La movilización del 1 de septiembre de 2017, a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, culminó en la CABA con 31 personas detenidas. Entre ellas, varias desarrollaban tareas comunicacionales y puntualmente dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que transmitían en vivo a través del Facebook de la RNMA. Ahora, Casación dio marcha atrás con los sobreseimientos -tras el pedido del Fiscal Moldes, que dijo que estaban disfrazados de periodistas- y ordenó seguir investigando a la gente que hacía cobertura de la represión ese día. En el programa radial La Retaguardia, lo explicó María del Carmen Verdú, integrante de Correpi, en diálogo con Fernando Tebele.
Foto: convocatoria “comunicar no es intimidar” de la RNMA
“El año pasado, el 4 de septiembre a las cuatro de la mañana estábamos bajo la lluvia esperando la soltura de los compañeros y compañeras. El fallo de Casación se originó en el recurso que metió el fiscal Germán Moldes en diciembre. Allí decía que quienes nosotros argumentamos que son trabajadores y trabajadoras de prensa: Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone (ambos de la RNMA); Carlos Ardila Guerra, fotógrafo profesional de ATE y alumna de la UNA; y Paola Barriga Montero, también estudiante avanzada de la UNA y fotógrafa de un centro cultural feminista, Marcelina Meneses, según Moldes no eran fotógrafos, sino que estaban disfrazados, como podrían haber ido disfrazados de Pierrot, Colombina o El Zorro. Por eso, este año, cuando tuvimos la audiencia ante la Cámara que fue en la víspera del día del Periodista, hicimos aquel carnaval veneciano en Comodoro Py con todos los disfraces”, recordó Verdú. “A partir de allí, nos encontramos con una resolución con votos divididos. Nos tocó la Sala III, por un lado el juez Mahiques que viene de Mercedes, que dijo que el fallo de la Cámara Federal que sobreseyó a estas cuatro personas es impecable. Además, consideró que no hay ningún elemento de prueba que permita decir que estaban haciendo otra cosa más que su trabajo. En el caso de los otros dos, Liliana Catucci y Eduardo Riggi -el que se suponía que iba a recibir la coima de 50 mil dólares que quería pagar Pedraza en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra-, dijeron que para sobreseer hace falta certeza negativa”, explicó la abogada y citó textual: “‘Tiene que haber una certeza apodíctica’, escribió Riggi, y acá todavía quedan dudas de si estas personas se pelearon con un policía, le pegaron, lo insultaron. Por supuesto que cuando fueron detenidos los compañeros, menos lindos, les dijeron de todo. Pero eso era porque estaban siendo arbitrariamente detenidos e impedidos de desarrollar su tarea, estaban transmitiendo en streaming live, por el Facebook de la Red de Medios. Está el video para quien lo quiera ver, se ve que están con el chaleco de prensa, que uno está haciendo las imágenes y el otro actúa como ayudante de cámara guiándolo, como corresponde en un equipo de dos que graba en esas circunstancias”. “Entonces, apelando nuevamente a esta idea de la intimidación pública y de crear un pánico colectivo, revocaron el sobreseimiento y ahora estamos con ellos cuatro en una especie de limbo porque la causa tiene que volver a la Cámara y ésta debe decir qué hace. Volvemos a la situación inicial, cuando estaban procesados por obra y gracia de nuestro viejo conocido don Marcelo Martínez de Giorgi. El mismo de Antena Negra TV y de la causa de Tiempo Argentino“, recordó. “Ahora tendremos que esperar que la Cámara resuelva, entendemos que lo lógico es que dicten una falta de mérito como con el resto de los detenidos y detenidos. Naturalmente, apenas la causa vuelva a primera instancia empezaremos a aportar la segunda tanda de pruebas que teníamos en la manga que son los testigos. En el momento en que Medo y Juan fueron detenidos había otros compañeros de la RNMA que estaban presentes, que son quienes avisaron lo que sucedía”, describió Verdú.
El mensaje es claro
“Afortunadamente, logramos mantener el sobreseimiento en el caso de Carlos (Ardila Guerra) porque era demasiado grotesco. La versión de Moldes era que se lo veía en una actitud hostil contra el personal policial en una foto. La foto ha circulado por todas las redes, está agregada al expediente: Carlos está trepado a una valla, como hacen habitualmente los reporteros gráficos, y está apuntando a los policías con el objetivo de la cámara. La actitud hostil es que estaba sacando una foto.
El mensaje es claro. Si a quien saca una foto, a quien graba un video, a quien transmite en vivo lo que está ocurriendo en la calle le puede pasar esto, imaginate lo que le ocurre al que va a protestar”, enfatizó la abogada de CORREPI. “Por allí pasa el disciplinamiento, por allí pasa este estado de excepción del que venimos hablando desde la desaparición forzada y muerte de Santiago, luego el fusilamiento de Rafael Nahuel, la doctrina Chocobar y hoy el secuestro y la tortura de una docente de Moreno que junto con sus compañeras y compañeros vienen paliando el hambre de los pibes de las barriadas pobres armando ollas populares porque las escuelas están cerradas después del estallido en el que murieron Sandra y Rubén por el mal estado de la instalación de gas. A Corina (de Bonis) la secuestraron, le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza, le escribieron con un clavo en la panza ‘ollas no'”, enumeró. “La compañera está bien, afortunadamente, con todo el espíritu y toda la fuerza para seguir la pelea para adelante. También consideremos la noticia de que detuvieron a un compañero del PSTU por la causa del 18 de diciembre, en la que todavía se mantiene la captura internacional de Sebastián Romero -el de la cañita voladora-. En este caso, detienen por orden del juez federal Sergio Torres a Daniel Ruiz, un dirigente del gremio de petroleros de la misma agrupación política de Sebastián Romero. Por esta causa también estuvieron detenidos los compañeros del Partido Obrero, Dimas Ponce y César Arakaki”, agregó Verdú. “Ese es el escenario que tenemos. En las movilizaciones los principales medios titulan ‘caos de tránsito’, Crónica sacó una placa diciendo ‘no salga de su casa’, cuando justamente la exhortación es: ¡A las calles! Esto es el resultado directo de la política del FMI y de Macri”, denunció.
¿A las calles o a las urnas?
“Claramente no todo el mundo está tomando real consciencia o pensando en las herramientas que hay que desarrollar desde el campo del pueblo trabajador para defendernos en una etapa tan excepcional y tan dura como la que estamos atravesando. Es cierto que hay un sector de lo que muy ampliamente podríamos denominar como campo popular que tiene la actitud de retraerse y esperar a 2019. A mí lo que me preocupa y me motiva es el otro lado. Era un orgullo ver a los compañeros y compañeras del FOL, de todas las organizaciones de carácter territorial, el Frente Popular Darío Santillán, etcétera, con más de cien ollas populares en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y otros lugares del país”, contó. “Plantearon la situación concreta de los cooperativistas, de los trabajadores de la economía popular y de los desempleados. Simultáneamente se dio la inmensa movilización de los estatales, en la que el Vasco Izurieta explicó cuál es la situación hoy para los laburantes cuyo trabajo es garantizar los derechos de todos los demás. Eso ocurre con los trabajadores del ex ministerio de Trabajo, de Salud, Educación, etcétera. Nos enteramos de este decreto del gobierno nacional que con el recorte que hace en salud, en ciencia y tecnología, en educación, en niñez, aumenta exponencialmente el presupuesto del ministerio de Seguridad para reprimir. Si en ese escenario, vos tenés que sentarte a discutir si hay que salir a la calle, algo te está fallando en el razonamiento”, aseguró Verdú.
Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2018/09/comunicadores-procesados.html