Vecinos del barrio Malvinas Argentinas de La Plata denuncian hostigamiento y persecución de parte del jefe de calle de la Subcomisaría La Unión. El mismo personaje apareció de civil realizando detenciones en la represión a los trabajadores de Astillero.
Vecinos del barrio Malvinas Argentinas de La Plata y organizaciones de Derechos Humanos nos movilizamos para presentar un Habeas Corpus preventivo en favor de una militante social y su hijo, que vienen sufriendo hostigamiento y persecución de parte del jefe de calle de la Subcomisaría La Unión, correspondiente a la jurisdicción de San Carlos.
El recurso fue presentado ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo del juez Jorge Moya Pisanello. La compañera denunciante es militante social del Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional y desempeña diversas tareas en el ámbito barrial con un comedor comunitario. Denuncia no menos de cinco 5 hechos represivos protagonizados por efectivos de la policía bonaerense. Entre octubre y noviembre de 2017 sufrió un allanamiento ilegal en búsqueda de drogas. A las 6 de la mañana y de manera muy violenta ingresaron a la casa, golpearon y tiraron al piso a su hijo mayor, de 15 años, siendo que en ningún momento se resistieron. Cuando les reclamó al personal por qué procedían tan violentamente le dijeron “callesé, que estamos haciendo nuestro trabajo”. Acto seguido revisaron toda la casa y preguntaban insistentemente “¿dónde está la droga?”. Trajeron un perro entrenado para buscar sustancias y lo hicieron recorrer toda la casa de punta a punta. Nunca se encontró nada ilegal. Ante tal situación dijeron “disculpe señora, se ve que usted es una trabajadora, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo” y se retiraron. El personal que realizó el operativo estaba uniformado y respondía a la Subcomisaría La Unión.
Luego, en un segundo hecho ocurrido un mes después, ya sobre fin del año 2017, hubo otro allanamiento en momentos en que la compañera estaba trabajando. Volvieron a entrar de manera violenta y preguntando “¿dónde está la droga?”. Cuando la compañera llega a su casa encuentra que no la dejan ingresar hasta que terminaran el procedimiento. La razón fue clara: los policías le robaron cigarrillos y golosinas de un pequeño kiosco que tenía almacenado y 12 mil pesos en efectivo de los gastos del comedor comunitario que gestiona.
Tras esto a fines de junio de este año en momentos en que la compañera sale a hacer unas compras con un amigo, el mismo personal policial que se había identificado anteriormente como jefe de calle los encuentra en la vía pública, y les hace una requisa sin orden judicial. Más tarde ese día hicieron un seguimiento del móvil de la organización que le había traído la mercadería para el comedor. Nuevamente, al preguntarles qué estaban haciendo, respondieron “nuestro trabajo” y amenazaron a la compañera a que se retirara porque si no la iban a llevar detenida.
Pero ese rol represivo de hostigar a los que se organizan en los barrios y robarles lo poco que tienen se corresponde con otras tareas que cumplen los perros guardianes de los gobiernos ajustadores. Resulta que la compañera se encontró al mismo policía represor de la Subcomisaría La Unión en las inmediaciones de Plaza San Martín el 21 de agosto, día de la brutal represión a los trabajadores de Astillero Rio Santiago. La compañera vio que había operativos policiales en distintas esquinas y al llegar a las calles 7 y 49 observó un grupo de personas de civil y uniformados en la vereda. Uno de ellos, recostado contra un auto, estaba vestido con campera camuflada de tonos azules y grises. Se trataba del policía que se identificaba como jefe de calle en los hostigamientos del barrio. Al verla se quedó mirando, y la compañera le dice “Hola”, a lo que le responde “¿Qué sos astillera vos también?”. Los medios platenses registraron detalles del operativo de ese día e incluyeron varias secuencias de fotos donde está presente este policía deteniendo manifestantes.
Finalmente el hecho más grave de todos y que motivó la decisión de presentar el Habeas Corpus preventivo ocurrió el 3 de septiembre, cuando la compañera tenía el día libre en el trabajo por lo cual estaba en una asamblea de base con sus compañeros. Entonces le avisan que su hijo de 15 años estaba siendo hostigado por personal policial. Al parecer en momentos en que el chico estaba en la calle ve que se acerca este personal de policía con el que venían teniendo problemas, sale corriendo y se mete en un pasillo. El jefe de calle y otros dos lo persiguen a mi hijo hacia dentro de la casa, lo tumban en el piso, lo pisan, le pegan con un objeto contundente como una especie de fierro y lo increpan diciendo “vos sos el que guardás la droga, ¿dónde está la droga?”. Entonces cuando la compañera se acerca al lugar donde lo tenían reducido ve que el mismo personal policial que se decía jefe de calle y que había estado en los allanamientos y requisas anteriores lo tenía en el suelo con el arma en la mano. Cuando la ve guarda el arma y sale de encima de su hijo. Ella se acerca a su hijo, lo incorpora y ve que tenía lesiones en la espalda por los golpes sufridos. Entonces les dice que no podían proceder así porque le estaban pegando a un menor. Le responden que no le habían pegado y sugieren que “debe ser una picazón”. El que se identifica como jefe de calle me dice “¡vos cállate que sos piquetera, astillera y tremenda narca!”. Entonces les pido que se identifiquen todos y porqué estaban haciendo ese procedimiento con un menor, a lo que no responden y se retiran. Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía General y recibió el registro de expediente 34904/18. Allí la compañera describe al personal policial que se dice jefe de calle de la Comisaría La Unión como “un hombre morocho, bajo y robusto con corte de pelo tipo mohicano”.
En el recurso presentado esta semana, acompañado por el Colectivo contra el Gatillo Fácil, solicitamos al juez Moya Pisanello que ordene de manera inmediata a la Subcomisaría La Unión que se abstenga de realizar allanamientos sin orden judicial; el cese de toda persecución, hostigamiento, amenazas, detención o demoras irregulares e injustificadas a la compañera y a su hijo; y que se exija al Ministerio de Seguridad que brinde la nómina completa y actualizada del personal policial de esta dependencia para identificar al jefe de calle y a otros laderos que realizan estos hostigamientos.
“No quiero que mi hijo sea otro caso de gatillo fácil”, sintetizó la compañera denunciante.
El aval explícito al gatillo fácil que realizó el macrismo recibiendo al asesino Luis Chocobar es la garantía para que la represión no se sienta limitada en sus métodos. Hoy han creado al joven pobre como enemigo social, al que expulsan a la marginalidad y después les sirve para justificar la mano dura. Son los pibes pobres de nuestros barrios que caen bajo la bala policial, como Darián Barzábal, Omar Cigarán, Mauricio Andrada, Isamel Perussatto, Víctor González, Damián Corvalán y Nicolás Vargas. Todos ellos fueron asesinados por las policías de Scioli y Vidal, sus asesinos siguen siendo sostenidos en las fuerzas represivas y el Estado les paga abogados para defenderse ante la justicia cómplice, que los termina absolviendo con la excusa de la “legítima defensa” y el “cumplimiento del deber”. En este caso la policía tiene vía libre para hostigar y hasta robar lo poco que tienen los pobres organizados. Desde el Colectivo Contra el Gatillo fácil alentamos a todxs lxs compañerxs organizadxs en los barrios a estar alerta frente a este tipo de hostigamiento policial y a organizarse para denunciarlos.
