A través de un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación, los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin y la fiscala Iara Silvestre pidieron la recusación de la jueza de la causa, María Gabriela Marrón, por temor de parcialidad. Denunciaron que la magistrada ya adelantó su posición, avasalló facultades que corresponden al Ministerio Público Fiscal y, con sus decisiones procesales, entorpeció la investigación. El recurso fue sostenido por el fiscal de Casación Javier de Luca. La familia de Facundo y la CPM, querella institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, adhirieron al pedido de recusación. Mientras tanto, ayer la Sala I de la Cámara de la Casación hizo lugar al recurso para tratar la validez del informe del IADO que fue incorporado al expediente por la magistrada y que es uno de las decisiones cuestionadas en el pedido para que sea apartada de la causa.
Desde octubre del 2020, luego de conocerse los resultados de la autopsia y a partir de una interpretación sesgada de los resultados del informe pericial, todas las decisiones procesales de la jueza federal María Gabriela Marrón se dirigen hacia una única dirección: cerrar la investigación en la hipótesis de la muerte accidental. Según la jueza, Facundo Astudillo Castro murió ahogado cuando quiso cruzar el estuario de Bahía Blanca.
Para el Ministerio Público Fiscal (MPF) y las querellas, más allá de la interpretación sesgada del informe de autopsia, no hay ningún elemento de prueba que sostenga esa hipótesis. Desde octubre del 2020, el expediente por la muerte de Facundo Astudillo Castro parece transitar dos instrucciones paralelas.
Ante esta situación, por temor de parcialidad reflejado en distintos actos procesales de la jueza federal, en febrero de este año los fiscales de la causa, Andrés Heim de la Procuraduría de violencia institucional y Horacio Azzolin de la Unidad especializada en ciberdelincuencia, pidieron la recusación de la magistrada María Gabriela Marrón porque sus decisiones entorpecían y obstruían la investigación judicial.
Esa medida fue rechazada por el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Pablo Larriera, quien confirmó a la jueza Marrón en la causa. Tras esta decisión, los representantes del Ministerio Público Fiscal fueron en queja a la Casación Federal. En la nota de adhesión al recurso, presentada este viernes, las querellas aseguran que el fallo de Larriera está fundamentado de manera insuficiente, no responde a ninguno de los planteos realizados por la fiscalía y las querellas, y sólo se limita a citar jurisprudencia que ni siquiera es de aplicación para este caso.
El fiscal de la Casación Javier De Luca fue crítico de esas decisiones y mantuvo el recurso presentado por los fiscales: “Se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino no sólo por la posible grave violación a los derechos humanos por acción, sino también por omisión de una correcta, profunda e imparcial investigación de lo sucedido. La respuesta de la jueza interviniente ante su recusación por el fiscal y su confirmación por el juez de la cámara de apelaciones, no hacen más que poner de manifiesto la falta de internalización del estándar internacional -adoptado por nuestra Corte Suprema- que rige casos como el de esta causa”, fundamentó De Luca en el escrito.
Sobre los motivos de recusación de Marrón, el más grave es la intromisión en facultades delegadas al MPF en tanto la jueza incluyó como elemento de prueba, un informe del Instituto Argentino de Oceonografía (IADO), que no había sido solicitado por los fiscales y que, además, resultaba improcedente por falta de experticia.
La historia sobre esta medida comienza en octubre de 2020, cuando los fiscales Heim y Azzolin pidieron un informe de mareas y registros sobre el estuario de Bahía Blanca. El instituto respondió con dos informes: uno de ellos, sobre el pedido solicitado, no contaba con la firma de los profesionales intervinientes y estaba incompleto.
Peor aún, sin que fuera peticionado, se agregó otro informe firmado por el entonces Director del IADO, Eduardo Alberto Gómez, en donde se realiza un análisis sobre el modo en que Facundo podría haber muerto de manera accidental en el estuario y que habría sido elaborado a partir de tareas de campo no encomendadas.
El informe no aporta ningún dato concreto y está realizado por profesionales que no portan la experticia para un estudio de características criminalísticas. Incluso, arriba a conclusiones sin conocer otras piezas de la investigación. Sin embargo, puesto que ese informe coincidía con la hipótesis que ya había sostenido, Marrón ordenó a los fiscales que ese trabajo sea incorporado a la causa.
Incluso, la validez de esa decisión está aún cuestionada. Ayer la Sala I de la Cámara de Casación Federal –integrada por Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña– aceptó tratar el recurso presentado por fiscales y querellas para que se declare la nulidad del informe del IADO.
Ante los cuestionamientos por intromisión en las facultades del MPF que motivaron el pedido de recusación, primero Marrón y luego Larriera, sostuvieron que la delegación de la instrucción en los fiscales no implica que el juez pierda la dirección del proceso. Casualmente, la orden para incorporar este informe fue la única ocasión en que la jueza ordenó diligencias probatorias en la causa.
