por Jorge Zabalza
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13 agosto 2020
Guido Manini Ríos se afilia a la versión más retrógrada de la historia reciente: el golpe de 1973 fue a pedido del parlamento y consentido por la mayoría electoral, la que había votado a Bordaberry (apadrinado por Pacheco Areco) y al general Aguerrondo, cuya logia “tenientes de Artigas” ya había copado el mando superior del ejército. Manini estima que dicha mayoría se mantuvo con el correr de los años, indiferente a la barbarie del terrorismo de Estado y que, en noviembre de 1980, se expresó en el plebiscito: más del 40% del electorado apoyó la propuesta de la dictadura cívico-militar. Tampoco disminuyó, piensa él, con la restauración de la república liberal: en el plebiscito de 1989 se respaldó por mayoría la impunidad de los criminales uniformados. Por supuesto, ese no es el análisis visto desde la izquierda, pero, es el relato donde se afirma la acción política de Manini Ríos.
Antes de librarse de los límites propios del cargo de comandante del ejército, ya venía creando hechos que, indirectamente, lo iban aproximando al poder político. Su propósito parece ser desarticular el modo pacífico de dominación, para reemplazarlo con una pirámide de ordeno y mando a lo Pacheco Areco o a lo Mourao-Bolsonaro en Brasil, pero, aunque no lo desee, la actual correlación de fuerzas le impone transitar el laberinto electoral y parlamentario. Su problema es cómo avanzar por esos recovecos hacia un régimen autoritario, cómo respetar las reglas del juego liberal mientras va acumulando y centralizando su base electoral entorno a Cabildo Abierto.
Manini calcula que, dispersa y atomizada, sobrevive la opinión pública favorable a la dictadura, una masa siempre predispuesta a alinearse tras un caudillo militar. Simplemente busca marcar las líneas de acción política para aglutinar lo disperso. No le interesa que se despida al fiscal de corte ni que se derogue la ley de interpretación obligatoria, solo se propone enarbolar banderas ideológicas para despejar confusiones y ganar la confianza del electorado más conservador.
Nacionalismo de cuartel
Año 1998. El 16 de octubre fue arrestado Augusto Pinochet por la policía de Londres. Acusado por genocidio, torturas, violaciones, homicidios y desapariciones forzadas, estaba requerido por el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional de España. Los testimonios de sus crímenes no sólo vinieron de Chile, sino también de España, Suiza y Francia. Dos semanas después Pinochet fue internado en un hospital siquiátrico de lujo. Allí disfrutó de la vida mientras esperaba que se dilucidara su caso y le permitieran regresar a Chile. La única forma de condenar judicialmente sus crímenes era en el plano internacional, lo otro era la impunidad, porque, ¿qué juez chileno
se atrevería a meterlo preso? Sorpresivamente Eleuterio Fernández Huidobro dirigió sus dardos contra el juez Garzón. Según el dirigente histórico del MLN-T, la iniciativa del magistrado español entrañaba una intromisión en los asuntos internos y amenazaba la soberanía y la independencia de las patrias latinoamericanas.
Año 2006. En el mes de abril, Eduardo Radaelli, Wellington Sarli y Tomás Casella fueron extraditados a Chile, acusados por asociación ilícita y el secuestro de Eugenio Berríos. En defensa de los tres oficiales, Eleuterio Fernández arremetió agresivamente contra el poder judicial uruguayo, lo acusó de cortar el hilo por lo más delgado, sostuvo que los tres oficiales eran “presos políticos”. Para él, se trataba del acto inaugural de una nueva etapa para el Uruguay, pautada por la pérdida de la soberanía nacional, “una especie de Plan Cóndor al revés”, decía Fernández, embanderado con un “nacionalismo” ramplón y de baja estofa, a lo “carapintada” en una palabra.
Fernández replicaba sus antiguos devaneos con el “peruanismo” de los torturadores y asesinos del Batallón Florida, un verso que utilizaron para debilitar las defensas de los interrogados: “si ambos somos enemigos de la oligarquía y del capital extranjero… ¿para qué luchar entre nosotros? ¡Dale, no resistas!”. El artilugio atrapó a un Fernández Huidobro propenso a aceptarlo desde hacía tiempo. Fueron las mismas redes que tendieron los comunicados 4 y 7 y que, en febrero de 1973, enredaron al movimiento sindical y el Partido Comunista.
Apenas fallecido Raúl Sendic y derrotado el Voto Verde en 1989, Fernández Huidobro se sintió libre para reemprender, con renovadas energías, sus relaciones carnales con los militares de la logia “tenientes de Artigas”. Hizo sonar nuevamente las campanas del “nacionalismo” de baja estofa e inició el largo recorrido de infidelidades que lo condujeron al ministerio de defensa. Lo designó el presidente Mujica, uno de sus discípulos favoritos. Entre ambos, el 2 de febrero designaron a Guido Manini como comandante en jefe del ejército. Fue el regalo que dejaron a
Tabaré Vázquez que, al mes siguiente, cuando asumió la presidencia, mantuvo a Huidobro y Manini en la cumbre verde. Los hechos posteriores al fallecimiento del ministro dejaron en evidencia los vínculos entre sus ideas y las que expone el comandante hoy transformado en líder partidario.
