Nadie se sorprenderá si decimos que el agua está siendo utilizada como arma de guerra contra los pueblos. El caso de la Franja de Gaza habla por sí solo. Sin embargo, no tenemos aún idea de la magnitud del fenómeno, ya que acostumbramos a considerar que los casos más conocidos son más bien excepciones. Nada más equivocado.
Millones de personas carecen de agua en las grandes urbes de América Latina, en particular en Sao Paulo y Ciudad de México. No hay cifras claras sobre los problemas de abastecimiento, pero se puede asegurar que cada vez más el agua está contaminada, escasea y, en consecuencia, está siendo militarizada por los estados. El cambio climático y la creciente desigualdad juegan contra los sectores populares que son los más afectados por la crisis en el suministro de agua potable de calidad.
En El Salvador el 90 por ciento del agua está contaminada, llena de químicos como el glifosato, como destaca un reciente estudio. En Uruguay, que era un país con buena calidad de agua y de servicios en general, este verano las playas desbordaron de cianobacterias producto de la sobre utilización de glifosato en los cultivos de soja transgénica. El resultado es que las familias de clase media pueden comprar filtros de carbono para purificar el agua (200 a 500 dólares por unidad), mientras los sectores populares la consumen contaminada.
En Brasil la Agencia Nacional de Aguas acaba de publicar que en 15 años habrá 55 millones de habitantes de zonas urbanas con riesgo hídrico, lo que impone la realización de obras millonarias para las que no hay presupuesto. En 2016 había 812 municipios (de los 5.000 que tiene el país) que eran atendidos con camiones cisterna, siempre vigilados por militares ante el riesgo de asaltos. La agencia reconoce que aunque se realizaran todas las obras programadas, igualmente habrá millones de personas sin acceso al agua.
El primer punto a tener en cuenta, es que esta realidad indica que los estados serán incapaces de suministrar agua, un derecho humano básico. Además, los estados están procediendo a privatizar el recurso.
El VII Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, realizado el 16, 17 y 18 de noviembre de 2018, denunció “la transformación de las empresas públicas municipales en empresas privadas y mixtas por acciones, y la persistencia de hacerlo con nuestros acueductos comunitarios; la pérdida de la autonomía municipal y territorial de los gobiernos locales en el manejo de sus recursos para agua y saneamiento y el arrasamiento de las comunidades organizadas como entramados construidos solidariamente por las gentes”.
En Colombia existen 12.000 acueductos comunitarios que abastecen el 40% del agua en zonas rurales y el 20% en las ciudades, pero el gobierno derechista de Iván Duque se propone privatizarlos, en lo que consideran “violencia institucional” (http://redacueductoscomunitarios.co). Mientras persista el modelo neoliberal el manejo comunitario del agua está en peligro, tanto por los intentos de privatización como por el ataque frontal del Estado, los grupos paramilitares y el narcotráfico al tejido comunitario que sostiene los acueductos.
La segunda cuestión, es que corresponde a los movimientos antisistémicos garantizar el derecho al agua, ante la colusión entre estados y empresas monopólicas para hacer del agua un gran negocio. La experiencia colombiana es importante pero no es la única. La apuesta a las comunidades no es banal: se trata de redes de organizaciones de base, enraizadas en la vida cotidiana en los territorios de los pueblos originarios, negros, campesinos y periferias urbanas, los que van a hacer realidad el control popular del agua, desde la exploración y el suministro hasta el saneamiento.
Incluso en las ciudades hay experiencias notables, como la de Cochabamba en Bolivia. En Ciudad de México, una de las urbes más afectadas por la escasez del recurso, existe un puñado de movimientos que han sido capaces de resolver con su trabajo militante el acceso al agua. Destaco la Comunidad Habitacional Acapatzingo, en Iztapalapa (una de las zonas más afectadas por la escasez).
La comunidad de 600 familias ha sido capaz, en plena zona urbana, de combinar la recepción del agua entubada, con la recogida y almacenaje del agua de lluvia tratada con filtros, y la construcción de pozos. De ese modo es muy difícil que consigan estrangular al movimiento. Los ejemplos que nos dan algunos movimientos deben ser recogidos y analizados por las organizaciones populares, para intentar resolver un problema grave para la autonomía de los de abajo.