Esta decisión es el corolario de un conjunto de decisiones previas de la jueza que buscaron entorpecer la investigación: en dos oportunidades la Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó medidas de prueba, pertinentes con el curso de la investigación que encabezan los fiscales, que la jueza había rechazado.
La primera de esas medidas de pruebas fue solicitada en octubre de 2020, el allanamiento al puesto de vigilancia de Teniente Origone, donde ya se había hallado un objeto personal de Facundo. El segundo pedido, sobre órdenes de allanamiento y secuestro de celulares, fue realizado en marzo del 2021; a pesar del antecedente de la Cámara, la jueza volvió a rechazar las medidas de prueba, obligando a la fiscalía y las querellas a recurrir nuevamente al Tribunal de Alzada, cuando éste ya había sentado precedente en la decisión anterior. Es decir, un dispendio innecesario de recursos y tiempo.
“Mientras tanto, el tiempo transcurre y sus obstaculizaciones se tornan funcionales a la evanescencia de pruebas y la pretendida frustración de imputaciones, detenciones, declaraciones indagatorias, entre otras medidas. Es claro así el posicionamiento de la Magistrada frente a los sospechados, posibles imputados. Ya no se trata de asegurar los derechos de quienes resultan perseguidos penalmente por el Estado, sino que impone obstáculos que impiden agotar los elementos necesarios para la búsqueda de la verdad y la justicia”.
La parcialidad de la jueza quedó de manifiesto también ante el Comité de desaparición forzada de Naciones Unidas; en el trámite de acción urgente presentado por la CPM, el Comité obligó al Estado argentino a enviar información sobre las medidas que se adopten. Mientras los fiscales Heim y Azzolin enviaron un informe argumentando, en línea con la obligación internacional del Estado, la necesidad de profundizar la instrucción considerando que se puede estar frente a un caso de grave violación a los derechos humanos, los informe propios presentados por el fiscal Ulpiano Martínez –que luego presentaría un pedido de inhibición para continuar en la causa– y la jueza Marrón remitieron elementos de la causa que sirvieran para sostener únicamente su hipótesis de muerte: el accidente.
Nuevas medidas de prueba: las pericias sobre la ropa de Facundo
En la última semana se conoció el informe pericial, realizado por la Gendarmería Nacional, sobre la ropa que estaba en la mochila de Facundo y que llevaba puesta ese día, hallada a unos 500 metros del lugar donde se encontraron sus restos óseos.
De acuerdo al informe, las vestimentas peritadas tenían quemaduras, que podrían haber sido producidas por algún “elemento térmico” y/o “corrosivo”, y cortes y cortes en la ropa que no son naturales o producidos por animales.
Otro dato del informe pericial que puede resultar clave: una de las remeras que llevaba Facundo tenía agujeros provocados “aparentemente por un elemento térmico”; los agujeros estaban del lado delantero de la prenda y no del trasero. Es decir, al momento de producirse el daño, los dos lados de la remera estaban separados, lo que podría indicar que fueron provocados cuando Facundo llevaba puesta la prenda.
Tanto los fiscales Heim y Azzolin y la fiscala Iara Silvestre, como las querellas pidieron que los peritos de Gendarmería declaren para profundizar y aclarar algunos datos de la pericia.
Denuncian presiones para sancionar al abogado Leandro Aparacio
En la última semana, luego de conocerse los resultados de esta pericia, dos editoriales publicadas en La Nueva Provincia y otra en el portal La Brújula atacaron a Leandro Aparicio, el abogado de Cristina Castro, lo vincularon con la realización de denuncias falsas y vínculos con el narcotráfico; al mismo tiempo, las tres editoriales reclamaron que Aparicio sancionado y acusaron al Colegio de Abogados y Procuradores de Bahía Blanca de actuar, por desidia o complicidad, en su defensa.
“Es bien conocida la tradicional ecuanimidad con la que esta centenaria institución ha desarrollado tan magna función, tan distante de defensas corporativas, como de injustas vindictas”, expresó el Colegio en un comunicado en donde llamó a la reflexión y “profunda autocrítica” a los dos medios de información.
“Tan falsos reproches resultan inconducentes si con ellos se pretende forzar alguna decisión de este Colegio, que no sea la que corresponda según el derecho vigente; pero, fundamentalmente, resultan agraviantes para nuestra institución y descalificantes para quien las propala de manera tan irresponsable”, agregaron.
Junto a la respuesta del Colegio de abogados y procuradores, en los últimos días una gran cantidad de organizaciones sociales, referentes políticos y de derechos humanos expresaron su solidaridad con Leandro Aparicio y repudiaron la campaña mediática que busca presionar al cuerpo colegiado.
En una presentación al Colegio de abogados y procuradores bahienses, la CPM reiteró que estos ataques sólo buscan poner en jaque la actividad profesional de los abogados en un caso de gran conmoción pública y que el accionar tanto de Aparicio como de Luciano Peretto está amparado en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.