Olvido y perdón
En diciembre del 2003, durante el Congreso “Héctor Rodríguez”, el compañero Hugo Cores propuso que el Frente Amplio impulsara la anulación de las leyes que se contraponían con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Adecuar la legislación uruguaya a la internacional suponía, de hecho, anular la ley de caducidad. En la comisión del congreso donde se discutió la propuesta, se opusieron el Movimiento de Participación Popular, la Vertiente Artiguista, el Partido Socialista y Asamblea Uruguay. En el plenario final, Hugo Cores y Eleuterio
Fernández argumentaron a favor y en contra del proyecto.
Fernández sostuvo que el Frente debía respetar la voluntad ciudadana expresada en el plebiscito de 1989 y dejar congelada la impunidad, como si el resultado del plebiscito fuera eternamente válido. En realidad, era un argumento falaz: la opinión de los electores es cambiante y se deben respetar esos cambios, por eso hay elecciones cada cinco años y los partidos se alternan en el gobierno. Además, sostenía Fernández, la propuesta de Cores comprometía el triunfo del Frente Amplio y, decía él, se podía renunciar a todo menos a obtener a la victoria electoral. Fernández estaba mostrando su hilacha, pero no sólo él, sino también los 746 congresales que acompañaron sus fundamentos, una mayoría que lo acompañó camino al olvido y perdón. Por el contrario, 569 delegados levantaron su mano para
continuar la lucha para anular la ley de caducidad.
La línea quedó que bien dibujada: Verdad y Justicia, pero, no tanta, sin extralimitarse. Aun así, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se realizaron las primeras excavaciones y, antes de finalizar ese año, ya se habían
descubierto los cuerpos de Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda. Lástima que el implso inicial se detuvo. En el 2009, junto a las elecciones presidenciales se plebiscitó nuevamente la anulación de la ley de caducidad. Recién al finalizar la campaña, a regañadientes, el candidato progresista José Mujica adhirió a la lucha por Verdad y Justicia. Tal vez sus reticencias determinaron que no todos los votantes del Frente Amplio apoyaran la papeleta rosada. Tal vez esa fue la razón de que no se alcanzara el 50% necesario, pese a que el Frente Amplio ganó con más de la mitad de los votos emitidos. El sector acaudillado por Fernández Huidobro directamente no ensobró la papeleta que anulaba la ley de impunidad.
Las ambigüedades continuaron luego de saboteado el voto rosado. Una notable lentitud del Estado para resolver los crímenes de lesa humanidad. En el “caso Gelman”, año 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por el incumplimiento en “adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. El país debía garantizar que la ley de caducidad no volviera a ser un obstáculo para la investigación de las desapariciones forzadas y el procesamiento y condena de los culpables.
Tal vez con cola de paja y en respuesta a la condena internacional (¡vergüenza!), el gobierno de Mujica impulsó la ley que restableció “el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometido en aplicación del terrorismo de Estado”. Sin embargo, otros apóstatas la rechazaron acaloradamente. Argumentaban nuevamente que el resultado del plebiscito de 1989, reafirmado en 2009, desvirtuaba para siempre cualquier tentativa de juzgar y castigar a los criminales. En primera instancia el diputado Víctor Semproni, ex tupamaro de sinuosa trayectoria, impidió que se aprobara la ley al retirarse de sala y dejar sin mayoría al Frente Amplio. Luego, Fernández Huidobro, ya senador, al quedar en minoría y por disciplina partidaria, renunció a su banca.
Pocas semanas más tarde, sabiendo de su defensa de la impunidad y de sus afinidades con sectores de los mandos militares, el presidente Mujica lo nombró ministro de defensa. Mujica apostaba a Fernández porque entendía la cabeza de los militares, entendimiento que lo llevó a pelearse con los frenteamplistas y los que luchaban por Verdad y Justicia, mientras fortalecía su excelente relación con los militares (1) .
…que te arrancarán los ojos
Manini Ríos, comandante en jefe, prácticamente no salía en los medios de comunicación hasta la muerte del ministro de defensa. No le era necesario hacerlo: Fernández lo interpretaba al dedillo. Una vez desaparecido el ministro, el comandante Manini debió llenar el vacío e interpretarse a sí mismo. Comenzó su carrera pública.
Cabildo Abierto y Guido Manini Ríos surcan el mar de ambigüedades y desigualdades que caracterizan la república liberal. Aprovechan, además, la pérdida de perspectiva transformadora del progresismo, la que conduce al desánimo y la disidencia. La institucionalización del Frente Amplio, su incorporación al capitalismo financiero transnacional,
lo llevaron a abandonar la tarea de educar conciencias, de profundizar la comprensión y la organización política de los más desprotegidos. Es en esos espacios vacíos que crece el huevo de la serpiente. Criaron el cuervo y hoy caminan ciegos. Sólo se lamentan. No saben cómo detener la clara ofensiva del monstruo que ayudaron a nacer. El golpe de Estado podrá o no sobrevenir, todo depende de la resistencia que encuentre, de que el movimiento popular
uruguayo tome el ejemplo del pueblo chileno y luche para defenderse del autoritarismo que vendrá luego de la pandemia.
(1) Emisora M24, 28 de marzo del 2019, vocera oficiosa del MPP.
