La militancia del movimiento de mujeres consiguió instalar la necesidad de legalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la agenda pública. Sobre la posibilidad de decidir cuándo, con quién y en qué condiciones ser madres se juega el ejercicio real de soberanía sobre vidas y cuerpos; impugnando mandatos con mucho arraigo.
Desde la presentación (¡por 7ma vez!) del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la votación del Senado hubieron meses de profunda reflexión y debates que nos involucraron a (casi) todxs. El tratamiento en comisiones generó un desfile de referentes, argumentando en un sentido y en otro; y su televisación junto con los debates en cada cámara fueron acompañados por millones. Sobre todo la discusión se instaló en las mesas familiares, en las reuniones de amigxs, y en la charla cotidiana. Así, con la ola verde, llegó también la posibilidad para que miles y miles de historias propias, de amigas y familiares, envenenadas por demasiados años de miedo, culpa y angustia, pudieran empezar a sanar. Todo lo que estaba “en el clóset” de lo privado pudo ser ventilado y reelaborado en su dimensión política a la luz de un nuevo momento social. Viento fresco.
Sin embargo la pérdida de embarazos deseados y buscados a causa de la exposición a los agrotóxicos sigue en la oscuridad. Como relata el neonatólogo cordobés Medardo Ávila Vázquez, las parejas que pierden un embarazo lo viven con muchísima culpa y angustia, a partir de ese primer reflejo buscando “qué hicimos mal”.
De nuevo: culpa y angustia. Un drama social confinado al ostracismo de lo privado. Un enorme fardo de dolor que la impunidad de poderosísimos intereses nos hace cargar, quizá durante años.
Es salud pública, estúpido!
Daniela vive en Canals (Córdoba) y nunca perdió un embarazo. Tiene buena salud; es ama de casa y madre de dos 2 niñas sanas. Con su marido, sano y que no trabaja en contacto con contaminantes, llevaban adelante un embarazo deseado: “En la ecografía de la 6° semana el embrión estaba intacto. A los pocos días sintió los efectos de una fumigación en los campos cercanos (olor característico, picazón de ojos, sensación desagradable): estaban fumigando para barbecho químico con glifosato, 2,4-D y atrazina (probablemente también paraquat). En la siguiente ecografía se había detenido el crecimiento del embrión, e incluso disminuido de tamaño. Luego de la 9° semana volvería a ser fumigada, y en la siguiente ecografía el embrión estaba destruído. Cursaba la 12° semana” (Reduas 2018).
El Ministerio de Salud de la Nación ubica la tasa de “detención inexplicable del desarrollo embrionario” o abortos espontáneos en el 3% o menos. Medardo Ávila Vázquez y su equipo determinaron que en pueblos agrícolas fumigados, como Monte Maíz en Córdoba, la tasa de abortos espontáneos araña el 10%; es decir que LA TRIPLICA. A lo que se suman lxs niñxs nacidxs con malformaciones que fallecen poco después de nacidxs. Esto lo corroboran también los Campamentos Sanitarios que realiza la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario a cargo del Dr. Damián Verzeñassi y su equipo.
Hay estudios de distintas partes del mundo que documentan la relación entre exposición a agrotóxicos y problemas reproductivos como pérdidas de embarazos o nacimientos con malformaciones. De hecho Medardo y su equipo acaban de publicar su investigación sobre Monte Maíz en una revista internacional.
A contramano, los Gobiernos abrazan el latiguillo corporativo que afirma “la ausencia de información científica” que corrobore esta relación. Este “saber experto” que a cada paso se devela más corrupto, intenta impugnar el saber construido a través de la “epidemiología popular” por las propias comunidades afectadas o estudios independientes de Universidades Públicas; y es parte del dispositivo que pone en riesgo la vida.
Uno de los grandes méritos de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (ALSG) es lograr que reconozcamos que los abortos clandestinos son un problema de salud pública (parece básico no?): se estima que en Argentina se hacen alrededor de 500.000 abortos por año, y las complicaciones ocasionadas por abortos clandestinos son la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Existe un protocolo de interrupción legal del embarazo al que adherieron 10 de las 24 provincias; pero aún donde tiene vigencia, las mujeres encuentran innumerables trabas para ejercer este derecho. En paralelo se mantiene el negocio millonario de los abortos clandestinos en condiciones de asepsia para las mujeres que pueden pagarlos, mientras las mujeres pobres arriesgan su vida.
Andrés Carrasco, que en 2009 demostró que el glifosato causa malformaciones en embriones de anfibios y dió a conocer públicamente su descubrimiento, decía que “no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de salud pública”.
La emergencia sanitaria en que nos ha metido el agronegocio es realmente enorme. No es reconocida abiertamente por el Estado, aún cuando la evidencia se acumula, y viene siendo denunciada desde hace años por espacios comunitarios, académicos, periodísticos, judiciales y políticos.
