El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma presentó un informe sobre la represión y criminalización de la protesta social durante el gobierno de Macri. En cuanto a los datos más relevantes, se destacan al menos 1452 detenciones en el marco de protestas sociales y 234 casos de utilización de la violencia física como respuesta.
Además, el informe analiza cómo el Gobierno nacional reivindica la utilización de la fuerza represiva como forma de intervención ante la protesta. “La represión y criminalización de la protesta social fue una constante durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos. Más aún, fue una herramienta cuya utilización respondió a una decisión consiente y avalada desde los más altos funcionarios del Estado, tendiente a limitar la capacidad de resistencia de los sectores populares frente a las políticas de ajuste”, indica el informe.
Entre las principales conclusiones, explica que “las consecuencias sociales y económicas de estos cuatro años de gestión se plasmaron en aumentos en la pobreza y la indigencia, el desempleo, la precarización laboral y en una fuerte caída en términos reales de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, ni la intensidad de la represión estatal ni el hecho de que esta fuera avalada desde los niveles más altos de la función pública fueron suficientes para inmovilizar al conjunto de la sociedad. Por el contrario, como hemos descripto en este documento la represión, las detenciones y la apertura de causas no disuadieron a los trabajadores y trabajadoras de seguir llevando adelante acciones de resistencia”.
También explica acerca del proceso de construcción en el plano simbólico de un “enemigo interno”, que “fue una decisión política tendiente a responsabilizar a otro la razón de los fracasos económicos del Gobierno nacional. Ese “otro” fue desplazado del manifestante al extranjero, llegando al punto de modificar regresivamente la legislación migratoria, intentando instalar una supuesta relación entre migración y delito”.
“La reivindicación de la resolución violenta de las tensiones provocadas por el conflicto social constituye una de las herencias que deja la gestión de Cambiemos. Ella trasciende los resultados electorales, por cuanto se trata de un discurso que, impulsado desde el Estado y replicado incesantemente por numerosos medios masivos de comunicación, intentan legitimar un consenso social que no hace más que incrementar los niveles de violencia existentes en la sociedad.”, destaca el informe.
Finalmente explica: “Este desafío es clave de cara el futuro inmediato. Por un lado, vuelve a ser necesario resaltar el papel que cumplen las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos no solo en la construcción de una sociedad más justa, sino también en el procesamiento institucional y democrático de la conflictividad social. En tal sentido, vale recuperar la ’Declaración sobre los defensores de los derechos humanos’ aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998. Por el otro, resulta imprescindible iniciar procesos que tiendan a revertir la securitización de la respuesta estatal al conflicto social, desandando cuatro años de políticas donde la reivindicación del accionar violento de las fuerzas de seguridad estuvo en el centro de la acción estatal”.
El informe completo (en PDF):
También se puede descargar aquí: http://ctanacional.org/dev/wp-content/uploads/2019/10/Represi%C3%B3n-y-Criminalizaci%C3%B3n-de-la-Protesta-Social-Informe-2016-2018.pdf