Las protestas generalizadas en todas las unidades carcelarias del país desde el inicio de la pandemia, acompañadas por el esfuerzo de organizaciones antirrepresivas, organismos de DDHH y los medios autogestivos e independientes, lograron visibilizar la grave situación de las personas privadas de su libertad en la emergencia sanitaria, así como la necesidad de abordarla y resolverla como cuestión prioritaria.
Resquebrajado ese silencio inicial, el Poder Judicial, cuyos integrantes tienen las llaves de los candados carcelarios, emitieron dos tipos de medidas. Tribunales de casación, como el Penal Bonaerense o la Cámara Federal, emitieron resoluciones con criterios generales, instando a los organismos inferiores a aplicarlos en los casos concretos.
Un habeas corpus colectivo interpuesto por 19 defensores oficiales de la provincia de Buenos Aires motivó el fallo del Tribunal de Casación Penal de ese distrito, que aconsejó otorgar arrestos domiciliarios a las personas detenidas por delitos leves, que integren grupos de riesgo, mujeres embarazadas o madres con hijxs alojados en las unidades. Respecto de personas imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves, dispuso que se analizara muy puntualmente cada caso.
Similares fueron los parámetros establecidos en dos acordadas sucesivas por la Cámara Federal de Casación Penal. La primera, del 9 de marzo, dispuso encomendó a los jueces y tribunales inferiores dar arresto domiciliario a las mujeres embarazadas o que convivan con hijxs menores de cinco años en los penales. La segunda, unas semanas después, pidió la habilitación de prisiones domiciliarias o mecanismos similares, con mecanismos de control, para personas procesadas por delitos leves, para condenadas que estén en condiciones de tener salidas y para mayores de 60 años con riesgos de salud. En relación a prisiones preventivas o condenas por delitos graves, recomendó evaluar la situación “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo”, sin mencionar los parámetros de exclusión que las organizaciones y organismos de DDHH venimos reclamando.
Estas resoluciones, y las similares de otras provincias, no conmovieron a la enorme mayoría de los jueces, que, hasta la fecha, no sólo no las aplicaron de oficio, sino que rechazaron el 80% de los pedidos de excarcelación o domiciliarias solicitadas por defensores oficiales o particulares en todo el país. En cambio, en la mínima cantidad de casos en que se ordenaron algunas salidas de prisión bajo las diferentes formas posibles (libertades asistidas, excarcelaciones, domiciliarias monitoreadas electrónicamente o por otros medios), aparecen beneficios a quienes no los necesitan, porque ya viven en pabellones de privilegio, y por sus aberrantes crímenes deben ser excluidos, como es el caso denunciado por organismos de DDHH de represores y genocidas, así como violadores y femicidas.
En la última semana se desató una feroz campaña dirigida por los medios hegemónicos, fogoneada públicamente por miembros de la oposición –Patricia Bullrich a la cabeza- y por integrantes del gobierno, como el jefe de la bancada oficialista, el diputado Sergio Massa, y el ministro de seguridad de la provincia, Sergio Berni, a partir de mentiras y falacias, que culminó con el “cacerolazo” del jueves pasado. Quizás el mejor ejemplo sea la falsa noticia de que un preso liberado el día anterior había sido recapturado cuando cometía un robo. Para agregar pimienta, la noticia destacó que, en el momento de la detención, dijo algo así como “no importa, mañana vuelvo a salir”. Imposible no indignarse ante semejante cuadro, sobre todo si te ocultan que no era una persona liberada por las circunstancias excepcionales de la pandemia, sino un paciente psiquiátrico evadido del Hospital Borda.
En la misma línea, hay publicaciones por montones que instalan que “largaron miles de presos peligrosos”, cuando rondan apenas 400 sobre 50.000, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los casos reales de personas que obtuvieron en estas semanas alguna alternativa a la prisión por respuestas satisfactorias de los tribunales a los planteos de los defensores.
La misma ínfima proporción de respuestas positivas, que no son “liberaciones” en todos los casos, pues incluyen morigeraciones con limitaciones, como los arrestos domiciliarios, se advierte a nivel federal y del resto de las provincias.
Entonces, digamos las cosas como son. Las cárceles están sobrepobladas, sin posibilidad alguna de implementar protocolos sanitarios que impidan que se siga esparciendo el virus que ya cruzó, hace semanas, de la mano de los penitenciarios, los muros perimetrales. A los ya conocidos casos de personas detenidas, infectadas con Covid-19, en Florencia Varela, Corrientes y CABA (Devoto), se sumó ayer la denuncia de que un joven preso de la cárcel bonaerense de Ituzaingó dio positivo al test, y recibió como “respuesta sanitaria” el aislamiento en buzón de castigo, con paracetamol y sin notificar a la familia, que se enteró por otros presos. Lo que las personas detenidas, sus familiares y las organizaciones y organismos venimos exigiendo son soluciones en el marco sanitario, que descompriman los pabellones, a través de medidas alternativas adecuadas según la situación procesal a esa enorme mayoría acusada por delitos menores –que no deberían de entrada, estar en prisión-, con prioridad para grupos de riesgo, excluyendo autores de delitos aberrantes –que además son los que habitan pabellones VIP con privilegios y necesidades cubiertas- y garantizando, a la vez, la implementación de protocolos sanitarios por los servicios penitenciarios y dentro de las prisiones, garantizando la provisión de alimentos, asistencia médica y elementos de higiene y limpieza en cantidad y calidad.
