La reforma laboral que impulsó el Gobierno en la industria textil, y que esta semana quedó en suspenso tras el rechazo conjunto de los gremios y los empresarios, incluye un concepto clave que responde a estrategia oficial en línea con la del Fondo Monetario Internacional (FMI): la “disponibilidad colectiva” que habilita una negociación a la baja respecto de la ley de Contrato de Trabajo (LCT), el piso de derechos laborales vigente.
Esa facultad, prohibida salvo casos excepcionales, fue calcada (ver gráfico) de una ley de flexibilidad laboral para pyme (24.467) que logró sancionar en 1995 el entonces presidente Carlos Menem con apoyo del tándem Domingo Cavallo (Economía) y Armando Caro Figueroa (Trabajo) y que nunca llegó a aplicarse. El objetivo de aquella norma y del borrador que impulsó el actual ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, es habilitar el pago en cuotas del aguinaldo, flexibilizar las vacaciones y reducir el costo de las indemnizaciones. La actual iniciativa agrega ítems como la creación de un “banco de horas” para estirar hasta 12 horas la jornada laboral.
La concepción de que la LCT es una base de derechos que está prohibido perforar figura desde la Ley 14.250, de 1953, y fue ratificada en 2004 cuando el Congreso derogó la denominada “ley Banelco”. A partir de ese impedimento, el texto que impulsó Sica incluyó un punto en el que empresarios y sindicalistas “reconocen la necesidad de que se dicte en forma urgente una norma o decreto, en el que expresamente se les reconozca la posibilidad de disponer colectivamente” sobre esos puntos. Dicho de otra forma, una autorización para negociar a la baja.
“El mecanismo no es novedoso. Es el mismo que impulsaron Cavallo y Caro Figueroa en los 90: habilitar la negociación colectiva para perforar el piso de la Ley de Contrato de Trabajo de modo de contar con la complicidad de los sindicatos en la entrega de derechos laborales. Afortunadamente este intento fracasó y no le abrió la puerta a esa disponibilidad colectiva que tanto daño puede hacer a los trabajadores”, le dijo a este diario Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.
En igual sentido, el exministro de Trabajo Carlos Tomada recordó que la Ley 24.467 para pyme “entró en una suerte de desuetudo (derogación por ausencia de uso) porque no llegó a aplicarse”. “Eso demuestra que por ahí no pasa la cosa. La solución a la crisis no pasa por reformas laborales, de hecho los empresarios ni siquiera piden eso”, agregó el exjefe de la cartera de Trabajo por doce años y asesor de la CGT durante los años noventa.