El Observatorio del Derecho Social elaboró, junto al Observatorio de Conflictividad en el marco del SISMOS, de Mar del Plata, un informe sobre las acciones de resistencia obrera al ajuste del Gobierno de Cambiemos, las cuales formaron parte “constitutiva de la dinámica de la lucha de clases en un contexto sin dudas desfavorable para el conjunto de la clase obrera”.
El trabajo realizado analiza que desde el inicio de su gestión, el Gobierno de Cambiemos implementó un plan de ajuste “que tuvo como resultado el incremento en los niveles de pobreza, la destrucción de puestos de trabajo y la caída del salario real. Ante este escenario, la respuesta obrera se plasmó en numerosos conflictos colectivos que buscaron poner un freno al fuerte deterioro en sus condiciones de vida”.
Según se observa, “la resistencia de les trabajadores fue descentralizada y constante en cada lugar de trabajo, pero también fue por momentos centralizada, agrupó a todos los sectores y se trasladó al espacio público. Las problemáticas y objetivos fueron diversos: situaciones de crisis (despidos, suspensiones, deudas salariales, cierres de empresa); contrarrestar la pérdida salarial y obstaculizar políticas del gobierno que avanzaban sobre los derechos de les trabajadores (reforma previsional, reforma laboral, aumentos de las tarifas de los servicios públicos, acuerdo con el FMI, etc.)”.
Esta resistencia se expresó en múltiples niveles, incluyendo acciones de alcance nacional, provincial y local. En ellas, la participación de les trabajadores y sus organizaciones constituyó un dato distintivo.
Datos distintivos
Según los datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A, las luchas obreras en los primeros tres años del Gobierno de Cambiemos se plasmaron en al menos 2572 conflictos laborales de los cuales el 53% ocurrieron en el sector público, el 34% en el privado, el 7% en la economía informal y el 6% en más de un sector.
En el periodo 2016-2018 les trabajadores del sector privado, público, informales o en más de un sector realizaron al menos 4437 medidas de fuerza, de las cuales el 58% ocurrió en el sector público, 30% en el privado, 7% en más de un sector y 5% fueron motorizadas por trabajadores y trabajadoras informales.
Al momento de observar quiénes fueron las organizaciones que desplegaron estas acciones, se destaca la lucha de les trabajadores de la administración pública, docentes, trabajadores de la salud, judiciales y universitarios, quienes realizaron el 45% del total de acciones de mayor intensidad. La Asociación de Trabajadores del Estado fue la organización sindical que impulsó la mayoría de ellas con un total de 720 medidas, de las cuales 513 las realizó en forma individual y 207 en conjunto con otras organizaciones sindicales o movimientos sociales. Entre estas, se destacan la resistencia a los miles de despidos que inició el Gobierno de Cambiemos al principio de su gestión en 2016.
Por su parte, los docentes enfrentaron la eliminación de la paritaria nacional del sector en todo el país y la pérdida de salario mientras que les trabajadores de la salud (FESPROSA y sindicatos de base) enfrentaron el recorte de personal como el conflicto en el Hospital Posadas y también las luchas en Neuquén, Chaco, Córdoba, Santa Fe, entre otros. Entre las acciones de los judiciales (FJA y sindicatos de base) se destaca una fuerte presencia de paros y movilizaciones en la Provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut y Río Negro y masivas movilizaciones de docentes universitarios de la CONADUH junto a sus gremios de base y en coordinación con otros gremios del sector.
En el sector privado también se registró una gran cantidad de acciones conflictivas, que incluyeron actividades tales como: alimentación, construcción, transporte automotor de pasajeros, bancaria, metalurgia, prensa, energía, petróleo, transporte aéreo, transporte subterráneo y azucarera. Si bien algunas de estas acciones fueron impulsadas por las direcciones nacionales, la mayoría de ellas respondieron a instancias descentralizadas de la organización (seccionales, sindicatos de base, comisiones internas, etc.).En todos los casos, estas acciones se dan producto de la destrucción de fuentes de trabajo y una fuerte caída del salario real.
Por su parte, el Observatorio de la Conflictividad Social de Mar del Plata registra, durante el primer bienio del Gobierno de Cambiemos, que se iniciaron 353 conflictos laborales que implicaron al menos una acción directa por parte de les trabajadores. Entre las acciones, la huelga y la manifestación callejera fueron por lejos las formas predominantes de las acciones conflictivas emprendidas por les trabajadorxs organizados sindicalmente.
Al observar los sindicatos que motorizaron la mayoría de las acciones a nivel local, en el sector público se trata de les docentes (SUTEBA), trabajadores estatales (ATE), del sector salud (CICOP). Además en el sector privado se destacan las acciones de les trabajadores docentes privados (SADOP), de la energía (Luz y Fuerza), construcción (UOCRA), transporte (SCC), la industria pesquera (SIMAPE, SUPA, AACPYPP), el comercio (SEC) y la industria pastelera (STARPYH).
Principales conclusiones
La resistencia del conjunto de les trabajadores y de sus organizaciones no parece haber sido suficiente para frenar el deterioro persistente de la situación social en general, y del mercado de trabajo en particular, pero sí cumplió un papel significativo en el proceso de deslegitimación social del proyecto político del Gobierno mediante la obstaculización de algunas políticas socio económicas.
Asimismo, este trabajo permite aseverar que dicha resistencia “habría cumplido un papel central en la imposición de límites a las políticas de ajuste impulsadas por los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y local, durante los últimos años”.
“Las acciones de les trabajadores formaron parte constitutiva de la dinámica de la lucha de clases en un contexto sin dudas desfavorable para el conjunto de la clase obrera.”, indica el informe.
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