Muchos otros hechos dan cuenta del avance reaccionario que aprovecha la situación de excepción impuesta.
En Arroyito, Córdoba, el jefe de la comisaría local, subcomisario Milton Ullua, terció en el debate con una publicación en su muro de Facebook. El bueno del subcomisario ya tuvo su momento cuando tuiteó que había que levantar un muro estilo Trump en la frontera que separa su ciudad de la vecina San Francisco, en Santa Fe, para evitar la invasión de “ratas delincuentes”, y siempre que puede defiende el gatillo fácil. Pero esta vez, se superó a sí mismo. Publicó una foto del techo de la cárcel de Devoto, con los carteles de reclamos de los presos, acompañada por otra del genocida general Jorge Rafael Videla, con su mano haciendo el número 3, y el texto: “Dame tres horas y los pongo a arreglar el techo cantando la marcha de San Lorenzo”. El hecho le valió una denuncia de la delegada local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante el Tribunal de Disciplina de la Policía de Córdoba, una tibieza si tenemos en cuenta que el hecho constituye lisa y llanamente un delito penal grave, pero que alcanzó para que la funcionaria recibiera una catarata de insultos y amenazas que la obligaron a cerrar sus redes sociales. Parece que al ciberpatrullaje de gendarmería se le escaparon tanto la publicación del subcomisario como las intimidaciones enviadas a la denunciante, porque no se ha sabido que hubiera allanamientos ni detenciones.
En la provincia de Buenos Aires, como parte del endurecimiento represivo, el ministerio de Seguridad resolvió la reincorporación de los policías suspendidos por razones disciplinarias durante la gestión de María Eugenia Vidal. Según Clarín, insospechado de conspirar contra el aparato represivo, casi 400 oficiales y suboficiales que estaban en disponibilidad regresaron a la actividad en los últimos 30 días, y se están revisando unos 6.000 legajos, entre los que, sin dudas, si se difundieran los listados, encontraríamos más de uno involucrado en causas por gatillo fácil sin sentencia por lenidad judicial, además de que, obvio es decirlo, imaginemos de qué clase de policías hablamos si los tuvieron que separar durante la gestión de Ritondo.
En el marco del 1° de mayo se produjeron provocaciones y ataques varios contra organizaciones populares que realizaban tareas de asistencia alimentaria.
En un comunicado, Ammar Córdoba denuncia que, desde el inicio de la cuarentena, la organización “lleva adelante una campaña para la entrega de alimentos y productos de limpieza en nuestra sede a compañeras trabajadoras sexuales, recursos que conseguimos gracias a todos los aportes y donaciones que estamos recibiendo”. Y continúa denunciando que, en la víspera del Día Internacional de lxs Trabajadorxs, la policía irrumpió en su sede, intimidó a quienes estaban realizando esa tarea e intentó detener a dos mujeres que salían con los bolsones, acusándolas de violar el aislamiento. Gracias a la intervención rápida de la comisión directiva de Ammar Córdoba se pudo evitar la detención. Sin embargo, continúa el comunicado, “compañeras denunciaron que fueron violadas por parte de dos policías que se manejan uniformados en un auto blanco vidrios negros, hecho que las compañeras no se animan a denunciar por miedo a ser asesinadas, ya que fueron fuertemente amenazadas, como sucedía hace años atrás. Acompañamos y apoyamos la grave e indignante denuncia, que hace responsables a todas las autoridades del gobierno de la provincia de Córdoba, por la vida de las compañeras y su plena integridad física.
En Cinco Saltos, Río Negro, integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) acudieron en auxilio de cinco trabajadorxs golondrinas, que debido a la cuarentena quedaron varadxs en Mendoza y lograron su regreso. El municipio dispuso que cumplieran el aislamiento preventivo en un polideportivo en condiciones de extrema precariedad, desoyendo el ofrecimiento del FOL de domicilios particulares con todas las garantías. Ante ello, las compañeras se acercaron al lugar para llevar comida y otros elementos. Vale decir que el polideportivo carece de agua, no hay personal de salud y no provee alimentos ni elementos sanitarios suficientes. En esa instancia, fueron detenidas y luego liberadas, con imputación penal.
En Paraná, Entre Ríos, el mismo 1º de mayo, se sirvió un locro solidario en el comedor comunitario de un barrio. Cuando habían terminado, y las personas que organizaban estaban lavando y ordenando, sintieron detonaciones en la calle. Una partida policial, junto a un grupo de fuerzas especiales, había entrado al barrio, disparando postas de goma contra las familias que regresaban a sus casas. Hubo varias personas heridas, incluidas mujeres y niñxs. La policía ingresó a las viviendas y detuvo a seis personas, entre ellas un niño de 13 años y dos de 16 años. Llevó horas a militantes del barrio y vecinxs ubicar a los presxs, cuya soltura están esperando.
Más que nunca:
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
Fuente: http://www.correpi.org/2020/reporte-no-34-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/