una Córdoba orgullosa del hispanismo”, explica Palladino.
Su resurgimiento en la esfera pública, a partir de 2007, tuvo y tiene reverberancia en toda la historia de la ciudad y llega hasta el presente para poner en cuestión los imaginarios de la identidad local y nacional que, tal como plantea el investigador “han sostenido la extinción de las comunidades y al mismo tiempo europeizado a la población local”.
Este relato, arraigado en la invisibilización de las identidades aborígenes y en un imaginario que los situaba en una lejanía en términos espaciales y temporales, provocaron que la comunidad sea muchas veces cuestionada en su “autenticidad indígena”. Ante este cuestionamiento, la comunidad fortaleció el relato de continuidad territorial con el pasado.
De esta manera comenzaron a reconstruir una narrativa histórica territorial que instituye un relato cronológico y lineal del presente. “Esto es factible a partir del cruce de memorias orales con fuentes de archivos documentales y catastrales. Mientras las fuentes orales articulan episodios del siglo XIX y XX recurriendo a la transmisión oral de padres o abuelos de los comuneros; las fuentes de archivo permiten rescatar acontecimientos desde los tiempos inmemoriales. Las fuentes históricas, entendidas como herramientas de las clases hegemónicas que historiaron en clave “invisibilizadora” son utilizadas, manipuladas, leídas a contrapelo”, tal como se describe en el trabajo de Palladino.
De esa manera, la sistematización de documentos históricos en el proceso de comunalización ha contribuido a fortalecer la posición de que existe un pasado que no solo se hace presente en la memoria oral, sino que también se encuentra registrada en fuentes oficiales. Se convierten en “evidencia empírica” sobre la existencia de la comunidad en el pasado.
“Atender a los sentidos disputados por las comunidades aborígenes en sus procesos de comunalización nos permite también dar cuenta que los imaginarios hegemónicos sobre la nación y lo nacional se perpetúan. Analizar la reconstrucción del pasado en contextos de disputas de autenticidad, nos permite revisar y desnaturalizar estos imaginarios sociales hegemónicos”, concluye Palladino.
La publicación académica
“Construyendo el pasado territorial indígena. Comunalización y sentidos de pertenencia comechingón del Pueblo de La Toma (Ciudad de Córdoba)“, de Lucas Palladino. Revista de geografía Norte Grande, número 75, mayo de 2020.
El territorio originario en disputa
Para su tesis, Palladino también trabajó con comunidades que habitan la serranía de la provincia. El territorio y la lucha por su reconocimiento como pueblos preexistentes, es el común denominador.
Un caso especial que, según el investigador, permite reconocer la mirada indígena sobre el territorio es el de la comunidad Ticas, ya que su reivindicación es multiterritorial: reivindican y ocupan un territorio en Bialet Massé –el territorio de Cochatalasacate– pero su origen es el territorio ancestral del pueblo de Sancala, San Carlos Minas. Sus tierras cruzan los departamentos de Minas, Cruz del Eje y Punilla.
“Si lo pensamos desde la perspectiva indígena, el territorio ancestral Ticas es ese flujo entre las localidades, flujo que se daba por actividades culturales y económicas y, sobre todo, por una diáspora que ocurrió luego de la conquista cuando los trasladan como fuerza de trabajo desde la zona de Traslasierra hacia Punilla. Lo que nos enseña esta experiencia, es esa construcción de territorios como zona más amplia que las estáticas divisiones jurídico-administrativas occidentales”, explica Palladino.
En la actualidad, como muchas otras comunidades, se enfrentan a la ocupación ilegal de sus tierras por parte de empresas inmobiliarias. Es una zona de gran valor paisajístico ubicada en zona roja de monte nativo, en la que se avanza hacia la construcción de un emprendimiento privado.
Por otro lado, hace cinco años que Palladino trabaja con la comunidad Tulián de San Marcos Sierras, donde se lleva a cabo un proyecto de extensión universitaria. La problemática en el sector es el avance sobre sitios ceremoniales y sagrados indígenas por el capital inmobiliario, el turismo y la minería.
“San Marcos Sierras tiene una historia riquísima de presencia indígena. Allí se ubicó el Pueblo de San Jacinto o Comunidad de San Marcos que le ganó un juicio al Marqués del Sobremonte, y en 1806 le devuelve las tierras a la comunidad. La numerosa familia Tulián conserva los documentos de entrega al curaca Francisco Tulián. Lo paradójico es que hoy no son reconocidos los derechos de las comunidades”, comenta el investigador.
A partir del proyecto extensionista se busca aportar información sobre las tierras indígenas de San Marcos, relevando historias de comuneros de la zona y apoyando la investigación en fuentes documentales. Por otro lado, se realiza la georreferenciación de sitios indígenas que se cruza con los mapeos colectivos y la cartografía social con enfoque etnográfico.
La provincia de Córdoba reconoce algunos sitios como “reserva arqueológica” o “patrimonio”, pero –tal como expresa el investigador– las comunidades consideran que es importante incorporar su perspectiva sobre los sitios y complejizar la mirada arqueológica actual.
“En la serranía, las comunidades se enfrentan a problemas de orden económico, legal y biogeográfico: el desmonte en zonas rojas de bosque nativo ocasionado por la actividad inmobiliaria; la invasión de lugares y sitios ancestrales por diferentes actividades económicas y por una falta de política de tierras indígenas a nivel provincial que reivindique los territorios ancestrales indígenas. Debería firmarse y acordarse la ley nacional 26.160 sobre emergencia de la propiedad y posesión territorial indígena indígena”, manifiesta Palladino.