Decidida a resistir los pronunciamientos judiciales, el gobierno recusó (pidió el apartamiento) de todos los jueces de la Cámara Nacional del Trabajo que resolvieron hasta el momento amparos, individuales o colectivos, en los que se hayan pronunciado a favor de los trabajadores de Télam. Así, el ex ministro Hernán Lombardi está decidido a respetar a la Justicia solamente cuando falla al servicio del poder.
La maniobra, que registra pocos antecedentes equivalentes desde la recuperación democrática de 1983, logró hoy un éxito parcial con el desplazamiento de la Sala V de los jueces Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo, presuntamente por adelantar en la resolución cautelar una posición favorable para los trabajadores de Télam que quedaría consolidada con la acción de fondo. Al mismo tiempo, el gobierno fracasó en su intento de remover a la jueza Graciela Craig de la Sala V y quien quedó ratificada para resolver en las próximas medidas cautelares.
La operación pretende, ahora, intentar completar los lugares vacantes en la Sala con jueces adictos al gobierno, lo que no necesariamente está garantizado en estas horas. Aun si el resultado final fuera inocuo, queda en evidencia la intención del gobierno de someter y disciplinar a la Justicia, del mismo modo que pretenden disciplinar a la redacción con su programa de despidos salvajes.