Los abortos como el de Daniela nunca lograron conmover a algunas conciencias e instituciones muy preocupadas por la vida durante los meses del debate por la IVE. Por el contrario, muchos “defensores de las dos vidas” son en paralelo grandes defensores del agronegocio. Parece una contradicción, pero ¿lo es? .
Debates jurásicos
La noche del debate en el Senado asistimos a todo tipo de intervenciones: Vimos argumentar contra el derecho de las mujeres a tipos como Urtubey (Bloque Justicialista) hablando de “violaciones donde no hay violencia”, que viene de Salta donde el desmonte ilegal y la destrucción del medio ambiente son moneda corriente al tiempo que se vulneran los derechos de las comunidades campesinas e indígenas: ¿otras “violaciones sin violencia”? A un De Angeli (Bloque Cambiemos): “defensor de la vida” pero clarísimo representante de este modelo agrícola; que viene de Entre Ríos que es el lugar del mundo más contaminado por el glifosato, y que fue el abanderado del boicot a la ley de defensa de humedales. A un Mayans (Bloque FpV), al que no lo escandaliza que los agrotóxicos impidan que alguno de esos niñxs, deseados y esperados, pudieran ser un nuevo Mozart, Beethoven o Miguel Ángel; y que viene de una provincia donde también se destruye el ambiente y se vulneran derechos humanos .
A años luz de la brutalidad de los mencionados, y argumentado a favor del aborto legal, también la escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner (FpV), quién durante sus presidencias bloqueó cualquier avance en el derecho a la IVE, al tiempo impulsó con fuerza el agronegocio que hubo de fagocitarla.
Abrazada al discurso (neo) desarrollista, durante sus gobiernos se profundizó el extractivismo. Se podrían mencionar muchos hitos pero quizá en el impulso al Plan Estratégico Agroalimentario 2020 (que prevía duplicar la producción de granos incorporando 9 millones de hectáreas de territorio campesino, indígena o áreas naturales a las zonas agrícolas) quedó en evidencia que ese avance implicaba la profundicación de la violencia. Dos meses después era asesinado Cristian Ferreyra, militante del MOCASE-VC, para apoderarse de su territorio; como documenta magistralmente la película “Toda esta sangre en el monte“. (Esta mención busca ampliar debates, sin perder de vista que alrededor del aborto LSG estamos muchxs y distintxs, y que ese miércoles estuvimos juntxs soportando la lluvia y el frío para que sea ley).
¿Esto es casualidad, o una situación y otra tienen más vasos comunicantes de lo que se ve a simple vista?
Viejos/Nuevos maridajes
Cuando se trata del control del cuerpo de las mujeres, el aborto es equiparado a un asesinato y todo el poder condenatorio se descarga sobre las que lo practican y reivindican; pero tratándose de las ganancias empresarias, la incidencia de los agrotóxicos en las causales de abortos espontáneos es negada de plano, y su responsabilidad en ellos queda impune.
En la historia americana los territorios, sean estos: cuerpos de mujeres, ambientes naturales, o espacios de reproducción de las culturas campesinas e indígenas, fueron sistemáticamente devaluados por el orden simbólico hegemónico (colonial y patriarcal, además de capitalista) para poder ser puestos bajo control de los abanderados del “progreso” y el “desarrollo”. Estas narrativas gozan de muy buena salud en nuestras sociedades, aún entre quienes reivindican proyectos populares.
La violencia que condena a las mujeres a maternidades que no desean, o que pone en riesgo sus vidas en abortos clandestinos, se junta con aquella que nos expone cotidianamente a los agrotóxicos y hace peligrar los embarazos que deseamos y buscamos.
Es decir, la violencia en los cuerpos de las mujeres se marida con aquella que vivimos en los territorios por el extractivismo, que transforma en mercancía todo lo que vive, destruye ecosistemas, asesina indígenas y campesinxs, y nos envenena cotidianamente. Quizá en los brutales asesinatos de Berta Cáceres en Honduras, Macarena Valdés en Chile o Marielle Franco en Brasil, hayan quedado como nunca en evidencia estos complejos entramados de opresión que vivimos.
Quizá sólo a partir de las luchas nuestras de cada día, donde nos hermanamos muchxs y distintxs, podamos reconocer la forma real que tiene este monstruo de muchas cabezas que enfrentamos a cada paso para abrir camino hacia el Buen Vivir.
En la lucha por el derecho a la salud pública, tenemos que aprender del movimiento feminista: Juntxs denunciamos que las muertas por abortos clandestinos son Femicidios de Estado, y logramos avanzar hasta un punto que parecía imposible hace poco; juntxs defendamos los embarazos que deseamos y buscamos de los venenos con que el agronegocio pretende hacernos convivir, y denunciemos a este Estado que se lo permite.
Tenemos alternativas a todo esto: conquistemos la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos y territorios.
Mas información